Por: Manuel Hernández
Asesor Legal de UNDECA
El Informe de OCDE acerca del Mercado laboral y las políticas sociales (2017), advirtió que en nuestro país, el diálogo social está fragmentado y además, que esta debilidad puede ser una barrera para mejorar las condiciones de trabajo y retrasar muchas de las reformas que se necesitan.
La OCDE recomendó, desde aquella fecha en que el Gobierno estaba seduciendo a este organismo internacional, “que los encargados de políticas en Costa Rica (…) fortalezcan el diálogo social.”
No obstante, la Administración Alvarado Quesada, que tanto empeño asumió para que el país se adhiriera a este selecto club de países ricos, echó por la borda esta recomendación, y en su lugar, peligrosamente ha recorrido una ruta en sentido totalmente contrario al diálogo social.
Esta desafección del diálogo social se materializó con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 y la Ley para brindar seguridad sobre la huelga y sus procedimientos, N° 9808, que causaron una fuerte confrontación social, cuyas cicatrices todavía no han sanado.
No sólo por el procedimiento legislativo extraordinario que se diseñó –ad hoc- para la tramitación y aprobación atropellada de ambos proyectos, respaldada por una fuerte carga de intervención policial, sino, además, por su contenido normativo regresivo, quedó de manifiesto la rúbrica autoritaria del Gobierno y la Asamblea Legislativa.
Pero este déficit democrático de la gobernanza de las relaciones laborales, se ha profundizado a merced de la irrupción de la pandemia que nos flagela.
La pandemia se ha convertido en el útil Caballo de Troya, por un lado, para destruir los derechos que aún le quedan a la clase trabajadora, y por otro lado, para desmontar el raído Estado Social y Democrático, que lo tienen pegado a un respirador mecánico.
Recordemos que el Ministerio de Trabajo impulsó febrilmente un proyecto de ley de reducción de las jornadas de trabajo, con la consecuente disminución hasta de un 75% de los salarios, que tiene a miles de trabajadores del sector privado con trabajo, pero lamentablemente devengando salarios de hambre.
Por otra parte, en lugar de proteger la sostenibilidad de los salarios de las y los trabajadores, el mismo Ministerio apostó a la maquinilla, casi en automático, de la suspensión de los contratos de trabajo, cuyas resoluciones administrativas se editan como en planchas rotativas de periódicos.
Son más de tres meses que llevan estos trabajadores soportando, sin percibir salario, con el hambre confinada en sus estómagos, cuya medida se prorrogó por tres meses más.
Ahora el epicentro del envite político se enfoca directamente contra los servicios públicos y las personas que trabajan en este sector, amplificado por las mediáticas campañas que destilan odio en las columnas editoriales y las pantallas de televisión.
En términos generales, podríamos decir que los correspondientes proyectos legislativos tienen un doble y concurrente cometido: desmantelar la institucionalidad pública y menoscabar los derechos laborales de este colectivo.
En la línea de erosión de la institucionalidad pública, sobresalen dos proyectos: el Proyecto de Ley de Empleo Público y la reforma de la Ley Orgánica del INA, sin dejar de omitir que a JAPDEVA que prácticamente ya lo cerraron.
El primer proyecto, que en buen español debería nominarse de des/empleo público, tiene el objetivo de someter a la exclusiva gobernanza política y normativa de MIDEPLAN, la totalidad del conjunto del sistema de empleo público: reclutamiento, selección, movilidad, traslados, carrera administrativa, promoción, concursos, formación, capacitación, remuneración y otros.
MIDEPLAN sufre una metamorfosis y se trasmuta en un supra-ministerio, que concentra un poder desproporcionado, a cuyos mandatos imperativos quedan subordinadas prácticamente todas las instituciones, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Este Leviatán hace añicos la independencia de poderes y la autonomía constitucional de la CCSS, universidades estatales y las municipalidades, reducidas a caricaturescas unidades ejecutoras de las directrices, lineamientos, procedimientos y resoluciones de SUPRAMIDEPLAN.
En el otro proyecto se pretende reformar la Ley Orgánica del INA, que ha jugado un papel fundamental en la formación y capacitación técnica de la clase trabajadora, cuyo objetivo es la externalización de los servicios que presta esta institución y la privatización de la relación de empleo de sus servidores.
En la línea de afectación directa de los derechos de las personas que laboran en el sector público, tenemos un emergente aluvión de proyectos, entre los cuales sobresalen, sin la intención de agotar el señalamiento de los tantos que conforman la saga de proyectos que se agolpan en la corriente legislativa, los siguientes: congelamiento de las anualidades 2021-2022, derogatoria de los regímenes de pensiones complementarias de trabajadores y trabajadoras de varias instituciones (CCSS, BCR, BN, ICE, ICT, JPS).
No podríamos dejar de mencionar la versión más creativa de estos proyectos: la reducción del 15% de la jornada de los funcionarios públicos que devengan una remuneración bruta mensual por lo menos de 1.500.000 colones, por un período de 12 meses, un verdadero despropósito, un impuesto disfrazado con lentejuelas, cuestionado por diferentes sectores, hasta incluso por partidos políticos que han hecho mancuerna con el Gobierno en la aprobación de aquellas leyes.
Todas estas iniciativas se han promovido y ejecutado de manera unilateral, inconsulta, cerrando todo espacio de interlocución a los actores sociales interesados.
No queda, entonces, la menor duda de la nula voluntad de diálogo y legitimidad democrática de este Gobierno, que en esta crisis desafortunadamente nos está llevando por un callejón al borde del despeñadero: en el ámbito del empleo, en el campo laboral, social, económico y productivo, que ojalá que en el orden sanitario, en definitiva, podamos salir bien librados de esta fatídica pandemia.
Así las cosas, no es aventurado sostener que estamos llegando a una situación muy crítica, a un punto de inflexión, donde más allá de esta línea probablemente no habrá retorno.
La crispación social sube la intensidad del tono y las circunstancias podrían desbordarse, como la misma pandemia, las cuales exigen que el Gobierno de la República vuelva por el camino de la restauración democrática y se comprometa francamente en un proceso de diálogo con los actores sociales, cuyo objetivo debe ser la recuperación del empleo, mantener la sostenibilidad de los salarios de los trabajadores, la reactivación y la eficiencia económica y además, la construcción de un escudo social que proteja a la gente en condición social vulnerable, los siempre condenados de la tierra.
No es ocioso recordar, por aquello que a algún político desmemoriado se le haya olvidado, que la Constitución Política establece que Costa Rica es una República libre, democrática e independiente, sustentada en los principios de participación ciudadana y en la provisión de los servicios públicos.
El Diálogo Social es inherente a esta configuración democrática de nuestro ordenamiento constitucional, que además tiene respaldo en el Convenio N° 98, N° 144, N° 154 y varias recomendaciones de OIT.
En este aspecto es pertinente recordar los señalamientos del Comité de Libertad Sindical de OIT:
“356.- (…) El Comité llama la atención sobre la importancia que atribuye a la promoción del diálogo y la consulta en las cuestiones de interés común entre las autoridades públicas y las organizaciones profesionales más representativas del sector de que se trate», así como «el interés de consultar a las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la preparación y elaboración de una legislación que afecta a sus intereses». El Comité subraya a este respecto la importancia de consultas detalladas y de que las partes tengan suficiente tiempo para preparar y expresar sus puntos de vista y, discutirlos en profundidad. El Comité subraya también que el proceso de consulta en materia de legislación contribuye a que las leyes, programas y medidas que las autoridades públicas tengan que adoptar o aplicar tengan un fundamento más sólido y sean mejor respetados y aplicados; en la medida de lo posible el Gobierno debería apoyarse en el consentimiento general ya que las organizaciones de empleadores y de trabajadores deben poder participar en la responsabilidad de procurar el bienestar, y la prosperidad de la comunidad en general [Informe N° 368 de Comité de Libertad Sindical, que remite a Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, quinta edición, 2006, párrafos 1067 y 1072].
La OIT, en el Marco de las políticas de lucha contra el COVID-19, estableció que el Diálogo Social “en todo momento, promueve la participación democrática en el proceso de formulación de políticas de las personas más directamente afectadas; pero en momentos de crisis, cuando hay mucho en juego, esa participación resulta aún más importante.”
El Diálogo Social es un cauce de mediación democrática, que sustenta la legitimidad de las políticas públicas, las decisiones gubernamentales y legislativas, que tanto se echa de menos en esta Administración.
En esta durísima crisis que estamos atravesando, ahora más que nunca, antes que –parafraseando a Saramago- nos hundamos hasta la mierda y perdamos el optimismo que aun nos queda de reserva, es imperioso articular un proceso real de Diálogo Social.
En definitiva, es necesario pactar, de manera impostergable, una hoja de ruta tendiente a buscar una salida democrática de la crisis, en procura de un gran acuerdo de reconstrucción social y económica, destinado a refundar el Estado Social y Democrático, proceso en el que deben tener participación los actores sociales y representaciones de pequeños y medianos empresarios, agricultores, a quienes se les ha martillado de golpe en seco y trasladado exclusivamente el riesgo y el costo de esta crisis sobreviniente.
En este trance de crisis de la cohesión social, del tejido productivo y no menor tensión de la legitimidad democrática, el diálogo social no puede ser enervado o suplido por la gobernanza unilateral, excluyente y autoritaria, acompañada de la infaltable represión policial cuando es necesaria, que ha sido hasta ahora la única receta del formulario oficial del Gobierno de la República.
El giro de 180° hacia el Diálogo Social es una opción política que el Gobierno del Bicentenario debe seriamente valorar, en función del desarrollo humano, la dignidad de las personas y el bienestar general de las grandes mayorías.