El pasado 21 de mayo UNDECA se apersonó a la Junta Directiva de la CCSS, porque desde julio del 2014, la institución y la Superintendencia de Pensiones celebraron un contrato de servicios por un monto $125.000,00, con un consultor argentino, para que en un plazo de 6 meses realizara una evaluación actuarial del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
En razón de su nacionalidad extranjera, el contratista solicitó al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, su incorporación temporal, misma que se extiende desde 1° de agosto de 2014 hasta el 31 de enero del 2015, de manera improrrogable, para que trabajara exclusivamente en la ejecución de ese contrato.
Dado que el contrato de servicios profesionales todavía está en etapa de ejecución, que por cierto se suspendió por razones que no están muy claras y que ya venció el permiso improrrogable que otorgó aquella corporación profesional, desde el punto de vista legal, no se puede ejecutar el objeto de ese contrato.
“Ante esta situación exigimos se instruya la apertura de un procedimiento ordinario de ley, para resolver dicho contrato y determine la eventual responsabilidad administrativa y patrimonial que le corresponda al contratista e indemnicen los daños y perjuicios causados a la Institución, los cuales deben ser resarcidos con la garantía de cumplimiento”, detalló Martha Rodríguez, Secretaria General Adjunta de UNDECA.
Resulta lamentable que un estudio de esta magnitud, de tanta trascendencia nacional, no se pueda realizar por la falta de previsibilidad, a todas luces inexcusables, y por la condición sobreviniente en la que se colocó el contratista.
UNDECA exige a las autoridades competentes investigar la responsabilidad que le corresponde al contratista y además, la propia que le compete a Junta Directiva y la Gerencia de Pensiones, que autorizó la suspensión de la ejecución del contrato.
¡EXIGIMOS TRANSPARENCIA Y SE RINDA CUENTAS ACERCA DE ESTE FIASCO INSTITUCIONAL!