Corte IDH resolverá consulta sobre obligación de Estados en favor de la libertad sindical

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, formó parte de los sindicatos que denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, la violación del Derecho Humano a la libertad sindical.

Fuente: Semanario Universidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), preocupada por violaciones a la libertad sindical, al derecho de huelga y de negociaciones colectivas, por los asesinatos de dirigentes sindicales en la región, solicitó a la Corte Interamericana una opinión consultiva sobre las obligaciones de los Estados en estas materias, de acuerdo con las normas de los tratados internacionales vigentes.

La audiencia se celebró esta semana en la sede de la Corte, en San José, en la que intervinieron representantes de diversos países y de organizaciones sindicales de la región.

Cada representante hizo su exposición sobre estos temas, sobre los que luego se pronunciará la Corte, determinando las obligaciones que tienen los Estados en cuanto a la protección de la libertad sindical, de negociación colectiva y de derecho de huelga. En esta ocasión es la primera vez que la Corte tratará también la participación que tienen las mujeres en las organizaciones sindicales y las posibilidades de asumir liderazgos.

Retrocesos

Se trata de una convocatoria que se da en el marco de un retroceso de libertades sindicales en la región. Es necesario fortalecer la libertad sindical, pues esta pandemia “va a causar una extensión de la pobreza y la participación de los sindicatos puede ser decisiva para corregir la desigualdad”, estimó el abogado laboralista, Manuel Hernández, en declaraciones a UNIVERSIDAD. Hernández presentó el lunes, ante la Corte, su alegato, en representación de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) y Undeca.

En el documento presentado por la CIDH a la Corte ya se señalaba que “la libertad sindical es de suma importancia para que los intereses colectivos sean defendidos de forma adecuada”, del mismo modo en que “los sindicatos fuertes tienen un papel importante en el establecimiento de políticas redistributivas”.

Pero, al mismo tiempo, destacaba su preocupación por la baja tasa de sindicalización en el continente, donde apenas cuatro países tienen más de 20% de los trabajadores afiliados a sindicatos: Bolivia (39,1%), Canadá (28,4%), Uruguay (30,1%)y Argentina (27,7%).

Un Informe del Economic Policy Institute (EPI) –citado por la CIDH– afirma que la caída en las tasas de sindicalización desde los años 1970 “alimentaron el crecimiento de la inequidad y obstaculizaron el progreso económico de la clase media en los Estados Unidos”, destacando que la existencia de sindicatos tiene un fuerte efecto en la mejoría de los salarios de los trabajadores.

Prácticas antisindicales

En el continente americano, dice la CIDH, hay una gran cantidad de datos que comprueban la existencia de prácticas antisindicales extendidas, tanto por parte de empleadores privados como por los propios Estados.

La Comisión ha observado, además, “que el acceso de las mujeres a mayores oportunidades educativas y a capacitación no se ha traducido en un acceso igualitario al empleo, en promociones laborales y en puestos de dirección o de mayor jerarquía, y en una igual remuneración en el empleo por igual valor”.

Destaca también que “la participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha crecido de forma continua en América Latina y Caribe” y que, en 2017 representó, por primera vez, más de la mitad de la fuerza de trabajo (50,2%). Aunque ese mismo año la tasa de desempleo de las mujeres en América Latina fue de 10,4%, mientras la tasa de desocupación de los hombres fue de 7,6%.

En su intervención ante la Corte, Hernández señaló que “históricamente en el continente ha prevalecido una sistemática y creciente infracción de la libertad sindical”, incluyendo “la libertad de constituir sindicatos, el derecho de negociación colectiva y de huelga”, como lo demuestran las denuncias presentadas en la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“No es aventurado afirmar que, desde hace muchas décadas, sufrimos una pandemia antisindical, muy fuerte en la década del 90, intensificada en la última década, resultado de las exigencias de los organismos financieros internacionales”.

Costa Rica no es la excepción

Costa Rica no es la excepción, agregó. Pese a que existe legislación reciente que tutela la libertad sindical, en la práctica ha sido poco efectiva, dijo Hernández, donde especialmente en el sector privado prevalece la represión contra los trabajadores. Citó como ejemplo la hostilidad antisindical en las plantaciones piñeras y otras empresas agrícolas, con una considerable presencia de trabajadores migrantes, donde se trabaja “en las peores condiciones de explotación”, como ha dejado en evidencia la pandemia del COVID-19. Del mismo modo rigen en la práctica “sustanciales restricciones a la negociación colectiva” y al derecho de huelga.

Hernández denunció también la reciente promulgación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que coarta “sustancialmente la negociación de los salarios del sector público, con la finalidad de imponer estrictos ajustes fiscales” que, a su vez, están causando “un serio estancamiento salarial”.

La actual crisis económica y fiscal, agravada por la pandemia, ha dado pie a la promoción de políticas de austeridad que incluyen la privatización de empresas públicas, promovidas por instituciones como el Banco Mundial o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a la que Costa Rica está a punto de ingresar.

En la misma lógica, agregó, se enmarca la reforma sobre derecho de huelga aprobada en enero por la Asamblea Legislativa “una auténtica contrarreforma laboral” que, por un lado, “establece requisitos desproporcionados que obstaculizan o limitan el ejercicio del derecho de huelga” y, por otro, “generaliza la prohibición absoluta de la huelga en los servicios esenciales”.

Desigualdades

El COVID-19 ha puesto en evidencia la condición de extrema vulnerabilidad de muchas personas y causará en el subcontinente mayor pobreza, más desempleo, un aumento del sector informal y de la deuda, y profundizará la desigualdad estructural, afectando más a la juventud y a las mujeres trabajadoras, dijo Hernández en su presentación.

Según la Cepal, agregó, “Costa Rica sufrirá un deterioro en el indicador de distribución de la riqueza, con una variación entre el 3% y el 3,9%; por cierto uno de los países del mundo donde más ha crecido la desigualdad”.

Ante esta realidad sostuvo que “la libertad sindical es la mejor vacuna para contener la precarización de las condiciones de trabajo y la recuperación del empleo decente”.

“La negociación colectiva es una herramienta esencial para combatir la desigualdad del mercado laboral, y la huelga, un instrumento indispensable para defender las conquistas alcanzadas, que ya se sienten tan amenazadas por los nuevos brotes regresivos y autoritarios que se respiran en el continente”.

Agregó: –Los sindicatos demandan una “nueva normalidad” del mercado del trabajo, un futuro del trabajo distinto, un futuro que tiene que empezar a construirse en el presente.

Un futuro “fundado en la libertad, la democracia sindical y el respeto de los derechos de ciudadanía de la clase trabajadora”.

Participación en sindicatos en América con mayor afiliación sindical

Bolivia 39,1%

Canadá 28,4%

Uruguay 30,1%

Argentina 27,7%

Con menos de 20% de afiliación

Costa Rica 19,4%

El Salvador 19%

Brasil 18,9%

Chile 17,7%

Venezuela 13%

México 12,5%

Panamá 11,9%

República Dominicana 11%

EUA 10,3%

Con menos de 10% de afiliación

Colombia 9,5%

Honduras 8%

Paraguay 6,7%

Perú 5,7%

Nicaragua 5,3%

Guatemala 2,6%

Ecuador 2%

Protesta contra privatización de servicios de la CCSS

“Con hambre no hay paz”. Ese fue uno de los carteles que portaba el personal de aseo y vigilancia del Hospital Calderón Guardia (HCG) durante una manifestación.

El grupo de funcionarios se organizó para exponer lo que consideran una injusticia en la intención de privatizar estos servicios por parte de las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Román Macaya, presidente ejecutivo de la CCSS, dijo en conferencia de prensa el lunes que contratarán a 646 personas para la nueva torre del nosocomio josefino.

Añadió que ya tenían los candidatos en la lista de elegibles del HCG, pero que quienes estuvieran interesados podían ingresar a la página de Recursos Humanos de la institución y aplicar.

No obstante, los trabajadores indicaron que los servicios de aseo y vigilancia no fueron tomados en cuenta en dichas contrataciones, sino desde un inicio la intención era contratar servicios privados.

Arturo Abarca, dirigente sindical de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), indicó que no permitirán que privaticen los servicios y aseguró que Macaya no se refirió a aseo y vigilancia al indicar las nuevas contrataciones.

Añadió que las empresas privadas han dejado malas experiencias a la institución y recordó una situación ocurrida en Limón donde la compañía se marchó, dejando sin aguinaldo ni liquidación al personal.

“No queremos que eso se dé en el Calderón Guardia, tenemos personal interino que puede hacer estas funciones”, indicó.

El dirigente sindical informó que han mandado varios oficios a la CCSS solicitando que tomen en consideración a este recurso humano para la torre este, pero no han recibido respuesta.

El movimiento incluyó a 30 personas quienes se manifestaron pacíficamente durante 40 minutos, esto en vista de la crisis sanitaria por Covid-19, sin embargo, advirtieron que de no recibir respuesta de la CCSS se manifestará más personal. En la torre contratarán 70 personas para aseo y 40 para vigilancia. En el sindicato mostraron su preocupación debido a que a las empresas privadas no les exigen los mismos conocimientos que al personal en propiedad o interino de la CCSS.

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Fuente: Diario Extra

Región Occidente firma por sus derechos

Dirigentes Undequistas visitaron la Región de Occidente, trabajadores y trabajadoras de las Áreas de Salud de Poás, Valverde Vega y Palmares son alertados respecto a las pretensiones neoliberales de reformar el empleo público y se manifiestan en contra del ingrato acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS que destruye el fondo de retiro y la pensión complementaria de la CCSS.

Cientos de trabajadores firman la petición, hacelo vos también.

¿Aún no firmas?✍️Firma aquí 👉🏻👉🏻https://www.change.org/YoTambiénFirmo

¿No has firmado en defensa del FRAP?

DEMANDAMOS DEROGATORIA DE ACUERDO QUE DESTRUYÓ PENSIÓN COMPLEMENTARIA Y CAPITAL DE RETIRO LABORAL (FRAP) 

La Junta Directiva de la CCSS aprobó un ilegítimo acuerdo, en el artículo 54° de la sesión N° 9095, celebrada el 07 de mayo de este año, que, prácticamente, destruyó nuestra pensión complementaria reduciéndola en un 65% y recortó en un 36% nuestro capital de retiro laboral.

Los trabajadores y trabajadoras de la Caja lamentamos que mientras nos dedicamos, con riesgo de nuestras vidas y de nuestras familias, a atender la emergencia sanitaria, que comprendemos es nuestro deber laboral, que cumplimos con el mayor compromiso y esmero, se haya adoptado este infame acuerdo.

La Junta Directiva no solo mancilla nuestra dignidad, sino que violenta preceptos normativos fundamentales, provocando una sensible afectación humana y económica, dejando en desamparo a nuestras familias.

Firmamos esta petición para exigir respeto a todos nuestros derechos laborales y demandamos:

La derogatoria inmediata de los acuerdos que lesionan el perfil de beneficios y se inicie un proceso de diálogo con el Frente Sindical de la CCSS, con la finalidad de fortalecer nuestra pensión complementaria y el capital de retiro laboral.

¡Defiendo mis derechos! ¡Yo firmo!

¿Aún no firmas?✍️Firma aquí 👉🏻👉🏻https://www.change.org/YoTambiénFirmo

Gobierno cierra puertas al diálogo

Este lunes 9 de julio, tal y como estaba previsto, se realizó la segunda reunión con autoridades del gobierno para sentar las bases de una Mesa de Diálogo Social sobre los temas fiscales. Sin embargo la respuesta este día ha sido de una absoluta negativa a abrir una Mesa de Diálogo Social REAL, que permita que el país avance y se fortalezca la democracia con la participación de diferentes actores sociales afectados con las propuestas de reforma fiscal.

Cooperativas, Asociaciones Solidaristas, campesinos, pequeños y medianos productores no tendrán la posibilidad de dialogar sobre los temas fiscales con el gobierno en una Mesa Nacional.

Lamentablemente, una vez más, el gobierno cierra toda posibilidad al diálogo y la participación democrática.

Movimiento Sindical lamenta el rechazo del gobierno a las peticiones plateadas por sector sindical:

1. Retiro del proyecto 20.580 de la corriente legislativa mientras se analiza en la Mesa: gobierno considera que “no es “conveniente” detener su trámite”.

2. No represalias, en especial el retiro de la declaratoria de ilegalidad de la pasada huelga.

3. Apertura de una Mesa de Diálogo multisectorial: gobierno mantiene su posición de no dialogar con los otros sectores afectados.

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, así como todo el Movimiento Sindical lamenta que el gobierno cierre las puertas del diálogo.

Sindicatos llaman a trabajadores a prepararse.

BUSSCO se prepara para la lucha

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, realizó magna Asamblea este viernes 15 de junio con el objetivo de informar y coordinar las acciones del Movimiento Nacional del lunes 25 de junio.

Más de 500 representantes de diversas organizaciones sindicales y sociales de todo el país se reunieron en el Auditorio de la Conferencia Episcopal y contó con la participación de varios diputados que se oponen al “combo fiscal” que la derecha más neoliberal y entreguista pretende impulsar.

La representación de la Iglesia católica fué enfática en que este tipo de proyectos son injustos y que afectarán a todo el pueblo costarricense.

Desde este momento la planificación y organizaciones del Movimiento Nacional, por parte del BUSSCO, entra en la fase decisiva. Las acciones serán en todo el territorio nacional y no una marcha en el centro de San José, como es tradicional. De frontera a frontera, de costa a costa, las acciones se dejarán sentir.