La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA), a través de su secretario general, Luis Chavarría Vega, solicitó al Consejo de Gobierno la apertura de procedimiento administrativo disciplinario y el establecimiento de una medida cautelar urgente de suspensión del cargo de la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel.
La jerarca ha sido denunciada por diversos incumplimientos, como, por ejemplo, la Contraloría que indicó que Esquivel no siguió el procedimiento y metodología diseñada para llevar a cabo el proceso de valuación actuarial del seguro de salud del 2021, además, del órgano Contralor la denunció por supuestas irregularidades cometidas en el ejercicio de su cargo ante supuesto maquillaje de datos de los Informes Actuariales del portafolio de inversiones.
Esa denuncia, que no tomó por sorpresa a nadie, pues UNDECA y otras organizaciones sindicales nos habíamos opuesto públicamente a los falsos criterios que dio Esquivel de que la CAJA estaba quebrada, fundamentada en ilusorios déficits, alejados del procedimiento y la metodología del actuariado internacional.
Incluso la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió una Nota Técnica que confirmaba que había vicios, al detectar un aumento exponencial irrazonable, sobreestimado e inexplicable del gasto ordinario del Seguro de Salud (sin proyectos y programas) y diferencias entre el gasto ejecutado y la valuación actuarial de un 30,3%.
También cuando la Procuraduría la denunció penalmente por tráfico de influencias y nombramiento ilegal, luego de acoger una denuncia presentada por UNDECA, por el nombramiento del ex directivo de la CCSS, Juan Ignacio Monge en el cargo de Gerente General.
“Basamos esta solicitud en la Ley contra la Corrupción y Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública (N°8422) que establece que todo funcionario, incluida Marta Esquivel, debe demostrar rectitud, buena fe en sus decisiones, las cuales deben ajustarse a la imparcialidad, transparencia, legalidad y eficiencia. Considera este Sindicato que la presunta violación al deber de probidad y a la ética funcionarial en este caso, obliga al Consejo de Gobierno, a ordenar de forma inmediata y urgente, la apertura del correspondiente procedimiento administrativo disciplinario”, detalló Luis Chavarría de UNDECA.
La suspensión del cargo es esencial, ya que se debe proteger y evitar una cadena incalculable y perjudicial de daños a la imagen institucional de la CCSS y al manejo de los fondos públicos en perjuicio de la Institución Benemérita de Seguridad Social.
“De hecho, el reiterado señalamiento de la Contraloría sobre las responsabilidades y deberes que la jerarca institucional de la CCSS ha incumplido, son de tal gravedad, que se vio obligado a presentar denuncia penal contra ella, por lo cual, dejarla en el puesto sería continuar con agendas ocultas que contravienen las políticas de sana gestión de fondos públicos” y deberes éticos y probidad en el ejercicio del cargo.
Se pidió al Consejo de Gobierno que las medidas cautelares se mantengan hasta tanto se resuelva por el fondo la responsabilidad administrativa y disciplinaria de la jerarca.
