Privatización de la salud mata


“Médicos del Mundo” denunció este jueves que, tras un año de la entrada en vigor de la reforma sanitaria, más de 800.000 personas permanecen sin control médico en España. El 1 de septiembre de 2012, el Gobierno aprobó un real decreto ley que expulsó del sistema público de salud a las personas en situación irregular al quitarles la tarjeta sanitaria e introdujo, entre otras medidas, el copago farmacéutico, según la ONG, que recuerda que revistas prestigiosas como ‘The Lancet’ o ‘Medical British Journal’ advirtieron de las consecuencias de esas reformas.

Algunos especialistas, como Helena Legido-Quigley, de la prestigiosa Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, o Santiago Moreno, jefe del servicio de enfermedades infecciosas del hospital Ramón y Cajal, alertaron del previsible aumento de las patologías transmisibles como el VIH y la tuberculosis como resultado de dejar sin atención y sin acceso a medicamentos a cerca del 2% de la población.

La organización recuerda el caso de Alpha Pam, el joven senegalés fallecido por tuberculosis en Baleares que resultó ser la fuente primaria de un brote de la enfermedad, como un claro ejemplo de ello. El enfermo no tenía asignado médico de familia y su historial clínico ya no figuraba en las bases de datos, lo que impidió que su enfermedad fuese diagnosticada a tiempo y que se aplicara el protocolo médico correspondiente.

Otros expertos, como el consultor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) Manuel Desviat han advertido de un probable aumento de los trastornos mentales, e incluso de suicidios, entre la población afectada.

“Observatorios”

Con el objetivo de documentar con la máxima precisión los casos que se detectan y las barreras de acceso que existen, Médicos del Mundo ha promovido los llamados “observatorios”, como el que ya funciona con “éxito” en la Comunidad Valenciana (Odusalud), compuesto por 49 entidades, y el Observatorio de Derecho a la Salud (ODAS) que acaba de presentarse en Baleares.

Hasta ahora, las situaciones más habituales detectadas por la organización han sido las de personas con enfermedades crónicas sin controles periódicos, incluido el cáncer, y/o que sufren interrupciones en sus tratamientos por falta de medicamentos, además de pacientes con patologías transmisibles (como VIH o tuberculosis) para las que no se han activado los protocolos correspondientes o con enfermedades mentales sin seguimiento.

La exigencia de firmas de compromisos de pago o los intentos de facturación en urgencias, contraviniendo lo establecido en la propia legislación, ha sido otra de las situaciones más habituales. También se han documentado casos de mujeres embarazadas sin seguimiento médico durante la gestación, niños y niñas a las que se ha negado la atención primaria y personas trasplantadas a las que se ha exigido abonar íntegramente los medicamentos antirechazo imprescindibles tras la operación a la que habían sido sometidos.

Por su parte la Federación Sindical Mundial, FSM, ha hecho un llamado para realizar una Jornada Internacional por servicios de salud públicos y de calidad.

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