El Gobierno y el único socio político que por ahora le queda, a finales del año pasado, promulgó un decreto que prohíbe la huelga en los servicios esenciales.
Este decreto prohíbe a los y las trabajadoras ejercer el derecho fundamental de huelga: salud, seguridad, energía, telecomunicaciones, agua, muelles, atracaderos y otros.
Además, este decreto instruye a los jerarcas las acciones policiales que tienen que realizar, de manera inmediata, para reprimir este derecho fundamental para normalizar las labores, sin perjuicio de los correspondientes procedimientos disciplinarios contra los trabajadores.
Este Decreto retrata de cuerpo entero los intereses de los sectores más reaccionarios que están empoderados en el Gobierno, que son los que están definiendo la política económica y fiscal del país.
Mientras, que el Presidente de la República, desde Miami le pide públicamente disculpas al ex presidente Arias Sánchez, por otro lado, le promete a los servidores públicos aumentar el impuesto a nuestros salarios, la afectación de los derechos regulados en convenciones colectivas y por cualquier cosa, cárcel y garrote contra los trabajadores que promuevan o participen en un movimiento de huelga.
El movimiento sindical debe prepararse en todos los frentes que correspondan, en el campo legal y cualquier otro, para contener esta política antisindical y represiva.
En el frente legal, ya interpusimos una demanda contenciosa administrativa contra ese vergonzoso decreto, al cual recientemente el Tribunal Contencioso Administrativo le dio el trámite de ley.
Estaremos informando los avances de este proceso judicial, que resulta del mayor interés para los y las servidoras públicas.
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