Mensaje de Marta E. Rodríguez González, representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS

Estimados compañeros y compañeras:

Es muy importante que los y las trabajadoras comprendamos el enorme desafío sanitario, que no está siendo atendido con la debida diligencia por el gobierno, a pesar de las serias advertencias de la Caja, agravado por las desgastantes condiciones laborales que afectan a nuestros compañeros y compañeras trabajadoras de la salud.

La conferencia atendida por la Cámara Costarricense Norteamericana, la ministra de Comercio y el jerarca de la CNE revela los intereses que protege este gobierno, por lo que la responsabilidad por las consecuencias del colapso de los servicios de salud será exclusivamente del gobierno.

Como si este sombrío panorama fuera poco, el día de mañana, 11 de mayo 2021, en sesión extraordinaria la Junta Directiva conocerá las propuestas de los diferentes sectores con respecto a la reforma al Régimen de Pensiones de la CCSS, que modifica sustancialmente los beneficios, las contribuciones y los requisitos.

Desde mi óptica este no es el momento para discutir reformas, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, con la clase trabajadora pagando una enorme factura en términos sanitarios, económicos y sociales.

Hay compromisos de gobierno que nunca se cumplieron en términos de financiamiento, es necesario un análisis más participativo.

Solicitaré mas informes técnicos y una actualización de los datos, pero, aunque no se llegue a aprobar mañana la reforma, hay que mantenerse atentos.

¡La jubilación es un derecho que solo puede dignificar al trabajador cuando se obtiene una pensión justa!

Martha E. Rodríguez González
Representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS

Que nadie se quede sin atención

Nuestro país puede estar al borde de una grave crisis humanitaria.

UNDECA, debido a la crítica situación que atraviesan los servicios de la CCSS, por el incremento incontrolado de los contagios por COVID-19, y el doloroso aumento de personas fallecidas por esta enfermedad, manifiesta a la opinión pública:

Primero.-  El Gobierno de Carlos Alvarado ha sido indolente en la misión esencial de brindar la mayor protección de la salud de la población, privilegiando medidas económicas que favorecen al gran empresariado corporativo.

Las disposiciones de la Ley General de Salud que preceptúan que la salud de la población es un bien de interés público, que debe ser tutelado por el Estado, se convirtieron en letra muerta.

Segundo.- A consecuencia de esta política de Estado, la situación hospitalaria se ha vuelto muy seria, causando una saturación de los servicios, que incrementa la espera de atención de los servicios de emergencia de pacientes con COVID-19 y otras enfermedades.

La falta de camas, recurso humano y equipo especializado y el aumento en la demanda de insumos y medicamentos, dificulta la adecuada y pronta atención de las necesidades de seres humanos enfermos.

El riesgo de desabastecimiento de equipos de protección personal pone en riesgo a las personas trabajadoras y los usuarios de los servicios.

Tercero.- A lo largo de 14 meses de pandemia,  el personal de la Caja, a pesar del agotamiento mental, físico y emocional, producto del aumento en la demanda y las extensas jornadas laborales, continúa demostrando un altísimo nivel de responsabilidad profesional y compromiso con nuestro pueblo.

No obstante, los recursos humanos no son ya suficientes, por lo que es necesario fortalecer la dotación con personal sanitario de las Universidades, Ministerio de Salud y pensionados dispuestos a brindar su solidaridad, entre otros.

De la misma manera, se requiere que el Gobierno, con fundamento en la Ley General de Salud, ordene la disposición de los establecimientos hospitalarios y centros de atención privados para contener la extensión de la pandemia.

Cuarto.- En el año 2020, el Seguro de Salud tuvo un impacto en sus finanzas por ¢345,885 millones.

Este año, superará ampliamente ese monto, por lo que es absolutamente urgente que las autoridades garanticen a la institución los recursos presupuestarios que requieran para atender esta emergencia sanitaria.

Quinto.- Dada la lamentable situación a la que han llegado las cosas, en resguardo de los usuarios y las personas trabajadoras de la CCSS, UNDECA demanda a la Junta Directiva de esta Institución que declare, de inmediato, el Estado de Alerta Hospitalario.

Asimismo, exige al Gobierno de la República que, de manera inmediata, tome las acciones y medidas pertinentes en resguardo de la salud y la vida de la población.

¡Ninguna persona en nuestro país debe quedar sin atención sanitaria!

 San José, 9 mayo 2021

UNDECA sobre atrasos de pago por nombramientos interinos en el Hospital Calderón Guardia y otros centros médicos de la CCSS

Es inconcebible que a trabajadores de la Institución que atienden áreas de COVID-19, se les esté ocasionando un perjuicio laboral en la cancelación oportuna de sus salarios.

Y es que desde al año 2020, UNDECA denunció formalmente ante la Gerencia General y Gerencia Médica de la CCSS, atrasos salariales de hasta 5 meses, a trabajadores que laboran en la modalidad de gemeleo de plazas por sustitución.
Lo anterior, trayendo como consecuencia, además del injustificado retraso, el cobro desmedido e ilegal de impuesto al salario, que, si bien debe por ley aplicarse en los casos que así corresponda, es evidente que no es lo mismo su rebajo de manera mensual que de un solo golpe, al acumularse tantos meses sin pago.

Es absolutamente reprochable a las autoridades hospitalarias y gerenciales de la Caja, que los trabajadores vivan con tal incertidumbre y que cada fecha de pago reciban ¢300, ¢1.000 o en el mejor de los casos ¢15.000 mil colones de pago, por el desorden interno y negligencia para resolver. Sin duda, nadie puede vivir en esa deplorable condición.
Denunciamos también la poca o nula atención de estas autoridades en cuando a la escases de personal, obsolencia de equipos y sistemas de cómputo en las oficinas de recursos humanos, y la injustificada tardanza de las jefaturas de servicios para enviar las acciones de personal para la respectiva gestión de pago.

UNDECA, nuevamente denuncia ante la opinión pública y trabajadores de la Caja estas lamentables inconsistencias gerenciales y administrativas. Creemos que la CCSS como patrono está obligado a retribuir a los trabajadores los rebajos irregulares de impuestos, por no corresponder según la ley, pues en muchos casos el pago mensual a estos funcionarios no supera los topes establecidos para el cobro de impuesto al salario.

Esperamos que las autoridades no sigan “pasándose la bola” y de una vez por todas resuelvan este fiasco administrativo y lamentable afectación laboral.

San José, 7 de mayo del 2021.

Agenda FMI empobrecerá al pueblo

UNDECA rechaza declaraciones de Carlos Alvarado

UNDECA condena la contrareforma laboral y social que impulsan frenéticamente los partidos PLN, PUSC, PAC y los pseudocristianos, que implica un regreso a las inhumanas condiciones de los siglos XVIII y XIX, destruyendo el Estado Social y Democrático.

Los sectores empresariales, explotadores de la fuerza de trabajo, utilizan a sus peones políticos para mentir, embaucar y confundir al pueblo, predicando que la agenda de los proyectos de ley para complacer al Fondo Monetario Internacional (Empleo público, “casas de lujo”, Renta Dual y otros), solo afectará al sector menos empobrecido de la clase trabajadora, lo cual es absolutamente falso.

La propaganda Goebbeliana, reflejada en las apocalípticas frases del Presidente Alvarado (Diario Extra, 17 de abril, pág. 2), como si no hubiera otra alternativa que  arrodillarse vergonzosamente al FMI, no logra enmascarar sus verdaderas intenciones: disminuir “los costos de producción”, incrementar las ganancias del gran empresariado, a costa de profundizar la pobreza, precarizar la calidad de vida del pueblo, abolir la jornada de 8 horas, reducir los miserables salarios y aumentar los impuestos a todo el pueblo.

Son los mismos grupos oligárquicos a los que les estorba la Caja Costarricense de Seguro Social, que redujeron el aporte estatal del Seguro de Salud, de un 3.25% a un simbólico 0.25%, con el consiguiente desfinanciamiento institucional.

Los mismos que desenfrenadamente atizan la privatización, tercerización y el desmantelamiento de la Caja, con proyectos de amnistías, reducción de las contribuciones y subsidios de los costos de las prestaciones de la Seguridad Social.

Poco aprendieron de los prudentes consejos de Otto von Bismarck: “(…) un hombre que tiene asegurado su porvenir, su vejez tranquila, el bienestar de sus familiares, no es anarquista ni atenta contra la vida del emperador; démosle ahora a los pobres a lo que tienen derecho antes de que nos lo arrebaten por la fuerza”.

UNDECA confía en que esta embestida salvaje, en tan solo tres años que lleva este Gobierno, despertará vigorosamente la conciencia de clase y fomentará las condiciones políticas y sociales necesarias, para unificar y organizar las fuerzas que luchen para transformar este injusto y desigual modelo económico y social.

¡La lucha es nuestra esperanza! ¡Viva la clase trabajadora!

San José, 18 abril de 2021.

UNDECA deplora hostilidad de La Nación contra los trabajadores de la CCSS

El editorial de La Nación de este sábado, 10 de abril de 2021, titulado “Reajuste a pensiones gratuitas”, no solo resulta tendencioso, sino, además, refleja la hostilidad y evidente animadversión que tienen ciertos partidos políticos y grupos empresariales contra los y las trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social.

El Fondo de Retiro, Ahorro y Préstamo de las personas trabajadoras de la Caja (FRAP), financiado por la institución y  los trabajadores afiliados al Fondo, se fundó desde la misma creación de la Institución, como un mecanismo social de compensación y reconocimiento de una labor sanitaria esencial.

La reforma acordada por la Junta Directiva, pretende darle sostenibilidad a 100 años plazo y concluye que la suficiencia de los ingresos debe ser del 109%; una conclusión totalmente inaudita e insostenible, la cual no resiste la menor crítica actuarial.

Igualmente, por mayoría, acordó dos modificaciones: en el porcentaje y en  la forma de cálculo, con base en las cuales el monto de la pensión complementaria, disminuyó alrededor de un 70%; que de toda manera, para que se consolide el derecho del trabajador, tendrá que laborar por lo menos 35 años al servicio exclusivo de la CCSS.

La Nación recrimina que los trabajadores estarían recibiendo 113.000 colones mensuales, de pensión complementaria del Fondo de Retiro, lo  cual es absolutamente falso y alejado de la verdad, porque  el monto de la pensión se calcula con base en el promedio de los  salarios de los últimos 20 años,  a raíz de lo cual los trabajadores con menos salarios, que son la gran mayoría, estarian muy lejos de  alcanzar esta suma.

El espurio editorial que pretende confundir a la opinión pública,  lo cual ya es una costumbre períodistica de ese medio, en realidad no logra enmascarar que la Junta Directiva CCSS  destruyó un derecho social de las personas trabajadoras, a merced de un recorte salvaje y desproporcionado, que lo redujo a una simbólica prestación, que perderá todo valor real, a expensas de la inflación, la devaluación monetaria y otros factores financieros y de mercado.

El Grupo Nación S. A., acusado en su momento por un presunto fraude fiscal, que viene presentando un deterioro de su situación financiera, ha venido impulsando una pérfida campaña contra las personas trabajadoras y apoyando proyectos que socaban la base de nuestro Estado Social y Democrático.

La tinta enconosa de ese editorial, responde, en el fondo, a una ideología de odio contra la Caja Costarricense de Seguro Social, una de las instituciones fundacionales del sistema democrático, que ese medio históricamente ha vilipendiado.  

San José, 12 de abril de 2021

El asalto a la democracia y la ruptura del pacto social

“El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en esos claroscuros surgen los monstruos” (Gramsci)

Por Manuel Hernández

Mas allá de las implicaciones graves que significa el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público, en menoscabo de los derechos individuales y colectivos de las personas trabajadoras y la modificación autoritaria del sistema de relaciones laborales de la Administración Pública, que es un tema que desarrollé en varios artículos publicados, pero, cuyo análisis no se puede limitar exclusivamente a dicho vector, en este otro artículo, se enfoca el impacto que este proyecto produce en nuestra Constitución y el sistema democrático.

Desde esta perspectiva, a manera de preámbulo, tenemos que empezar señalando que la Constitución Política es la norma suprema que configura el sistema político.

La Constitución, en términos muy esquemáticos, tiene dos partes: la dogmática y la orgánica.

La dogmática define el modelo, la ideología del Estado y el régimen de los derechos fundamentales que reconoce y se tutelan

La orgánica, concierne al aparato estatal, la estructura de la institucionalidad pública.

Las constituciones políticas, normalmente, recogen el pacto social que regula la convivencia ciudadana.

Este pacto es resultado de la correlación de las fuerzas sociales, que se tensionan dialécticamente en un momento histórico determinado, que disciplina el reparto del poder: el poder económico, social y político.

1.- El derrumbe de la arquitectura del Estado de Derecho y Democrático

Nuestra Constitución Política, promulgada en 1949, configuró un Estado democrático (artículo 1° CO POL).

El Estado se radicó en un esquema de pesos y contrapesos, basado en la división de poderes (artículo 9 CO POL) y una estructura funcional y administrativa descentralizada.

El arquetipo constitucional contempló diferentes niveles o grados de autonomía. En este abanico, tenemos instituciones con autonomía administrativa (artículo 188 CO POL), autonomía de gobierno y administración, como la CCSS (artículo 73 CO POL) y otras que, además, tienen autonomía de organización, que es el caso de las universidades públicas (artículo 84 y 85 CO POL).

Además, están los gobiernos locales, que ostentan su propio régimen autonómico (artículo 176 CO POL).

El Proyecto de Ley Marco de Empleo Público concentra el poder en un Estado centralizado, a cuenta de la potente rectoría política del empleo público que se le atribuye al Poder Ejecutivo.

Esta potestad faculta al Ejecutivo regular y dirigir prácticamente todo el espectro de la Administración Pública, con pocas excepciones que fueron excluidas del marco de la ley.

Los otros Poderes del Estado, incluido el Judicial, y aquellas instituciones descentralizadas, quedan sometidas a la gobernanza del Poder Ejecutivo; es decir, a la dirección política del Gobierno de turno.

Esta rectoría política es absolutamente incompatible, por un lado, con el principio de división de poderes, pilar del Estado de Derecho, y por otro lado, con la autonomía que el constituyente reconoció a la CCSS, universidades públicas y gobiernos locales.

De esta manera, el proyecto desconstitucionaliza el principio de separación e independencia de poderes y el régimen autonómico de estas instituciones, trayéndose al suelo, de una violenta sacudida, de alta magnitud, el edificio político-orgánico de nuestro Estado, que causará daños de fuerte intensidad en el tejido social y territorial del país.

Pero, además, con esta desconstitucionalización de la arquitectura política, el Poder Ejecutivo se garantiza el gobierno y gestión de los servicios que se cometieron a las instituciones públicas y municipalidades.

2.- El hundimiento de la arquitectura social del Estado Democrático

En consonancia con esa arquitectura política-orgánica, nuestra Constitución diseñó un modelo prestacional de los servicios públicos, con el objetivo de satisfacer las necesidades básicas de la población: salud, seguridad social, educación, seguridad ciudadana, agua, energía, electricidad, comunicaciones, vivienda, administración de justicia, entre otros muchos.

El constituyente encargó a las instituciones descentralizadas una misión técnica, especializada, con la finalidad de brindar a la ciudadanía la prestación más eficiente de los servicios públicos.

El proyecto de ley se vuelve contra este esquema prestacional, porque el Poder Ejecutivo, titular absoluto de la rectoría, puede imponer a las instituciones vinculadas por esa ley, las políticas de empleo, de contratación de personal, la promoción de los concursos internos y externos, la creación y eliminación de plazas y la evaluación del desempeño.

Así, el Ejecutivo se garantiza la gestión, el control del gasto, del presupuesto y la prestación de estos servicios, en detrimento de la calidad de vida, el desarrollo social y humano.

Además, el proyecto promueve, ex lege, por una parte, la reorganización y reestructuración de los servicios públicos, y por otra parte, impulsa la “externalización” de aquellas actividades que el órgano rector estime, a su arbitrio político, que son prescindibles.

Entonces, el proyecto fomenta abiertamente el desmantelamiento y la franca privatización de los servicios públicos, que constituyen la infraestructura del Estado Social y Democrático.

3.- Consideraciones finales

Con fundamento en lo expuesto se pueden sostener las siguientes consideraciones:

1.- El fantasma que recorre nuestra Constitución no es la amenaza de un golpe de estado, ni de fraude electoral. El fantasma que acecha la norma suprema es la destrucción de su paradigma político y social, en que se ha basado la convivencia ciudadana durante 7 décadas.

2.- A merced de la rectoría, las instituciones que tienen a su cargo la prestación de servicios públicos, quedan gobernadas por el nuevo Leviatán, un monstruo político, que atisba sospechosos elementos de un “fascismo posmoderno”, al que se le concede patente de corso para regular, dirigir y disciplinar la gestión de los servicios públicos, su reestructuración y hasta su privatización.

3.- El proyecto interviene la gestión política y administrativa de los gobiernos locales, desplomando la autonomía del régimen municipal, que es expresión de democracia territorial.

4.- Como se planteó al principio de este artículo, por encima de la gravísima afectación de los derechos laborales de los y las funcionarias públicas, que no es para menos, entre los cuales destaca la vulneración del derecho fundamental de negociación colectiva, se trata de un proyecto estratégico de reforma del Estado.

Las intentonas frustradas de proyectos de reforma del Estado, desde la década del 80, por las que han pasado tantas Comisiones y toda una élite de ilustrísimos notables, se están concretando, ahora, con el ropaje prestado de este proyecto de empleo público; que implica una reforma de gran calado, en realidad, una transformación del modelo de Estado, que altera el tejido político, social y territorial de nuestro ordenamiento.

Un Caballo de Troya, armado en los establos de Zapote, en el Balcón de los espantos verdes y los recintos de los templos neopentecostales, con la asesoría de OCDE, que se lanza hostilmente contra las reglas de la institucionalidad del país.

5.- El proyecto derriba la institucionalidad republicana, causando una ruptura del pacto social. La fractura del pacto social se ha estado urdiendo desde hace varias décadas, pero se ha intensificado, con mucha fuerza, en los últimos tres años.

El pacto social está ya muy rasgado, no solo por las reformas legislativas reaccionarias aprobadas en este corto período, sino, además, por la desigualdad social, el incremento acelerado de la pobreza, el aumento desmedido del desempleo, que afecta más a las mujeres y jóvenes, profundizadas por la pandemia, en una lógica capitalista de acumulación por desposesión (Harvey), que tiene el objetivo de apropiarse de la explotación privada de los servicios públicos, a contrapelo de los postulados que fundaron la Segunda República.

La quiebra del pacto social, que por ahora está suspendido, levitando en el aire, se pretende consumar y consolidar, en definitiva, con la aprobación de la Ley de Empleo Público.

6.- Esta ruptura es el resultado de un cambio de la correlación de las fuerzas sociales, que expresa un nuevo reparto del poder social y político, que convierte la Constitución en papel mojado y viene a coronar el Estado oligárquico, neoliberal, de carácter antidemocrático y excluyente.

Nos estamos jugando la democracia. No lo digo en un sentido retórico. Creo que es lo que está en el tablero de juego. ¡Ojalá que las fuerzas vivas y todos logremos comprenderlo, a tiempo, antes que sea irreversiblemente tarde¡

Cuando nos jugamos la democracia que nos legaron nuestros antepasados, después de una Guerra Civil, tenemos que hacer un extraordinario esfuerzo y compromiso de unidad social, para contener oportunamente los poderes fácticos que están asaltando el Estado Social y Democrático.