La indignación y el sentimiento de abandono fueron el común denominador este sábado en el salón Jorge Debravo del sindicato UNDECA, donde más de un centenar de personas afectadas por la quiebra de Coopeservidores se reunieron en asamblea para exigir justicia y el resarcimiento del patrimonio económico perdido tras el colapso de esta cooperativa de ahorro y crédito.
Los afectados, en su mayoría personas trabajadoras, jubiladas y familias que confiaron sus ahorros de toda la vida en la entidad financiera, denunciaron el grave daño económico y emocional que les ha causado esta situación. “No solo perdimos nuestro dinero, perdimos la tranquilidad de nuestras familias, y eso no tiene precio”, expresó una de las voceras del grupo, visiblemente afectada.
Durante la asamblea, los presentes coincidieron en que no se trata de una simple quiebra empresarial, sino de un fallo estructural del sistema de supervisión financiera del país. Hicieron un llamado firme a las instituciones públicas que, por ley, tienen la responsabilidad de fiscalizar y controlar el buen funcionamiento de las cooperativas: la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) y el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP).
“¿Dónde estaban los órganos de control mientras se gestaba este desastre? La ley les otorga funciones específicas para evitar estos fraudes y proteger a los asociados. Exigimos que asuman su responsabilidad”, reclamó uno de los organizadores del encuentro.
El caso de Coopeservidores ha generado una profunda crisis de confianza en el movimiento cooperativo financiero. A pesar de las alertas tempranas de irregularidades en su gestión administrativa y la poca transparencia en sus operaciones, las acciones correctivas por parte de las autoridades fueron nulas o tardías, permitiendo que la situación se deteriorara hasta un punto de no retorno.
El salón de UNDECA se convirtió este fin de semana en un espacio de catarsis, pero también de organización y lucha. Los asistentes acordaron la conformación de un comité de defensa del ahorro, con el objetivo de articular acciones legales, políticas y sociales que garanticen la devolución de su dinero y que se juzgue a los responsables, tanto dentro de la cooperativa como en las instituciones que, por omisión, facilitaron el colapso.
El mensaje fue claro: los afectados no están dispuestos a ser víctimas silenciosas. Quieren justicia, castigo para los culpables y reformas profundas al sistema de supervisión financiera, para que nunca más una historia como la de Coopeservidores vuelva a repetirse en Costa Rica.
San José, Costa Rica – 16 de junio de 2025