Undeca se opone a Proyecto de Empleo Público

Solicita a Comisión de Gobierno y Administración dictamen negativo 

UNDECA manifestó a los y las Diputadas su profundo reconocimiento a las personas servidoras de la Caja Costarricense de Seguro Social, que están en la primera línea de defensa de la salud y vida de la población costarricense.

El pasado 14 de julio de 2020, en un extenso documento argumentamos nuestra oposición al texto sustitutivo, Proyecto N° 21336 Ley Marco de Empleo Público, por cuanto:

  1. Este texto responde a las exigencias de los organismos financieros internacionales, dirigidas a reestructurar la Administración Pública de Costa Rica, deteriorando la provisión de los servicios públicos y promoviendo su privatización.
  2. Se construyó con la asesoría de la OCDE y el BM, pero se excluyó a las organizaciones sindicales que representamos los legítimos intereses de las personas que prestan sus servicios en la Administración Pública.
  3. Al gobierno no les bastó con la Ley N° 9635 y los desproporcionados sacrificios que se impusieron a los servidores públicos a merced de esta perniciosa ley.
  4. La administración Alvarado sigue con legislaciones fiscalistas y de austeridad para reducir los salarios de los servidores públicos, precarizar la calidad de sus condiciones de vida y trabajo y deteriorar los recursos que se destinan a la provisión de servicios públicos.
  5. El proyecto contiene serios problemas de constitucionalidad, porque aspira a imponer un único régimen de empleo en toda la Administración Pública, aunque sea violentando la autonomía constitucional de un conjunto de instituciones fundacionales del Estado costarricense, como las universidades públicas, la Caja Costarricense de Seguro Social y, las municipalidades.
  6. La gobernanza de este sistema único de empleo se le atribuye a MIDEPLAN, que se transforma en un supraministerio, desbordando los límites jurídicos que son inherentes a una función de rectoría política, y, por otra parte, esa rectoría no puede oponerse a la autonomía constitucional de aquellas instituciones.
  7. La imposición de un régimen único de empleo y salarios, para nuevos funcionarios, que excluye los espacios de negociación colectiva, vulnera el Convenio N° 98, 151 y 154 OIT.
  8. Este estilo de la Administración Alvarado Quesada refleja una gobernanza autoritaria del sistema de las relaciones laborales, que se aparta de los cauces de participación democrática y el Diálogo Social.
  9. El proyecto de ley desprecia los pronunciamientos de los órganos de control de OIT, que de manera reiterada han manifestado su preocupación por la afectación del derecho de negociación colectiva en el sector público.
  10. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de OIT, en su último informe de febrero de este año (CEACR/CR/2020), insistió en su preocupación por el estado de la cuestión y cifró esperanzas en que se fortaleciera el derecho de negociación colectiva en la función pública. El proyecto le propinó un fuerte golpe de martillo a este pronunciamiento de la Comisión de Expertos, porque en lugar de potenciar la negociación colectiva en la función pública, la elimina radicalmente.
  11. Es la hoja de ruta hacia la privatización de los servicios públicos y el desmantelamiento del Estado Social y Democrático. En lugar de apostar por el mejoramiento de la calidad y el fortalecimiento de los servicios públicos, el proyecto se decide por la contracción de estos servicios y la destrucción de empleo público. 

Este proyecto debe ser dictaminado negativamente porque si se desmantela y debilita la provisión de estos servicios, se martilla y destruye el Estado Social y Democrático.

San José, 29 julio 2020.

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