¡Cuando los trabajadores de la salud están en riesgo, el pueblo está en peligro!

UNDECA COMUNICA

Desde que se declaró el estado de emergencia, a consecuencia de la pandemia por Covid-19, la administración Alvarado y la clase política han evidenciado una absoluta incompetencia para resolver la crisis sanitaria, económica y social de nuestro país.

Las disposiciones sanitarias y ocupacionales de la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, han sido medidas erráticas e improvisadas, comprometiendo de manera seria, grave e irresponsable la protección de la salud y vida de los trabajadores y sus familias.

UNDECA con gran firmeza y contundencia viene denunciando, la mala calidad y la escasez de equipos de protección personal, sin que a la fecha la institución haya resuelto las necesidades apremiantes en los centros de trabajo.

Sin lugar a duda, han ocurrido hechos condenables, con aparente tráfico de influencias, uno de ellos la adquisición de 700.000 mascarillas, que fueron retiradas de los centros y no menos grave la infructuosa compra de 12 millones de mascarillas, por $4.000.000, sin que hasta el momento se conozcan acciones que determinen los responsables políticos y administrativos.

Esta semana, las gerencias de la CCSS han emitido lineamientos por la escasez de mascarillas de protección, obligando al personal a reutilizar equipo descartable, hasta por 5 veces, pese a que el ordenamiento jurídico obliga al Estado a velar por el derecho fundamental a la salud.

El artículo 76 de la Ley General de Salud y el “Manual de bioseguridad para establecimientos de salud y afines” (Decreto Ejecutivo Nº 37552-S, 2012) prohíbe, de manera absoluta, que materiales descartables puedan ser reutilizados.

UNDECA deplora esta política, y advierte a las autoridades que no pueden ser insensibles a los miles de trabajadores en confinamiento sanitario, a los 3000 trabajadores contagiados, al dolor humano de las familias de los fallecidos, por lo que no puede menospreciar, la provisión de equipos de protección adecuados que garanticen la salud y la vida de los trabajadores y de la población costarricense.

UNDECA recurrirá a todas las herramientas y medidas, que sean necesarias, en defensa de ese contingente, que hoy son la primera línea de atención de la pandemia.

¡Nuestro compromiso es con los trabajadores y el pueblo!

San José, 22 de setiembre 2020.

UNDECA logra importantes acuerdos en la defensa del HNP y los servicios de salud

Lucha por el Hospital Nacional Psiquiátrico Pbro. Manuel Antonio Chapuí y Torres se ve fortalecida gracias a las gestiones emprendidas por UNDECA.

El martes 4 de agosto, se hizo presente al Hospital Nacional Psiquiátrico, (HNP), la Gerencia Médica, de Logística e Infraestructura, junto con una comitiva de más de 15 miembros de diferentes departamentos, para escuchar de parte de la Seccional de nuestra organización y trabajadores, los planteamientos propuestos con apoyo de UNDECA, que permitan garantizar la protección del bienestar de los usuarios y de los trabajadores de este Nosocomio. 

Como primer acercamiento la Gerencia Médica se compromete:

1- Garantizar que se mantendrá el nombre del Hospital Nacional Psiquiátrico Pbro. Manuel Antonio Chapuí y Torres, pese a la modalidad de atención dual a la que será sometido el Centro Hospitalario por conversión transitoria para atención de COVID-19, garantizándose la continuidad de atención a las patologías de salud mental que ha brindado por 136 años.

2- Garantizar en lo inmediato la presencia de un equipo de acompañamiento de la Gerencia Médica y Administrativo que permita el apoyo necesario para fortalecer los canales de comunicación entre los trabajadores del Centro Hospitalario, ofrecer las condiciones idóneas para el desarrollo de las funciones que permita la capacitación y la inducción necesaria por los cambios que van a implementarse en un corto tiempo y, garantizar la logística necesaria para los procedimientos y el volumen en la demanda de trabajo que se está teniendo y se extenderá por la duración de la Pandemia.

3- Garantizar los derechos adquiridos y las situaciones jurídicas consolidadas de los trabajadores en cuanto al respeto de las Vacaciones Profilácticas, el Incentivo de Riesgos Hospitalarios y el respeto al registro de Elegibles local.

4- Garantizar la atención psicolemocional de los trabajadores y de los familiares que se vean sometidos en la atención de pacientes por COVID-19.

5- Garantizar el reforzamiendo de los Equipos de Protección para los trabajadores del HNP por la implementación de la atención transitoria de pacientes por COVID-19, así como el resguardo de la salud de los trabajadores con factores de riesgo permitiendo su desempeño en otras áreas de trabajo acorde a sus perfiles o por medio del teletrabajo.

Este miércoles 5 de agosto, luego de varias horas de diálogo con autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, se lograron importantes acuerdos sobre los puntos anteriormente expuestos y que significan un triunfo en la defensa de la institución y los servicios de salud.

El compromiso adquirido por las autoridades de la Caja serán fiscalizados en su cumplimiento por nuestro sindicato.

UNDECA siempre en defensa de la clase trabajadora y la salud pública

Pensiones en peligro: Undeca-Bussco exigen calidad de vida para el pueblo

Pensiones de la Caja no pueden ser simbólicas.

UNDECA y el Bloque Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, que reúne a más de 60 organizaciones sindicales y sociales, denuncia que, como si fuera poco la grave crisis sanitaria y las consecuencias económicas y sociales producto de las políticas neoliberales impuestas por los sectores político empresariales, ahora se anuncia un nuevo ataque a las familias trabajadoras.

La Junta Directiva de la CCSS pretende aprobar la próxima semana una reforma al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte, con propuestas precipitadas e inconsulta, sin análisis o debate público.

La regresiva propuesta aumenta las contribuciones que deben realizar los trabajadores, patronos y el Estado al régimen en un 5,5% y disminuye dramáticamente el monto de las pensiones para las personas trabajadoras y sus familias, en el sector público y privado.

Preocupa, que la jerarquía de la CCSS, en el caso de las mujeres, muestre una visión del mundo del trabajo que evade los roles de las mujeres en nuestra sociedad y desconoce las acciones afirmativas a favor de las mujeres costarricenses.

Las pensiones de la Caja son un pilar fundamental, en la estructura de la Seguridad Social costarricense, por lo que un asunto de esta trascendencia no se puede dirigir y resolver de esa manera.

En un documento presentado, el día de hoy, con argumentos objetivos y legítimos, hemos rechazado las propuestas y solicitamos se disponga una mesa de diálogo social para el debate del tema, con la participación de los diversos sectores sociales que promueva el bienestar de las personas adultas mayores, la sostenibilidad del sistema de jubilaciones y que garantice calidad de vida a las personas trabajadoras.

Hacemos un llamado a todos los trabajadores del país y a los sectores sociales, a defender el derecho a pensiones dignas.

San José, 31 de julio de 2020

Las propuestas para todos los trabajadores del país.

Plan 1           

Elimina totalmente el retiro anticipado.

Plan 2.

Aumenta la edad para el retiro anticipado: hombres a los 64 años con 30 años cotizados y mujeres a los 62 años, con más de 37 años cotizados.

Disminuye el monto de pensión:

  • Utiliza el promedio de toda la vida laboral para el salario de referencia
  • La pensión se calcula con el 40%, 45% y 50% del salario de referencia.
  • Aumenta en 5 años el requisito para reconocer mes adicional cotizado
  • Aumento contribuciones: incremento en 5,5% tripartito. De 10,66 a 15,16%.

Plan 3.

Elimina y aumenta la edad para el retiro anticipado: lo elimina para los hombres. Las mujeres aumentan la edad a 62 años con más de 37 años cotizados.

Disminuye el monto de pensión:

  • Utiliza el promedio de toda la vida laboral para el salario de referencia
  • La pensión se calcula con un 45% del salario de referencia.
  • Aumenta en 5 años el requisito para reconocer mes adicional cotizado
  • Aumento contribuciones: incremento de 5,5% tripartito. De 10,66 a 15,16%.

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Undeca se opone a Proyecto de Empleo Público

Solicita a Comisión de Gobierno y Administración dictamen negativo 

UNDECA manifestó a los y las Diputadas su profundo reconocimiento a las personas servidoras de la Caja Costarricense de Seguro Social, que están en la primera línea de defensa de la salud y vida de la población costarricense.

El pasado 14 de julio de 2020, en un extenso documento argumentamos nuestra oposición al texto sustitutivo, Proyecto N° 21336 Ley Marco de Empleo Público, por cuanto:

  1. Este texto responde a las exigencias de los organismos financieros internacionales, dirigidas a reestructurar la Administración Pública de Costa Rica, deteriorando la provisión de los servicios públicos y promoviendo su privatización.
  2. Se construyó con la asesoría de la OCDE y el BM, pero se excluyó a las organizaciones sindicales que representamos los legítimos intereses de las personas que prestan sus servicios en la Administración Pública.
  3. Al gobierno no les bastó con la Ley N° 9635 y los desproporcionados sacrificios que se impusieron a los servidores públicos a merced de esta perniciosa ley.
  4. La administración Alvarado sigue con legislaciones fiscalistas y de austeridad para reducir los salarios de los servidores públicos, precarizar la calidad de sus condiciones de vida y trabajo y deteriorar los recursos que se destinan a la provisión de servicios públicos.
  5. El proyecto contiene serios problemas de constitucionalidad, porque aspira a imponer un único régimen de empleo en toda la Administración Pública, aunque sea violentando la autonomía constitucional de un conjunto de instituciones fundacionales del Estado costarricense, como las universidades públicas, la Caja Costarricense de Seguro Social y, las municipalidades.
  6. La gobernanza de este sistema único de empleo se le atribuye a MIDEPLAN, que se transforma en un supraministerio, desbordando los límites jurídicos que son inherentes a una función de rectoría política, y, por otra parte, esa rectoría no puede oponerse a la autonomía constitucional de aquellas instituciones.
  7. La imposición de un régimen único de empleo y salarios, para nuevos funcionarios, que excluye los espacios de negociación colectiva, vulnera el Convenio N° 98, 151 y 154 OIT.
  8. Este estilo de la Administración Alvarado Quesada refleja una gobernanza autoritaria del sistema de las relaciones laborales, que se aparta de los cauces de participación democrática y el Diálogo Social.
  9. El proyecto de ley desprecia los pronunciamientos de los órganos de control de OIT, que de manera reiterada han manifestado su preocupación por la afectación del derecho de negociación colectiva en el sector público.
  10. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de OIT, en su último informe de febrero de este año (CEACR/CR/2020), insistió en su preocupación por el estado de la cuestión y cifró esperanzas en que se fortaleciera el derecho de negociación colectiva en la función pública. El proyecto le propinó un fuerte golpe de martillo a este pronunciamiento de la Comisión de Expertos, porque en lugar de potenciar la negociación colectiva en la función pública, la elimina radicalmente.
  11. Es la hoja de ruta hacia la privatización de los servicios públicos y el desmantelamiento del Estado Social y Democrático. En lugar de apostar por el mejoramiento de la calidad y el fortalecimiento de los servicios públicos, el proyecto se decide por la contracción de estos servicios y la destrucción de empleo público. 

Este proyecto debe ser dictaminado negativamente porque si se desmantela y debilita la provisión de estos servicios, se martilla y destruye el Estado Social y Democrático.

San José, 29 julio 2020.

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UNDECA alerta por contagios de Covid-19 entre trabajadores de nutrición del Hospital Calderón Guardia

Más de veinticuatro trabajadores confirmados con contagio de Covid-19 y trece más en espera de saber si lo están, es lo que enciende las alarmas en el departamento de nutrición del Hospital Calderón Guardia.

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, llama la atención sobre la forma en que se hacen las pruebas, el tiempo en se entregan resultados y el peligro de que uno de los hospitales más importantes del país pudiera entrar en crisis por esta situación.

Entre el personal que se encuentra afectado por el Covid-19 hay profesionales, bodegueros y técnicos, entre otros. Todo esto mientras se restringe el uso de mascarillas, ya que no dan suficientes.

UNDECA pide que las incapacidades las atienda el Instituto Nacional de Seguros, INS, y que los resultados se entreguen en el menor tiempo posible, ya que tardan hasta 8 días en entregarlos, mientras tanto sigue trabajando con el riesgo de contagiar a más trabajadores y a usuarios.

La situación se agrava cuando las pruebas no se realizan como corresponde, se tienen que repetir o se pierden pruebas realizadas.

¿Quién responde ante esta situación?, ¿Quién es el responsable sobre la forma en que se hacen las pruebas?

UNDECA exige a las autoridades del Ministerio de Salud, así como las altas autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, actuar de inmediato en el Hospital Calderón Guardia.

La urgencia democrática del dialogo social

Por: Manuel Hernández
Asesor Legal de UNDECA

El Informe de OCDE acerca del Mercado laboral y las políticas sociales (2017), advirtió que en nuestro país, el diálogo social está fragmentado y además, que esta debilidad puede ser una barrera para mejorar las condiciones de trabajo y retrasar muchas de las reformas que se necesitan.

La OCDE recomendó, desde aquella fecha en que el Gobierno estaba seduciendo a este organismo internacional, “que los encargados de políticas en Costa Rica (…) fortalezcan el diálogo social.”

No obstante, la Administración Alvarado Quesada, que tanto empeño asumió para que el país se adhiriera a este selecto club de países ricos, echó por la borda esta recomendación, y en su lugar, peligrosamente ha recorrido una ruta en sentido totalmente contrario al diálogo social.

Esta desafección del diálogo social se materializó con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 y la Ley para brindar seguridad sobre la huelga y sus procedimientos, N° 9808, que causaron una fuerte confrontación social, cuyas cicatrices todavía no han sanado.

No sólo por el procedimiento legislativo extraordinario que se diseñó –ad hoc- para la tramitación y aprobación atropellada de ambos proyectos, respaldada por una fuerte carga de intervención policial, sino, además, por su contenido normativo regresivo, quedó de manifiesto la rúbrica autoritaria del Gobierno y la Asamblea Legislativa.

Pero este déficit democrático de la gobernanza de las relaciones laborales, se ha profundizado a merced de la irrupción de la pandemia que nos flagela.

La pandemia se ha convertido en el útil Caballo de Troya, por un lado, para destruir los derechos que aún le quedan a la clase trabajadora, y por otro lado, para desmontar el raído Estado Social y Democrático, que lo tienen pegado a un respirador mecánico.

Recordemos que el Ministerio de Trabajo impulsó febrilmente un proyecto de ley de reducción de las jornadas de trabajo, con la consecuente disminución hasta de un 75% de los salarios, que tiene a miles de trabajadores del sector privado con trabajo, pero lamentablemente devengando salarios de hambre.

Por otra parte, en lugar de proteger la sostenibilidad de los salarios de las y los trabajadores, el mismo Ministerio apostó a la maquinilla, casi en automático, de la suspensión de los contratos de trabajo, cuyas resoluciones administrativas se editan como en planchas rotativas de periódicos.

Son más de tres meses que llevan estos trabajadores soportando, sin percibir salario, con el hambre confinada en sus estómagos, cuya medida se prorrogó por tres meses más.

 Ahora el epicentro del envite político se enfoca directamente contra los servicios públicos y las personas que trabajan en este sector, amplificado por las mediáticas campañas que destilan odio en las columnas editoriales y las pantallas de televisión.

En términos generales, podríamos decir que los correspondientes proyectos legislativos tienen un doble y concurrente cometido: desmantelar la institucionalidad pública y menoscabar los derechos laborales de este colectivo.

En la línea de erosión de la institucionalidad pública, sobresalen dos proyectos: el Proyecto de Ley de Empleo Público y la reforma de la Ley Orgánica del INA, sin dejar de omitir que a JAPDEVA que prácticamente ya lo cerraron.

El primer proyecto, que en buen español debería nominarse de des/empleo público, tiene el objetivo de someter a la exclusiva gobernanza política y normativa de MIDEPLAN, la totalidad del conjunto del sistema de empleo público: reclutamiento, selección, movilidad, traslados, carrera administrativa, promoción, concursos, formación, capacitación, remuneración y otros.

MIDEPLAN sufre una metamorfosis y se trasmuta en un supra-ministerio, que concentra un poder desproporcionado, a cuyos mandatos imperativos quedan subordinadas prácticamente todas las instituciones, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Este Leviatán hace añicos la independencia de poderes y la autonomía constitucional de la CCSS, universidades estatales y las municipalidades, reducidas a caricaturescas unidades ejecutoras de las directrices, lineamientos, procedimientos y resoluciones de SUPRAMIDEPLAN.

En el otro proyecto se pretende reformar la Ley Orgánica del INA, que ha jugado un papel fundamental en la formación y capacitación técnica de la clase trabajadora, cuyo objetivo es la externalización de los servicios que presta esta institución y la privatización de la relación de empleo de sus servidores.

En la línea de afectación directa de los derechos de las personas que laboran en el sector público, tenemos un emergente aluvión de proyectos, entre los cuales sobresalen, sin la intención de agotar el señalamiento de los tantos que conforman la saga de proyectos que se agolpan en la corriente legislativa, los siguientes: congelamiento de las anualidades 2021-2022, derogatoria de los regímenes de pensiones complementarias de trabajadores y trabajadoras de varias instituciones (CCSS, BCR, BN, ICE, ICT, JPS).

No podríamos dejar de mencionar la versión más creativa de estos proyectos: la reducción del 15% de la jornada de los funcionarios públicos que devengan una remuneración bruta mensual por lo menos de 1.500.000 colones, por un período de 12 meses, un verdadero despropósito, un impuesto disfrazado con lentejuelas, cuestionado por diferentes sectores, hasta incluso por partidos políticos que han hecho mancuerna con el Gobierno en la aprobación de aquellas leyes.

Todas estas iniciativas se han promovido y ejecutado de manera unilateral, inconsulta, cerrando todo espacio de interlocución a los actores sociales interesados.

No queda, entonces, la menor duda de la nula voluntad de diálogo y legitimidad democrática de este Gobierno, que en esta crisis desafortunadamente nos está llevando por un callejón al borde del despeñadero: en el ámbito del empleo, en el campo laboral, social, económico y productivo, que ojalá que en el orden sanitario, en definitiva, podamos salir bien librados de esta fatídica pandemia.

 Así las cosas, no es aventurado sostener que estamos llegando a una situación muy crítica, a un punto de inflexión, donde más allá de esta línea probablemente no habrá retorno.

La crispación social sube la intensidad del tono y las circunstancias podrían desbordarse, como la misma pandemia, las cuales exigen que el Gobierno de la República vuelva por el camino de la restauración democrática y se comprometa francamente en un proceso de diálogo con los actores sociales, cuyo objetivo debe ser la recuperación del empleo, mantener la sostenibilidad de los salarios de los trabajadores, la reactivación y la eficiencia económica y además, la construcción de un escudo social que proteja a la gente en condición social vulnerable, los siempre condenados de la tierra.

No es ocioso recordar, por aquello que a algún político desmemoriado se le haya olvidado, que la Constitución Política establece que Costa Rica es una República libre, democrática e independiente, sustentada en los principios de participación ciudadana y en la provisión de los servicios públicos.

El Diálogo Social es inherente a esta configuración democrática de nuestro ordenamiento constitucional, que además tiene respaldo en el Convenio N° 98, N° 144, N° 154 y varias recomendaciones de OIT.

En este aspecto es pertinente recordar los señalamientos del Comité de Libertad Sindical de OIT:

“356.- (…) El Comité llama la atención sobre la importancia que atribuye a la promoción del diálogo y la consulta en las cuestiones de interés común entre las autoridades públicas y las organizaciones profesionales más representativas del sector de que se trate», así como «el interés de consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la preparación y elaboración de una legislación que afecta a sus intereses». El Comité subraya a este respecto la importancia de consultas detalladas y de que las partes tengan suficiente tiempo para preparar y expresar sus puntos de vista y, discutirlos en profundidad. El Comité subraya también que el proceso de consulta en materia de legislación contribuye a que las leyes, programas y medidas que las autoridades públicas tengan que adoptar o aplicar tengan un fundamento más sólido y sean mejor respetados y aplicados; en la medida de lo posible el Gobierno debería apoyarse en el consentimiento general ya que las organizaciones de empleadores y de trabajadores deben poder participar en la responsabilidad de procurar el bienestar, y la prosperidad de la comunidad en general [Informe N° 368 de Comité de Libertad Sindical, que remite a Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafos 1067 y 1072].

La OIT, en el Marco de las políticas de lucha contra el COVID-19, estableció que el Diálogo Social “en todo momento, promueve la participación democrática en el proceso de formulación de políticas de las personas más directamente afectadas; pero en momentos de crisis, cuando hay mucho en juego, esa participación resulta aún más importante.”

El Diálogo Social es un cauce de mediación democrática, que sustenta la legitimidad de las políticas públicas, las decisiones gubernamentales y legislativas, que tanto se echa de menos en esta Administración.

En esta durísima crisis que estamos atravesando, ahora más que nunca, antes que –parafraseando a Saramago- nos hundamos hasta la mierda y perdamos el optimismo que aun nos queda de reserva, es imperioso articular un proceso real de Diálogo Social.

En definitiva, es necesario pactar, de manera impostergable, una hoja de ruta tendiente a buscar una salida democrática de la crisis, en procura de un gran acuerdo de reconstrucción social y económica, destinado a refundar el Estado Social y Democrático, proceso en el que deben tener participación los actores sociales y representaciones de pequeños y medianos empresarios, agricultores, a quienes se les ha martillado de golpe en seco y trasladado exclusivamente el riesgo y el costo de esta crisis sobreviniente.

En este trance de crisis de la cohesión social, del tejido productivo y no menor tensión de la legitimidad democrática, el diálogo social no puede ser enervado o suplido por la gobernanza unilateral, excluyente y autoritaria, acompañada de la infaltable represión policial cuando es necesaria, que ha sido hasta ahora la única receta del formulario oficial del Gobierno de la República.

El giro de 180° hacia el Diálogo Social es una opción política que el Gobierno del Bicentenario debe seriamente valorar, en función del desarrollo humano, la dignidad de las personas y el bienestar general de las grandes mayorías.