Con mucha satisfacción la Junta Directiva de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, recibe la noticia de que la Fiscal General, Emilia Navas, abrió una investigación contra altos funcionarios que ocupan o ocuparon puestos importantes en el manejo de fondos públicos que aportan todos los costarricenses a la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, como de políticos de alto poder económico en administraciones anteriores.
Desde hace aproximadamente diez años, valientes trabajadoras y trabajadores presentaron denuncias por supuestas anomalías y corrupción en el manejo de gastos e inversiones en esta institución.
Como sindicato, en UNDECA también procedimos a hacer las respectivas denuncias, no solo para tratar de proteger de la persecución que se dio contra algunos trabajadores que fueron acosados laboralmente y tratar de evitar de esa forma que se siguieran presentando este tipo de denuncias, sino también para proteger la más importante institución de salud pública de Costa Rica.
De igual manera, recurrimos hasta los más altos mandos de la Caja, así como a la Junta Directiva, para que se procediera administrativamente a constituir y formalizar todos los órganos internos de investigación, con el propósito de identificar a las personas responsables. Sin embargo esto no fue así, y por estas circunstancias se ha tenido que esperar todos estos años para que con la nueva coyuntura y la llegada de la nueva Fiscal General, Emilia Navas, pudiera llegarse a investigar y esclarecer esta situación que anteriores funcionarios en su puesto no fueron capaces.
Sin embargo es importante agregar, que desde el año 2016, el sindicato UNDECA también procedió, entre otras acciones, a denunciar la pérdida de cerca de mil millones de colones en medicamentos que según un auditoraje de la Caja se identificó, pero que por diversos motivos que no conocemos, no se actuó con mano fuerte, por lo que nuestro sindicato procedió a realizar la respectiva denuncia tanto a la Junta Directiva como al Presidente Ejecutivo de entonces, para demandar la apertura de las investigaciones requeridas y medidas cautelares de los funcionarios aparentemente involucrados en este asunto.
De igual manera, por no haberse realizado la investigación, según información obtenida, más de cien expedientes podrían contener pruebas importantes de empresas licitadoras que violentaron los contratos o que fueron favorecidos con la compra de medicamentos o activos de la institución.
Creemos que todas estas situaciones es el resultado de los séquitos de grupos político-empresariales que se han insertado dentro de la institución con el aval de gobiernos de turno.
En UNDECA esperamos que los resultados de esta investigación permitan a la Caja retomar el rumbo para recomponerse por el bien de la institución y de millones de costarricenses que tienen en la Caja la única posibilidad de tener salud.