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La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, continúa en campaña de firmas en este importante hospital capitalino, donde los trabajadores y trabajadoras de los diferentes servicios dicen sí a sus derechos y por eso ponen su firma.
¿Aún no firmas?✍️Firma aquí ????https://www.change.org/YoTambiénFirmo
Área de Salud de Cartago, como todos los trabajadores y las trabajadoras de la CCSS en Cartago lo siguen haciendo.
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Una nueva variante de ”cementazo” reglamentario. UNDECA denuncia que la jerarquía institucional y varios reconocidos miembros de la Junta Directiva de la Caja, pretenden llevar al máximo la privatización y desmantelar totalmente los servicios de salud, entregando estos servicios a intereses mercantilistas, mediante una reforma deplorable al Reglamento para la provisión de servicios de salud por medio de proveedores externos (terceros).
Con espurias justificaciones, están entregando, a manos llenas, los más legítimos intereses del pueblo trabajador, allanando el camino para convertir a la institución en una caja recaudadora, con la finalidad de abarrotar los bolsillos de grandes mercaderes de la salud.
Denunciamos que se está urdiendo una reforma laxa y complaciente del reglamento, eliminando de un plumazo la necesidad de declarar la inviabilidad de que la institución pueda continuar prestando directamente el servicio, la justificación técnica y la rendición de cuentas.
Este nuevo reglamento facilita la contratación indiscriminada a terceros, en todos los niveles, elimina la participación de las juntas de salud, libera los plazos y los montos de la compra. Abre portillos descomunales a los conflictos de intereses (por ejemplo, elimina la prohibición de que los trabajadores internos participen de estos negocios), reduce las exigencias en las garantías de incumplimiento contractual, elimina la fiscalización, la supervisión y las responsabilidades de los jerarcas.
UNDECA reiteradamente ha planteado que la contratación privada de servicios se trata de una modalidad fracasada, que exclusivamente favorece las ganancias de sectores económicos que lucran desangrando los recursos institucionales.
Hemos demostrado que es mucho más costosa para la institución, desde el punto de vista económico y social, la prestación privatizada y el menoscabo del servicio a los usuarios y comunidades.
En los medios de comunicación colectiva continuamente se denuncian los múltiples incumplimientos contractuales y abandono de las obligaciones de las “empresas” que venden servicios a la Caja, así como las constantes violaciones de la legislación laboral, el incumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores, los constantes atrasos, morosidad y “deudas incobrables” de estas empresas con la seguridad social.
No obstante que este modelo privatizador ha sido un absoluto fracaso, en detrimento de la prestación de los servicios de salud, por contrario, los intereses económicos y políticos enquistados, como un una Giardia lamblia (parasito), en la institución, pretenden servir a los grupos económicos privados, en bandeja de plata, los recursos que son patrimonio del pueblo costarricense.
UNDECA rechaza y denuncia categóricamente las perversas y repudiables acciones de la jerarquía y la flexibilización conveniente de la normativa institucional.
Alertamos a las demás organizaciones sociales y sindicales para que nos opongamos a esta otra nueva modalidad de “cementazo” reglamentario, contra una de las instituciones fundacionales del Estado Social y Democrático.
*¡EXIGIMOS A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, QUE CONSULTE PUBLICAMENTE EL PROYECTO DE REFORMA DE REGLAMENTO PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR MEDIO DE PROVEEDORES EXTERNOS (TERCEROS)!
¡DENUNCIAMOS LAS PRÁCTICAS ESPURIAS Y CLANDESTINAS!
¡EXIGIMOS TRANSPARECENCIA, PARTICIPACION DEMOCRATICA Y CIUDADANA!*
San José, 07 junio 2019.
UNDECA respondió la consulta del presidente de la Comisión Especial, Carlos Ricardo Benavides, manifestando su rotunda oposición al proyecto 21.049, Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, cuyo texto sustitutivo profundiza, de manera salvaje, las disposiciones originales del proyecto, violentando la Libertad Sindical y el Derecho de Huelga, a contrapelo de nuestra Constitución Política y los convenios internacionales y pronunciamientos de OIT.
Los diputados y diputadas del PAC, PLN y PUSC desatendieron completamente el Informe técnico de la OIT, prohibiendo la huelga contra las políticas públicas (admitidas por OIT), incluyendo una disposición draconiana que establece que la huelga en los servicios esenciales “es manifiestamente ilegal.” quebrantándose el debido proceso y el derecho de defensa y compromete la realización de piquetes de huelga, que resultan lícitos y conciliables con el C. 87 y los principios de OIT en materia de Libertad.
En lugar de atender, las pertinentes y calificadas observaciones de OIT, extinguen la huelga legal por mandato judicial y amplia las causales de disoluciones de los sindicatos, manteniendo el enfoque punitivo antisindical, en abierta contradicción con las garantías constitucionales de libertad de expresión y manifestación.
El texto sustitutivo refleja no sólo una posición abiertamente antisindical, sino, una manifiesta aversión a la OIT, tanto que una diputada de esa Comisión, pregonó que nuestro país tiene que abandonar este organismo internacional, el más antiguo de la humanidad, que precisamente este año está celebrando su centenario.
Este proyecto no solo reafirma y profundiza la política autoritaria y represiva del PLN, PAC y PUSC, sino que está enfocado a destruir el Estado Social y Democrático, por lo que interpondremos las denuncias internacionales pertinentes, para que se respete el Derecho fundamental de Huelga.
San José, 5 de junio de 2019
En atención a la consulta que le hizo la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que tramita este proyecto de ley, el Departamento de Normas Internacionales de Trabajo (OIT) rindió un memorándum técnico, fechado el 18 de este mes (recién salido del horno de Ginebra).
Del memorándum amerita destacar las siguientes observaciones de esa instancia internacional:
1.- La declaratoria de “manifiesta ilegalidad” de la huelga en los servicios esenciales y la erradicación del proceso de calificación de huelga (artículo 375 bis).
El proyecto incorpora una nueva disposición, en virtud del cual declara, ex novo, que la huelga en los servicios esenciales “es manifiestamente ilegal.”
De esta premisa se colige, en consecuencia, que no procede la calificación de la huelga en los servicios esenciales.
La propuesta legislativa erradica este proceso de calificación y en su lugar, el trámite judicial queda restringido a una simple solicitud de la parte patronal, para que el juzgado de trabajo emita una resolución que ordene a los trabajadores reincorporarse de inmediato a sus labores. Esta orden judicial se concede sin audiencia previa a los sindicatos.
El dictamen de OIT determinó que la omisión de audiencia previa a los sindicatos interesados, puede tener consecuencias respecto de la observancia del derecho fundamental del debido proceso, que afectaría también la libertad sindical.
2.- Nuevas causales de disolución de los sindicatos (adición del inciso f) al artículo 350 CT)
El proyecto incorpora un nuevo inciso al artículo 350 CT, estableciendo que los sindicatos pueden ser disueltos cuando se demuestre “Que organización o incitan a sus afiliados a impedir la libertad de tránsito de los ciudadanos; a realizar sabotaje sobre bienes públicos o a llevar a cabo cualquier conducta que comporte un ilícito penal.”
Este nuevo inciso presenta problemas de construcción jurídica, que hacen difícil su comprensión, del cual se podrían derivar dos interpretaciones.
Por una parte, o la disposición está confiriendo al juez de trabajo que pondere la comisión de figuras penales por personas trabajadoras participantes en una huelga, o por otra parte, le está transfiriendo al sindicato consecuencias jurídicas, en orden a su disolución, derivadas de actos típicos, desde la óptica del derecho penal, ejecutados por estas personas, cuya responsabilidad es estrictamente personal (responsabilidad personal y subjetiva).
El dictamen de OIT consideró que esta propuesta puede plantear dificultades de compatibilidad con las normas y principios de OIT en materia de Libertad Sindical.
El criterio técnico acotó dos aspectos muy importantes: por una parte, destaca que la norma propuesta podría comprender la realización de piquetes de huelga (pacíficos), que de acuerdo con los pronunciamientos de los órganos de control de OIT, resultan lícitos y conciliables con el Convenio 87 y los principios de OIT en materia de libertad Sindical.
Por otra parte, estableció que las sanciones por la comisión de actos ilegales con ocasión de una huelga, tienen que dirigirse, en primer lugar, contra sus autores y en casos excepcionales, donde la autoría de la ilegalidad trascienda a personas determinadas, se deben privilegiar otras medidas distintas a la disolución.
3.- Suspensión de huelga declarada legal por mandato judicial (artículo 661 bis)
El proyecto contiene una disposición que autoriza al juez suspender una huelga que haya sido declarada legal.
Para que proceda la suspensión, tiene que haber transcurrido ocho días naturales, a partir de la firmeza de la declaratoria de legalidad de huelga, sin que las partes hayan solucionado el conflicto, o por lo menos, pactado un acuerdo para deponerla, mientras continúan negociando la solución del diferendo.
Para este efecto, la parte patronal puede solicitar al juez la suspensión de la huelga, cuando se compruebe que está causando daños de difícil o imposible reparación a la ciudadanía.
El dictamen técnico de la OIT advierte que el ámbito de este artículo resulta muy amplio y recomienda que se acote la redacción de esa propuesta y sustituya por situaciones en las que por su duración o alcance, la huelga ponga en peligro la vida, la seguridad o salud de las personas.
Manuel Hernández
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se vio impactada por la jubilación de 34 médicos especialistas, después de la aprobación y publicación en La Gaceta, el 4 de diciembre de 2018, de la reforma fiscal o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Esta reforma no fue del agrado de los sectores sindicales y populares del país, muestra de ello fue la huelga de más de dos meses en diversos puntos del país.
La acogida de pensiones de los especialistas se produjo principalmente por el pago de cesantía de 20 a 8 y hasta 12 años.
Román Macaya, presidente de la CCSS, visitó DIARIO EXTRA y confirmó el dato, además habló sobre diversos temas que atañen a la institución como infraestructura, pensiones, el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), reforma fiscal y deuda del Estado, entre otros aspectos.
El jerarca dirige la institución rectora del Seguro Social desde el 1 de agosto de 2018 y se mostró ilusionado con la posibilidad de dirigirla.
A continuación, un extracto de la entrevista.
¿Cómo cataloga la huelga?
-Hace muchos años no teníamos una huelga tan prolongada (un mes) en la Caja. En un movimiento de estos la atención está enfocada en resolver situaciones durante la huelga y no se puede planificar más allá de lo que se hará cada día para atender a la población de la mejor manera posible. Después de setiembre, cuando se da por acaba la huelga, comenzamos a trabajar en recuperar lo perdido, las citas y cirugías, y a tratar de encaminar los programas.
¿Se fueron muchos funcionarios por temor a perder prestaciones legales con el plan fiscal?
-Tenemos preocupación sobre cuántos especialistas íbamos a perder y que decidieron jubilarse en anticipación por el recorte de la cesantía. De lo que hemos visto se fueron 34. No es un gran número, pero eran personas de mucha importancia en la institución, aclaro que todos son importantes.
¿Quiénes se fueron?
-Eran personas claves en ciertas especialidades como Alvin Chaves en farmacoterapia, y el doctor Hugo Chacón, quien manejaba proyectos de atención. Hubo gente que era parte de la institución y que tomó la decisión, pero probablemente hubiera seguido si no se diera la posibilidad del rebajo en la cesantía. No fue un éxodo masivo, por lo menos en esa categoría de especialistas, que es donde tenemos el ojo puesto porque los necesitamos.
¿Incumple la CCSS el plan fiscal, como dicen algunos sectores?
-En tres días nos sentamos con los sindicatos y analizamos todos los puntos del documento, en cada una de las áreas de lo que aplica la ley. Somos claros en que la institución no es una isla y debe acatar las leyes, estamos sujetos a directrices en empleo público, no así en presupuesto, ni en cómo nos organizamos operativamente.
¿Está la CCSS exenta de la reforma fiscal por su autonomía?
-En una parte de la ley, que es la regla fiscal, se eximió a la Caja en la parte de pensiones, pero no de salud. Cuando los diputados hacen la consulta de constitucionalidad del proyecto en ese momento, básicamente eximen también la parte de salud. En eso somos autónomos, no en empleo público.
Mucho los han criticado por el documento que firmaron con sindicatos. ¿Específicamente qué firmaron?
-Tuvimos una negociación sobre los impactos con la Dirección Jurídica y Recursos Humanos. Estuvieron el gerente general y el gerente financiero, además de este servidor, para analizar el contexto de la ley y el reglamento, y cómo se aplica dentro de la institución. Llegamos a acuerdos, en otras áreas no. Acordamos seguir en esa mesa de diálogo, se definieron ciertos temas a discutir. Todavía es algo en proceso para aterrizar en todos los puntos, en otros sí acordamos sobre cómo se aplica.
¿Cree que la huelga fue contra la CCSS?
-La huelga fue en contra del proyecto fiscal, no en contra de la Caja. La Caja fue una institución como otras que debían lidiar con ella, por eso hicimos lo posible para mitigar los efectos.
¿El impacto de la reforma fiscal es positivo o negativo para la institución?
-Eso está en proceso, analizar los impactos a nivel país y a nivel Caja. Encontramos el tema de posibles ahorros en la parte laboral, pero hay que ver el impacto e implicaciones porque un 20% de nuestros ingresos son de empleados públicos que cotizan. Es algo multifactorial y está en análisis para ver el impacto.
Hay preocupación en muchos asegurados al decir que en 20 años ya no recibirán pensión por falta de sostenibilidad. ¿Eso es cierto?
-Sí tendrán pensión. El sistema de pensiones tiene que evolucionar sobre el camino, sabemos que la naturaleza del trabajo está cambiando. Hay esquemas donde la relación obrero-patrono no es muy clara, hay que encontrar maneras de lograr cuotas de esos esquemas. Poco a poco tenemos que ir tomando acciones, mientras haya horizonte de más de 15 años, e ir encontrando nuevos ingresos para el sistema de pensiones, ir diversificando riesgo, cartera de inversiones. Son las cosas que se abordan no unilateralmente como institución, sino que se debe consensuar socialmente.
¿Saben cuánto le debe el Estado actualmente a la CCSS?
-Aquí también estamos en un proceso de discusión, es un cuenta grande y antigua, son más o menos ¢1,4 billones. El rubro más importante fue cuando se trasladaron los hospitales de salud a la Caja en los años 80. Eso vino con clases de contingencias laborales, ceses de empleados que tuvimos que asumir.
¿En qué paró la negociación con Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, para ese pago?
-Estamos en eso. Hemos tenido varias reuniones para calendarizar los encuentros y tratar de encontrar una solución práctica, que sea cumplible por parte del Estado y que nos dé a la institución un cronograma de pagos con certeza. Al mismo tiempo que Hacienda sienta que es algo cumplible. No hemos llegado a ese punto, pero es algo que debemos hacer por directriz de la Contraloría General de la República, que nos puso a ponernos de acuerdo.
¿Cuál es el monto y el plazo que ustedes consideran adecuado?
-Eso no lo puedo decir en este momento, sabemos que doña Rocío es una ministra de Hacienda diligente y capaz, no se va a comprometer a algo que no va a cumplir. En el presupuesto de este año va incluido el aumento del 1,66% en las contribuciones para el IVM, que se había acordado en una mesa de diálogo, y lo están pagando.
¿Cuánto golpean los perfiles médicos a la CCSS?
-Eso siempre es una discusión que tenemos con el Colegio de Médicos, conocer hasta dónde puede llegar un médico, qué es lo que el Colegio considera que los doctores pueden hacer, hasta dónde puede llegar un médico general o de familia, si puede o no practicar un ultrasonido, por ejemplo. Nos hemos entendido con el Colegio, pero siempre es un tema de discusión, siempre hemos querido hacer más con el personal que tenemos.
¿Entonces los perfiles restringen a la institución?
-Estamos en esa discusión, no solo en la Caja, sino entre los propios médicos. Obviamente los médicos generales no quieren que los limiten en lo que puedan hacer, pero es una discusión constante.
¿Han hablado con Luis Pastor, nuevo presidente del Colegio de Médicos?
-Hemos tenido muchas conversaciones con el doctor Luis Pastor para tratar de ponernos de acuerdo y compartir nuestra visión, cuáles son las necesidades de especialistas, expresarle nuestras inquietudes cuando se cancelan las licencias para médicos extranjeros.
¿Comparten la no renovación de licencias a especialistas extranjeros?
-A ellos se les presentó un examen y la mayoría no llegó a hacerlo. Aquí no podemos ver que eso es un solo factor. Tenemos una carencia de especialistas y algunos de estos médicos extranjeros de Venezuela y Nicaragua que están aquí por razones obvias nos resolvían mucho en Limón, en zonas alejadas.
¿Es indispensable ese permiso para laborar con la CCSS?
-Sí, deben tener un permiso, una licencia del Colegio de Médicos. No es que la Caja no los quiera, nosotros los queremos. La mayoría no hizo el examen, ahora estamos viendo si se puede repetir. Son recursos que nos resuelven en zonas rurales.
¿Cuál es el objetivo con el EDUS?
-Todos los hospitales y áreas de salud de la Caja tienen ya el expediente digital. Implementar el EDUS ha sido todo un esfuerzo y son pocos los países en el mundo que pueden decir que lo tienen en centros de salud pública. Los tiempos de espera son nuestro enfoque y por primera vez podemos tener una visibilidad de todas las listas de espera simultáneamente porque son cientos de listas, de cirugía, de consulta externa y de procedimientos como ultrasonidos, entre muchas otras.
¿Cómo disminuir las listas de espera con el EDUS?
-Hay lugares donde hay listas largas, pero si el paciente está dispuesto a irse a San Ramon, puede que lo atiendan más rápido. Con el expediente digital el médico podrá analizar al paciente. Esto es algo que se puso en práctica durante la huelga por necesidad, a pacientes de Puntarenas los atendimos en Heredia, a pacientes del Hospital San Juan de Dios los mandamos al Centro de Atención Integral en Salud (CAIS) de Puriscal.
¿Es un mecanismo viable?
-Vimos que sí es viable y queremos operativizarlo. No descartamos la cobertura geográfica, pero hay ciertas especialidades donde la gran demanda y grandes listas se enfocan en cirugía general, ginecología, ortopedia y urología, por ejemplo, que reportan más del 80% de la demanda.
¿Permite el EDUS el uso eficiente de los recursos?
-No es solo administrar mejor les recursos, sino la gran cantidad de información que genera el sistema, que recolecta todos los días de cientos de cirugías, de miles de citas en todo el país. Recopilamos información del historial de una persona y vemos en todo momento cuando una persona toca nuestro sistema de salud, los motivos, el diagnóstico, las recetas, si el paciente regresó. Nos da la visibilidad y ahora nos toca usar la información de la manera más oportuna para prevenir. Hay factores de riesgo, si vemos que una persona tiene los factores para un infarto o crisis diabética hay que actuar proactivamente. El uso de la información es para actuar, ver oportunidad y ver dónde podemos actuar como en diabetes, cáncer, cuáles son los protocolos de tratamiento dependiendo de los pacientes.
¿Tienen los hospitales privados acceso al EDUS?
-No lo tienen. Ese historial del hospital privado no lo vamos a tener, hay un vacío y tenemos que ver cómo universalizamos la información en el expediente digital de un paciente.
¿Han tenido contacto con los dueños de los centros médicos privados?
-No hemos tenido encuentros con dueños de centros médicos privados, estamos enfocados en implementar el EDUS. Eso será una siguiente etapa.
EXTRADIRECTO
CCSS: Maravilloso
Pensiones: Sólido
Sindicatos de salud: Partícipes
Listas de espera: Reto
EDUS: Gran herramienta
Médicos extranjeros: Ayudan
Carteles de licitación: Transparencia
Población migrante: Parte de Costa Rica
Jornadas de vacunación: Necesarias
Asegurado: Razón de ser
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Fuente: Diario Extra
PERIODISTA: Sergio Jiménez