“…uno de los principales problemas que enfrenta el seguro de salud es que no hay límites definidos para la prestación de servicios de salud, incluyendo la entrega de medicamentos…” (Comisión de Notables, R.75a. /Carrillo, Naranjo, Sauma)
En nuestro país, la regulación de los precios de los medicamentos es responsabilidad del Ministerio de Salud, que tiene facultades de regular productos de interés sanitario, incluyendo medicamentos, y el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, que le corresponde vigilar las prácticas comerciales para evitar monopolios y prácticas anticompetitivas que puedan influir en los precios de los medicamentos, intervenir en casos de precios abusivos y garantizar la transparencia en la información.
UNDECA lamenta la propuesta de la presidenta ejecutiva de crear farmacias comerciales en la Caja para la venta y comercialización de medicamentos directamente a la población, a farmacias y hospitales privados. Una labor que no corresponde a la Caja, por los siguientes motivos:
1.- El desvío de los recursos de la Caja es ilegitimo.
La Constitución Política, en los numerales 73 y 74, le otorga a la Caja la administración y gobierno de los seguros sociales, y le prohíbe, expresamente, la desviación de los recursos de la seguridad social a fines distintos a los establecidos.
El artículo 177 constitucional garantiza el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono para asegurar el acceso universal a la salud de todos los habitantes, para cubrir las necesidades actuales y futuras, y en caso de déficit deberá asumirlo el Estado.
La Sala Constitucional ha emitido varias resoluciones en las que reitera la inviolabilidad de los fondos de la seguridad social y determina que cualquier intento de desviar estos recursos es inconstitucional, compromete la sostenibilidad de la Caja y atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos.
2.-Riesgos de suministro de medicamentos en la Caja.
La regulación de los precios de los medicamentos fue eliminada en nuestro país desde 1994, contrario a otros países que su regulación incluye medidas como la evaluación de tecnologías sanitarias, estudios de referencia de precios internacionales, evaluación del valor terapéutico, negociación de precios y descuentos para la seguridad social, establecen precios de referencia para medicamentos esenciales y márgenes de comercialización, entre otros.
El riesgo de desabastecimiento en los centros de salud, el incremento de la demanda y la complejidad de la gestión, una distribución ineficaz, retrasos y desigualdades -como ocurre actualmente- pondría a la institución en un dilema entre la venta o el suministro a las personas usuarias. Esperamos que no sea una crónica de muerte anunciada, que por vender medicamentos a un ilusorio precio, se vaya desabastecer el suministro de medicamentos, a quienes no tienen recursos para comprarlos en una privada.
3.- Nada garantiza disminución de precios
En un lucrativo mercado privado, que moviliza $550 millones al año (diario La Nación), nada garantiza que disminuirán los precios, por el contrario, pueden incrementarse los costos porque la compra no estaría destinada a la seguridad social, ya que su destino final es el mercado privado. sino que su destino final es el lucro.
El fin de la Caja es garantizar el acceso a la salud de todos los habitantes del país, no puede desviar sus recursos para regular el mercado de medicamentos, ni podría competir con el mercado privado, tendría que vender al costo porque no puede tener fines de lucro.
4.- Privatización del acceso a medicamentos en la seguridad social.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obliga a los Estados a garantizar el acceso a medicamentos de buena calidad, de forma oportuna, como elemento fundamental del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
Es de esperar que este cambio, desde una visión institucional centrada en el derecho a la salud, hacia un modelo de salud privatizado, podrían contravenir legislación existente, tener implicaciones en la sostenibilidad financiera, incrementar costos de operación, distribución y suministro de medicamentos, socavar la confianza en el sistema de salud y provocar un mayor aumento de los precios de medicamentos esenciales.
UNDECA lamenta que en un tema de tanta relevancia no fuera sujeto a una consulta pública, no hay participación de actores sociales, por los riesgos para la atención de las personas y la cobertura universal de los servicios de salud públicos.
San José, 21 de junio de 2024
