DENUNCIAS PENALES PRESENTADAS POR UNDECA EN RESGUARDO DE LOS INTERESES FINANCIEROS Y EL DECORO DE LA C.C.S.S.
A raíz de los últimos acontecimientos que se han suscitado en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que investiga la crisis de la Caja Costarricense de Seguro Social, UNDECA manifiesta lo siguiente:
PRIMERO.- Que en resguardo del principio de legalidad, la salvaguardia de los recursos financieros y el decoro institucional de la C.C.S.S., nos encontramos obligados a presentar las siguientes denuncias en el Ministerio Público:
- Denuncia penal contra la Dra. Ileana Balmaceda Arias, Presidenta Ejecutiva de la CCSS, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y prevaricato, en virtud que en el año 2011, sin la correspondiente aprobación de la Junta Directiva CCSS, firmó con el Ministerio de Hacienda dos convenios de pago de la deuda del Estado.
Entre otros aspectos, en estos convenios la Dra. Balmaceda aceptó que el Estado pague la deuda con títulos de la deuda interna, a contrapelo del art. 5ª de la Ley Nª 7374, de 03/12/1993, que exige que el pago debe ser en efectivo, en su totalidad.
Además, consintió que la disputa acerca de la deuda que tiene el Estado, por concepto del traslado de los funcionarios del Ministerio de Salud a la Caja, la resuelva la Procuraduría General de la República; es decir el órgano que tiene la representación del mismo Estado deudor, en lugar de recurrir a los Tribunales de la República.
De acuerdo con los registros contables de la CCSS, al 31/12/2011/, esta deuda asciende al monto de 201.561.561.501,77 millones de colones.
- Denuncia contra el Consejo de Gobierno, encabezado por la Presidenta de la República, por presunto delito de nombramiento ilegal de la misma Balmaceda Arias, en razón que el art. 7ª de la Ley Constitutiva de la CCSS, prohíbe que funcionarios suyos sean electos para integrar la Junta Directiva de esa institución.
- Denuncia penal contra la Presidenta de la República y la Ministra de Trabajo y Seguridad Social, por el presunto delito de incumplimiento de deberes, porque no se ha reglamentado el art. 78 de la Ley de Protección al Trabajador, promulgada desde 2010, que estipula que hasta el 15% de las utilidades de las empresas públicas, deben destinarse a fortalecer el régimen de pensiones de la CCSS, en beneficio de las personas más empobrecidas.
A consecuencia de la omisión de esta reglamentación, el Régimen I.V.M. ha dejado de percibir más de 500.000 millones de colones.
- En atención a las recientes declaraciones del señor Iván Guardia, Gerente Financiero de la C.C.S.S., en esa misma Comisión Legislativa, que advirtió que se le condonó al Estado el pago de los intereses de la deuda, correspondiente a varios convenios que firmó Eduardo Doryan Garrón, expresidente ejecutivo de la C.C.S.S, se presentó la correspondiente denuncia en el Ministerio Público.
SEGUNDO.- No obstante que las tres primeras denuncias se presentaron desde hace algunos meses, el Ministerio Público todavía no le ha dado el trámite legal correspondiente a ninguna de ellas, lo cual nos preocupa seriamente.
TERCERO.- A raíz de la inercia del Ministerio Público, le solicitamos una audiencia al Lic. Jorge Chavarría, Fiscal General, con la finalidad de pedirle cuentas y que nos explique los motivos por los que no se le ha dado a las anteriores denuncias el curso de ley.
La audiencia se realizará el próximo miércoles 14 de marzo del año en curso, en el despacho del Fiscal General, a las 9:00 a.m., en que esperamos se nos brinde una respuesta satisfactoria.
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