La exigencia de esa “gavilla de facinerosos, escoria de todos los pueblos”, como decía en una de sus proclamas, Juanito Mora, que se reúnen en esa madriguera que se denomina OCDE, cuya misión es imponer políticas que destruyan el Estado Social de Derecho, la democracia y los Derechos Humanos, no puede estar por encima y en contra de la legislación internacional del trabajo y la seguridad social.
Esta legislación universal se recoge en los Convenios y Recomendaciones de la OIT, fundada desde 1919.
El Convenio Nº102, Norma Mínima de Seguridad Social (1952) de la OIT, establece un tope máximo de la edad de jubilación: 65 años, constituye un límite infranqueable.
Hay que destacar que Costa Rica ratificó este convenio desde 1971, por lo que tiene autoridad superior a la ley común, que de toda manera constituye un Derecho Fundamental irreductible.
Esa exigencia de OCDE hay que denunciarla, la cual, además, pretende vulnerar nuestra soberanía.
Con 5 votos a favor y 2 en contra se definió crear el buró más grande de abogados del país, concentrados en la Dirección Jurídica institucional, con un informe del Área de Servicios Administrativos que indica entre otros, que no se sustenta la creación de 4 nuevas unidades organizacionales, además de que la información con que contaban podría ser parcial y sesgada.
Además, sin criterio técnico alguno de la Dirección de Administración y gestión de personal o de la Gerencia Financiera, del Proyecto de Reestructuración y de los riesgos señalados, con lo cual, sin ninguna justificación técnica se despoja a los centros de las plazas de abogado, que con grandes sacrificios han logrado hacer una realidad.
El aumento de funcionarios del nivel central crece en el nivel central, sin ningún control, significará una disminución de la capacidad de respuesta a nivel local y regional y con un alto riesgo de una re adscripción jerárquica, que será mucho más onerosa que resolver la brecha de recursos humanos de la Dirección Jurídica, tomando una decisión que responde a intereses opacos, en lugar de una decisión fundamentada técnicamente.
En una primer paso se aprueba la rectoría a etapa se trasladan 22 plazas, sin que se conozca a quienes correspondería, y en una segunda etapa los demás.
Lamentable que el diálogo fue el gran ausente en este tema, dejando a todos los perjudicados, excluidos de toda participación, cuyos riesgos deberán ser trasladados a una Dirección de la magnitud acordada el día de hoy.
Saludan al valiente pueblo panameño, sus organizaciones sindicales y sociales, y a nuestros compañeros dirigentes sindicales, que junto al grito de ¡No a la Minería!, emprendieron una larga lucha en defensa de su soberanía, de sus recursos naturales y su derecho a un ambiente sano.
La declaratoria de inconstitucionalidad del contrato minero, que pretendía arrasar con el bosque protegido de más de 12.000 hectáreas del distrito de Donoso, en la provincia caribeña de Colón, es producto de la lucha de las organizaciones de obreros de la construcción, universitarios, ambientalistas, campesinos, mujeres, indígenas, trabajadores del sector público, juventud, sectores populares y artistas, en rechazo a la instalación de la empresa canadiense de minería.
Un triunfo que complace y anima, que llena de esperanza en la construcción de un mundo más justo y solidario, ejemplo para otros pueblos de Nuestra América.
FSM-Mesoamérica y el Caribe felicita a las organizaciones afiliadas y amigas de Panamá por esta gran demostración de lucha clasista y revolucionaria.
Informamos a la comunidad costarricense que el expediente DEP-179-2023, con la denuncia interpuesta ante la Procuraduría de la Ética Pública, por la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) contra la presidenta ejecutiva de la CCSS, Martha Esquivel y el exdirectivo y jefe de despacho de la Gerencia General, Juan Ignacio Monge, fue trasladado por la Procuraduría de la Ética Pública al Ministerio Público.
UNDECA presentó la denuncia contra ambos funcionarios, por un presunto conflicto de intereses, tráfico de influencias, violaciones al deber de probidad, delitos contrarios a los deberes en la función pública; debido al nombramiento ilegal de Juan Ignacio Monge como gerente general de la CCSS, a pesar de que la ley expresamente lo prohíbe.
La Ley N°4646, artículo 7, establece que “no podrá ser electo gerente, subgerente o auditor del Banco Central de Costa Rica, de los Bancos Comerciales ni de las instituciones autónomas o semiautónomas, quien hubiere ocupado un cargo como miembro de la Junta Directiva de la respectiva institución durante todos o parte de los dos años anteriores”.
Juan Ignacio Monge, directivo desde setiembre 2022 al 30 de junio 2023, designado como gerente general a partir del 1 de julio de 2023, pero tras el fallido nombramiento, fue designado asesor de la presidenta ejecutiva y posteriormente jefe de despacho de la gerencia general, hasta el año 2026, cargo que ocupa la misma Marta Esquivel.
“UNDECA celebra que la Procuraduría de la Ética trasladara la denuncia al Ministerio Público para que se investiguen hechos que se podrían contraponer al interés público, dado que Monge Vargas, pasaría de recibir dietas de aproximadamente ¢50.000 a devengar más de ¢2,8 millones como jefe de despacho de la gerencia general.” detalló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
Hay que recordar que Monge trabajó en Fresh del Monte Produce, la misma corporación donde laboró la presidenta Ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, como gerente de Relaciones Laborales de la Corporación Agrícola del Monte.
UNDECA denunció ante la Procuraduría de la Ética Pública, a la Presidente Ejecutiva, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y a los Directores de la Caja Costarricense de Seguro Social, que concurrieron con su voto a nombrar ilegalmente en el cargo de Gerente General, a su compañero Directivo Juan Ignacio Monge Vargas.
Este nombramiento, recomendado por la Presidencia Ejecutiva en la sesión celebrada el pasado 22 de junio, contraviene todo el ordenamiento jurídico, al favorecerlo con el nombramiento ilegal de Gerente General, en notorio conflicto de intereses, tráfico de influencias, violaciones al deber de probidad y quebranta el régimen de incompatibilidades que prohíbe expresamente que un Directivo de la CCSS sea nombrado Gerente, según lo ordenado por la Ley N° 4646, Modifica Integración de Juntas Directivas de Instituciones Autónomas, que prohíbe ese nombramiento en la Caja Costarricense de Seguro Social:
“Artículo 7º.- No podrá ser electo gerente, subgerente o auditor … ni de las instituciones autónomas o semiautónomas, quien hubiere ocupado un cargo como miembro de la Junta Directiva de la respectiva institución durante todos o parte de los dos años anteriores.” (el destacado es propio).
Al denunciado Monge Vargas, de acuerdo al perfil para optar por el puesto de Gerente General, le alcanzan las prohibiciones legales dispuestas por la Junta Directiva de la CCSS en la Sesión Nº8952 Artículo 17 celebrada el día 18 de enero del 2018 que señalan: “ …M) Legales: …..No verse afectado por el conjunto de prohibiciones que corresponden a puestos gerenciales institucionales”, por lo que no podía ser propuesto para el cargo de Gerente General, mucho menos estar presente durante la sesión, de conformidad con el Reglamento Interno de la Junta Directiva
UNDECA solicita a la Procuraduría de la Ética Pública, que en virtud de las eventuales violaciones al ordenamiento jurídico, el deber de probidad y la normativa institucional, proceda con el deber de poner los hechos y conductas denunciadas, en conocimiento de las respectivas instancias administrativas de control y fiscalización y de verificarse los actos ilícitos vinculados con el ejercicio del cargo de las personas acusadas, se proceda a presentar la debida denuncia ante el Ministerio Público.
UNDECA en defensa de la autonomía constitucional, la dignidad de las personas trabajadoras de la Caja y el derecho a salud de los costarricenses.
Este martes 20 de junio de 2023, ante la crisis que atraviesa el sector educativo, así como la ausencia de una hoja de ruta para resolverla, las Universidades, de Costa Rica, Nacional, TEC, UTN, así como las organizaciones sindicales de APSE, SEC y ANDE, entre otras; así como estudiantes de todas las universidades y de algunos colegios como el Liceo de Costa Rica, marcharon en defensa de la Educación Pública.
La marcha salió a las 9:00 a.m. del Parque Braulio Carrillo (la Merced) sobre la Avenida Juan Rafael Mora Porras (Av. Segunda) con rumbo a la Plaza de la Democracia.
El objetivo fue “realizar un vehemente llamado democrático para construir un Pacto por la Educación Pública, que permita salir de la actual crisis educativa, además de hacer una excitativa al Poder Ejecutivo y Legislativo, de no más recortes presupuestarios al presupuesto de la educación pública.” indicaron representantes de las organizaciones sindicales, y agregaron que ”Hoy el magisterio está unido. Nos cansamos de que las acciones no se den. Los estudiantes requieren nuestra atención y acciones urgentes Son los trabajadores del sector educativo los llamados a defender la educación pública”, manifestó la dirigente Gilda Montero Sánchez, de ANDE.
Entre las principales consignas de las organizaciones magisteriales están:
1. Incumplimiento del mandato constitucional de inversión del 8% del PIB en Educación, así como al recorte de 3.200 millones de colones, según la propuesta de segundo presupuesto extraordinario, expediente N° 23.732, presentado por el Poder Ejecutivo.
2. Ruta de la educación que no ha sido definida correctamente, lo cual causa gran incertidumbre en el sistema educativo.
3. Pruebas diagnósticas y estandarizadas (falencias multicausales: improvisación, conectividad, apoyo familiar, falta de nombramientos, falta de tiempo para el acto educativo).
4. Salarios Congelados por varios años como consecuencia de las leyes N° 9635 y la Ley Marco de Empleo Público.
5. Salario Global sin definir, ni consensuar.
6. Problemas en el pago de salario global y en especial de recargos de funciones, para personas funcionarias de primer ingreso, debido a la falta de parametrización.
7. Graves problemas infraestructura, con 800 instituciones en condiciones deplorables y también falta de mantenimiento de 27 modelos de centros nuevos.
8. Contra los graves efectos negativos de la Ley N° 9999, que requiere de la reforma urgente (Proyecto de Ley N° 23.593).
9. Sobrecarga de labores administrativas al personal docente.
10. Propuesta de reforma a la jornada laboral, modelo 4X3, que afectará negativamente los programas de Educación para personas jóvenes y adultas y en general al sistema educativo.
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, se hizo presente con una delegación en solidaridad con la lucha por la defensa de la educación pública, que al igual que la lucha por la defensa de la Caja, es una lucha por la defensa de la institucionalidad pública, la cual quieren convertir en el negocio personal de una cuantos tagarotes.
