El juego político del proyecto procesal laboral


“(…) los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan” José Martí

De verdad que la tramitación del Proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral (Exp.15.990) lleva la impronta de una serie de vicisitudes que refleja su tormentoso periplo y los diferentes intereses que ha concitado.

Primero fue el dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, prácticamente unánime, que significó una completa contra-reforma laboral, principalmente en la parte del derecho colectivo, el alma del Derecho del Trabajo: negociación colectiva en el sector público, arreglo directo y huelga, en el sector público y privado.

Fue a raíz de una propuesta de enmienda que promovimos varios sindicatos y organizaciones gremiales, que protestamos ese regresivo dictamen concertado entre el Gobierno, UCCAEP y la alta dirigencia de la Rerum Novarum y la ANEP, logramos darle al proyecto un giro sustancial, más progresivo, salvo en el tema del arreglo directo.

Precisamente este fue otro de los escollos del proyecto, pero que en definitiva fue superado, por lo menos desde el punto de vista del trámite legislativo, por otro acuerdo, celebrado entre UCCAEP y estas mismas organizaciones, que vino a garantizarle al empresariado que se mantuvieran incólumes las perniciosas disposiciones que actualmente contiene el Código de Trabajo, regulatorias del arreglo directo, que tanto daño le han causado a los trabajadores y sindicatos, principalmente en el sector privado de la economía.

Luego vendría la aprobación en segundo debate, en virtud de la cual se remitió a Casa Presidencial el correspondiente decreto legislativo (Nº 9076), resultando que cuando los empresarios se frotaban las manos y otros igualados se ponían a la altura del histórico dirigente político Manuel Mora Valverde, la Presidenta de la República les echó a perder la compartida celebración con el veto del Gobierno, que por motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia, cuestionó la regulación de la huelga en los servicios públicos esenciales y otra disposición más en el tema de huelga.

Después una vez más de los que consideraron alta traición por parte del Gobierno, se sentaron en la mesa de Zapote, para tratar de zanjar la lamentable y sorpresiva controversia, con los oficios de un legislador “progresista”.

En este proceso de diálogo que el Gobierno retomó únicamente con las mismas organizaciones mencionadas, fuimos excluidos la mayoría de movimiento sindical, con una afiliación suficientemente representativa, por lo visto, según reza la correspondiente declaración de motivos, se consensuó el proyecto de ley que esta semana el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa, precisamente el mismo día, que en horas de la noche, se aprobó en primer debate, el proyecto de Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Casualidades del mundo de la alta política.

Este proyecto alternativo presentado por el Gobierno y apoyado aparentemente por estas mismas organizaciones, implica una prohibición generalizada del derecho de huelga en los servicios públicos; de suerte que la gran mayoría de las actividades quedan sometidas a una prohibición absoluta, eliminándose la huelga en los servicios de salud, cuerpos de policía, bomberos, agua potable, electricidad, telecomunicaciones, aduanas, alcantarillado sanitario, portuarios y otra cantidad más de servicios, incluidos los ahora denominados de “trascendental importancia” (financieros, bancarios, combustibles, etc.), en los que también resulta totalmente coartado el ejercicio del derecho de huelga. El proyecto nos remonta a una época anterior a la promulgación de Código de Trabajo.

POR LO ANTERIOR, UNDECA Y EL BLOQUE DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL REITERA SU ABSOLUTA Y RADICAL OPOSICION CONTRA ESTE PROYECTO ALTERNATIVO DEL GOBIERNO, DE CORTE ANTISINDICAL Y CONVOCA A TODAS LAS ORGANIZACIONES CLASISTAS, A LUCHAR FRONTALMENTE CONTRA ESTE NEFASTO PROYECTO QUE NOS ARREBATA UN DERECHO FUNDAMENTAL Y SAGRADO.

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