FRENASS condena la adjudicación de Áreas de Salud por el excesivo monto de ¢470 mil millones

El pasado 6 de julio de 2024 la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), bajo la figura de funcionario de hecho (es decir, sin contar con el quórum estructural para sesionar y sin la presencia de la representante del sector sindical) adjudicó a terceros privados la administración de 138 EBAIS y 10 áreas de salud.

Se trata de un monto cercano a los 470 mil millones de colones, que serían distribuidos entre tres cooperativas y una asociación (Coopesana RL, Coopesiba RL, Coopesalud R.L, y Asemeco), para la administración de las Áreas de Salud de Barva, San Pablo, Escazú, Santa Ana, San Francisco, Carpio-Leon XIII, San Sebastián-Paso Ancho, Pavas, Desamparados II y Tibás.

Lo anterior sucedió pese a la existencia de advertencias en torno a sobreprecios excesivos y criterios técnicos en contra de los términos de contratación, emitidos por la propia Auditoría Interna de la CCSS. Por el motivo señalado, el pasado 10 de julio, este mismo órgano denunció los hechos ante el Ministerio Público. Además, el asunto se tramita en la Fiscalía como presunto delito de tráfico de influencias.

Es preciso recordar que tanto la Junta de Adquisiciones como la Gerencia Financiera de la CCSS recomendaron declarar la compra como infructuosa, debido a los excesivos precios ofertados por las cooperativas y la asociación que terminaron siendo seleccionadas.

Desde el Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS), espacio ciudadano que existe desde el 2012 y en el que convergen diversas organizaciones sociales, personas que integran Juntas de Salud y la ciudadanía interesada en la defensa y el fortalecimiento de la CCSS, condenamos de manera enérgica esta decisión impulsada por las maniobras de la presidencia ejecutiva de la institución y del Poder Ejecutivo.

La señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y el poder Ejecutivo, encabezado por el presidente Rodrigo Chaves Robles, han demostrado, una y otra vez, una postura en detrimento de los principios y objetivos de la institución, con la intención de desprestigiarla y avanzar en la privatización del derecho humano a la salud.

Desde FRENASS exigimos que se honre la deuda de 3,7 billones de colones que el Gobierno mantiene con la CCSS y que se sigan criterios técnicos a la hora de la toma de decisiones sobre la salud de la población. También demandamos el cese de las maniobras para modificar carteles de licitación e incidir en la composición de la Junta Directiva de una institución autónoma que el Poder Ejecutivo pretende controlar de forma maniquea.

¡La Caja no se vende, la Caja se defiende!

Venta de medicamentos: Épico engaño de la Presidenta Ejecutiva de la CCSS

En nuestro país, la regulación de los precios de los medicamentos es responsabilidad del Ministerio de Salud, que tiene facultades de regular productos de interés sanitario, incluyendo medicamentos, y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que le corresponde vigilar las prácticas comerciales para evitar monopolios y prácticas anticompetitivas que puedan influir en los precios de los medicamentos, intervenir en casos de precios abusivos y garantizar la transparencia en la información.

UNDECA lamenta la propuesta de la presidenta ejecutiva de crear farmacias comerciales en la Caja para la venta y comercialización de medicamentos directamente a la población, a farmacias y hospitales privados. Una labor que no corresponde a la Caja, por los siguientes motivos:

1.- El desvío de los recursos de la Caja es ilegitimo.

La Constitución Política, en los numerales 73 y 74, le otorga a la Caja la administración y gobierno de los seguros sociales, y le prohíbe, expresamente, la desviación de los recursos de la seguridad social a fines distintos a los establecidos.

El artículo 177 constitucional garantiza el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono para asegurar el acceso universal a la salud de todos los habitantes, para cubrir las necesidades actuales y futuras, y en caso de déficit deberá asumirlo el Estado.

La Sala Constitucional ha emitido varias resoluciones en las que reitera la inviolabilidad de los fondos de la seguridad social y determina que cualquier intento de desviar estos recursos es inconstitucional, compromete la sostenibilidad de la Caja y atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos.

2.-Riesgos de suministro de medicamentos en la Caja.

La regulación de los precios de los medicamentos fue eliminada en nuestro país desde 1994, contrario a otros países que su regulación incluye medidas como la evaluación de tecnologías sanitarias, estudios de referencia de precios internacionales, evaluación del valor terapéutico, negociación de precios y descuentos para la seguridad social, establecen precios de referencia para medicamentos esenciales y márgenes de comercialización, entre otros.

El riesgo de desabastecimiento en los centros de salud, el incremento de la demanda y la complejidad de la gestión, una distribución ineficaz, retrasos y desigualdades -como ocurre actualmente- pondría a la institución en un dilema entre la venta o el suministro a las personas usuarias. Esperamos que no sea una crónica de muerte anunciada, que por vender medicamentos a un ilusorio precio, se vaya desabastecer el suministro de medicamentos, a quienes no tienen recursos para comprarlos en una privada.

3.- Nada garantiza disminución de precios

En un lucrativo mercado privado, que moviliza $550 millones al año (diario La Nación), nada garantiza que disminuirán los precios, por el contrario, pueden incrementarse los costos porque la compra no estaría destinada a la seguridad social, ya que su destino final es el mercado privado. sino que su destino final es el lucro.

El fin de la Caja es garantizar el acceso a la salud de todos los habitantes del país, no puede desviar sus recursos para regular el mercado de medicamentos, ni podría competir con el mercado privado, tendría que vender al costo porque no puede tener fines de lucro.

4.- Privatización del acceso a medicamentos en la seguridad social.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obliga a los Estados a garantizar el acceso a medicamentos de buena calidad, de forma oportuna, como elemento fundamental del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

Es de esperar que este cambio, desde una visión institucional centrada en el derecho a la salud, hacia un modelo de salud privatizado, podrían contravenir legislación existente, tener implicaciones en la sostenibilidad financiera, incrementar costos de operación, distribución y suministro de medicamentos, socavar la confianza en el sistema de salud y provocar un mayor aumento de los precios de medicamentos esenciales.

UNDECA lamenta que en un tema de tanta relevancia no fuera sujeto a una consulta pública, no hay participación de actores sociales, por los riesgos para la atención de las personas y la cobertura universal de los servicios de salud públicos.

San José, 21 de junio de 2024

Unión Sindical de la CCSS exige la salida de la Presidente Ejecutiva de la CCSS

La desidia e intransigencia son las características más marcadas de la desteñida gestión de quien el gobierno, incumpliendo los requisitos establecidos en la Ley Constitutiva de la CCSS, nombró como presidente ejecutiva a Marta Esquivel en la más importante Institución del pueblo costarricense que protege su derecho a la salud.  

Una pésima gestión colmada de ambigüedades,  incumplimiento de deberes respecto a la obligación Constitucional  para el cobro de la multimillonaria deuda del Estado, oponerse férrea e injustificadamente a un merecido ajuste salarial para los trabajadores, maniobrar con una denuncia verbal ante el Concejo de Gobierno para facilitarle  la más oprobiosa injerencia y violación a la autonomía Constitucional de la CCSS, colocando una obediente y sumisa Junta Directiva espuria, una larga lista de denuncias en diversas  instancias del estado como la  Procuraduría de la Ética Pública, la Contraloría General de la República, las  Comisiones de la Asamblea Legislativa, estrados judiciales, auditoría interna,  entre otros, además de negarse a devolver la nada desestimable suma de más de 25 millones de colones de “salarios”, pagados de más, son por mucho la cuestionada trayectoria de quien hasta hoy sigue ocupando un puesto que le ha quedado sumamente grande.

Marta Esquivel se ha llenado de peligrosos silencios ante los múltiples y calificados cuestionamientos en Comisiones Legislativas, el mismo silencio, indiferencia y desidia que ha mantenido ante las exigencias del colectivo sindical que representamos, planteando reiteradamente las más sentidas necesidades de los servidores institucionales; siendo formada en el campo del derecho, muy poco le ha importado violentar el principio de legalidad.

Mediante excusas pusilánimes y al mejor estilo de su mentor y defensor a ultranza, evade asumir responsabilidades y se dedica de manera apocada a trasladar la culpa, entroniza sus dirigidos esfuerzos a privatizar los servicios públicos de salud, pretendiendo trasladar holgadamente, los fondos de los seguros sociales a manos privadas, mientras no ha resuelto ninguno de los más sensibles problemas de los y las pacientes, entre ellos las listas de espera.

Ante la inoperancia, desidia, desinterés y confabulación de la Presidente Ejecutiva Marta Esquivel Rodríguez, el colectivo Unión Sindical CCSS, exige al presidente de la República su destitución inmediata.

 Hacemos un llamado a los y las trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social, a prepararse para derribar el infame e ignominioso congelamiento salarial, y defender la Institución contra los ocultos intentos de privatizarla.  

¡La justicia salarial es para todos!

¡La defensa de la Caja es un deber de cada uno!

¡UNDECA se opone a cualquier forma de privatización!

Nuestro ejemplar sistema de Salud se construyó sobre la base de la universalidad, solidaridad, equidad y financiamiento tripartito, convertido en pilar fundamental de nuestra sociedad, generando no solo equidad social sino desarrollo humano.

La privatización de servicios, con la mentira de la “eficiencia del sector privado”, ha sido un fracaso demostrado en muchas latitudes de nuestra América, no hay ninguna solidaridad en mercantilizar el Derecho Fundamental.

El traslado de fondos públicos solo ha servido para aumentar las utilidades y satisfacer los intereses de las empresas que lucran con los derechos sociales de la población sobre todo la más vulnerable.

En las últimas décadas, los gobiernos han favorecido el sistema de salud privado, asfixiando y desmantelando a la Caja Costarricense de Seguro Social, con una deuda que supera los 3.000 millones de millones de colones (3 billones), deteriorando injustificadamente la prestación y continuidad de servicios con oportunidad y calidad.

Las empresas privadas que lucran con el derecho a salud determinan primero la “siniestralidad” del afiliado al sistema, es decir, los factores de riesgo de enfermar, buscando captar al individuo que le genere beneficio económico (rico y sano), y tratará por todos los medios de expulsar a los que generen mayores costos (pobre y enfermo).

Generan un círculo vicioso en el que se le entregan menos recursos a los Centros de Salud de la Caja y luego se lo hace competir con un sistema privado que recibe más ingresos, por servicios de menor complejidad, pagándole sobreprecios para generar utilidades a los que lucran con un mercado cautivo de salud, generalmente, grandes consorcios que se apropian del mercado. (holdings de salud)

Con la falaz excusa de que los centros de salud no tienen la capacidad de absorber la demanda, pretenden imponer modelos privatizadores como los copagos, un mecanismo de inequidad y de doble pago, que crea una “libertad para elegir” para aquellos que pueden pagarla, para las personas de menores ingresos la expulsión del sistema y la negación del derecho a la salud.

UNDECA defiende el derecho universal a la Salud, el fortalecimiento de la CCSS y el cierre de brechas en el ámbito nacional.

Rotundamente nos oponemos a cualquier forma de privatización institucional, exigimos el pago de las billonarias deudas, detener la sistemática precarización laboral de nuestro recurso humano -motor de la Seguridad Social- previniendo y evitando la migración al sector privado en detrimento de todos los niveles, desde la atención primaria hasta los hospitales de mayor complejidad, demandamos el fortalecimiento de la participación ciudadana.

¡Los trabajadores son el capital humano, los pacientes nuestra razón de ser!

San José, 04 de diciembre 2023