¡Basta ya de impunidad!
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) denuncia ante el país el escandaloso deterioro institucional y humano causado por el malogrado proyecto ERP-SAP, el cual fue impuesto de forma temeraria por las más altas autoridades de la CCSS, desoyendo múltiples advertencias técnicas y auditoras.
Con base en abundante prueba documental, UNDECA ha interpuesto una denuncia penal formal ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, solicitando que se investigue posibles hechos que, de comprobarse, podrían configurar delitos como incumplimiento de deberes, fraude de ley en la contratación pública, abuso de autoridad, prevaricato, administración en provecho de terceros y posibles actos de corrupción, en el marco de la ejecución del contrato N.º 2020-09 para la implementación del sistema ERP en la CCSS.
Dicha acción se fundamenta en hechos documentados y respaldados por oficios de la Auditoría Interna, informes técnicos institucionales, expedientes contractuales que señalan posibles entregables defectuosos, pagos retroactivos sin respaldo legal y adendas contractuales irregulares, registros administrativos, que reflejarían una serie de irregularidades sustantivas en los procesos de planificación, ejecución, supervisión y control del Proyecto ERP, con un costo superior a los $50 millones de dólares.
La implementación del sistema ERP-SAP, ha causado caos en el abastecimiento de insumos y medicamentos, atrasos en pagos de salarios, demoras en el pago a proveedores, ausencia de trazabilidad financiera, de activos e inventarios, afectación de incapacidades y grave perjuicio a los servicios de salud, entre otros.
La presidenta ejecutiva, Mónica Taylor Hernández y el director del Plan de Innovación, Héctor Arias Mora, impulsaron la implementación del sistema en junio de 2025, sin contar con condiciones técnicas mínimas, en claro desacato a informes institucionales que advertían sobre los riesgos operativos.
A pesar de las fallas documentadas, la jerarquía institucional forzó la entrada en producción (Go-Live), comprometiendo la legalidad, la trazabilidad y la continuidad del servicio público esencial.
El proyecto aparentemente se ejecutó con una preocupante permisividad institucional, validando entregables incompletos, omitiendo sanciones al contratista, aceptando servicios no contratados y soslayando los mecanismos de control. Los hechos apuntan a una posible captura técnica del proceso por parte del proveedor, que incluso participó en decisiones institucionales sin acto formal de nombramiento ni independencia funcional.
“En este sentido, solicitamos respetuosamente al Ministerio Público que se realicen las diligencias necesarias para esclarecer los hechos, así como que se adopten medidas cautelares personales y patrimoniales que garanticen la protección del erario público, de conformidad con los artículos 283 y siguientes del Código Procesal Penal y el artículo 22 de la Ley N.º 8422”, indicó Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
La salud pública no se gestiona con improvisaciones ni contratos viciados: se defiende con transparencia, profesionalismo, compromiso y justicia social.
Junta Directiva Nacional de UNDECA
