Alerta: clase política contra salario escolar

Nuevamente cadáveres políticos, impulsados por las élites partidarias y empresariales, vienen a cuestionar el salario escolar que reciben los trabajadores.

En 1994, cuando el gobierno no cumplió con el aumento de salarios negociado con las organizaciones sindicales del sector público, entre ellas UNDECA, se acordó pagarlo diferido, en el mes de enero de cada año, en un porcentaje del 8,33%, que se le denominó salario escolar. 

Ese acumulado es utilizado por las familias para sufragar los gastos de inicio del periodo lectivo (compra de útiles escolares, uniformes, libros etc.), una especie de complemento de salvamento a las finanzas familiares.

Que tenga carácter salarial, es muy importante, porque si bien está sujeto a las deducciones de ley como cuotas obrero-patronales, deducciones de cooperativas, fondos de ahorro, sindicatos, asociaciones solidaristas, también se toma en cuenta para el cálculo de aguinaldo, cesantía, Fondo de Capitalización Laboral, cálculo de la pensión del régimen de IVM, cálculo de la pensión complementaria, capital de retiro y subsidio por incapacidad.

En el 2008, mediante Ley N.º 8665, la Asamblea Legislativa aprobó exonerar del pago del impuesto de la renta “El monto total que reciben, por concepto de salario escolar, los trabajadores.» UNDECA llama a la clase trabajadora a defender el salario escolar y a mantenerse unida por el bienestar de nuestras familias.

¡UNDECA en defensa de la clase trabajadora!

22 de enero 2020.

Criminalización de la protesta: golpe a la democracia participativa

Comunicado de prensa de BUSSCO

La clase política empresarial y los diputados (as) más conservadores y reaccionarios de los partidos PLN, PUSC, PAC y Restauración Nacional, aprobaron en primer debate con 35 votos a favor y 15 en contra el proyecto de ley que aspira proscribir el derecho a huelga, protesta y movilización social.

El próximo jueves 16 de enero pretenden aprobar en segundo debate el proyecto que elimina uno de los derechos y libertades ciudadanas más sagradas de este país, una conquista de los trabajadores y de políticos con capacidad de escuchar, que creyeron en la manifestación popular y el diálogo como mecanismos de participación ciudadana.

Derechos que fueron consagrados en el artículo 9 de la Constitución Política, en las Garantías Sociales, el Código de Trabajo, en la Caja Costarricense de Seguro Social, el ICE, Acueductos y alcantarillados y otras instituciones como Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y las universidades públicas, que forjaron una Costa Rica más justa y solidaria.
Hoy, la clase política neoliberal, viene modificando radicalmente las bases fundamentales del estado benefactor para sustituirlo por uno centrado en la mercantilización, la represión, la intimidación y la amenaza.

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, condena las acciones antidemocráticas de esas élites y alerta al pueblo costarricense acerca de las consecuencias de cercenar libertades fundamentales.
BUSSCO hace un vehemente llamado a las organizaciones sociales y populares a manifestar su rotunda oposición a la criminalización de la protesta, este jueves 16 de enero, desde las 9 de la mañana, frente a la Asamblea Legislativa.

San José, 15 de enero 2020.

Bicentenario: aboliendo las libertades democráticas y destruyendo el estado social

BUSSCO y UNDECA no pactaron ningún proyecto con los diputados

Desde que se presentó el año pasado, UNDECA ha rechazado rotundamente la iniciativa de la clase política empresarial (diputado Carlos Ricardo Benavides (PLN), bautizado con el fraudulento nombre de Proyecto de ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos.

La iniciativa y su texto sustitutivo reafirman el prejuicio, odio y reacción visceral de diputados neoliberales, contra los sindicatos que convocamos la huelga contra el funesto Combo fiscal en el 2018, mismo que fue dictaminado en este mes, mientras se ejecutaba la huelga de las y los trabajadores de la CCSS.

Este proyecto plantea una afrentosa contrarreforma de varios artículos del Código de Trabajo que contraviene flagrantemente los principios de Libertad Sindical, el Derecho de huelga y la propuesta social.

La verdad es que no sólo se trata de impedir las huelgas, sino de abolir las libertades públicas de libre expresión, manifestación y protesta social, para que los grandes negocios del empresariado y las imposiciones de los organismos financieros internacionales no vayan a tener ninguna resistencia popular.

Iniciativas como la presentada, por la diputada Franggi Nicolás (PLN) y otros diputados que pretendía corregir los excesos del proyecto del diputado Benavides, fue inmediatamente enterrada.

La reforma prohíbe la huelga contra cualquier política socioeconómica que afecte al pueblo, rebaja los salarios a la clase trabajadora de forma retroactiva, prohíbe el derecho a huelga en la mayoría de servicios públicos, catalogándolos de “manifiestamente ilegal” y los plazos y requisitos violentan garantías constitucionales.

Hace algunas semanas inició un proceso de supuesto diálogo, en la sede de la OIT, y fuimos convocados cuando ya estaba avanzada la discusión, participando con el propósito de plantear propuestas serias que rescataran y salvaguardaran el derecho de huelga, no sólo de los empleados públicos, sino también de las personas trabajadoras del sector privado.

Nuestra expectativa era promover un proceso de diálogo abierto, transparente y propositivo, que después de algunas reuniones nos convencimos que la intencionalidad de los legisladores era muy diferente, cuyo producto final nos llegó a dar la razón. 

En una de las reuniones, la representación de BUSSCO planteó a los otros sindicatos el retiro de la mesa, por la presión manifiesta que los diputados estaban imponiendo, con la finalidad de lograr una prórroga del dictamen, reincorporándonos una vez que se cumplió este objetivo.

No obstante, manifestamos que nuestro retorno quedaba condicionado a que se desconvocara el proyecto de ley de la corriente legislativa, que consta en oficio enviado al Ministro de Trabajo.

A raíz que el Poder Ejecutivo no desconvocó el pernicioso proyecto, continuó con su curso frenético, la ausencia de un debate público y que no existía oportunidad, ni tiempo, de discutir temas muy sensibles, nos retiramos, en definitiva, de esa Mesa.

Desmentimos a aquellos a diputados que han sostenido que el dictamen que aprobó la Comisión Antihuelgas fue consensuado con los sindicatos. Por lo menos, BUSSCO y UNDECA nunca consensuamos ni pactamos absolutamente nada, ni consta ninguna firma que avale acuerdo de ninguna especie.

El texto construido y defendido por el PLN, PUSC y PAC y otros partidos, en debate en la Asamblea Legislativa refleja su contenido autoritario y represivo, enerva el derecho humano fundamental a huelga, criminaliza las libertades públicas, dejando en absoluta indefensión a la clase trabajadora y al pueblo costarricense, frente a un capitalismo salvaje que atenta contra el Estado Social y Democrático.

¡Mantenemos nuestra firme oposición al proyecto 21049!

San José, 27 agosto de 2019.

Gobierno no puede jugar con la CCSS


Los partidos políticos aprobaron con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas la Regla Fiscal, que pretende implementarse en la Caja violentando la autonomía constitucional, y dejando en manos de la Ministra de Hacienda la decisión de definir, arbitrariamente, cuanto se debe invertir en la prestación de los servicios de salud, en la calidad y cantidad de medicamentos, construcción de nuevos centros de atención, compra de equipos médicos y tecnología, recurso humano, etc.

Asimismo, aprobaron una reforma a la Ley General de Concesiones (N°7762) que permite la privatización en la administración de centros de salud en la Caja, aunque ya estén construidos, congruente con las intenciones de la clase política y de altos jerarcas de la Institución, que proponen modificar la política y el reglamento de contratación de servicios a terceros.

Es totalmente evidente el objetivo de deteriorar los servicios de salud pública a la población y hacer avanzar la privatización, propósito que impulsó Rodolfo Piza, hoy Ministro de la Presidencia y expresidente ejecutivo de la Caja.
Denunciamos que todos los gobiernos le han adeudado miles de millones a la Institución y el gobierno actual no es la excepción con una morosidad de más de un billón cuatrocientos mil millones de cólones que no paga de conformidad con la ley, no asume el pago que le corresponde por vacunas, ni los servicios a indigentes no asegurados, los privados de libertad, ni el costo asumido por el traslado del personal del Ministerio de Salud.

Los trabajadores de la Caja y sus organizaciones hemos defendido y lo haremos con fuerza: que los servicios de salud sean públicos, universales y solidarios con la población.

Hoy el gobierno y los jerarcas de la Caja pretenden desconocer acuerdos legítimos pactados con las más altas autoridades institucionales, con el ánimo explícito de deteriorar el clima laboral de la CCSS.

Por eso, el Frente Sindical para la defensa de la CCSS, con gran responsabilidad, en aras de la paz laboral, da un plazo hasta el día 04 de agosto para que las autoridades de la Caja y el gobierno convoquen a un diálogo y negociación, en su defecto, el 05 de agosto se iniciará una huelga nacional.

Hacemos un llamado a todo el pueblo, a la iglesia, a las municipalidades, a los estudiantes, a las juntas de salud, para que juntos y a una sola voz defendamos la CCSS.

Frente Sindical para la Defensa de la CCSS

BUSSCO y SINAE llaman a huelga nacional


Ante la lucha ciudadana y patriótica que ha venido realizando el pueblo costarricense con las protestas sociales en las calles de Costa Rica, UNDECA, BUSSCO y SINAE, condenan enérgicamente la brutal represión del gobierno y la clase política empresarial contra los diversos sectores sociales: traileros, pescadores, estudiantes, sindicatos, agricultores, etc.

Esta rebeldía social ha sido provocada por el actual gobierno del PAC, el PLN, PUSC y pseudocristianos e independientes, quienes en contubernio han elaborado una criminal agenda neoliberal iniciando con el combo fiscal, que castigará en general a la clase trabajadora, a las familias costarricenses con mayores impuestos en alimentos, servicios básicos y esenciales, en el agua, electricidad, la salud, el descanso y la recreación social, etc.

Proyectos para destruir, desmantelar y privatizar instituciones públicas para concesionárselas al sector empresarial y favorecer sus onerosos negocios y otros de carácter represivo para liquidar la protesta social, la libertad de expresión y manifestación.

El infértil diálogo del presidente y la clase política empresarial, no es más hasta ahora, una maniobra de engaño y manipulación sin ningún resultado o acuerdo favorable para los costarricenses, de ahí la exacerbada y creciente indignación popular.

Lo anterior, mientras la élite empresarial ha sido favorecida descaradamente con amnistías por encima de los 198 mil millones de colones y exoneración de impuestos.
De la misma manera el gobierno y la clase política, han obviado a toda costa promover leyes contra la evasión, la elusión y el fraude fiscal, la corrupción y el saqueo de los fondos públicos.

Tenemos claro que la lucha no será nada fácil, más aún cuando los verdaderos culpables que crearon este hueco fiscal y la corrupción política, están felizmente unidos viendo como el desempleo, la pobreza, el hambre, la miseria y los bajos salarios se agudizan afectando a millones de costarricenses.

El trabajo informal, el congelamiento de los salarios, la indigencia y la delincuencia es la desgracia de este pueblo.

Por esto, demandamos una verdadera transformación en la política pública, social y económica que cambie el rumbo y favorezca a la mayoría del pueblo y no a un séquito de empresarios y transnacionales.

Llamamos al pueblo a seguir en lucha hasta derrotar al gran empresariado neoliberal.
Demandamos:

• La constitución de una mesa de diálogo y negociación que atienda las demandas de los diversos actores sociales, incluyendo la atención de los grandes problemas que afectan al digno personal del sector público.

San José, Costa Rica, 3 de julio 2019