Los dirigentes y profesionales jurídicos expusieron hoy, 26 de noviembre de 2020, ante varios diputados de diferentes fracciones legislativas, nuestra posición de rechazo a violentar las autonomías de la Caja Costarricense de Seguro Social, universidades y municipalidades, a la rectoría, salario único y el desmantelamiento de las condiciones laborales y salariales y el sacrificio del derecho a negociación colectiva.
Este antidemocrático proyecto mantiene una premisa fundamentalista que desconstitucionaliza la relación de empleo público, con una propuesta absolutamente inconstitucional, contrariando los artículos 191 y 192 de la Constitución Política.
Las instituciones autónomas no son sujetas de la rectoría que se pretende hacer desde el Super Mideplan, por lo que estas instituciones deberían quedar excluidas.
La tesis totalitarista, concentradora del poder, elimina el derecho a la negociación colectiva de educadores y educadoras, de trabajadores de salud, en general a todas las personas trabajadoras públicas, a pesar de los continuos y serios señalamientos que ha realizado la Organización Internacional del Trabajo, deroga los incisos 2 y 3 del artículo 112 de la Ley General de la Administración Pública y varios incisos del artículo 690 del Código de Trabajo, violentando unilateralmente las relacione laborales.
Se demuestra que no hay evaluaciones metodologías que fundamenten el salario único o global, sin claridad ni certeza jurídica, lo esperable es que se reduzcan severamente los salarios, facilitando el despido y expulsando a los más calificados funcionarios públicos hacia los intereses de mercado.
Nuestra posición es defender a la clase trabajadora, de ninguna manera estamos aceptando este nocivo proyecto, ni mucho menos un espacio para legitimar ese Frankenstein jurídico, que lesiona seriamente a todos los servidores públicos.
La lucha de la clase trabajadora continúa porque los sectores más neoliberales, representados por varios diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa, siguen atacando a mansalva la dignidad de los trabajadores y trabajadoras públicas.
San José, 26 noviembre de 2020.