UNDECA: Del derecho a salud pública a un lucrativo negocio

Con el lema: “INDUSTRIA DE LA SALUD: REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y BIENESTAR PARA COSTA RICA” y el simposio   “ALIANZAS PUBLICO-PRIVADAS EN SALUD”, La EXPOMED 2019, expone abiertamente este jueves 28 de noviembre, las intenciones de formalizar y justificar la privatización de la salud como una industria y no como un derecho de todos.

Los sectores empresariales de salud, aparentemente en conjunto con las más altas jerarquías de la CCSS y el Ministerio de Salud, realizarán esta actividad para promover el traslado de recursos públicos a bolsillos privados.

Las “alianzas público privadas” en Costa Rica, en el caso de infraestructura nacional han generado muchas denuncias por aparente corrupción. Recientemente el Informe del BID “Mejor gasto para mejores vidas” (2018) señaló que los políticos, en conjunto con empresarios corruptos, le roban al Estado Costarricense casi $3.000 millones., 4.7% del PIB, con sobregiros, proyectos y contratos ruinosos en obra pública, en compras de bienes y servicios. 

La actividad de este jueves bajo el nombre: “Industria de la Salud; reactivación económica y bienestar para Costa Rica” EXPOMED 2019, es auspiciada por la Cámara empresarial de salud y supuestamente por la Caja Costarricense de Seguro Social, generando una justificada preocupación, por cuanto las experiencias en Latinoamérica con respecto a este tipo de prácticas empresariales han sido un total retroceso en el derecho a salud de los pueblos.

Este es un nuevo intento de avance en la mercantilización de la salud y un retroceso histórico en el modelo de salud público y solidario de la benemérita CCSS, por lo que llama la atención que en la actividad participen el Presidente Ejecutivo, Román Macaya Hayes, el Gerente General Dr. Roberto Cervantes Barrantes, la Gerente de Infraestructura y Tecnologías Gabriela Murillo Jenkins, el  Dr. Mario Ruiz  Cubillo Gerente Médico de la CCSS, así como el Ministro de Salud, Dr. Daniel Salas y la señora Dyalá Jiménez, Ministra de Comercio Exterior, por cuanto podría entenderse que se pretende legitimar espacios privatizadores para lucrar con el derecho a la salud.

Posicionar la idea de que el negocio de la salud es una alternativa para la reactivación económica, sienta un grave precedente contra la CCSS, porque es claro que el interés empresarial no es beneficiar a los pacientes sino lucrar con la salud. UNDECA condena cualquier intención privatizadora de la CCSS por parte de la clase político empresarial o del gobierno de turno. Alertamos al pueblo costarricense y llamamos a prepararnos para defender la institución de opacas estrategias y pretensiones.

Comentarios acerca del memorándum técnico de OIT acerca del “Proyecto de Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos (expediente n° 21.049)”

En atención a la consulta que le hizo la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa, que tramita este proyecto de ley, el Departamento de Normas Internacionales de Trabajo (OIT) rindió un memorándum técnico, fechado el 18 de este mes (recién salido del horno de Ginebra).

Del memorándum amerita destacar las siguientes observaciones de esa instancia internacional:

1.- La declaratoria de “manifiesta ilegalidad” de la huelga en los servicios esenciales y la erradicación del proceso de calificación de huelga (artículo 375 bis).

El proyecto incorpora una nueva disposición, en virtud del cual declara, ex novo, que la huelga en los servicios esenciales “es manifiestamente ilegal.”

De esta premisa se colige, en consecuencia, que no procede la calificación de la huelga en los servicios esenciales.

La propuesta legislativa erradica este proceso de calificación y en su lugar, el trámite judicial queda restringido a una simple solicitud de la parte patronal, para que el juzgado de trabajo emita una resolución que ordene a los trabajadores reincorporarse de inmediato a sus labores. Esta orden judicial se concede sin audiencia previa a los sindicatos.

El dictamen de OIT determinó que la omisión de audiencia previa a los sindicatos interesados, puede tener consecuencias respecto de la observancia del derecho fundamental del debido proceso, que afectaría también la libertad sindical.

2.- Nuevas causales de disolución de los sindicatos (adición del inciso f) al artículo 350 CT)

El proyecto incorpora un nuevo inciso al artículo 350 CT, estableciendo que los sindicatos pueden ser disueltos cuando se demuestre “Que organización o incitan a sus afiliados a impedir la libertad de tránsito de los ciudadanos; a realizar sabotaje sobre bienes públicos o a llevar a cabo cualquier conducta que comporte un ilícito penal.”

Este nuevo inciso presenta problemas de construcción jurídica, que hacen difícil su comprensión, del cual se podrían derivar dos interpretaciones.

Por una parte, o la disposición está confiriendo al juez de trabajo que pondere la comisión de figuras penales por personas trabajadoras participantes en una huelga, o por otra parte, le está transfiriendo al sindicato consecuencias jurídicas, en orden a su disolución, derivadas de actos típicos, desde la óptica del derecho penal, ejecutados por estas personas, cuya responsabilidad es estrictamente personal (responsabilidad personal y subjetiva).

El dictamen de OIT consideró que esta propuesta puede plantear dificultades de compatibilidad con las normas y principios de OIT en materia de Libertad Sindical.

El criterio técnico acotó dos aspectos muy importantes: por una parte, destaca que la norma propuesta podría comprender la realización de piquetes de huelga (pacíficos), que de acuerdo con los pronunciamientos de los órganos de control de OIT, resultan lícitos y conciliables con el Convenio 87 y los principios de OIT en materia de libertad Sindical.

Por otra parte, estableció que las sanciones por la comisión de actos ilegales con ocasión de una huelga, tienen que dirigirse, en primer lugar, contra sus autores y en casos excepcionales, donde la autoría de la ilegalidad trascienda a personas determinadas, se deben privilegiar otras medidas distintas a la disolución.

3.- Suspensión de huelga declarada legal por mandato judicial (artículo 661 bis)

El proyecto contiene una disposición que autoriza al juez suspender una huelga que haya sido declarada legal.

Para que proceda la suspensión, tiene que haber transcurrido ocho días naturales, a partir de la firmeza de la declaratoria de legalidad de huelga, sin que las partes hayan solucionado el conflicto, o por lo menos, pactado un acuerdo para deponerla, mientras continúan negociando la solución del diferendo.

Para este efecto, la parte patronal puede solicitar al juez la suspensión de la huelga, cuando se compruebe que está causando daños de difícil o imposible reparación a la ciudadanía.

El dictamen técnico de la OIT advierte que el ámbito de este artículo resulta muy amplio y recomienda que se acote la redacción de esa propuesta y sustituya por situaciones en las que por su duración o alcance, la huelga ponga en peligro la vida, la seguridad o salud de las personas.

Manuel Hernández

34 especialistas fuera de CCSS por reforma fiscal


La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se vio impactada por la jubilación de 34 médicos especialistas, después de la aprobación y publicación en La Gaceta, el 4 de diciembre de 2018, de la reforma fiscal o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Esta reforma no fue del agrado de los sectores sindicales y populares del país, muestra de ello fue la huelga de más de dos meses en diversos puntos del país.

La acogida de pensiones de los especialistas se produjo principalmente por el pago de cesantía de 20 a 8 y hasta 12 años.

Román Macaya, presidente de la CCSS, visitó DIARIO EXTRA y confirmó el dato, además habló sobre diversos temas que atañen a la institución como infraestructura, pensiones, el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), reforma fiscal y deuda del Estado, entre otros aspectos.

El jerarca dirige la institución rectora del Seguro Social desde el 1 de agosto de 2018 y se mostró ilusionado con la posibilidad de dirigirla.

A continuación, un extracto de la entrevista.

¿Cómo cataloga la huelga?

-Hace muchos años no teníamos una huelga tan prolongada (un mes) en la Caja. En un movimiento de estos la atención está enfocada en resolver situaciones durante la huelga y no se puede planificar más allá de lo que se hará cada día para atender a la población de la mejor manera posible. Después de setiembre, cuando se da por acaba la huelga, comenzamos a trabajar en recuperar lo perdido, las citas y cirugías, y a tratar de encaminar los programas.

¿Se fueron muchos funcionarios por temor a perder prestaciones legales con el plan fiscal?

-Tenemos preocupación sobre cuántos especialistas íbamos a perder y que decidieron jubilarse en anticipación por el recorte de la cesantía. De lo que hemos visto se fueron 34. No es un gran número, pero eran personas de mucha importancia en la institución, aclaro que todos son importantes.

¿Quiénes se fueron?

-Eran personas claves en ciertas especialidades como Alvin Chaves en farmacoterapia, y el doctor Hugo Chacón, quien manejaba proyectos de atención. Hubo gente que era parte de la institución y que tomó la decisión, pero probablemente hubiera seguido si no se diera la posibilidad del rebajo en la cesantía. No fue un éxodo masivo, por lo menos en esa categoría de especialistas, que es donde tenemos el ojo puesto porque los necesitamos.

¿Incumple la CCSS el plan fiscal, como dicen algunos sectores?

-En tres días nos sentamos con los sindicatos y analizamos todos los puntos del documento, en cada una de las áreas de lo que aplica la ley. Somos claros en que la institución no es una isla y debe acatar las leyes, estamos sujetos a directrices en empleo público, no así en presupuesto, ni en cómo nos organizamos operativamente.

¿Está la CCSS exenta de la reforma fiscal por su autonomía?

-En una parte de la ley, que es la regla fiscal, se eximió a la Caja en la parte de pensiones, pero no de salud. Cuando los diputados hacen la consulta de constitucionalidad del proyecto en ese momento, básicamente eximen también la parte de salud. En eso somos autónomos, no en empleo público.

Mucho los han criticado por el documento que firmaron con sindicatos. ¿Específicamente qué firmaron?

-Tuvimos una negociación sobre los impactos con la Dirección Jurídica y Recursos Humanos. Estuvieron el gerente general y el gerente financiero, además de este servidor, para analizar el contexto de la ley y el reglamento, y cómo se aplica dentro de la institución. Llegamos a acuerdos, en otras áreas no. Acordamos seguir en esa mesa de diálogo, se definieron ciertos temas a discutir. Todavía es algo en proceso para aterrizar en todos los puntos, en otros sí acordamos sobre cómo se aplica.

¿Cree que la huelga fue contra la CCSS?

-La huelga fue en contra del proyecto fiscal, no en contra de la Caja. La Caja fue una institución como otras que debían lidiar con ella, por eso hicimos lo posible para mitigar los efectos.

¿El impacto de la reforma fiscal es positivo o negativo para la institución?

-Eso está en proceso, analizar los impactos a nivel país y a nivel Caja. Encontramos el tema de posibles ahorros en la parte laboral, pero hay que ver el impacto e implicaciones porque un 20% de nuestros ingresos son de empleados públicos que cotizan. Es algo multifactorial y está en análisis para ver el impacto.

Hay preocupación en muchos asegurados al decir que en 20 años ya no recibirán pensión por falta de sostenibilidad. ¿Eso es cierto?

-Sí tendrán pensión. El sistema de pensiones tiene que evolucionar sobre el camino, sabemos que la naturaleza del trabajo está cambiando. Hay esquemas donde la relación obrero-patrono no es muy clara, hay que encontrar maneras de lograr cuotas de esos esquemas. Poco a poco tenemos que ir tomando acciones, mientras haya horizonte de más de 15 años, e ir encontrando nuevos ingresos para el sistema de pensiones, ir diversificando riesgo, cartera de inversiones. Son las cosas que se abordan no unilateralmente como institución, sino que se debe consensuar socialmente.

¿Saben cuánto le debe el Estado actualmente a la CCSS?

-Aquí también estamos en un proceso de discusión, es un cuenta grande y antigua, son más o menos ¢1,4 billones. El rubro más importante fue cuando se trasladaron los hospitales de salud a la Caja en los años 80. Eso vino con clases de contingencias laborales, ceses de empleados que tuvimos que asumir.

¿En qué paró la negociación con Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, para ese pago?

-Estamos en eso. Hemos tenido varias reuniones para calendarizar los encuentros y tratar de encontrar una solución práctica, que sea cumplible por parte del Estado y que nos dé a la institución un cronograma de pagos con certeza. Al mismo tiempo que Hacienda sienta que es algo cumplible. No hemos llegado a ese punto, pero es algo que debemos hacer por directriz de la Contraloría General de la República, que nos puso a ponernos de acuerdo.

¿Cuál es el monto y el plazo que ustedes consideran adecuado?

-Eso no lo puedo decir en este momento, sabemos que doña Rocío es una ministra de Hacienda diligente y capaz, no se va a comprometer a algo que no va a cumplir. En el presupuesto de este año va incluido el aumento del 1,66% en las contribuciones para el IVM, que se había acordado en una mesa de diálogo, y lo están pagando.

¿Cuánto golpean los perfiles médicos a la CCSS?

-Eso siempre es una discusión que tenemos con el Colegio de Médicos, conocer hasta dónde puede llegar un médico, qué es lo que el Colegio considera que los doctores pueden hacer, hasta dónde puede llegar un médico general o de familia, si puede o no practicar un ultrasonido, por ejemplo. Nos hemos entendido con el Colegio, pero siempre es un tema de discusión, siempre hemos querido hacer más con el personal que tenemos.

¿Entonces los perfiles restringen a la institución?

-Estamos en esa discusión, no solo en la Caja, sino entre los propios médicos. Obviamente los médicos generales no quieren que los limiten en lo que puedan hacer, pero es una discusión constante.

¿Han hablado con Luis Pastor, nuevo presidente del Colegio de Médicos?

-Hemos tenido muchas conversaciones con el doctor Luis Pastor para tratar de ponernos de acuerdo y compartir nuestra visión, cuáles son las necesidades de especialistas, expresarle nuestras inquietudes cuando se cancelan las licencias para médicos extranjeros.

¿Comparten la no renovación de licencias a especialistas extranjeros?

-A ellos se les presentó un examen y la mayoría no llegó a hacerlo. Aquí no podemos ver que eso es un solo factor. Tenemos una carencia de especialistas y algunos de estos médicos extranjeros de Venezuela y Nicaragua que están aquí por razones obvias nos resolvían mucho en Limón, en zonas alejadas.

¿Es indispensable ese permiso para laborar con la CCSS?

-Sí, deben tener un permiso, una licencia del Colegio de Médicos. No es que la Caja no los quiera, nosotros los queremos. La mayoría no hizo el examen, ahora estamos viendo si se puede repetir. Son recursos que nos resuelven en zonas rurales.

¿Cuál es el objetivo con el EDUS?

-Todos los hospitales y áreas de salud de la Caja tienen ya el expediente digital. Implementar el EDUS ha sido todo un esfuerzo y son pocos los países en el mundo que pueden decir que lo tienen en centros de salud pública. Los tiempos de espera son nuestro enfoque y por primera vez podemos tener una visibilidad de todas las listas de espera simultáneamente porque son cientos de listas, de cirugía, de consulta externa y de procedimientos como ultrasonidos, entre muchas otras.

¿Cómo disminuir las listas de espera con el EDUS?

-Hay lugares donde hay listas largas, pero si el paciente está dispuesto a irse a San Ramon, puede que lo atiendan más rápido. Con el expediente digital el médico podrá analizar al paciente. Esto es algo que se puso en práctica durante la huelga por necesidad, a pacientes de Puntarenas los atendimos en Heredia, a pacientes del Hospital San Juan de Dios los mandamos al Centro de Atención Integral en Salud (CAIS) de Puriscal.

¿Es un mecanismo viable?

-Vimos que sí es viable y queremos operativizarlo. No descartamos la cobertura geográfica, pero hay ciertas especialidades donde la gran demanda y grandes listas se enfocan en cirugía general, ginecología, ortopedia y urología, por ejemplo, que reportan más del 80% de la demanda.

¿Permite el EDUS el uso eficiente de los recursos?

-No es solo administrar mejor les recursos, sino la gran cantidad de información que genera el sistema, que recolecta todos los días de cientos de cirugías, de miles de citas en todo el país. Recopilamos información del historial de una persona y vemos en todo momento cuando una persona toca nuestro sistema de salud, los motivos, el diagnóstico, las recetas, si el paciente regresó. Nos da la visibilidad y ahora nos toca usar la información de la manera más oportuna para prevenir. Hay factores de riesgo, si vemos que una persona tiene los factores para un infarto o crisis diabética hay que actuar proactivamente. El uso de la información es para actuar, ver oportunidad y ver dónde podemos actuar como en diabetes, cáncer, cuáles son los protocolos de tratamiento dependiendo de los pacientes.

¿Tienen los hospitales privados acceso al EDUS?

-No lo tienen. Ese historial del hospital privado no lo vamos a tener, hay un vacío y tenemos que ver cómo universalizamos la información en el expediente digital de un paciente.

¿Han tenido contacto con los dueños de los centros médicos privados?

-No hemos tenido encuentros con dueños de centros médicos privados, estamos enfocados en implementar el EDUS. Eso será una siguiente etapa.

EXTRADIRECTO

CCSS: Maravilloso
Pensiones: Sólido
Sindicatos de salud: Partícipes
Listas de espera: Reto
EDUS: Gran herramienta
Médicos extranjeros: Ayudan
Carteles de licitación: Transparencia
Población migrante: Parte de Costa Rica
Jornadas de vacunación: Necesarias
Asegurado: Razón de ser

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Fuente: Diario Extra
PERIODISTA: Sergio Jiménez

FSM al lado de la clase trabajadora de Francia

La Federación Sindical Mundial (FSM) expresa su solidaridad con los trabajadores y pueblo de Francia que están luchando contra la política de altos precios y de tributación excesiva del gobierno francés y al mismo tiempo están protestando contra las políticas antilaborales de la Unión Europea y el FMI.

El movimiento sindical de clase internacional suma su voz a la de la juventud obrera en Francia, con los sin techo, los desempleados, los nuevos pobres, los inmigrantes, por un mundo sin explotación capitalista.

El estado policial y la violencia estatal demuestran el papel del estado y las metas de la burguesía. Las maniobras del Presidente Macron para debilitar las protestas mediante diálogos sociales falsos e hipócritas no deben atrapar a la clase obrera y al pueblo. Los sindicatos de clase, la vanguardia clasista puede ayudar significativamente a las masas populares, emitiendo un señal, dando la orientación, el contenido y las formas de lucha adecuadas, aislando a los elementos neofascistas y racistas, con el fin de que se fortalezca la lucha y se refuercen las reivindicaciones anticapitalistas.

¡Viva la solidaridad internacionalista!

Secretariado
Federación Sindical Mundial

Lecciones aprendidas de la huelga


Por: Manuel Hernández

Primera lección.- La sentencia N° 2018-19511 de la Sala Constitucional, tal vez con más rigor, el voto del viernes negro, que declaró que el 20.580 no contiene ningún vicio de inconstitucionalidad, deja a cualquiera pasmado y hará correr, por lo menos, ríos de tinta.

El voto del más alto Tribunal de la República, el máximo intérprete de la Constitución Política, confirma que la independencia de poderes es un mito y desnuda la inocencia de Montesquieu. ¡Y no sólo del barón de Montesquieu!

La proclamada independencia de poderes, no es más que un reparto formal de competencias, una distribución funcional del poder, a conveniencia de la clase política-empresarial hegemónica, que pone presidentes, diputados y magistrados.
¿Al fin de cuentas, qué tenemos? Los tres poderes hechos una sola mancuerna, en franca conjura contra las libertades democráticas de las clases subordinadas y los derechos de las personas trabajadoras.

Segunda lección.- El proceso de lucha social contra el 20.580, advierte que los cauces democráticos y la efectividad de los mecanismos institucionales se están agotando o lamentablemente están agotados.
Tienen arrinconada la democracia.

Estamos metidos en un callejón. ¿La salida? No se ve tan clara dentro del marco de aquellos cauces desvalorizados de la institucionalidad. ¿La salida?

Tercera lección.- La democracia no se puede pensar sin libertad sindical y libertades públicas. Decía Lenin: “sería ridículo pensar siquiera en un verdadero derecho de huelga cuando no existe libertad política.”

A lo largo de tantos días de huelga, las personas trabajadoras recuperaron democracia en las calles, los puentes y plazas públicas.

Estos son los escenarios naturales de poder de la clase trabajadora, donde se defiende y fortalece la democracia.

Se reivindicaron vigorosamente las libertades públicas: libertad de expresión, reunión, manifestación pública y movilización, inescindibles del Derecho de Huelga.
¡La huelga es libertad de expresión. Libertad de presión¡ Un derecho irrenunciable que le pertenece a la clase trabajadora, sólo por su situación de clase explotada, que no necesita que ningún ordenamiento jurídico, ni juez se lo reconozca.

Reacción: Ahora, los políticos arremeten furibundos contra estas libertades fundamentales, impulsando proyectos de ley, antidemocráticos y reaccionarios, en curso en el primer poder de la República, que criminalizan la protesta social, penalizan la huelga y pretenden disolver los sindicatos por ejercer las libertades políticas.

Anti-lección.- Mitterrand acotaba que los franceses hacen huelga los lunes, porque suben el pan; los martes se manifiestan porque ganan poco, y los miércoles protestan por la falta de libertades. Pero, el domingo, votan por la derecha.

Cosas veredes.

OPINION: ¿Por qué Costa Rica quiere limitar a su sector público?

Romain Fantin

No existe ni un solo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tan desigual como Costa Rica. Es decir, dentro de los países más desarrollados del mundo, ninguno es tan desigual como Costa Rica. El proyecto de ley fiscal, que pretende arreglar el problema del déficit, no puede eludir esta triste realidad y reducirse a un ejercicio contable. La cuestión central debe ser: ¿Cómo reducir el déficit fiscal, luchando contra las inequidades sociales al mismo tiempo? Sin embargo, la segunda parte es la gran ausente del debate.

Peor, la reducción del gasto público se está materializando con la regla fiscal. Esta regla impondrá a los próximos gobiernos la reducción de la proporción del sector público dentro de la economía costarricense (calculada a través del producto interior bruto o PIB). Lo que, por un lado, impedirá la redistribución de la riqueza porque necesitaría justamente aumentar la proporción del gasto público, lo que la regla fiscal prohibiría. Y por el otro, deteriorará al sector público, que es el principal garante de una redistribución directa o indirecta de la riqueza, porque va a complicar las inversiones necesarias en infraestructura y en personal, que el sector público necesita debido al crecimiento de la población (más de 1% cada año). En resumen, esta regla va a debilitar las dos principales herramientas de la lucha contra las inequidades.

Esta política se basa sobre creencias populares, como el hecho que el sector público costarricense es obeso, o que los impuestos son muy altos. En realidad, es más bien lo contrario. El gasto público costarricense representa un 32,9% del PIB (según la OCDE). Dentro de los 25 países más ricos de la OCDE, solo 2, Irlanda (28,8 ) y Corea del Sur (32,3) tienen un sector público más pequeño. Los países del norte de Europa, como Suecia, Dinamarca, Finlandia o Noruega, que logran combinar un alto nivel de desarrollo y un bajo nivel de inequidades, tienen un sector público que representa cerca del 50% de sus PIB. Incluso los Estados Unidos, símbolo del liberalismo, tiene un gasto público (37,6%) superior al de Costa Rica. De igual manera, los ingresos fiscales representan un 22,2% del PIB costarricense. Ahí, es fácil: dentro de los 25 países más ricos de la OCDE, ni uno solo tiene tan pocos ingresos fiscales. Ni uno solo.

En resumen, Costa Rica tiene un sector público pequeño y un nivel de recaudación de los impuestos bajo, lo que ya no permite una redistribución de la riqueza correcta y hace de Costa Rica un país sumamente desigual. Entonces, ¿por qué instaurar una regla que va a alejar aún más a Costa Rica del modelo de la gran mayoría de los países desarrollados?

Tal vez porque cuando hablamos del sector público, uno piensa en una obscura administración ineficiente. Pero en realidad, si el mundo entero ve a Costa Rica como el país ecológico y estable del “pura vida”, es únicamente gracias a los numerosos éxitos de su sector público. Y de esta imagen idílica depende directamente la atracción de los turistas y de las inversiones, que permiten al sector privado crecer. La imagen de país ecológico viene del ICE con su electricidad 100% renovable, y de la protección de la naturaleza a través de los parques nacionales. La imagen de país del “pura vida” o del “país más feliz del mundo” se debe mucho a la alta esperanza de vida de los costarricenses (comparable a la esperanza de vida de los EEUU), y ahí, la CCSS tiene un papel central. De hecho, la CCSS es un modelo reconocido por ser uno de los mejores dentro de los países de ingresos medios o bajos. La imagen de estabilidad institucional del país se construyó, por un lado, gracias al Tribunal Supremo de Elecciones (uno de los mejores a nivel mundial); y por el otro, gracias a la utilización de los fondos del ejército para el MEP que permite a un 97% de los niños ir a primaria (versus 93% en EEUU). Podría seguir con la UCR, que es la mejor universidad de América Central y logró atraer este año conferencias de Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía) y Angela Davis. Finalmente, cuando hablamos del sector público, estamos hablando de estos tesoros nacionales. Estamos hablando de lo que realmente funciona en Costa Rica.

Esta lectura no significa que no se puede hacer ningún cambio o reducción de gasto en el sector público. Obviamente, la administración podría ser mucho más eficaz (Spoiler alert: es principalmente un problema relacionado con el nivel de educación general, por eso el sector privado es también mucho menos eficaz que en los países desarrollados, entonces, cortar fondos públicos no es por lo tanto una solución). El Estado debe también luchar contra la corrupción y los conflictos de intereses, y promover un esquema más equitativo de salarios, suprimiendo las pensiones de lujo o creando topes para los salarios más altos. Pero los recortes se deben concentrar entre los funcionarios que poseen los mejores salarios. Al contrario, la ley actual prevé bajar o estancar los salarios de los funcionarios más humildes o de clase media, y complicar la contratación de la nueva generación de funcionarios. Se llama una política de austeridad y es peligroso para la economía y la lucha contra las inequidades. Por un lado, no incita al sector privado a halar hacía arriba las condiciones de trabajo. Por el otro, equivale a bajar la capacidad de consumo de dichos funcionarios, lo que impactaría directamente al sector privado y comprometería el fuerte crecimiento actual del PIB, como ya ocurrió en otros países como Grecia.

Oponer al sector público y al sector privado es una táctica muy eficiente para que la población acepte la deterioración progresiva de su sector público y el crecimiento de las inequidades. Pero en realidad, entre la infraestructura, la salud y la educación de la población, y la imagen del país a nivel internacional, el sector privado debe al sector público las principales herramientas de su éxito actual y futuro. De ahí viene la pregunta: ¿Por qué Costa Rica quiere limitar a su sector público?

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Fuente: Defino . cr

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