Lo sucedido en el CAIS de la Marcial Fallas, Desamparados, en días recientes, son hechos que amenazan gravemente a usuarios y trabajadores en los horarios de atención desde horas de la madrugada hasta tarde y noche.
Hay una grave preocupación por la gran cantidad de asaltos y robos de pertenencias personales, carteras, celulares, dinero, equipos de trabajo esencial, que atenta contra la adecuada atención al paciente, además sabemos de la destrucción o deterioro de bancas en salas de espera, de estetoscopios, equipos de oficina, agresiones físicas e insultos que se están dando en los centros.
Este es el día a día en los centros de salud y oficinas administrativas de la Caja Costarricense de Seguro Social, donde desde los alrededores de los edificios emblemáticos centrales de la Caja en el corazón de San José, no se salvan de este flagelo.
Es así como EBAIS, clínicas, áreas de salud, hospitales, almacenes, bodegas, áreas administrativas en la capital y en todo el país, el hampa ha visto un botín ajeno para apropiárselo.
En las clínicas de Alajuelita, Solón Núñez, Moreno Cañas, Clorito Picado, Áreas de Salud y EBAIS como los Cuadros de Guadalupe, Goicoechea, Villa Vista, Parasito de Moravia, Barrio México, puestos peatonales alrededor de los centros de salud, han sido tomados con fines delincuenciales
En el área rural el riesgo no es menor, donde el personal de ATAP, es objeto de robos de motocicletas, triciclos, propiedad de la institución, de los equipos médicos activos y materiales, con la visita a las familias en sus casas, ataques de perros, amenazas de machete, exposición de agresiones físicas y sexuales, arma blanca, hasta intentos de secuestro y amenaza de muerte.
Este es el oscuro panorama de inseguridad laboral, riesgo físico y que viven trabajadores, usuarios, paciente y familias, adultas mayores, jóvenes y niños pasan el día a día.
De toda esta gravísima situación, las más altas autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, son absolutamente responsables.
Las políticas de restricción de gasto, congelamiento, no sustitución de personal y contratación de empresas privadas de seguridad, son el resultado de las consecuencias aterradoras en que está incurriendo la delincuencia en las comunidades.
Mientras tanto, las gerencias y otros altos mandos de las oficinas centrales cuentan con un aparato de seguridad para perseguir al personal.
Es totalmente injustificable que estas altas autoridades del Seguro Social, no hayan tenido capacidad intelectual ni cabeza para pensar ni siquiera, en la protección y la seguridad de millones de usuarios y los 55 mil trabajadores de la CCSS.
Por tanto, demandamos la urgente solución de un tema que es de interés nacional, cual es proteger la integridad y la vida de quienes lo arriesgan todo para velar por el derecho humano a la salud.