Las organizaciones sociales, consientes y consecuentes con la defensa de la más valiosa institución de los costarricenses declaramos:
1.- Que la pretensión de los diputados de aprobar el proyecto 20.580 atentaría contra la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, y afectaría sensiblemente sus finanzas.
2.- El Combo Fiscal mediante el paquete de impuestos del proyecto 20.580 y en su contenido, la regla fiscal, pretende darle al Ministerio de Hacienda la potestad de establecer el límite de gasto de la CCSS y se incrementarán las dificultades para que la institución atienda las necesidades de la población. Los servicios que brinda la Caja y que son de denuncia constante por parte de la ciudadanía, se deteriorarán aún más y se favorecerá con esto la privatización de la salud.
3.- Condicionar la inversión en salud pública con la regla fiscal, viola de manera grave la Constitución Política y pone en peligro la continuidad de la principal conquista social de los costarricenses.
4.- En el fondo la aprobación de este proyecto lo que pretende es tercerizar primero, entregar servicios a empresas privadas y finalmente privatizar los servicios de la Caja.
Desde las organizaciones sociales, consecuentes con los principios de Seguridad Social, seguiremos denunciando y luchando para que este proyecto no se convierta en ley y podamos mantener los principios democráticos de la seguridad social a salvo de los políticos que solo pretenden cargarle al pueblo costarricense más impuestos. Así mismo, lucharemos contra las velas intenciones privatizadoras de tan noble y emblemática institución.
Seguiremos manteniéndonos firmes en la defensa de la salud pública, seguiremos luchando por defender los servicios fundamentales para la vida. Respaldamos la decisión de la Junta Directiva de la Caja de rechazar este proyecto. Así mismo exigimos:
1.- Se establezcan las políticas institucionales de forma que los servicios públicos de salud sean asumidos íntegramente por la Caja Costarricense de Seguro Social.
2.- Se detenga y revierta el proceso de contratación de servicios tercerizados en REDES, aseo, vigilancia, laboratorio, así como otros servicios que han acelerado su avance en la institución en contra de lo establecido en el Reglamento y sin que existan las respectivas de declaratorias de inviabilidad, facilitando la plataforma privatizadora de los servicios que brinda la institución.
3.- Se investiguen las facilidades administrativas y financieras que se le dan, en la Comisión de gasto institucional a los contratos a terceros.
4.- Que se creen las nuevas plazas institucionales de forma que los servicios tercerizados se asuman a través de servidores institucionales y no con empresas con fines de lucro ajenas a la institución.
San José, 8 de noviembre de 2018