La OIT cada vez más secuestrada por los intereses corporativos y más alejada de defender los intereses de la clase trabajadora mundial

En la 112 Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que se celebra del 3 al 14 de junio 2024 en Ginebra Suiza, ha quedado en evidencia el mayor peso y control que ejerce el sector empresarial en este organismo de Naciones Unidas, que ostenta ser de carácter tripartito (trabajadores, empleadores y gobiernos).

En la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Comisión de Aplicación de Normas) -que es la instancia que evalúa los incumplimientos y violaciones de los gobiernos a los Convenios Internacionales suscritos- el mecanismo de negociación se desarrolla entre el movimiento sindical y el sector empresarial, con la figura de los gobiernos en las sombras.

El sector empresarial ya hace unos años chantajeó al movimiento sindical o que se ponían de acuerdo en el listado total de países o no había lista a revisar, en la mayoría de los casos los empresarios terminan convirtiéndose en los representantes de los gobiernos.

“En este año 2024 para América Latina, el movimiento sindical regional llevaba en primer lugar de la lista a Costa Rica, por violaciones flagrantes al Convenio 98 sobre derecho de sindicación y negociación colectiva. Resulta que el sector empresarial no aceptó a Costa Rica y en su lugar incorporó a Colombia (por un convenio de limitada relevancia), a México y repitió al igual que el año pasado a Nicaragua”, denunció Jorge Coronado, representante del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) que participa en la Conferencia Internacional del Trabajo.

Esta es la más clara prueba de que lo que está privando en este organismo internacional es el criterio geopolítico y no la violación de convenios concretos, en el caso de América Latina los empresarios enemigos jurados de gobiernos progresistas están convirtiendo a la OIT en el espacio para “pasarle la factura” a dichos gobiernos.

Debemos denunciar además que en el caso de Costa Rica la UCCAEP defendió al gobierno y se opuso férreamente a que se incorporara al país en la lista de 24 países que violan los derechos laborales, demostrando la alianza estrecha del sector empresarial con el gobierno de Rodrigo Chaves, a pesar de lo que pregonan de su independencia e incluso de su oposición.

Tome nota la clase trabajadora costarricense del alineamiento descarado de las instancias de la gobernanza global por parte de la derecha internacional y el poder corporativo, la OIT no es la excepción.

Esta decisión no es ni un triunfo del gobierno, ni una declaración de inocencia para el gobierno de Costa Rica, desde el BUSSCO denunciamos que lo acontecido en la 112 Conferencia de la OIT es simplemente resultado de la alianza espuria entre el gobierno corporativo actual y la UCCAEP y sus aliados globales.

La única salida para la defensa de los derechos de la clase trabajadora, sigue siendo la movilización y la lucha, es necesario además rescatar a la OIT para quitarle su actual perfil pro empresarial y el movimiento sindical internacional requiere dejar de seguir haciendo concesiones al sector empresarial a fin de lograr acuerdos de “medias tintas” en el seno de la OIT y recuperar su capacidad de lucha y movilización en la defensa de los derechos de la clase trabajadora global.       

OCDE y la “norma mínima” de Seguridad Social

Manuel Hernández
Asesor Legal de UNDECA

La exigencia de esa “gavilla de facinerosos, escoria de todos los pueblos”, como decía en una de sus proclamas, Juanito Mora, que se reúnen en esa madriguera que se denomina OCDE, cuya misión es imponer políticas que destruyan el Estado Social de Derecho, la democracia y los Derechos Humanos, no puede estar por encima y en contra de la legislación internacional del trabajo y la seguridad social.

Esta legislación universal se recoge en los Convenios y Recomendaciones de la OIT, fundada desde 1919.

El Convenio Nº102, Norma Mínima de Seguridad Social (1952) de la OIT, establece un tope máximo de la edad de jubilación: 65 años, constituye un límite infranqueable.

Hay que destacar que Costa Rica ratificó este convenio desde 1971, por lo que tiene autoridad superior a la ley común, que de toda manera constituye un Derecho Fundamental irreductible.

Esa exigencia de OCDE hay que denunciarla, la cual, además, pretende vulnerar nuestra soberanía.

Persecución Política a Directores Afecta Gobernanza de la CCSS

SE SOLICITA ARCHIVO INMEDIATO POR INEXISTENCIA DE FALTAS.

El 7 de diciembre de 2022 el Consejo de Gobierno abrió un único procedimiento disciplinario, con fundamento en denuncia verbal y falsa de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, Marta Esquivel, un “Caballo de Troya” para suspender 5 directivos de la CCSS, que rechazaban la injerencia política y el desmantelamiento de la CCSS.

Somos víctimas de un juicio político, por pagar lo adeudado a los trabajadores de la Caja, considerando solo los criterios de MIDEPLAN, los informes técnicos, jurídicos, económicos, y no atender una Valuación actuarial con serias deficiencias e inconsistencias, por ejemplo, un irrazonable e inexplicable aumento de 5 veces el gasto proyectado.

Las alteraciones son señaladas por la Nota Técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estudio Monitoreo de Evolución Presupuestaria de la CCSS de la Contraloría General de la República (CGR) 2016-2023 DFOE-BIS-MTR-00003-2023 del 31 de agosto de 2023 y el Informe de Resultados de la asistencia Técnica del Banco Mundial conocido en la sesión del 23 de setiembre de 2023 (Sesión Nº9368).

Se dejaron de construir hospitales como el de Cartago, Golfito y Limón, áreas de salud y EBAIS, pese a lo dicho por la OIT, acerca del impacto marginal en el gasto total, de esas obras tan necesarias para fortalecer la atención y resolver las filas y las listas de espera.

Lo que buscan es la “destitución”, para no pagar la deuda del gobierno por ₡3.2 billones, no devolverle 1.7 billones para la construcción de obras, insumos y equipos, y desviar la atención de la improvisación y la incapacidad de la Presidenta Ejecutiva para dirigir a la Caja.

Solicitamos que se detenga la persecución política, sin precedentes, se archiven los 5 procedimientos, con la finalidad de impulsar los proyectos detenidos y cumplir con el mandato de las organizaciones que representamos.

San José, 16 de octubre de 2023

Martha Rodríguez González y José Luis Loría Chaves
Martha Rodríguez González y José Luis Loría Chaves