La gran pregunta que se está generando en Costa Rica en los últimos cinco años es muy simple, ¿Quién controla a la Contraloría? ¿Quién controla al que supuestamente controla? ¿Cómo “monitorare il vigile”? se peguntaban Salvatore Veca, Norberto Bobbio y otros expertos de la ciencia jurídica y la ciencia política italiana, allá por los años 80 del siglo pasado, en medio de los escándalos de los negocios públicos que llevaron a la mitad de la clase política de ese país a la cárcel.
Por obligación constitucional, siempre deberá ser el Parlamento. Y Costa Rica no es la excepción. Esta función esencial de la Asamblea Legislativa— una comisión que instruya al Plenario sobre la acciones de la Contraloría, y las corrija cuando sea necesario—, no se está realizando en la Costa Rica de hoy. Veamos las distintas autorizaciones o refrendos de nuestra Contraloría, absolutamente polémicos, que se han dado en los últimos años:
1.- La concesión a una empresa privada del Puerto de Moín mediante un contrato monopolístico de casi 1.000 millones de dólares, cuando la Constitución Política taxativamente indica que se trata de un monopolio natural del Estado. Este Contrato fue refrendado por la Contraloría. El escándalo ya pasó y, simplemente, dimos por 3 décadas a una empresa privada un punto tan estratégico como un monopolio de nuestro puerto de salida al Atlántico. El del Pacífico ya lo habíamos dado hace varios años. La maldición de la Malinche, ahora en Costa Rica.
2.- La concesión a RITEVE, también claramente monopolística, e igualmente refrendada. Una grave tendencia de la Costa Rica de hoy: nuestros gobernantes iniciaron una cacería de brujas contra los monopolios públicos y, sin embargo, protegen y refrendan los monopolios privados. Desde luego, había que destazar al ICE a como hubiera lugar (en nombre de la santa libre competencia), pero a la vez se protegen muchos monopolios privados.
3.- El intento de firmar un contrato por casi 1.500 millones de dólares (sin proceso de licitación ni competencia internacional) para que una sociedad anónima de RECOPE negocie directamente con una empresa del gobierno de China la construcción de una refinería, cuando El Salvador ha negociado la construcción de una similar (apenas un poco menor) por apenas 600 millones de dólares. En cualquier hipótesis, esa ficción jurídica viola lo dispuesto por la Ley No. 8131 y la Ley de Control Interno. Esto no se ha concretado, pero va en camino…
*4.-*Y ahora, la cereza del pastel. Después de los múltiples escándalos en los últimos cinco años resultante de la concesión de la carretera a Caldera, y del aumento de previo inicial en más de un 300% —todo ello con el visto bueno del CONAVI y de la Contraloría—se nos informa ahora que se concretó la licitación de la carretera San José-San Ramón, con su respectivo refrendo. Otra concesión para otra empresa extranjera de US$ 523 millones de dólares por una carretera que tiene todo su tramo ya construido desde hace 70 años. Y los usuarios deberán pagar todos los días US$ 8 dólares diarios.
Cómo ha publicado recientemente el Ing. Rodolfo Silva, ¿por qué si el gobierno dispone de cerca de 3 mil millones de dólares en préstamos del BID, del BCIE, de la CAF, etc, no se relicita el proyecto con la participación de empresas nacionales? Si se licitaron la Costanera Sur, la Bernardo Soto, la recontrucción de la ruta Interamericana, Abangares-Tempisque, Siquirres-Limón, Cañas-Upala, Liberia-Nicoya, Ciudad Quesada-Los Chiles, Vuelta de Kooper-Chilamate, etc, ¿por qué no la carretera central del país, a San Ramón?
¿Porqué si Panamá fue capaz de ampliar y administrar una gran obra del planeta, como su propio Canal, con funcionarios y empresas panameñas, con beneficios e ingresos para el fisco nacional de $US5 mil millones al año, nosotros—vergonzosamente—tenemos que licitar todo a empresas foráneas? ¿Cuál negocio y cuáles intereses hay detrás de esto?
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Fuente: La columna de Jaime Ordóñez