¡Cuando los trabajadores de la salud están en riesgo, el pueblo está en peligro!

UNDECA COMUNICA

Desde que se declaró el estado de emergencia, a consecuencia de la pandemia por Covid-19, la administración Alvarado y la clase política han evidenciado una absoluta incompetencia para resolver la crisis sanitaria, económica y social de nuestro país.

Las disposiciones sanitarias y ocupacionales de la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, han sido medidas erráticas e improvisadas, comprometiendo de manera seria, grave e irresponsable la protección de la salud y vida de los trabajadores y sus familias.

UNDECA con gran firmeza y contundencia viene denunciando, la mala calidad y la escasez de equipos de protección personal, sin que a la fecha la institución haya resuelto las necesidades apremiantes en los centros de trabajo.

Sin lugar a duda, han ocurrido hechos condenables, con aparente tráfico de influencias, uno de ellos la adquisición de 700.000 mascarillas, que fueron retiradas de los centros y no menos grave la infructuosa compra de 12 millones de mascarillas, por $4.000.000, sin que hasta el momento se conozcan acciones que determinen los responsables políticos y administrativos.

Esta semana, las gerencias de la CCSS han emitido lineamientos por la escasez de mascarillas de protección, obligando al personal a reutilizar equipo descartable, hasta por 5 veces, pese a que el ordenamiento jurídico obliga al Estado a velar por el derecho fundamental a la salud.

El artículo 76 de la Ley General de Salud y el “Manual de bioseguridad para establecimientos de salud y afines” (Decreto Ejecutivo Nº 37552-S, 2012) prohíbe, de manera absoluta, que materiales descartables puedan ser reutilizados.

UNDECA deplora esta política, y advierte a las autoridades que no pueden ser insensibles a los miles de trabajadores en confinamiento sanitario, a los 3000 trabajadores contagiados, al dolor humano de las familias de los fallecidos, por lo que no puede menospreciar, la provisión de equipos de protección adecuados que garanticen la salud y la vida de los trabajadores y de la población costarricense.

UNDECA recurrirá a todas las herramientas y medidas, que sean necesarias, en defensa de ese contingente, que hoy son la primera línea de atención de la pandemia.

¡Nuestro compromiso es con los trabajadores y el pueblo!

San José, 22 de setiembre 2020.

UNDECA logra importantes acuerdos en la defensa del HNP y los servicios de salud

Lucha por el Hospital Nacional Psiquiátrico Pbro. Manuel Antonio Chapuí y Torres se ve fortalecida gracias a las gestiones emprendidas por UNDECA.

El martes 4 de agosto, se hizo presente al Hospital Nacional Psiquiátrico, (HNP), la Gerencia Médica, de Logística e Infraestructura, junto con una comitiva de más de 15 miembros de diferentes departamentos, para escuchar de parte de la Seccional de nuestra organización y trabajadores, los planteamientos propuestos con apoyo de UNDECA, que permitan garantizar la protección del bienestar de los usuarios y de los trabajadores de este Nosocomio. 

Como primer acercamiento la Gerencia Médica se compromete:

1- Garantizar que se mantendrá el nombre del Hospital Nacional Psiquiátrico Pbro. Manuel Antonio Chapuí y Torres, pese a la modalidad de atención dual a la que será sometido el Centro Hospitalario por conversión transitoria para atención de COVID-19, garantizándose la continuidad de atención a las patologías de salud mental que ha brindado por 136 años.

2- Garantizar en lo inmediato la presencia de un equipo de acompañamiento de la Gerencia Médica y Administrativo que permita el apoyo necesario para fortalecer los canales de comunicación entre los trabajadores del Centro Hospitalario, ofrecer las condiciones idóneas para el desarrollo de las funciones que permita la capacitación y la inducción necesaria por los cambios que van a implementarse en un corto tiempo y, garantizar la logística necesaria para los procedimientos y el volumen en la demanda de trabajo que se está teniendo y se extenderá por la duración de la Pandemia.

3- Garantizar los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas de los trabajadores en cuanto al respeto de las Vacaciones Profilácticas, el Incentivo de Riesgos Hospitalarios y el respeto al registro de Elegibles local.

4- Garantizar la atención psicolemocional de los trabajadores y de los familiares que se vean sometidos en la atención de pacientes por COVID-19.

5- Garantizar el reforzamiendo de los Equipos de Protección para los trabajadores del HNP por la implementación de la atención transitoria de pacientes por COVID-19, así como el resguardo de la salud de los trabajadores con factores de riesgo permitiendo su desempeño en otras áreas de trabajo acorde a sus perfiles o por medio del teletrabajo.

Este miércoles 5 de agosto, luego de varias horas de diálogo con autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, se lograron importantes acuerdos sobre los puntos anteriormente expuestos y que significan un triunfo en la defensa de la institución y los servicios de salud.

El compromiso adquirido por las autoridades de la Caja serán fiscalizados en su cumplimiento por nuestro sindicato.

UNDECA siempre en defensa de la clase trabajadora y la salud pública

Pensiones en peligro: Undeca-Bussco exigen calidad de vida para el pueblo

Pensiones de la Caja no pueden ser simbólicas.

UNDECA y el Bloque Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, que reúne a más de 60 organizaciones sindicales y sociales, denuncia que, como si fuera poco la grave crisis sanitaria y las consecuencias económicas y sociales producto de las políticas neoliberales impuestas por los sectores político empresariales, ahora se anuncia un nuevo ataque a las familias trabajadoras.

La Junta Directiva de la CCSS pretende aprobar la próxima semana una reforma al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte, con propuestas precipitadas e inconsulta, sin análisis o debate público.

La regresiva propuesta aumenta las contribuciones que deben realizar los trabajadores, patronos y el Estado al régimen en un 5,5% y disminuye dramáticamente el monto de las pensiones para las personas trabajadoras y sus familias, en el sector público y privado.

Preocupa, que la jerarquía de la CCSS, en el caso de las mujeres, muestre una visión del mundo del trabajo que evade los roles de las mujeres en nuestra sociedad y desconoce las acciones afirmativas a favor de las mujeres costarricenses.

Las pensiones de la Caja son un pilar fundamental, en la estructura de la Seguridad Social costarricense, por lo que un asunto de esta trascendencia no se puede dirigir y resolver de esa manera.

En un documento presentado, el día de hoy, con argumentos objetivos y legítimos, hemos rechazado las propuestas y solicitamos se disponga una mesa de diálogo social para el debate del tema, con la participación de los diversos sectores sociales que promueva el bienestar de las personas adultas mayores, la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y que garantice calidad de vida a las personas trabajadoras.

Hacemos un llamado a todos los trabajadores del país y a los sectores sociales, a defender el derecho a pensiones dignas.

San José, 31 de julio de 2020

Las propuestas para todos los trabajadores del país.

Plan 1           

Elimina totalmente el retiro anticipado.

Plan 2.

Aumenta la edad para el retiro anticipado: hombres a los 64 años con 30 años cotizados y mujeres a los 62 años, con más de 37 años cotizados.

Disminuye el monto de pensión:

  • Utiliza el promedio de toda la vida laboral para el salario de referencia
  • La pensión se calcula con el 40%, 45% y 50% del salario de referencia.
  • Aumenta en 5 años el requisito para reconocer mes adicional cotizado
  • Aumento contribuciones: incremento en 5,5% tripartito. De 10,66 a 15,16%.

Plan 3.

Elimina y aumenta la edad para el retiro anticipado: lo elimina para los hombres. Las mujeres aumentan la edad a 62 años con más de 37 años cotizados.

Disminuye el monto de pensión:

  • Utiliza el promedio de toda la vida laboral para el salario de referencia
  • La pensión se calcula con un 45% del salario de referencia.
  • Aumenta en 5 años el requisito para reconocer mes adicional cotizado
  • Aumento contribuciones: incremento de 5,5% tripartito. De 10,66 a 15,16%.

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Undeca se opone a Proyecto de Empleo Público

Solicita a Comisión de Gobierno y Administración dictamen negativo 

UNDECA manifestó a los y las Diputadas su profundo reconocimiento a las personas servidoras de la Caja Costarricense de Seguro Social, que están en la primera línea de defensa de la salud y vida de la población costarricense.

El pasado 14 de julio de 2020, en un extenso documento argumentamos nuestra oposición al texto sustitutivo, Proyecto N° 21336 Ley Marco de Empleo Público, por cuanto:

  1. Este texto responde a las exigencias de los organismos financieros internacionales, dirigidas a reestructurar la Administración Pública de Costa Rica, deteriorando la provisión de los servicios públicos y promoviendo su privatización.
  2. Se construyó con la asesoría de la OCDE y el BM, pero se excluyó a las organizaciones sindicales que representamos los legítimos intereses de las personas que prestan sus servicios en la Administración Pública.
  3. Al gobierno no les bastó con la Ley N° 9635 y los desproporcionados sacrificios que se impusieron a los servidores públicos a merced de esta perniciosa ley.
  4. La administración Alvarado sigue con legislaciones fiscalistas y de austeridad para reducir los salarios de los servidores públicos, precarizar la calidad de sus condiciones de vida y trabajo y deteriorar los recursos que se destinan a la provisión de servicios públicos.
  5. El proyecto contiene serios problemas de constitucionalidad, porque aspira a imponer un único régimen de empleo en toda la Administración Pública, aunque sea violentando la autonomía constitucional de un conjunto de instituciones fundacionales del Estado costarricense, como las universidades públicas, la Caja Costarricense de Seguro Social y, las municipalidades.
  6. La gobernanza de este sistema único de empleo se le atribuye a MIDEPLAN, que se transforma en un supraministerio, desbordando los límites jurídicos que son inherentes a una función de rectoría política, y, por otra parte, esa rectoría no puede oponerse a la autonomía constitucional de aquellas instituciones.
  7. La imposición de un régimen único de empleo y salarios, para nuevos funcionarios, que excluye los espacios de negociación colectiva, vulnera el Convenio N° 98, 151 y 154 OIT.
  8. Este estilo de la Administración Alvarado Quesada refleja una gobernanza autoritaria del sistema de las relaciones laborales, que se aparta de los cauces de participación democrática y el Diálogo Social.
  9. El proyecto de ley desprecia los pronunciamientos de los órganos de control de OIT, que de manera reiterada han manifestado su preocupación por la afectación del derecho de negociación colectiva en el sector público.
  10. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de OIT, en su último informe de febrero de este año (CEACR/CR/2020), insistió en su preocupación por el estado de la cuestión y cifró esperanzas en que se fortaleciera el derecho de negociación colectiva en la función pública. El proyecto le propinó un fuerte golpe de martillo a este pronunciamiento de la Comisión de Expertos, porque en lugar de potenciar la negociación colectiva en la función pública, la elimina radicalmente.
  11. Es la hoja de ruta hacia la privatización de los servicios públicos y el desmantelamiento del Estado Social y Democrático. En lugar de apostar por el mejoramiento de la calidad y el fortalecimiento de los servicios públicos, el proyecto se decide por la contracción de estos servicios y la destrucción de empleo público. 

Este proyecto debe ser dictaminado negativamente porque si se desmantela y debilita la provisión de estos servicios, se martilla y destruye el Estado Social y Democrático.

San José, 29 julio 2020.

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Corte IDH resolverá consulta sobre obligación de Estados en favor de la libertad sindical

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, formó parte de los sindicatos que denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la violación del Derecho Humano a la libertad sindical.

Fuente: Semanario Universidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), preocupada por violaciones a la libertad sindical, al derecho de huelga y de negociaciones colectivas, por los asesinatos de dirigentes sindicales en la región, solicitó a la Corte Interamericana una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados en estas materias, de acuerdo con las normas de los tratados internacionales vigentes.

La audiencia se celebró esta semana en la sede de la Corte, en San José, en la que intervinieron representantes de diversos países y de organizaciones sindicales de la región.

Cada representante hizo su exposición sobre estos temas, sobre los que luego se pronunciará la Corte, determinando las obligaciones que tienen los Estados en cuanto a la protección de la libertad sindical, de negociación colectiva y de derecho de huelga. En esta ocasión es la primera vez que la Corte tratará también la participación que tienen las mujeres en las organizaciones sindicales y las posibilidades de asumir liderazgos.

Retrocesos

Se trata de una convocatoria que se da en el marco de un retroceso de libertades sindicales en la región. Es necesario fortalecer la libertad sindical, pues esta pandemia “va a causar una extensión de la pobreza y la participación de los sindicatos puede ser decisiva para corregir la desigualdad”, estimó el abogado laboralista, Manuel Hernández, en declaraciones a UNIVERSIDAD. Hernández presentó el lunes, ante la Corte, su alegato, en representación de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y Undeca.

En el documento presentado por la CIDH a la Corte ya se señalaba que “la libertad sindical es de suma importancia para que los intereses colectivos sean defendidos de forma adecuada”, del mismo modo en que “los sindicatos fuertes tienen un papel importante en el establecimiento de políticas redistributivas”.

Pero, al mismo tiempo, destacaba su preocupación por la baja tasa de sindicalización en el continente, donde apenas cuatro países tienen más de 20% de los trabajadores afiliados a sindicatos: Bolivia (39,1%), Canadá (28,4%), Uruguay (30,1%)y Argentina (27,7%).

Un Informe del Economic Policy Institute (EPI) –citado por la CIDH– afirma que la caída en las tasas de sindicalización desde los años 1970 “alimentaron el crecimiento de la inequidad y obstaculizaron el progreso económico de la clase media en los Estados Unidos”, destacando que la existencia de sindicatos tiene un fuerte efecto en la mejoría de los salarios de los trabajadores.

Prácticas antisindicales

En el continente americano, dice la CIDH, hay una gran cantidad de datos que comprueban la existencia de prácticas antisindicales extendidas, tanto por parte de empleadores privados como por los propios Estados.

La Comisión ha observado, además, “que el acceso de las mujeres a mayores oportunidades educativas y a capacitación no se ha traducido en un acceso igualitario al empleo, en promociones laborales y en puestos de dirección o de mayor jerarquía, y en una igual remuneración en el empleo por igual valor”.

Destaca también que “la participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha crecido de forma continua en América Latina y Caribe” y que, en 2017 representó, por primera vez, más de la mitad de la fuerza de trabajo (50,2%). Aunque ese mismo año la tasa de desempleo de las mujeres en América Latina fue de 10,4%, mientras la tasa de desocupación de los hombres fue de 7,6%.

En su intervención ante la Corte, Hernández señaló que “históricamente en el continente ha prevalecido una sistemática y creciente infracción de la libertad sindical”, incluyendo “la libertad de constituir sindicatos, el derecho de negociación colectiva y de huelga”, como lo demuestran las denuncias presentadas en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“No es aventurado afirmar que, desde hace muchas décadas, sufrimos una pandemia antisindical, muy fuerte en la década del 90, intensificada en la última década, resultado de las exigencias de los organismos financieros internacionales”.

Costa Rica no es la excepción

Costa Rica no es la excepción, agregó. Pese a que existe legislación reciente que tutela la libertad sindical, en la práctica ha sido poco efectiva, dijo Hernández, donde especialmente en el sector privado prevalece la represión contra los trabajadores. Citó como ejemplo la hostilidad antisindical en las plantaciones piñeras y otras empresas agrícolas, con una considerable presencia de trabajadores migrantes, donde se trabaja “en las peores condiciones de explotación”, como ha dejado en evidencia la pandemia del COVID-19. Del mismo modo rigen en la práctica “sustanciales restricciones a la negociación colectiva” y al derecho de huelga.

Hernández denunció también la reciente promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que coarta “sustancialmente la negociación de los salarios del sector público, con la finalidad de imponer estrictos ajustes fiscales” que, a su vez, están causando “un serio estancamiento salarial”.

La actual crisis económica y fiscal, agravada por la pandemia, ha dado pie a la promoción de políticas de austeridad que incluyen la privatización de empresas públicas, promovidas por instituciones como el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a la que Costa Rica está a punto de ingresar.

En la misma lógica, agregó, se enmarca la reforma sobre derecho de huelga aprobada en enero por la Asamblea Legislativa “una auténtica contrarreforma laboral” que, por un lado, “establece requisitos desproporcionados que obstaculizan o limitan el ejercicio del derecho de huelga” y, por otro, “generaliza la prohibición absoluta de la huelga en los servicios esenciales”.

Desigualdades

El COVID-19 ha puesto en evidencia la condición de extrema vulnerabilidad de muchas personas y causará en el subcontinente mayor pobreza, más desempleo, un aumento del sector informal y de la deuda, y profundizará la desigualdad estructural, afectando más a la juventud y a las mujeres trabajadoras, dijo Hernández en su presentación.

Según la Cepal, agregó, “Costa Rica sufrirá un deterioro en el indicador de distribución de la riqueza, con una variación entre el 3% y el 3,9%; por cierto uno de los países del mundo donde más ha crecido la desigualdad”.

Ante esta realidad sostuvo que “la libertad sindical es la mejor vacuna para contener la precarización de las condiciones de trabajo y la recuperación del empleo decente”.

“La negociación colectiva es una herramienta esencial para combatir la desigualdad del mercado laboral, y la huelga, un instrumento indispensable para defender las conquistas alcanzadas, que ya se sienten tan amenazadas por los nuevos brotes regresivos y autoritarios que se respiran en el continente”.

Agregó: –Los sindicatos demandan una “nueva normalidad” del mercado del trabajo, un futuro del trabajo distinto, un futuro que tiene que empezar a construirse en el presente.

Un futuro “fundado en la libertad, la democracia sindical y el respeto de los derechos de ciudadanía de la clase trabajadora”.

Participación en sindicatos en América con mayor afiliación sindical

Bolivia 39,1%

Canadá 28,4%

Uruguay 30,1%

Argentina 27,7%

Con menos de 20% de afiliación

Costa Rica 19,4%

El Salvador 19%

Brasil 18,9%

Chile 17,7%

Venezuela 13%

México 12,5%

Panamá 11,9%

República Dominicana 11%

EUA 10,3%

Con menos de 10% de afiliación

Colombia 9,5%

Honduras 8%

Paraguay 6,7%

Perú 5,7%

Nicaragua 5,3%

Guatemala 2,6%

Ecuador 2%

UNDECA alerta por contagios de Covid-19 entre trabajadores de nutrición del Hospital Calderón Guardia

Más de veinticuatro trabajadores confirmados con contagio de Covid-19 y trece más en espera de saber si lo están, es lo que enciende las alarmas en el departamento de nutrición del Hospital Calderón Guardia.

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, llama la atención sobre la forma en que se hacen las pruebas, el tiempo en se entregan resultados y el peligro de que uno de los hospitales más importantes del país pudiera entrar en crisis por esta situación.

Entre el personal que se encuentra afectado por el Covid-19 hay profesionales, bodegueros y técnicos, entre otros. Todo esto mientras se restringe el uso de mascarillas, ya que no dan suficientes.

UNDECA pide que las incapacidades las atienda el Instituto Nacional de Seguros, INS, y que los resultados se entreguen en el menor tiempo posible, ya que tardan hasta 8 días en entregarlos, mientras tanto sigue trabajando con el riesgo de contagiar a más trabajadores y a usuarios.

La situación se agrava cuando las pruebas no se realizan como corresponde, se tienen que repetir o se pierden pruebas realizadas.

¿Quién responde ante esta situación?, ¿Quién es el responsable sobre la forma en que se hacen las pruebas?

UNDECA exige a las autoridades del Ministerio de Salud, así como las altas autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, actuar de inmediato en el Hospital Calderón Guardia.