Defensoría confirma las justificadas advertencias por ERP-SAP
UNDECA informa a la ciudadanía y a las personas trabajadoras de la CCSS que el amplio y documentado estudio de la Defensoría de los Habitantes, confirma, de manera contundente, la seriedad de las denuncias que presentamos, de forma reiterada desde mayo de 2025, sobre la implementación del sistema ERP-SAP.
La Defensoría concluye que la salida en vivo del ERP-SAP se ejecutó pese a las advertencias previas de la Auditoría Interna sobre riesgos de continuidad del servicio, interfaces críticas incompletas, migración de datos insuficiente y debilidades de gobernanza del proyecto.
Entre los hallazgos más graves que documenta el informe se señala: afectación severa a la gestión financiera institucional, diferencias de inventario y pérdida de seguridad respecto de las existencias reales, falta de seguimiento y control de medicamentos -incluidos sustancias psicotrópicas- desconocimiento respecto del incremento de la billonaria deuda del gobierno, paralización del cierre contable y afectación a procesos esenciales de pago, abastecimiento y control interno, entre otros.
Hoy queda plenamente demostrado que nuestras denuncias no respondían a intereses políticos ni corporativos; responden a la defensa de la seguridad social, de los recursos públicos y del derecho de la población a recibir atención segura y oportuna.
UNDECA reconoce y destaca el enorme valor de las personas trabajadoras de la CCSS. La misma Defensoría constata que la continuidad de los servicios en la Caja no fue producto del éxito del ERP-SAP, sino del compromiso extraordinario de todos los trabajadores que reconstruyeron registros manualmente, trabajaron jornadas extenuantes y medidas de contingencia para evitar un daño mayor a la población.
Desde farmacia, enfermería, medicina, logística, tesorería, contabilidad, almacenes, informática, transporte y todas las áreas de apoyo, protegieron el funcionamiento de la seguridad social. UNDECA exige transparencia, responsabilidad y demanda a las instancias competentes determinar las eventuales responsabilidades administrativas, civiles o disciplinarias que correspondan, en resguardo de la seguridad social costarricense.
San José, 8 de junio 2026.