Gobierno no puede jugar con la CCSS


Los partidos políticos aprobaron con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas la Regla Fiscal, que pretende implementarse en la Caja violentando la autonomía constitucional, y dejando en manos de la Ministra de Hacienda la decisión de definir, arbitrariamente, cuanto se debe invertir en la prestación de los servicios de salud, en la calidad y cantidad de medicamentos, construcción de nuevos centros de atención, compra de equipos médicos y tecnología, recurso humano, etc.

Asimismo, aprobaron una reforma a la Ley General de Concesiones (N°7762) que permite la privatización en la administración de centros de salud en la Caja, aunque ya estén construidos, congruente con las intenciones de la clase política y de altos jerarcas de la Institución, que proponen modificar la política y el reglamento de contratación de servicios a terceros.

Es totalmente evidente el objetivo de deteriorar los servicios de salud pública a la población y hacer avanzar la privatización, propósito que impulsó Rodolfo Piza, hoy Ministro de la Presidencia y expresidente ejecutivo de la Caja.
Denunciamos que todos los gobiernos le han adeudado miles de millones a la Institución y el gobierno actual no es la excepción con una morosidad de más de un billón cuatrocientos mil millones de cólones que no paga de conformidad con la ley, no asume el pago que le corresponde por vacunas, ni los servicios a indigentes no asegurados, los privados de libertad, ni el costo asumido por el traslado del personal del Ministerio de Salud.

Los trabajadores de la Caja y sus organizaciones hemos defendido y lo haremos con fuerza: que los servicios de salud sean públicos, universales y solidarios con la población.

Hoy el gobierno y los jerarcas de la Caja pretenden desconocer acuerdos legítimos pactados con las más altas autoridades institucionales, con el ánimo explícito de deteriorar el clima laboral de la CCSS.

Por eso, el Frente Sindical para la defensa de la CCSS, con gran responsabilidad, en aras de la paz laboral, da un plazo hasta el día 04 de agosto para que las autoridades de la Caja y el gobierno convoquen a un diálogo y negociación, en su defecto, el 05 de agosto se iniciará una huelga nacional.

Hacemos un llamado a todo el pueblo, a la iglesia, a las municipalidades, a los estudiantes, a las juntas de salud, para que juntos y a una sola voz defendamos la CCSS.

Frente Sindical para la Defensa de la CCSS

BUSSCO y SINAE llaman a huelga nacional


Ante la lucha ciudadana y patriótica que ha venido realizando el pueblo costarricense con las protestas sociales en las calles de Costa Rica, UNDECA, BUSSCO y SINAE, condenan enérgicamente la brutal represión del gobierno y la clase política empresarial contra los diversos sectores sociales: traileros, pescadores, estudiantes, sindicatos, agricultores, etc.

Esta rebeldía social ha sido provocada por el actual gobierno del PAC, el PLN, PUSC y pseudocristianos e independientes, quienes en contubernio han elaborado una criminal agenda neoliberal iniciando con el combo fiscal, que castigará en general a la clase trabajadora, a las familias costarricenses con mayores impuestos en alimentos, servicios básicos y esenciales, en el agua, electricidad, la salud, el descanso y la recreación social, etc.

Proyectos para destruir, desmantelar y privatizar instituciones públicas para concesionárselas al sector empresarial y favorecer sus onerosos negocios y otros de carácter represivo para liquidar la protesta social, la libertad de expresión y manifestación.

El infértil diálogo del presidente y la clase política empresarial, no es más hasta ahora, una maniobra de engaño y manipulación sin ningún resultado o acuerdo favorable para los costarricenses, de ahí la exacerbada y creciente indignación popular.

Lo anterior, mientras la élite empresarial ha sido favorecida descaradamente con amnistías por encima de los 198 mil millones de colones y exoneración de impuestos.
De la misma manera el gobierno y la clase política, han obviado a toda costa promover leyes contra la evasión, la elusión y el fraude fiscal, la corrupción y el saqueo de los fondos públicos.

Tenemos claro que la lucha no será nada fácil, más aún cuando los verdaderos culpables que crearon este hueco fiscal y la corrupción política, están felizmente unidos viendo como el desempleo, la pobreza, el hambre, la miseria y los bajos salarios se agudizan afectando a millones de costarricenses.

El trabajo informal, el congelamiento de los salarios, la indigencia y la delincuencia es la desgracia de este pueblo.

Por esto, demandamos una verdadera transformación en la política pública, social y económica que cambie el rumbo y favorezca a la mayoría del pueblo y no a un séquito de empresarios y transnacionales.

Llamamos al pueblo a seguir en lucha hasta derrotar al gran empresariado neoliberal.
Demandamos:

• La constitución de una mesa de diálogo y negociación que atienda las demandas de los diversos actores sociales, incluyendo la atención de los grandes problemas que afectan al digno personal del sector público.

San José, Costa Rica, 3 de julio 2019

Criminalización de la protesta social


Luego de sobrellevar desde el mes de octubre pasado una investigación por supuesta obstrucción de vía pública, y donde el Ministerio Público de Ciudad Neily lo acusaba junto a otros dirigentes locales supuestamente de “incitar al desorden y entorpecer los servicios”(…), el Juzgado Penal de Pavas, determinó el pasado 22 de mayo, dictar el sobreseimiento definitivo a favor del compañero Víctor Álvarez dirigente de UNDECA y demás acusados, al no encontrar en la investigación ningún acto material ni prueba para demostrar su culpabilidad.

Con este fallo, queda demostrada la mala intención del Ministerio Público al “inventarse” razones de acusación sin pruebas contundentes y además, la ratificación de que las manifestaciones con motivo del rechazo popular contra el paquetazo fiscal, donde miles de personas se manifestaron a lo largo y ancho del país, fueron acciones totalmente pacíficas y en ejercicio legítimo del derecho de expresión y libre manifestación.

Para UNDECA es lamentable que siendo nuestro país supuestamente de derecho, el propio Ministerio Público, sea propiciador de acusaciones espurias como la aquí demostrada.

Víctor Álvarez es un destacado líder sindical de la Zona Sur y dirigente de UNDECA en el hospital de Ciudad Neily, que se destacó en la pasada huelga contra el proyecto 20580 (paquetazo fiscal) por su liderazgo y beligerancia en las acciones de protesta que se llevaron a cabo en la zona fronteriza con Panamá por parte de trabajadores del sector público, grupos sociales e indígenas.

CCSS no quiso dialogar y prefirió imponer


La compañera Martha Elena Rodríguez, Secretaria General Adjunta de UNDECA, participó junto a representantes de organizaciones del sector Salud, en la reunión convocada por autoridades de la CCSS, quienes luego de pedir la “buena voluntad” y una “condonación” de la deuda y ser rechazada tajantemente por los representantes de los trabajadores, prefirieron dejar para luego la conversación y dar por terminada la reunión.

UNDECA reiteró derogar el acuerdo tomado por la Junta Directiva en el año 2011, debe procederse a actualizar el punto por carrera profesional y la apertura de la recepción de todos los atestados profesionales, en particular los no recibidos antes de la Ley 9635, entre otros.

La CCSS se comprometió con las personas trabajadoras desde el mes de febrero pasado, y creemos que lo pactado debe cumplirse, en beneficio de todos las personas trabajadoras de la salud.

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Las siniestras conductas antidemocráticas de diputados de la Asamblea Legislativa de los partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Partido Acción Ciudadana y otros, dictaminaron positivamente un inquisidor texto contra el derecho a huelga y la protesta social, son fiel reflejo de la decadencia de los dirigentes de los partidos políticos, que hoy, pretenden acallar el grito de protesta ciudadana, contra la corrupción, ineptitud, el saqueo, la impunidad, la evasión fiscal, el desempleo, impuestos regresivos y la exclusión social, entre otros.

El extremismo enfermizo de esta oligarquía violenta los convenios internacionales ratificados por el Estado costarricense, resoluciones de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos y los criterios emitidos en el memorándum técnico respecto al derecho a huelga de la Organización Internacional de Trabajo, OIT,

Queda totalmente claro que esta clase política sigue, lamentablemente, atentando contra el ESTADO SOCIAL DE DERECHO, emulando a partidos políticos criminales de la derecha mundial, cómplices del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y toda esa élite empresarial.

Es repudiable e inaceptable que en el centenario de la OIT se pretenda disolver sindicatos, acabar con el derecho a huelga y criminalizar la protesta.

Llamamos a la clase trabajadora y al pueblo costarricense a defender el derecho a huelga y la protesta ciudadana sin libertad de pensamiento y manifestación no habrá democracia.