El asalto a la democracia y la ruptura del pacto social

“El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en esos claroscuros surgen los monstruos” (Gramsci)

Por Manuel Hernández

Mas allá de las implicaciones graves que significa el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, en menoscabo de los derechos individuales y colectivos de las personas trabajadoras y la modificación autoritaria del sistema de relaciones laborales de la Administración Pública, que es un tema que desarrollé en varios artículos publicados, pero, cuyo análisis no se puede limitar exclusivamente a dicho vector, en este otro artículo, se enfoca el impacto que este proyecto produce en nuestra Constitución y el sistema democrático.

Desde esta perspectiva, a manera de preámbulo, tenemos que empezar señalando que la Constitución Política es la norma suprema que configura el sistema político.

La Constitución, en términos muy esquemáticos, tiene dos partes: la dogmática y la orgánica.

La dogmática define el modelo, la ideología del Estado y el régimen de los derechos fundamentales que reconoce y se tutelan

La orgánica, concierne al aparato estatal, la estructura de la institucionalidad pública.

Las constituciones políticas, normalmente, recogen el pacto social que regula la convivencia ciudadana.

Este pacto es resultado de la correlación de las fuerzas sociales, que se tensionan dialécticamente en un momento histórico determinado, que disciplina el reparto del poder: el poder económico, social y político.

1.- El derrumbe de la arquitectura del Estado de Derecho y Democrático

Nuestra Constitución Política, promulgada en 1949, configuró un Estado democrático (artículo 1° CO POL).

El Estado se radicó en un esquema de pesos y contrapesos, basado en la división de poderes (artículo 9 CO POL) y una estructura funcional y administrativa descentralizada.

El arquetipo constitucional contempló diferentes niveles o grados de autonomía. En este abanico, tenemos instituciones con autonomía administrativa (artículo 188 CO POL), autonomía de gobierno y administración, como la CCSS (artículo 73 CO POL) y otras que, además, tienen autonomía de organización, que es el caso de las universidades públicas (artículo 84 y 85 CO POL).

Además, están los gobiernos locales, que ostentan su propio régimen autonómico (artículo 176 CO POL).

El Proyecto de Ley Marco de Empleo Público concentra el poder en un Estado centralizado, a cuenta de la potente rectoría política del empleo público que se le atribuye al Poder Ejecutivo.

Esta potestad faculta al Ejecutivo regular y dirigir prácticamente todo el espectro de la Administración Pública, con pocas excepciones que fueron excluidas del marco de la ley.

Los otros Poderes del Estado, incluido el Judicial, y aquellas instituciones descentralizadas, quedan sometidas a la gobernanza del Poder Ejecutivo; es decir, a la dirección política del Gobierno de turno.

Esta rectoría política es absolutamente incompatible, por un lado, con el principio de división de poderes, pilar del Estado de Derecho, y por otro lado, con la autonomía que el constituyente reconoció a la CCSS, universidades públicas y gobiernos locales.

De esta manera, el proyecto desconstitucionaliza el principio de separación e independencia de poderes y el régimen autonómico de estas instituciones, trayéndose al suelo, de una violenta sacudida, de alta magnitud, el edificio político-orgánico de nuestro Estado, que causará daños de fuerte intensidad en el tejido social y territorial del país.

Pero, además, con esta desconstitucionalización de la arquitectura política, el Poder Ejecutivo se garantiza el gobierno y gestión de los servicios que se cometieron a las instituciones públicas y municipalidades.

2.- El hundimiento de la arquitectura social del Estado Democrático

En consonancia con esa arquitectura política-orgánica, nuestra Constitución diseñó un modelo prestacional de los servicios públicos, con el objetivo de satisfacer las necesidades básicas de la población: salud, seguridad social, educación, seguridad ciudadana, agua, energía, electricidad, comunicaciones, vivienda, administración de justicia, entre otros muchos.

El constituyente encargó a las instituciones descentralizadas una misión técnica, especializada, con la finalidad de brindar a la ciudadanía la prestación más eficiente de los servicios públicos.

El proyecto de ley se vuelve contra este esquema prestacional, porque el Poder Ejecutivo, titular absoluto de la rectoría, puede imponer a las instituciones vinculadas por esa ley, las políticas de empleo, de contratación de personal, la promoción de los concursos internos y externos, la creación y eliminación de plazas y la evaluación del desempeño.

Así, el Ejecutivo se garantiza la gestión, el control del gasto, del presupuesto y la prestación de estos servicios, en detrimento de la calidad de vida, el desarrollo social y humano.

Además, el proyecto promueve, ex lege, por una parte, la reorganización y reestructuración de los servicios públicos, y por otra parte, impulsa la “externalización” de aquellas actividades que el órgano rector estime, a su arbitrio político, que son prescindibles.

Entonces, el proyecto fomenta abiertamente el desmantelamiento y la franca privatización de los servicios públicos, que constituyen la infraestructura del Estado Social y Democrático.

3.- Consideraciones finales

Con fundamento en lo expuesto se pueden sostener las siguientes consideraciones:

1.- El fantasma que recorre nuestra Constitución no es la amenaza de un golpe de estado, ni de fraude electoral. El fantasma que acecha la norma suprema es la destrucción de su paradigma político y social, en que se ha basado la convivencia ciudadana durante 7 décadas.

2.- A merced de la rectoría, las instituciones que tienen a su cargo la prestación de servicios públicos, quedan gobernadas por el nuevo Leviatán, un monstruo político, que atisba sospechosos elementos de un “fascismo posmoderno”, al que se le concede patente de corso para regular, dirigir y disciplinar la gestión de los servicios públicos, su reestructuración y hasta su privatización.

3.- El proyecto interviene la gestión política y administrativa de los gobiernos locales, desplomando la autonomía del régimen municipal, que es expresión de democracia territorial.

4.- Como se planteó al principio de este artículo, por encima de la gravísima afectación de los derechos laborales de los y las funcionarias públicas, que no es para menos, entre los cuales destaca la vulneración del derecho fundamental de negociación colectiva, se trata de un proyecto estratégico de reforma del Estado.

Las intentonas frustradas de proyectos de reforma del Estado, desde la década del 80, por las que han pasado tantas Comisiones y toda una élite de ilustrísimos notables, se están concretando, ahora, con el ropaje prestado de este proyecto de empleo público; que implica una reforma de gran calado, en realidad, una transformación del modelo de Estado, que altera el tejido político, social y territorial de nuestro ordenamiento.

Un Caballo de Troya, armado en los establos de Zapote, en el Balcón de los espantos verdes y los recintos de los templos neopentecostales, con la asesoría de OCDE, que se lanza hostilmente contra las reglas de la institucionalidad del país.

5.- El proyecto derriba la institucionalidad republicana, causando una ruptura del pacto social. La fractura del pacto social se ha estado urdiendo desde hace varias décadas, pero se ha intensificado, con mucha fuerza, en los últimos tres años.

El pacto social está ya muy rasgado, no solo por las reformas legislativas reaccionarias aprobadas en este corto período, sino, además, por la desigualdad social, el incremento acelerado de la pobreza, el aumento desmedido del desempleo, que afecta más a las mujeres y jóvenes, profundizadas por la pandemia, en una lógica capitalista de acumulación por desposesión (Harvey), que tiene el objetivo de apropiarse de la explotación privada de los servicios públicos, a contrapelo de los postulados que fundaron la Segunda República.

La quiebra del pacto social, que por ahora está suspendido, levitando en el aire, se pretende consumar y consolidar, en definitiva, con la aprobación de la Ley de Empleo Público.

6.- Esta ruptura es el resultado de un cambio de la correlación de las fuerzas sociales, que expresa un nuevo reparto del poder social y político, que convierte la Constitución en papel mojado y viene a coronar el Estado oligárquico, neoliberal, de carácter antidemocrático y excluyente.

Nos estamos jugando la democracia. No lo digo en un sentido retórico. Creo que es lo que está en el tablero de juego. ¡Ojalá que las fuerzas vivas y todos logremos comprenderlo, a tiempo, antes que sea irreversiblemente tarde¡

Cuando nos jugamos la democracia que nos legaron nuestros antepasados, después de una Guerra Civil, tenemos que hacer un extraordinario esfuerzo y compromiso de unidad social, para contener oportunamente los poderes fácticos que están asaltando el Estado Social y Democrático.

Ante acción de UNDECA Sala Constitucional condena al Estado a pagar sumas adeudadas a la CCSS

En 2016, la Junta Directiva de la CCSS acordó incrementar en 0.66% puntos porcentuales, la contribución del Estado, como tal, para cubrir el financiamiento de las pensiones mínimas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

El Gobierno de Luis G. Solís, se resistió a ejecutar este acuerdo y omitió incluir en el proyecto de Ley de presupuesto para el ejercicio de 2018, la partida presupuestaria correspondiente.

La UNION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA CAJA Y LA SEGURIDAD SOCIAL (UNDECA) interpuso una acción de inconstitucionalidad contra esta grave omisión del Gobierno del PAC, por violación de los numerales 50, 73, 74 y 177 de la Constitución Política.

Esta acción de inconstitucionalidad fue declarada con lugar, por unanimidad, en los términos que explicaremos al final, cuya sentencia integral recientemente se nos notificó.

Antes de referirnos a la parte dispositiva de esta sentencia, nos interesa resaltar tres cuestiones, ampliamente desarrolladas en su fundamentación:

1.- La sentencia rescata y potencia el artículo 177 de la Constitución Política.
Esta norma estipula que se deben proporcionar rentas suficientes que cubran las necesidades actuales y futuras de la Caja. Además, que, si existe un déficit en su presupuesto, el Estado debe asumirlo.
La sentencia sostiene que la situación fiscal del país no es un motivo valido, ni suficiente, para justificar la desaplicación de esta norma constitucional y las obligaciones que tiene el Estado con la seguridad social.

2.- La sentencia reafirma la inaplicabilidad de la Regla Fiscal en perjuicio de la Caja.
Esta afirmación tiene una gran importancia, porque existe presión política para someter a la Caja a las normas salvajes de la Regla Fiscal, en menoscabo de las prestaciones del Régimen IVM, del Régimen de salud y el Régimen No Contributivo de pensiones.

3.- La sentencia, no obstante que aquella Ley de Presupuesto ya cumplió su período, dispuso que el Estado tiene esa deuda con la Caja, que ineludiblemente está obligado a cancelar.

Finalmente, el por tanto de la sentencia, declaró con lugar la acción. En atención a la situación fiscal del país, se dimensionaron sus alcances y determinó que el Estado y la Caja deben definir, de inmediato, conjuntamente un mecanismo para el reintegro de las sumas que se dejaron de pagar, que deben cancelarse en un plazo máximo de 5 años.

Esta sentencia del Tribunal Constitucional representa un batacazo contra aquellos partidos políticos de la derecha, grupos económicos y empresariales, que tienen pactada una conjura contra la Caja y el Estado Social y Democrático.

Un golpe muy duro para sus agentes vendedores y privatizadores que tienen colocados en la estructura jerárquica superior de la Caja, para cumplir su cometido político y desmantelar la institución.

Nos complace comunicar el resultado de esta sentencia, que viene a fortalecer nuestra querida institución y el régimen público de la seguridad social.

San José, 17 marzo 2021

Undeca se reune con Gerecia General de la CCSS

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, participó, este miércoles 25 de febrero, en reunión virtual con la Gerencia General, respondiendo a la solicitud fundamentada de este sindicato para que la Institución de una vez por todas resuelva con un sistema automatizado lo correspondiente al pago de incapacidades.

Los dirigentes de Uneca, Ronald Quesada y Carlos Báez, se reunieron virtualmente con el Gerente General llevando a cabo una productiva negociación en la que propusieron la creación de un sistema de recuperación y devolución de rubros pagados por incapacidades, producto del COVID-19 y otras patologías.

Esta negociación fue atendida por el Dr Roberto Cervantes, Gerente General de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, quien se hizo acompañar por un equipo interdisciplinario de funcionarios, ordenando en el acto la creación de un sistema de Web Servicios, para resolver en buena parte, la situación angustiosa por la que atraviesan los trabajadores de la Caja cuando son incapacitados.

Así las cosas y puesto en marcha dicho sistema, le estaríamos resolviendo a los trabajadores, para que no tengan que esperar hasta 7 meses, como sucede en muchos casos, para que les paguen el rubro correspondiente a la incapacidad, pues el sistema lo resolvería de manera inmediata.

A este compromiso de partes le estaremos dando seguimiento en un mes.

BUSSCO: Resultados Encuentro Multisectorial

BUSSCO INFORMA, Jueves 25 de febrero 2021

El Encuentro Multisectorial de Empleo Público y por la defensa del Estado Social de derecho concluye con la suscripción de una declaratoria de lucha y conformación del Frente Nacional de Defensa del Estado Social Costarricense, conformado por diversos sectores sindicales, universidades, sector campesino, juntas de salud, instituciones públicas, municipales, sociales, movimiento estudiantil y otros.

Entre los acuerdos y acciones se definieron el desarrollo diversas actividades de sensibilización a la opinión pública, enfrentar agenda neoliberal legislativa y desarrollar un plan de acción de actividades de información, concientización y lucha.

Para el mes de marzo se realizarán:

– Movilización San José. Viernes 5 de marzo a las 5pm.

– Movilización nacional, sábado 13 de marzo.

– Presencia diaria primera semana de marzo. Asamblea Legislativa.

El compañero Luis Chavarría Vega Coordinador del BUSSCO, señaló su satisfacción por la amplitud de convocatoria y participación de sectores y su disposición para conformar este importante Frente Nacional de Lucha.

POR LA DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, POR LA DEFENSA DEL ESTADO SOCIAL COSTARRICENSE

UNDECA por todo el país (+Fotos)

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, realiza giras por todo el país, en esta oportunidad en la zona Pacífico Central, la Región Brunca, visitando el hospital de San Vito, Área de Salud Coto Brus, y sucursal. También en la Región de Occidente, que inició en el Hospital Carlos Luis Valverde Vega, en San José en todas las Áreas de Salud, Hospitales, Clínicas y Ebais, como Clínica Solon Núñez Frutos, Hospital Calderón Guardia, Hospital México y San Juan de Dios entre otros.

El objetivo en esta zona, como en todas la giras en todo el territorio nacional, es llevar información transcendental para la clase trabajadora de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, es información sobre temas como concurso de plazas, vacunación contra Covid-19, tema de protección y equipo contra esta Pandemia.

También sobre el nefasto proyecto de Ley de Empleo Público y sus consecuencias contra el bienestar de las familias, la calidad de los servicios de salud, los derechos laborales y económicos, entre otros efectos.

La necesidad de organizarse y luchar es, y siempre ha sido, imperativo para la defensa de nuestros derechos y la salud pública, es la razón de ser de UNDECA.

UNDECA, “Orgullosamente combativa”

Gestión de UNDECA, prioriza vacunación de trabajadores de lavanderías hospitalarias

Tanto en la Lavandería Zeledón Venegas, como la Lavandería Central, quienes por su labor están seriamente expuestos al COVID-19, deben ser vacunados contra esta pandemia.

Los trabajadores de estas dos importantes lavanderías, no habían sido tomados en cuenta en la primera fase de vacunación pese a su responsabilidad del aseo y lavado de diversos tipos de ropa y otros similares de centros hospitalarios con atención directa a pacientes por Covid.

Los funcionarios también deben recoger y repartir la ropa y materiales en los hospitales San Juan de Dios y México, lo cual expone aún más a dicha población.

Estas lavanderías tratan el 40 % del equipo directamente relacionado con paciente o relacionado con el COVID-19, por lo que representan una población de altas probabilidades de contagio. Solo en estas dos lavanderías, se reportan alrededor de 40 trabajadores infectados por Coronavirus desde que se inició la emergencia.

UNDECA intervino de forma oportuna y junto a los trabajadores exigimos la atención prioritaria, misma que fue confirmada por Lic. Luis Bolaños Guzmán, director de Bienestar Laboral y autoridades de la CCSS para el próximo 1 de marzo.

UNDECA ORGULLOSAMENTE COMBATIVA