UNDECA respalda a Directiva Martha Rodríguez por recurrir revisión de acuerdo que beneficia a cooperativas

UNDECA respalda las acciones de la compañera Martha Rodríguez González, contra el acuerdo 2°de la sesión N° 9464, celebrada el día sábado 6 de julio 2024 donde directivos de la CCSS acuerdan la adjudicación de la licitación Nº2023-LY-000002-0001101142 “LICITACIÓN MAYOR PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD POR TERCEROS”, de 10 Áreas de Salud a Cooperativas y a la ASOCIACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS COSTARRICENSES (ASEMECO Clínica Bíblica) por los próximos 10 años.

En UNDECA aprobamos públicamente esa acción y Recurso de Revisión al considerar una literal barbaridad, que dejándose de lado criterios técnicos institucionales que no recomendaban la oferta de las Cooperativas, por excesiva, se haya tomado ese acuerdo comprometiendo las finanzas de la Institución.

Es deplorable y así lo denunciamos, que con ese tipo de acuerdos se favorezca descaradamente la privatización y el enriquecimiento de grupos y empresarios neoliberales que solo buscan mercantilizar la seguridad social y los servicios de salud de la CCSS.

No podemos callar que los directivos que aprobaron este acuerdo en tiempo récord y con la menor publicidad para no dejar evidencias, son absolutamente responsables de adjudicar en términos excesivos, diríamos nosotros exorbitantes, pues la oferta económica de las cooperativas se incrementó en un 60% más que la actual contratación. 

Son muchos millones (50.282 millones anuales) en contraste con los 29.200 millones que actualmente se pagan por año… Entonces, aquí es donde llamamos a la reflexión y cuestionamos vehementemente el accionar de esos directivos pues nos preguntamos: ¿Cuáles son los criterios válidos para que la CCSS no brinde esos servicios por cuenta propia y no privatizando?  ¿O es acaso falso y una rotunda mentira, el cacareado discurso de Marta Esquivel presidenta ejecutiva de la Institución y propio presidente Rodrigo Chaves, de que la CCSS no tiene recursos y está quebrada?

Los costarricenses debemos cuestionarnos y pedir explicaciones. Algo en esta historia no concuerda. La matemática no se equivoca pues de ser cierto de que la CCSS esta quebrada, de dónde sacarán el dinero para pagar en 10 años casi el tripe de los costos actuales. Que, por cierto, bien podría financiar la construcción del hospital de Golfito o de Limón, o acabar de forma definitiva con las listas de espera.

Bien por nuestra representante Martha E. Rodríguez González que alza la voz y pide una revisión de este espurio acuerdo. El accionar de esos directivos disque “representantes del pueblo” debe investigarse e ir más allá, por su contradictoria actuación y posible conflicto de intereses.

Condenamos la injerencia política del gobierno, sus continuas amenazas y presiones para que miembros de la Junta Directiva de la Caja que se opongan a sus interese se vean obligados a presentar sus renuncias y así ello seguir la línea neoliberal para debilitar, destruir y privatizar a la C.C.S.S.

Luis Chavarría Vega
Secretario General UNDECA

10 de julio, 2024.

Organizaciones de BUSSCO apoyan recurso de revisión de representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS

El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) apoya contundentemente la acción de la representante del sector sindical en la Junta Directiva de la CCSS, Martha Elena Rodríguez González, quien presentó el 9 de julio ante la Junta Directiva de la Caja, FORMAL  RECURSO DE REVISIÓN contra el Acuerdo 2°, de la sesión N° 9464 , celebrada el día sábado 6 de julio 2024 que corresponde a la Adjudicación de la Licitación Nº2023-LY-000002-0001101142 “LICITACIÓN MAYOR  PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD POR TERCEROS”, que adjudicó 10 áreas de salud a diferentes Cooperativas y ASEMECO (Clínica Bíblica) por 10 años.

En marzo de 2023 (Sesión N° 9320) la Junta Directiva extendió la contratación directa por 18 meses de los servicios a las Cooperativas y ASEMECO y le ordenó a la Gerencia Médica y a la Gerencia de Logística ANULAR EL PROCESO DE LICITACIÓN No. 2021LN00034-0001101142, para elaborar un nuevo cartel que “no se impongan a terceros las rigideces institucionales”.

La directiva argumentó una Nulidad Absoluta del acuerdo, entre otros, porque:

Desde el 8 de mayo del 2024, la Junta de Adquisiciones de la Caja, competente en materia de Licitaciones, había dispuesto en el SICOP (Sistema de Compras públicas del Estado) que este concurso era infructuoso por sobreprecios. La Junta Directiva decidió que asumiría la decisión final.

En solo 3 días se adjudicó. El jueves 4 de julio la Junta acordó nombrar un nuevo equipo técnico intergerencial, un día después, se presentó una opinión de una sola funcionaria, que no era la competente que recomendó la adjudicación. El día siguiente, la Junta Directiva, se apartó de todos los criterios técnicos calificados que reiteraban que los precios estaban muy por encima del costo institucional, en algunos casos hasta lo duplicaban, y adjudicó la contratación en firme.

Este acuerdo, tomado con la ausencia de toda la representación laboral, contó con el voto de una representante del Gobierno, que a la vez es integrante del directorio del Consejo Nacional de Cooperativas, con participación reiterada en el tema, que compromete la imparcialidad y puede configurarse un conflicto de intereses.

En aras de la sana administración pública, los principios de probidad y transparencia este acuerdo de adjudicación debe ser revocado y anulado y desde el BUSSCO respaldamos la acción de la compañera Rodríguez, que es la representante designada por el movimiento sindical para atender los temas de esta importante Institución.

UNDECA, SINASSASS, ACODIMED y SIACCSS demandan a la CCSS ante Contencioso Administrativo

La Junta Directiva espuria que montó el Gobierno de la República acordó en el mes de julio del año pasado, para la aplicación de la Ley Marco de Empleo Público, que solo determinados puestos son clasificados como exclusivos y excluyentes. Los demás puestos institucionales fueron declarados de carácter “concurrente.”

Los puestos denominados “concurrentes” comprenden más de 20 mil personas trabajadoras, lo que superar la tercera parte de la planilla institucional, las cuales quedarán sometidas a la rectoría política del Gobierno, en manos de MIDEPLAN.

A raíz de esa transferencia de la potestad regulatoria de la relación de empleo, la Junta Directiva le giró un cheque en blanco a MIDEPLAN para que defina las principales condiciones de trabajo de esos empleados, tales como el sistema de concursos, la evaluación del desempeño y además, como si lo anterior fuera poco, esa dependencia del Gobierno definirá a su arbitrio las remuneraciones de esa colectividad de trabajadoras y trabajadores.

Esos acuerdos los adoptó unilateralmente la Junta Directiva, apartándose de todos los justificados técnicos y gerenciales, sin conceder ninguna audiencia y participación a los sindicatos que representan los intereses de los trabajadores, violentando las regulaciones de la Normativa de Relaciones Laborales de la CCSS.

Los ilegítimos acuerdos, por una parte, quiebran, de un solo cuajo, la autonomía constitucional de la institución, servida en bandeja de plata al Gobierno, y, por otra parte, causan una gravísima afectación a los derechos e intereses de los trabajadores.

Esto dificulta la gobernanza institucional, genera incertidumbre en los trabajadores y afecta la prestación directa de los servicios, porque crea una distorsión administrativa; implicando que en un grupo de trabajadores que conforman un mismo equipo, haciendo las mismas tareas, tengan diferentes salarios. Se suponía que lo que buscaba la Ley Marco de Empleo Público era igualar las condiciones, pero ahora unos ganarán más que otros, haciendo la misma labor.

Desde que se dictaron esos arteros acuerdos, los sindicatos procuramos abrir espacios de diálogo y negociación con las autoridades, con la finalidad de salvaguardar la Caja y proteger los derechos de las personas trabajadoras.

Nuestros esfuerzos, desafortunadamente, se han vuelto infructuosos, frente a la prepotencia y el autoritarismo de las jerarquías institucionales, encabezadas por Marta Esquivel Rodríguez, presidenta ejecutiva.

Así las cosas, este 4 de julio, en defensa de las personas trabajadoras de la Institución recurrimos a los Tribunales de la República, interponiendo un proceso contencioso administrativo contra la Caja, que pretende que se declare la nulidad absoluta de esos acuerdos y se determinen las responsabilidades que le corresponden a los miembros de esa Junta Directiva de facto, que defraudaron la autonomía institucional y vulneraron los derechos de los y las trabajadoras.

En el día de Pablo Presbere (Pabru Presberi) el ancestro que encarna las gestas de la libertad, la identidad, la dignidad y la defensa de la soberanía y la cultura costarricense.

San José, 04 de julio de 2024

Luis Chavarría, secretario general de UNDECA
Pedro Murillo Chaves, secretario general SIACCSS
Esmeralda Bonilla Vargas, secretaria general Asociación Costarricense de Directores Médicos

Venta de medicamentos: Épico engaño de la Presidenta Ejecutiva de la CCSS

En nuestro país, la regulación de los precios de los medicamentos es responsabilidad del Ministerio de Salud, que tiene facultades de regular productos de interés sanitario, incluyendo medicamentos, y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que le corresponde vigilar las prácticas comerciales para evitar monopolios y prácticas anticompetitivas que puedan influir en los precios de los medicamentos, intervenir en casos de precios abusivos y garantizar la transparencia en la información.

UNDECA lamenta la propuesta de la presidenta ejecutiva de crear farmacias comerciales en la Caja para la venta y comercialización de medicamentos directamente a la población, a farmacias y hospitales privados. Una labor que no corresponde a la Caja, por los siguientes motivos:

1.- El desvío de los recursos de la Caja es ilegitimo.

La Constitución Política, en los numerales 73 y 74, le otorga a la Caja la administración y gobierno de los seguros sociales, y le prohíbe, expresamente, la desviación de los recursos de la seguridad social a fines distintos a los establecidos.

El artículo 177 constitucional garantiza el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono para asegurar el acceso universal a la salud de todos los habitantes, para cubrir las necesidades actuales y futuras, y en caso de déficit deberá asumirlo el Estado.

La Sala Constitucional ha emitido varias resoluciones en las que reitera la inviolabilidad de los fondos de la seguridad social y determina que cualquier intento de desviar estos recursos es inconstitucional, compromete la sostenibilidad de la Caja y atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos.

2.-Riesgos de suministro de medicamentos en la Caja.

La regulación de los precios de los medicamentos fue eliminada en nuestro país desde 1994, contrario a otros países que su regulación incluye medidas como la evaluación de tecnologías sanitarias, estudios de referencia de precios internacionales, evaluación del valor terapéutico, negociación de precios y descuentos para la seguridad social, establecen precios de referencia para medicamentos esenciales y márgenes de comercialización, entre otros.

El riesgo de desabastecimiento en los centros de salud, el incremento de la demanda y la complejidad de la gestión, una distribución ineficaz, retrasos y desigualdades -como ocurre actualmente- pondría a la institución en un dilema entre la venta o el suministro a las personas usuarias. Esperamos que no sea una crónica de muerte anunciada, que por vender medicamentos a un ilusorio precio, se vaya desabastecer el suministro de medicamentos, a quienes no tienen recursos para comprarlos en una privada.

3.- Nada garantiza disminución de precios

En un lucrativo mercado privado, que moviliza $550 millones al año (diario La Nación), nada garantiza que disminuirán los precios, por el contrario, pueden incrementarse los costos porque la compra no estaría destinada a la seguridad social, ya que su destino final es el mercado privado. sino que su destino final es el lucro.

El fin de la Caja es garantizar el acceso a la salud de todos los habitantes del país, no puede desviar sus recursos para regular el mercado de medicamentos, ni podría competir con el mercado privado, tendría que vender al costo porque no puede tener fines de lucro.

4.- Privatización del acceso a medicamentos en la seguridad social.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obliga a los Estados a garantizar el acceso a medicamentos de buena calidad, de forma oportuna, como elemento fundamental del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Es de esperar que este cambio, desde una visión institucional centrada en el derecho a la salud, hacia un modelo de salud privatizado, podrían contravenir legislación existente, tener implicaciones en la sostenibilidad financiera, incrementar costos de operación, distribución y suministro de medicamentos, socavar la confianza en el sistema de salud y provocar un mayor aumento de los precios de medicamentos esenciales.

UNDECA lamenta que en un tema de tanta relevancia no fuera sujeto a una consulta pública, no hay participación de actores sociales, por los riesgos para la atención de las personas y la cobertura universal de los servicios de salud públicos.

San José, 21 de junio de 2024

OCDE y la “norma mínima” de Seguridad Social

Manuel Hernández
Asesor Legal de UNDECA

La exigencia de esa “gavilla de facinerosos, escoria de todos los pueblos”, como decía en una de sus proclamas, Juanito Mora, que se reúnen en esa madriguera que se denomina OCDE, cuya misión es imponer políticas que destruyan el Estado Social de Derecho, la democracia y los Derechos Humanos, no puede estar por encima y en contra de la legislación internacional del trabajo y la seguridad social.

Esta legislación universal se recoge en los Convenios y Recomendaciones de la OIT, fundada desde 1919.

El Convenio Nº102, Norma Mínima de Seguridad Social (1952) de la OIT, establece un tope máximo de la edad de jubilación: 65 años, constituye un límite infranqueable.

Hay que destacar que Costa Rica ratificó este convenio desde 1971, por lo que tiene autoridad superior a la ley común, que de toda manera constituye un Derecho Fundamental irreductible.

Esa exigencia de OCDE hay que denunciarla, la cual, además, pretende vulnerar nuestra soberanía.

Cartago contará con nuevo hospital

Finalmente la Junta Directiva de la CCSS acordó, en la Sesión de este miércoles 22 de mayo del 2024, el aval para la construcción. Esta noticia en UNDECA la celebramos y reconocemos la lucha de los diversos sectores pro hospital y pueblo cartaginés.

Las actuales condiciones del centro médico son obsoletas y no pueden cubrir las múltiples necesidades en salud de una provincia que ha crecido en población y en demanda de servicios médicos, camas y especialidades.

Era urgente y por eso lo celebramos la construcción de un nuevo hospital, moderno y más amplio. No había más excusas, no podía haber más atrasos. El acuerdo debía tomarse ya.

UNDECA, con el mismo compromiso y beligerancia de siempre, se enorgullece de haber estado en los diferentes escenarios donde de defendió y motivó la necesaria construcción del nuevo hospital.  

22 de mayo, 2024