UNDECA denuncia conflicto por perfil de puestos en la Caja

Los trabajadores y trabajadoras de quirófanos del Hospital Calderón Guardia, junto con el Sindicato UNDECA, se encuentran en estado de máxima alerta ante las reformas estructurales impuestas por Mideplan a la CCSS con la Ley de Empleo Público sobre los perfiles de puestos de exclusivos, excluyente y concurrentes, que buscan fusionar puestos, precarizar el empleo y los salarios, mientras debilita los servicios de salud pública.

UNDECA advierte que estas medidas afectarán gravemente la calidad de servicios que brinda la Caja, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA, declaró:

«Todo esto es producto de una violenta Ley de Empleo Público, impulsada por el sector empresarial, los gobiernos neoliberales anteriores y continuada por Rodrigo Chaves Robles. Su objetivo es desmantelar la CCSS, recargar de trabajo a los funcionarios y abrir el gran negocio de la privatización.»

Asistentes de Quirófanos y más puestos en la mira

Entre los primeros afectados están los Asistentes de Quirófanos, cuyo perfil está siendo eliminado. Sin embargo, todos los puestos están en peligro, ya que la estrategia es recortar personal y deteriorar la atención, para justificar la privatización.

Huelga en defensa de la CCSS

Ante la gravedad de la situación, los trabajadores del Calderón Guardia están dispuestos a ir a una movilización, y han recibido el respaldo de otros centros nacionales. UNDECA y las bases sindicales llaman a estar alertas para frenar este ataque contra la CCSS.

Llamado urgente a la población

UNDECA hace un llamado a:

  • Los asegurados, para que exijan salud pública de calidad.
  • Las organizaciones sociales, a unirse en la defensa de la CCSS.

¡No a la privatización de la salud!
¡La CCSS no se vende, se defiende!

San José, Costa Rica – 25 de junio de 2025

Afectados por quiebra de Coopeservidores exigen justicia y recuperación de su patrimonio

La indignación y el sentimiento de abandono fueron el común denominador este sábado en el salón Jorge Debravo del sindicato UNDECA, donde más de un centenar de personas afectadas por la quiebra de Coopeservidores se reunieron en asamblea para exigir justicia y el resarcimiento del patrimonio económico perdido tras el colapso de esta cooperativa de ahorro y crédito.

Los afectados, en su mayoría personas trabajadoras, jubiladas y familias que confiaron sus ahorros de toda la vida en la entidad financiera, denunciaron el grave daño económico y emocional que les ha causado esta situación. “No solo perdimos nuestro dinero, perdimos la tranquilidad de nuestras familias, y eso no tiene precio”, expresó una de las voceras del grupo, visiblemente afectada.

Durante la asamblea, los presentes coincidieron en que no se trata de una simple quiebra empresarial, sino de un fallo estructural del sistema de supervisión financiera del país. Hicieron un llamado firme a las instituciones públicas que, por ley, tienen la responsabilidad de fiscalizar y controlar el buen funcionamiento de las cooperativas: la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP).

“¿Dónde estaban los órganos de control mientras se gestaba este desastre? La ley les otorga funciones específicas para evitar estos fraudes y proteger a los asociados. Exigimos que asuman su responsabilidad”, reclamó uno de los organizadores del encuentro.

El caso de Coopeservidores ha generado una profunda crisis de confianza en el movimiento cooperativo financiero. A pesar de las alertas tempranas de irregularidades en su gestión administrativa y la poca transparencia en sus operaciones, las acciones correctivas por parte de las autoridades fueron nulas o tardías, permitiendo que la situación se deteriorara hasta un punto de no retorno.

El salón de UNDECA se convirtió este fin de semana en un espacio de catarsis, pero también de organización y lucha. Los asistentes acordaron la conformación de un comité de defensa del ahorro, con el objetivo de articular acciones legales, políticas y sociales que garanticen la devolución de su dinero y que se juzgue a los responsables, tanto dentro de la cooperativa como en las instituciones que, por omisión, facilitaron el colapso.

El mensaje fue claro: los afectados no están dispuestos a ser víctimas silenciosas. Quieren justicia, castigo para los culpables y reformas profundas al sistema de supervisión financiera, para que nunca más una historia como la de Coopeservidores vuelva a repetirse en Costa Rica.

San José, Costa Rica – 16 de junio de 2025

Video
https://youtu.be/x0QvXonahv8?si=PO-YsUPHGASWf1AU

UNDECA denuncia ante la Procuraduría de la Ética Pública nombramiento ilegal en la presidencia ejecutiva de la CCSS

UNDECA, organización sindical mayoritaria de la CCSS, informa a la opinión pública y a las personas trabajadoras de la Institución que ha presentado una denuncia formal ante la Procuraduría de la Ética Pública contra el Consejo de Gobierno, por el presunto nombramiento ilegal de la señora Mónica Taylor Hernández como Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Este hecho fue denunciado públicamente por Telenoticias (Canal 7), evidenciando que la señora Taylor mantiene una relación laboral vigente con el Ministerio de Hacienda, condición que le impide legalmente integrar la Junta Directiva de la CCSS, de conformidad con lo establecido en el artículo 7, inciso b) de la Ley Constitutiva de la CCSS.

El Consejo de Gobierno al parecer ignoró esta prohibición expresa, una grave violación del ordenamiento jurídico. El deber de probidad, consagrado en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Ley 8422), también pudo haber sido quebrantado al permitir un nombramiento que contraviene principios básicos de legalidad y ética en el ejercicio de la función pública.

Este tipo de decisiones afectan la de la Cajal y atentan contra la legitimidad de la Junta Directiva de la CCSS y abren la puerta a posibles conflictos de interés, debilitando la institucionalidad de una de las entidades más importantes del país.

UNDECA exige que se determine la legalidad de este acto y que, de comprobarse la violación, se proceda a anular el nombramiento y aplicar las sanciones correspondientes a todos los responsables.

Desde UNDECA, hacemos un llamado urgente a la defensa activa de la Caja, al respeto a su marco normativo y a la lucha frontal contra cualquier intento de politización o abuso de poder. Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y la integridad institucional.

¡UNDECA ALZA LA VOZ!
¡LA CAJA NO SE VENDE, LA CAJA SE DEFIENDE!

Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA, ingresa al edificio de la Procuraduría General de la República para interponer la denuncia en la Procuraduría de la Ética Pública.

UNDECA en Región Huetar Norte

Hospital San Carlos: Ante conflicto que se presenta en sala de operaciones del Hospital San Carlos, al suspenderse la modalidad de laborar tiempo extraordinario al personal de enfermería, mismo que se labora de esa manera para paliar faltante de este calificado personal, desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 m.d., el personal de enfermería, se mantuvo en estado de asamblea permanente, durante la negociación que llevamos a cabo UNDECA y la Administración de este Hospital para resolver el conflicto suscitado.

Logramos acuerdo para que con presupuesto local, se mantenga un equipo completo, laborando en la modalidad de tiempo extraordinario los sábados, domingos y días feriados, con esto se garantiza el servicio y atención de las personas usuarias que llegan a este centro.

Además, paralelamente se presentará un proyecto de tiempo extraordinario para cubrir las necesidades que presenta este servicio frente a la plétora de cirugías en este año, y así garantizar la continuidad de los servicios a los pacientes, en un ambiente de calidez, calidad y oportunidad.

Estaremos dando seguimiento a los acuerdos suscritos entre partes hoy , para garantizar su cumplimiento.

Por UNDECA: Oscar Chacón, Kimberly Quirós y Ronald Quesada .

Negociación de problemática en Hospital Monseñor Sanabria

UNDECA atiende conflicto laboral en las nuevas instalaciones del nuevo Hospital Monseñor Sanabria de Puntarenas.

En este centro médico se han ido detectando algunas deficiencias y diferentes problemáticas en algunos servicios que se encuentran en funcionamiento.

El proceso de negociación inició a las 9:00 am y continuará hasta finiquitar todos los puntos para el abordaje de las necesidades que se presentan en pliego de peticiones, que van desde condiciones laborales y facilidades para brindar un buen servicio a las personas usuarias.

UNDECA, en defensa de tus derechos y de la CCSS

El pacto de la educación: una propuesta política y constitucionalmente inasumible

Por Manuel Hernández, abogado laboralista

Garantizar el monto mínimo de gasto público en educación estatal previsto en el artículo 78 de la Constitución Política es un medio para hacer efectivo un derecho fundamental” (Voto N°2004-11165 Sala Constitucional).

El miércoles de la semana pasada, un conjunto significativo de sectores sociales, laborales y estudiantiles, se movilizaron en la ciudad de San José, y el jueves realizaron manifestaciones en algunas regiones del país.

El objetivo principal del legítimo movimiento ciudadano, aunque no el único, fue protestar contra los constantes y desproporcionados recortes presupuestarios de la educación, y además, exigir el respeto del artículo 78 de la Constitución Política, que ordena que el presupuesto de la educación pública “no será inferior al ocho por ciento del producto interno bruto”.

La concurrida actividad del primer día cerró con la entrega solemne de un documento titulado Pacto Nacional por la Educación Pública, dirigido al Presidente de la Republica y la Asamblea Legislativa, diputados y diputadas y la Defensora de los Habitantes.

El documento expone la seria crisis que afecta a la educación y propone una agenda, que gravita alrededor del presupuesto de la educación pública:

“Alcanzar progresivamente la inversión para la educación pública establecida en el artículo 78 de la Constitución Política: un 8% del PIB antes que concluya la década.”

¿Leyeron con detenimiento la propuesta?

Pues bien, a mí me dejó pasmado, la cual leí y releí, y aun no salgo del asombro.

Sostengo, por una doble razón, que la propuesta es un auténtico despropósito: por un lado, constitucionalmente espuria, y por otro lado, políticamente incorrecta.

1.- Una propuesta constitucionalmente espuria

El documento formula un aumento progresivo de la inversión destinada a la educación pública, hasta alcanzar el 8% del PIB, antes que concluya la década actual; es decir, hasta el 31 de diciembre de 2029.

El planteamiento no solo ignora la reiterada jurisprudencia, sino que, más grave aún, se vuela, de un solo plumazo, el texto del artículo 78 de la Constitución, el cual ha tenido varias reformas.

La Ley N°7676, de 23 de junio de 1997, reformó el primer párrafo de esa norma e introdujo un nuevo párrafo, cuyo texto quedó así:

“Artículo 78.- La educación preescolar y la general básica son obligatorias. Estas y la educación diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la Nación.

En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al seis por ciento (6%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución.”

La enmienda constitucional, determinó, por primera vez, una asignación presupuestaria mínima a la educación pública, en el orden del 6% del PIB.

14 años después, mediante Ley N° 8954 de 9 de junio de 2011, se volvió a reformar la norma constitucional, incrementándose en dos puntos porcentuales del PIB el presupuesto mínimo de la educación pública, llevándose al 8%.

La exposición de motivos del proyecto enunció que el objetivo de la reforma es incrementar la inversión pública, con la finalidad de fortalecer el sistema de educación pública, de cara a las exigencias del futuro y realizar una reforma educativa “que tenga como centro del proceso a la persona humana, porque invertir en educación es invertir en desarrollo humano”.

Es necesario señalar, lo cual no puede pasar desapercibido, que la reforma contiene la siguiente norma transitoria:

“TRANSITORIO I.- El gasto público en educación podrá ser inferior al ocho por ciento (8%) durante los períodos fiscales anteriores al año 2014. Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del producto interno bruto destinado a la educación podrá ser más bajo que el del año precedente.”

La misma enmienda estipuló una norma de derecho intertemporal, con la finalidad que se ajustara progresivamente el presupuesto destinado a la educación, pero que a partir de la Ley de Presupuesto del período 2014, tendría que ser por lo menos en el orden del 8% del PIB.

Como ya sabemos, nunca se ha asignado a la educación pública el 8% del PIB, cuya norma ha sido transmutada en una hoja de papel higiénico.

Por contrario, el porcentaje del PIB destinado a la educación es cada vez menor, cuyo presupuesto viene en libre y estrepitosa caída.

El tijeretazo que se le ha metido al presupuesto de educación es cada vez sostenidamente más grande:  en 2022, se le asignó un 5,9%, en el 2023, un 5,4% y el actual (2024) un 5.2% de PIB.

En el recientísimo proyecto de ley del próximo período 2025, se está asignando únicamente un 4.9% de PIB, el más bajo desde que se aprobó la primera reforma constitucional (1997), que además ahora incluye el Presupuesto de INA y otros programas sociales.

El retroceso y hundimiento del presupuesto de la educación está llegando a extremos insostenibles, en detrimento de los sectores más vulnerables de nuestra población.

No puede seguir ocurriendo que, año tras año, se quebrante impunemente la norma constitucional y nada pase.

Desafortunadamente, el Pacto de la Educación, en lugar de exigir, de manera consecuente, el cumplimiento inmediato del artículo 78 constitucional, propone una progresividad en el aumento del presupuesto de la educación, hasta llegar al 8% de PIB, a finales de esta década.

La progresividad en el aumento de la asignación del 6% al 8% del PIB precluyó en el año 2013. A partir del 2014, se debió fijar el 8% de PIB, que nunca se ha respetado.

La propuesta del Pacto, construida en los astilleros de CONARE, lamentablemente cohonesta la constante infracción que ha sufrido la norma constitucional, cuya violación fue declarada con lugar en una acción interpuesta por APSE contra la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República del Ejercicio Económico 2015, que por lo visto es necesario recordar:

“Al asignar al sector “Educación” una dotación presupuestaria establecida constitucionalmente como un porcentaje del Producto Interno Bruto, el legislador investido de poder reformador buscó evitar que el Estado costarricense continuara dedicando a la enseñanza un porcentaje cada vez menor respecto de la producción interna, en detrimento del desarrollo nacional y del respeto al derecho de todo ser humano a recibir del Estado educación gratuita y de calidad. (Voto Nº 2016-012803).

Pero, la sentencia no se limitó únicamente a estimar la acción, y en consecuencia, declarar la lesión del artículo 78 constitucional, sino que, además, la parte dispositiva de ese voto advirtió lo siguiente:

“Por tanto: (…) Se previene al Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa no volver a incurrir en la omisión que dio mérito para acoger esta acción. Comuníquese este pronunciamiento a los Poderes Legislativo y Ejecutivo.” (ídem).

No obstante, que la advertencia de la sentencia constitucional no es cualquier cosa, la cual tiene una eficacia erga omnes, nada pasó, que pese a la  contundente conminación del pronunciamiento judicial, persiste incólume la política de inobservar el mandato constitucional, y ahora, para coronar esa contumacia, nos viene el documento del Pacto con una propuesta insólita, que prohíja la continuidad de la vulneración de la norma constitucional, despreciando la jurisprudencia vinculante, el principio de supremacía constitucional,   importándole un pepino el principio de progresividad y no regresividad de los Derechos Fundamentales.

Antes y el día de la manifestación, escuchamos al Rector de la Universidad de Costa Rica, Presidente de CONARE, proclamando a los cuatro vientos, a punto de cortarse las venas con una filosa galleta soda, que la norma constitucional establece un mandato y no una aspiración.

Sin embargo, el documento redactado en los astilleros de CONARE, propone una cosa radicalmente opuesta, reflejando una falta de coherencia entre el airado discurso de la plaza pública y lo propuesto formalmente a las autoridades gubernamentales y legislativas.

En definitiva, se insta pactar una moratoria del cumplimiento de una obligación constitucional, que desde el año 2014, resultaba exigible, cuyo incumplimiento se invita extender cinco años más, como si 10 años de infracción de la norma constitucional, no hubieran sido más que suficientes para exigir que, de una vez por todas, se destine a la educación pública simplemente lo que ordena el precepto de la Norma Suprema.

2.- Una propuesta políticamente incorrecta

Además, que se aspira prorrogar el incumplimiento de la norma constitucional, como si los actores sociales tuvieran la competencia de jugar a su antojo con la eficacia directa y normativa de la Constitución, la propuesta implica patear olímpicamente el tarro hacia adelante, por un quinquenio más.

La excitativa consiste prácticamente en trasladarle la bronca al próximo Gobierno, dejando al actual en una situación muy cómoda y conveniente, que no extrañaría que el Gobierno aplauda, hasta con las orejas, semejante despropósito.

El artículo 78 es un precepto imperativo, cuyo cumplimiento no es políticamente negociable, y mucho menos a merced de un pacto ilusorio que difiera el cumplimiento de una obligación, no de cualquier obligación legal, sino de una obligación constitucionalmente reforzada.

Lo único que resulta negociable, sin violentar el articulo 78 constitucional, es pactar una asignación presupuestaria de la educación pública, que partiendo de la base mínima del 8% del PIB, incremente ese porcentaje.

3.- La lucha patriótica por la recuperación del Estado Social y Democrático debe continuar y fortalecerse   

Finalmente, no pretendo, en lo mínimo, desalentar a los sectores sociales, estudiantes y trabajadores que participaron valientemente en el movimiento de huelga, ejerciendo un derecho democrático, que tanto se echaba de menos.

Solo pretendo con este modesto análisis desarrollar pensamiento crítico, que contribuya positivamente a reorientar la hoja de ruta y fortalecer la lucha social y ciudadana, articulada con otros actores y sectores sociales, tendiente a construir colectivamente una agenda social y política nacional, cuyo objetivo impostergable sea la recuperación del Estado Social y Democrático, que ya para finales de esta década puede ser irreversible.

Como escribí en un artículo anterior, sigo manteniendo la esperanza en los sectores sociales, y pienso que no es aun demasiado tarde para rescatar la democracia. El mayor riesgo es no hacer nada y dejar que la historia nos pase por encima.

Por otro lado, los rectores de las universidades y los autores intelectuales del documento del Pacto tendrán que rendir cuentas a la ciudadanía y sectores sociales, que de manera convencida y resuelta participaron en las jornadas patrióticas, exigiendo ya, y no hasta que nos sorprendan los 4 jinetes del Apocalipsis, el 8% de PIB para la educación pública.

2 septiembre, 2024