Gobierno no puede jugar con la CCSS


Los partidos políticos aprobaron con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas la Regla Fiscal, que pretende implementarse en la Caja violentando la autonomía constitucional, y dejando en manos de la Ministra de Hacienda la decisión de definir, arbitrariamente, cuanto se debe invertir en la prestación de los servicios de salud, en la calidad y cantidad de medicamentos, construcción de nuevos centros de atención, compra de equipos médicos y tecnología, recurso humano, etc.

Asimismo, aprobaron una reforma a la Ley General de Concesiones (N°7762) que permite la privatización en la administración de centros de salud en la Caja, aunque ya estén construidos, congruente con las intenciones de la clase política y de altos jerarcas de la Institución, que proponen modificar la política y el reglamento de contratación de servicios a terceros.

Es totalmente evidente el objetivo de deteriorar los servicios de salud pública a la población y hacer avanzar la privatización, propósito que impulsó Rodolfo Piza, hoy Ministro de la Presidencia y expresidente ejecutivo de la Caja.
Denunciamos que todos los gobiernos le han adeudado miles de millones a la Institución y el gobierno actual no es la excepción con una morosidad de más de un billón cuatrocientos mil millones de cólones que no paga de conformidad con la ley, no asume el pago que le corresponde por vacunas, ni los servicios a indigentes no asegurados, los privados de libertad, ni el costo asumido por el traslado del personal del Ministerio de Salud.

Los trabajadores de la Caja y sus organizaciones hemos defendido y lo haremos con fuerza: que los servicios de salud sean públicos, universales y solidarios con la población.

Hoy el gobierno y los jerarcas de la Caja pretenden desconocer acuerdos legítimos pactados con las más altas autoridades institucionales, con el ánimo explícito de deteriorar el clima laboral de la CCSS.

Por eso, el Frente Sindical para la defensa de la CCSS, con gran responsabilidad, en aras de la paz laboral, da un plazo hasta el día 04 de agosto para que las autoridades de la Caja y el gobierno convoquen a un diálogo y negociación, en su defecto, el 05 de agosto se iniciará una huelga nacional.

Hacemos un llamado a todo el pueblo, a la iglesia, a las municipalidades, a los estudiantes, a las juntas de salud, para que juntos y a una sola voz defendamos la CCSS.

Frente Sindical para la Defensa de la CCSS

BUSSCO y SINAE llaman a huelga nacional


Ante la lucha ciudadana y patriótica que ha venido realizando el pueblo costarricense con las protestas sociales en las calles de Costa Rica, UNDECA, BUSSCO y SINAE, condenan enérgicamente la brutal represión del gobierno y la clase política empresarial contra los diversos sectores sociales: traileros, pescadores, estudiantes, sindicatos, agricultores, etc.

Esta rebeldía social ha sido provocada por el actual gobierno del PAC, el PLN, PUSC y pseudocristianos e independientes, quienes en contubernio han elaborado una criminal agenda neoliberal iniciando con el combo fiscal, que castigará en general a la clase trabajadora, a las familias costarricenses con mayores impuestos en alimentos, servicios básicos y esenciales, en el agua, electricidad, la salud, el descanso y la recreación social, etc.

Proyectos para destruir, desmantelar y privatizar instituciones públicas para concesionárselas al sector empresarial y favorecer sus onerosos negocios y otros de carácter represivo para liquidar la protesta social, la libertad de expresión y manifestación.

El infértil diálogo del presidente y la clase política empresarial, no es más hasta ahora, una maniobra de engaño y manipulación sin ningún resultado o acuerdo favorable para los costarricenses, de ahí la exacerbada y creciente indignación popular.

Lo anterior, mientras la élite empresarial ha sido favorecida descaradamente con amnistías por encima de los 198 mil millones de colones y exoneración de impuestos.
De la misma manera el gobierno y la clase política, han obviado a toda costa promover leyes contra la evasión, la elusión y el fraude fiscal, la corrupción y el saqueo de los fondos públicos.

Tenemos claro que la lucha no será nada fácil, más aún cuando los verdaderos culpables que crearon este hueco fiscal y la corrupción política, están felizmente unidos viendo como el desempleo, la pobreza, el hambre, la miseria y los bajos salarios se agudizan afectando a millones de costarricenses.

El trabajo informal, el congelamiento de los salarios, la indigencia y la delincuencia es la desgracia de este pueblo.

Por esto, demandamos una verdadera transformación en la política pública, social y económica que cambie el rumbo y favorezca a la mayoría del pueblo y no a un séquito de empresarios y transnacionales.

Llamamos al pueblo a seguir en lucha hasta derrotar al gran empresariado neoliberal.
Demandamos:

• La constitución de una mesa de diálogo y negociación que atienda las demandas de los diversos actores sociales, incluyendo la atención de los grandes problemas que afectan al digno personal del sector público.

San José, Costa Rica, 3 de julio 2019

Inauguración oficial CIT 108 de la OIT

La compañera Martha Elena Rodríguez González, representante del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, participa de la inauguración oficial de la 108º Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo OIT, cuyo tema principal es El Futuro del Trabajo.

En esta importante actividad también se discute, además de la Aplicación de Normas, un Convenio y una recomendación sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

En el 100 aniversario del organismo multilateral más antiguo de la humanidad, la OIT se reviste de gran importancia en el ejercicio del diálogo social tripartito.

Es esta ocasión a la Conferencia OIT participan 5000 delegados de 187 países.

Criminalización de la protesta social


Luego de sobrellevar desde el mes de octubre pasado una investigación por supuesta obstrucción de vía pública, y donde el Ministerio Público de Ciudad Neily lo acusaba junto a otros dirigentes locales supuestamente de “incitar al desorden y entorpecer los servicios”(…), el Juzgado Penal de Pavas, determinó el pasado 22 de mayo, dictar el sobreseimiento definitivo a favor del compañero Víctor Álvarez dirigente de UNDECA y demás acusados, al no encontrar en la investigación ningún acto material ni prueba para demostrar su culpabilidad.

Con este fallo, queda demostrada la mala intención del Ministerio Público al “inventarse” razones de acusación sin pruebas contundentes y además, la ratificación de que las manifestaciones con motivo del rechazo popular contra el paquetazo fiscal, donde miles de personas se manifestaron a lo largo y ancho del país, fueron acciones totalmente pacíficas y en ejercicio legítimo del derecho de expresión y libre manifestación.

Para UNDECA es lamentable que siendo nuestro país supuestamente de derecho, el propio Ministerio Público, sea propiciador de acusaciones espurias como la aquí demostrada.

Víctor Álvarez es un destacado líder sindical de la Zona Sur y dirigente de UNDECA en el hospital de Ciudad Neily, que se destacó en la pasada huelga contra el proyecto 20580 (paquetazo fiscal) por su liderazgo y beligerancia en las acciones de protesta que se llevaron a cabo en la zona fronteriza con Panamá por parte de trabajadores del sector público, grupos sociales e indígenas.

Jerarquía institucional de la Caja urde mortal estocada al corazón de la seguridad social

Una nueva variante de ”cementazo” reglamentario. UNDECA denuncia que la jerarquía institucional y varios reconocidos miembros de la Junta Directiva de la Caja, pretenden llevar al máximo la privatización y desmantelar totalmente los servicios de salud, entregando estos servicios a intereses mercantilistas, mediante una reforma deplorable al Reglamento para la provisión de servicios de salud por medio de proveedores externos (terceros).

Con espurias justificaciones, están entregando, a manos llenas, los más legítimos intereses del pueblo trabajador, allanando el camino para convertir a la institución en una caja recaudadora, con la finalidad de abarrotar los bolsillos de grandes mercaderes de la salud.

Denunciamos que se está urdiendo una reforma laxa y complaciente del reglamento, eliminando de un plumazo la necesidad de declarar la inviabilidad de que la institución pueda continuar prestando directamente el servicio, la justificación técnica y la rendición de cuentas.

Este nuevo reglamento facilita la contratación indiscriminada a terceros, en todos los niveles, elimina la participación de las juntas de salud, libera los plazos y los montos de la compra. Abre portillos descomunales a los conflictos de intereses (por ejemplo, elimina la prohibición de que los trabajadores internos participen de estos negocios), reduce las exigencias en las garantías de incumplimiento contractual, elimina la fiscalización, la supervisión y las responsabilidades de los jerarcas.
UNDECA reiteradamente ha planteado que la contratación privada de servicios se trata de una modalidad fracasada, que exclusivamente favorece las ganancias de sectores económicos que lucran desangrando los recursos institucionales.

Hemos demostrado que es mucho más costosa para la institución, desde el punto de vista económico y social, la prestación privatizada y el menoscabo del servicio a los usuarios y comunidades.

En los medios de comunicación colectiva continuamente se denuncian los múltiples incumplimientos contractuales y abandono de las obligaciones de las “empresas” que venden servicios a la Caja, así como las constantes violaciones de la legislación laboral, el incumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores, los constantes atrasos, morosidad y “deudas incobrables” de estas empresas con la seguridad social.

No obstante que este modelo privatizador ha sido un absoluto fracaso, en detrimento de la prestación de los servicios de salud, por contrario, los intereses económicos y políticos enquistados, como un una Giardia lamblia (parasito), en la institución, pretenden servir a los grupos económicos privados, en bandeja de plata, los recursos que son patrimonio del pueblo costarricense.

UNDECA rechaza y denuncia categóricamente las perversas y repudiables acciones de la jerarquía y la flexibilización conveniente de la normativa institucional.
Alertamos a las demás organizaciones sociales y sindicales para que nos opongamos a esta otra nueva modalidad de “cementazo” reglamentario, contra una de las instituciones fundacionales del Estado Social y Democrático.

EXIGIMOS A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL, QUE CONSULTE PUBLICAMENTE EL PROYECTO DE REFORMA DE REGLAMENTO PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR MEDIO DE PROVEEDORES EXTERNOS (TERCEROS)!
¡DENUNCIAMOS LAS PRÁCTICAS ESPURIAS Y CLANDESTINAS!
¡EXIGIMOS TRANSPARECENCIA, PARTICIPACION DEMOCRATICA Y CIUDADANA!*

San José, 07 junio 2019.