En una sentencia hecha pública hoy, el Tribunal Supremo de Valencia (este español) desestimó el recurso que Romano presentó contra el fallo que le condenaba a cuatro años de prisión y a una multa de 6.000 euros (8.000 dólares) por un delito continuado de estafa entre 2004 y 2005.
El que fuera candidato presidencial del Movimiento Liberal Pueblo Unido, residente en Valencia, estafó a un empresario al aprovecharse de los trastornos psicológicos que éste padecía para lograr que le diera más de 553.000 euros (unos 739.000 dólares).
Romano fue uno de los catorce candidatos que se presentaron a las elecciones presidenciales venezolanas de 2006 para intentar derrotar a Chávez.
En septiembre de 2004, cuando residía en la localidad valenciana de Rocafort, contactó telefónicamente con F.J.F., dueño de varias tiendas de electrodomésticos en la vecina región de Cataluña, para comprarle productos de sonido de alta gama, valorados junto con su instalación en 10.400 euros (casi 14.000 dólares).
Entre ambos comenzó una estrecha relación y el empresario catalán conoció entonces que Romano estaba organizando un partido político en Venezuela y que pensaba presentarse como candidato a la presidencia de aquel país en las elecciones de dos años más tarde.
Romano también le contó que era titular de una empresa en Alemania que tenía “un pleito judicial pendiente de resolver por la Justicia italiana y que si ganaba ese pleito, recibiría cien millones de euros (más de 133 millones de dólares)”.
A partir de entonces, el empresario comenzó a hacer elevadas entregas de dinero a Romano, tanto para los gastos de abogados del pleito en Italia como para los de constitución de su partido político.
En total, el empresario hizo cinco transferencias entre diciembre de 2004 y julio de 2005 por un valor superior a los 500.000 euros (más de 668.000 dólares).
Además, le entregó diversos electrodomésticos por un importe total de 38.426 euros (unos 51.353 dólares) mientras que, según el fallo, Romano solo le pagó 15.400 euros (20.578 dólares).
La víctima llegó a viajar a Alemania junto a Romano y su esposa, así como a Venezuela para presenciar la actividad preelectoral del incipiente partido político, entregando además en esa visita 20.000 euros (más de 26.700 dólares) al abogado del MLPU.
La sentencia recoge que el empresario sufría desde hacía años “un trastorno ansioso depresivo” y Romano aprovechó “la dependencia que, como consecuencia del trastorno, sufría” por lo que “le indujo a que efectuara las entregas de dinero y material electrónico (…) aunque no tenía intención de devolverle nada de lo que le iba entregando”.
El abogado de Romano recurrió el fallo de la Audiencia de Valencia pero el Tribunal Supremo lo ha desestimado en todos sus términos, garantizando que el proceso cumplió con todas las garantías.