Los funcionarios públicos piden al gobierno conservador de Mariano Rajoy que convoque a un referendo para consultar a la ciudadanía si está de acuerdo con los recortes adoptados por los sectores del país. La Cumbre Social recordó que habrá una marcha nacional el 15 de septiembre.
Los trabajadores del sector público español manifestaron en las principales calles de Madrid (capital de España) a través de la llamada Cumbre Social en la que protestaron por los recortes adoptados por el gobierno conservador de Mariano Rajoy a los diferentes presupuesto de la economía del país.
Así lo dio a conocer la corresponsal de teleSUR en España, Hilda Salas, quien dijo que “los funcionarios públicos estaban cerca del Ministerio de Hacienda y recorrieron espontáneamente las calles del centro de Madrid para manifestar su rechazo haciendo paradas especiales a lo largo de las sedes gubernamentales en la capital”.
Salas también dijo que “de acuerdo al cronograma de actividades de la Cumbre Social, harán actividades en todo el país todos los viernes de agosto hasta el sábado 15 de septiembre para la que convocaron a una marcha nacional con la participación de trabajadores, funcionarios públicos, ciudadanos, organizaciones sociales que saldrán de todos los sectores del país para llegar a Madrid”.
Asimismo, dijo que “la Cumbre Social quiere proponer al gobierno central que se haga un referéndum para que el pueblo decida si a los recortes, que no estaban en el programa de gobierno de Rajoy a inicios de mandato, se les pueda dar una reversa” y agregó que sobre ese tema, el gobierno no se ha pronunciado “y ha dicho que los recortes adoptados han sido por ‘la necesidad de ajustar el déficit público’”.
Unas 150 organizaciones sociales, aseguraron que posterior a la marcha del 15 de septiembre podrían convocar a una “huelga general ciudadana”.
Por otra parte, la corresponsal también destacó que la varios militantes del Sindicato de Trabajadores de Andalucía (sur de España), que fueron detenidos por “expropiar alimentos” en dos grandes hipermercados con el objetivo de denunciar los efectos de la crisis económica, han sido puestos en libertad con cargos por delito de robo y coacciones por apoderamiento violento de efectos expuestos a la venta al público.