El sistema de protección de salud pública existe por motivos profundamente humanitarios, en especial para favorecer a la población costarricense de clase media, baja y pobre.
Se trata de un servicio para todos aquellos que no cuentan con suficiente dinero para ir a pagar la consulta a los centros médicos privados, que tienen un altísimo precio, imposible para la mayoría de los costarricenses, más cuando se trata de especialidades, internamientos, exámenes u operaciones y trasplantes.
Para UNDECA es condenable que el ex-ministro de Salud y ex—Director del Hospital Nacional de Niños por muchos años, por el Partido Liberación Nacional, se haya convertido en abanderado en proponer una alianza con el sector de medicina privada, con el objetivo de que la Caja le compre onerosos servicios, a un altísimo costo-beneficio para los fondos del Seguro Social, que aportamos obligatoria y mensualmente los cotizantes.
Por ejemplo, el lucrativo negocio que han hecho con la compra de servicios de radioterapia, que por muchos años la jerarquía de la Caja contrató, pagando sumas millonarias, donde se pudieron haber comprado varios aceleradores lineales para brindarles el tratamiento a los pacientes por muchos años.
De igual forma, se ha despilfarrado el dinero con la contratación de otras especialidades médicas, servicios de vigilancia, por traslados de pacientes en ambulancia, pagos a la Cruz Roja, entre otros.
“Lamentablemente para el pueblo costarricense, los políticos y gobiernos de turno le han hecho un severo daño al Seguro Social y al Régimen de Pensiones, pareciera que adrede, para llevarla al desmantelamiento y la privatización”, dijo Luis Chavarría Vega, Secretario General de UNDECA.
En Costa Rica el pueblo de los de a pie, que necesita el Seguro Social NO debe permitir que se destruya y privatice, como sucedió en países centroamericanos y latinoamericanos. Pareciera que a los políticos neoliberales y a las grandes empresas de salud privada, no les interesa o no han querido aprender esta desastrosa lección.
Por estas circunstancias, el pueblo costarricense viene demandando la despolitización de la institución, la eliminación de la Presidencia Ejecutiva, la transparencia y democratización en los nombramientos de la junta directiva, gerencias, otros puestos y asesorías de alto nivel.
Las organizaciones del movimiento sindical y social demandamos, la recuperación de multimillonarias deudas del sector patronal empresarial, el Gobierno e instituciones públicas.
Por ejemplo hasta el día de hoy, que han acumulado 500 mil millones de colones por incumplimiento al artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador, más de 400 mil millones por el traspaso del personal y los programas del Ministerio de Salud a la Caja y cerca de 400 mil millones de colones por parte del Gobierno de Laura Chinchilla.
Demandamos cambios profundos para que se reformen las leyes concernientes a mejorar y hacer más eficaces los trámites administrativos, legales y judiciales, contra todos los evasores y patronos morosos, sin distinción de que estos sean del Gobierno Central, sector público, empresarial privado o monopolios internacionales.