En atención a la convocatoria para realizar el procedimiento de elección de sustitución temporal de la señora Martha Elena Rodríguez González, en la Junta Directiva de la CCSS, publicada en el Diario La Nación, el 27 de diciembre de 2022, el Movimiento Sindical realizó la Asamblea de Representantes correspondiente, acordando:
CONSIDERANDO:
PRIMERO.- La compañera Martha Elena Rodríguez González, en la asamblea de representantes del movimiento sindical, celebrada el 20 de mayo del año 2022, conforme lo estipulado en el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, fue electa, de manera democrática, representante de este sector, en la Junta Directiva de esa institución.
SEGUNDO.- La convocatoria para sustituir temporalmente a la compañera Martha Elena Rodríguez González, publicada en el Diario la Nación, a finales del año pasado, tiene su origen en el ilegítimo acuerdo de Consejo de Gobierno, adoptado en la sesión ordinaria N°033, celebrada el 07 de diciembre de 2022, que ordenó la separación del cargo en que elegimos y nombramos a la compañera Rodríguez González.
Ese acuerdo constituye un acto de naturaleza política, que violenta de manera evidente y manifiesta nuestro ordenamiento jurídico.
TERCERO.- Ese acuerdo está viciado de nulidad absoluta, porque el Consejo de Gobierno, con fundamento en un informe tendencioso presentado por esa Presidencia Ejecutiva, se arrogó atribuciones que están reservadas exclusivamente al sector sindical, que elegimos y nombramos a la compañera Rodríguez González.
Solo el movimiento sindical tiene la atribución, si eventualmente correspondiera, siempre que de manera legal y fundadamente proceda, de separar de su cargo a una persona que hayamos electo.
Esta competencia la asumió ese Consejo Gobierno, violentando, por una parte, el principio de legalidad constitucional, que dispone que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse atribuciones que la ley no les concede (artículo 11 constitucional).
Además, ese acuerdo violentó el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, que disciplina el procedimiento de elección de los representantes del sector laboral en la Junta Directiva de esa institución.
Esta norma legal constituye un valladar que impide que el Gobierno de la República invada atribuciones que el ordenamiento jurídico le reservó exclusivamente a los sindicatos de trabajadores y trabajadoras.
Por tanto, ese acuerdo de Consejo de Gobierno es un acto político de usurpación de competencias, que vulnera el principio de autonomía sindical, y causa una grave lesión
al movimiento sindical de Costa Rica, infringiendo el Convenio N° 87 OIT y el Convenio N°144 OIT, referentes al tripartismo, la libertad, la autonomía sindical y el diálogo social; cuya denuncia, por cierto, se remitió a OIT.
CUARTO.- El acuerdo de Consejo de Gobierno quebrantó la autonomía que reconoce la Constitución Política a la Caja Costarricense de Seguro Social.
El artículo 73 constitucional le reconoce a esta institución un nivel de autonomía superior, que no se limita a la ordinaria autonomía administrativa, sino que, además, comprende la autonomía de gobierno.
La autonomía de gobierno implica que esa institución tiene la potestad de definir sus fines y medios para alcanzarlos, lo cual presupone necesariamente la autonomía de gobierno, que reside exclusivamente en su Junta Directiva, de composición tripartita.
La autonomía de gobierno es una salvaguarda contra cualquier intromisión del Poder Ejecutivo, como lo ha resuelto de manera reiterada la jurisprudencia de la Sala Constitucional:
“(…) Así entonces, como institución autónoma de creación constitucional y con un grado de autonomía mayor (administración y de gobierno) le permite estar protegida frente a injerencias del Poder Ejecutivo y de limitaciones a la hora de legislar el Poder Legislativo.” (Ver 17098-2021).
El acuerdo de Consejo de Gobierno que ordenó la separación del cargo de nuestra compañera Rodríguez González y cuatro directivos más, que en virtud de aquella ilegítima convocatoria se pretende sustituir, implica una abierta y grosera intromisión política en los asuntos de gobierno de dicha institución autónoma, que usted, como Presidenta Ejecutiva, señora Esquivel Rodríguez, debería ser la primera en reprochar.
La Caja Costarricense de Seguro Social, merced a dicho acuerdo, está políticamente intervenida por el Gobierno de la República.
Este régimen de intervención política de la institución no tiene antecedentes, desde que se constituyó la Caja Costarricense de Seguro Social.
QUINTO.- El motivo por el cual se pretende sustentar la separación de nuestra compañera Rodríguez González, justificada en un informe tendencioso de esa Presidencia Ejecutiva, es absolutamente ilegítimo y no resiste la menor crítica.
No fue por ningún conflicto de intereses, ni violación del deber de probidad, que fue separada nuestra compañera; que de toda, suerte, como se afirmó, no es un asunto que le competa al Gobierno de la República.
Nuestra compañera fue indebidamente separada del cargo en que la elegimos, porque conjuntamente con otros directivos, autorizó el pago del ajuste de los salarios de las personas trabajadoras de esa institución, que se les adeudaba desde el año 2020.
Este ajuste salarial se reconoció en el Decreto N° 42121-MTSS-H-MIDEPLAN de 17 de diciembre de 2019, firmado precisamente por el señor Rodrigo Chaves, ahora Presidente de la República, cuando a la sazón, en la anterior Administración, ostentaba el cargo de Ministro de Hacienda.
El ajuste salarial que autorizó la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, adoptado en la sesión N° 9277, celebrada el 8 de setiembre de 2022, además de ser totalmente legítimo, representa un justo reconocimiento a las personas trabajadoras de esa entidad, cuya cancelación no se podía dilatar más; salvo que fuera a contrapelo del principio de legalidad y de la más elemental justicia, que es un valor supremo de nuestro ordenamiento, que usted, exmagistrada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no debería ignorar.
Por contrario, hizo todo lo que pudo, contra viento y marea, para tratar de escamotearle este legítimo derecho a los y las trabajadoras de la Caja.
SEXTO.- No podríamos dejar de señalar que un diario de circulación nacional, el 15 de setiembre de 2022, publicó las declaraciones del Presidente de la República, con el siguiente titular:
“Chaves amenaza a directivos de la CCSS con destitución si no revierten aumento salarial.”
Desde aquel momento se lanzó públicamente esta amenaza, que se trata de instrumentar con ese acuerdo de Consejo de Gobierno y la cuestionada convocatoria para sustituir temporalmente a nuestra compañera Rodríguez González.
SETIMO.- Mucho menos podríamos dejar de destacar que la afectación de los recursos de la Caja Costarricense de Seguro no es, en lo absoluto, porque se haya autorizado el pago del ajuste salarial que se adeudaba a las personas que laboran en esa institución.
La causa principal de la situación financiera de esta entidad radica en el desfinanciamiento sistemático que ha sufrido la Caja, producto del permanente incumplimiento de las obligaciones del Gobierno suyo y los anteriores, que no le han pagado a la institución las sumas que legamente tiene asignadas, y que usted es la principal obligada a exigir su cancelación.
A consecuente de este persistente incumplimiento, la deuda del Estado ha venido creciendo de manera acelerada y exponencial, la cual en este momento se estima en la cantidad de 2.6 billones de colones, sin contar con los recursos adeudados por el traspaso de los programas del Ministerio de Salud.
Este Gobierno de la República, fiel tributario de los gobiernos anteriores, no ha tenido el menor escrúpulo de continuar con esa política de desfinanciando de la entidad.
OCTAVO.- La separación del cargo de nuestra compañera Rodríguez González, sustentada en un motivo que jurídicamente jamás se podría sostener, en realidad, es un Caballo de Troya, cuyo propósito principal consiste en que Casa Presidencial asuma de facto el gobierno de la Caja, con el objetivo de acelerar el proceso de privatización de los servicios de esta institución, siguiendo las ordenanzas de los organismos financieros internacionales, de los cuales el Presidente de la República es un fiel discípulo.
NOVENO.- Además, se pretende, a contrapelo de la misma ley, someter a la Caja Costarricense de Seguro Social, a la perversa y salvaje Regla Fiscal, que ha sido uno de los impropios cometidos que usted, señora Esquivel Rodríguez, ha asumido, valiéndose de su investidura de Presidenta Ejecutiva.
Nuestra compañera Martha Elena Rodríguez González y los otros representantes del sector social, se han opuesto rotundamente a la sumisión de la Caja a la Regla Fiscal, reconviniendo la perversa pretensión de esa Presidenta Ejecutiva.
La sumisión de esa entidad a la Regla Fiscal, que, por mandato expreso de la ley, quedó fuera de su cobertura, tiene el propósito de recortar los gastos e inversiones en salud pública, en detrimento de los servicios que se destinan a la población.
DECIMO.- La separación del cargo de nuestra compañera, los otros directores, y la intervención política de la Caja, ha creado una situación de grave crisis, que erosiona la estabilidad institucional.
DECIMO PRIMERO.- La separación del cargo de nuestra compañera, la intervención política de la Caja, el incontenible crecimiento de la deuda del Estado, tiene en un predicado muy crítico a esa institución, que vulnera los principios del Estado Social y Democrático.
Esta conducta del Gobierno de la República deviene absolutamente inconciliable con la retórica de exportación del señor Rodrigo Chaves, quien precisamente esta semana, declaró en Davos:
“Tenemos democracia, libertad de expresión, variedad de género y respeto por todas las minorías y eso hace una muy buena marca.”
El Presidente de la República presume de una democracia que ataca, y contra la que en tan poco tiempo se ha vuelto, socavando la autonomía de los sindicatos, que constituyen un elemento esencial de los sistemas democráticos, y además, interviniendo una institución autónoma, fundacional de nuestro Estado Social de Derecho.
DECIMO SEGUNDO.- Por las anteriores razones, la asamblea de representantes del movimiento sindical, sostiene que la convocatoria a un procedimiento para elegir la sustitución temporal de nuestra compañera Martha Elena Rodríguez González, es absolutamente inconstitucional e ilegal, la cual repudiamos.
POR TANTO:
Con fundamento en los motivos formulados, la asamblea de representantes del movimiento sindical costarricense acuerda:
PRIMERO.- Condenar enérgicamente la separación ilegítima del cargo en que fue electa, de manera democrática, la señora Martha Elena Rodríguez González, violentándose la voluntad y autonomía de los sindicatos de trabajadores y trabajadores, en detrimento del artículo 6 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social
Esta actuación que se arrogó el Consejo de Gobierno quebranta el artículo 11 de la Constitución Política.
SEGUNDO.- Deplorar la intervención política del Gobierno, en menoscabo de la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social, en contravención del artículo 73 de la Constitución.
TERCERO.- Repudiar la convocatoria al procedimiento de sustitución temporal de nuestra compañera Martha Elena Rodríguez. La compañera fue en su oportunidad electa, de manera unánime, por las representaciones sindicales de nuestro país, quienes le manifestamos nuestro total apoyo.
Ratificamos plenamente su elección y nombramiento que realizamos en la Asamblea de 20 de mayo de 2022.
No tenemos que elegir ninguna persona que temporalmente sustituya a nuestra compañera, porque no existe ningún motivo legítimo que lo justifique, a quien le externamos un voto de confianza.
CUARTO.- Exigimos que se revoque de inmediato el acuerdo del Consejo de Gobierno que ordenó la separación del cargo de nuestra compañera Martha Elena Rodríguez González, y en consecuencia, exigimos se ordene su inmediata restitución.
QUINTO.- Exigimos al Gobierno de la República que cese la campaña de desprestigio y las políticas de hostilidad destinadas a desestabilizar la Caja Costarricense de Seguro Social, con el espurio objetivo de allanar el camino para privatizar los servicios públicos que presta esta emblemática institución.
Acuerdo unánime y firme adoptado por la Asamblea de Representantes del Movimiento Sindical, celebrada el 21 de enero de 2023, en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).