Denuncia contra la CCSS por contratar morosos


FRENTE AMPLIO DENUNCIA A CONTRALORÍA Y A GERENTA DE LA CCSS POR IRRESPETAR LA LEY Y PROMOVER CONTRATACIÓN DE EMPRESAS MOROSAS

  • Pide a Presidenta Ejecutiva y a Junta Directiva definir posición única y rechazar intentos de debilitar controles del artículo 74 de su Ley Orgánica.
  • También protesta “enérgicamente” ante la Contraloría por sabotear los esfuerzos del Parlamento para fortalecer a la CCSS


En una carta enviada hoy a la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Ileana Balmaceda, y a la Junta Directiva de esa entidad, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, denunció a la Gerenta de Infraestructura y Tecnología, Gabriela Murillo Jenkins, por haber solicitado a la Contraloría General de la República (CGR) una interpretación del Artículo 74 de la Ley Orgánica de la CCSS, con el fin de facilitar la adjudicación de licitaciones a empresas morosas con los seguros sociales.

El artículo 74 de la Ley Orgánica de la CCSS fue recientemente reformado por la Asamblea Legislativa, por iniciativa del Frente Amplio, para establecer claramente la obligatoriedad de estar al día con la seguridad social, como requisito ineludible de las empresas para participar en procedimientos de contratación administrativa.

En respuesta a la solicitud de Murillo Jenkins, la Dirección de Contratación Administrativa de la CGR emitió la resolución R-DCA-393-2012, del 30 de julio de 2012, en la cual rectifica la interpretación que, por mayoría, había adoptado y que establecía que el propósito y espíritu de ese artículo es impedir que empresas morosas sean aceptadas en licitaciones públicas. El Frente Amplio también protestó “enérgicamente” ante la CGR por esta resolución.

Villalta resaltó el hecho de que el Gerente Financiero de la CCSS, Gustavo Picado, ha impugnado esta última resolución de la CGR por ser contraria al régimen legal y constitucional que protege los seguros sociales y a la propia ley orgánica de la CCSS.

Para el diputado Villalta, la última interpretación adoptada por la Contraloría “es antojadiza, por ser contraria a la letra y el espíritu de la ley. Si el artículo 74 prohíbe a las personas morosas con la seguridad social participar en procesos de contratación administrativa, no existe posibilidad alguna de interpretar que el término “participación” se refiere a “la posibilidad de resultar adjudicatario del procedimiento de contratación”. Para ser adjudicatario se requiere haber participado en el proceso, haber presentado ofertas y que estas ofertas hayan sido analizadas y valoradas por la Administración.”

“La Contraloría alcahuetea a los morosos, socavando los esfuerzos que ha hecho la Asamblea Legislativa para garantizar el financiamiento de los seguros sociales. Se debilita el mecanismo de control concebido por el legislador, porque los oferentes morosos que no tengan posibilidad de ser adjudicados no tendrán ningún incentivo para ponerse al día con la CCSS. Podrán concursar y, si ven que no tienen opción de ganar, simplemente seguirán morosos con la CCSS”, expresó el parlamentario.

Agregó que, con la resolución de la CGR, también “se fomenta la competencia desleal entre oferentes, pues una empresa podrá bajar sus costos de operación y presentar una mejor oferta a costa de encontrarse morosa con la seguridad social, en perjuicio de otra que sí hizo los esfuerzos y sacrificios necesarios para ponerse al día.”

En su carta, Villalta considera “lamentable que a algunas autoridades de la CCSS no les preocupe esta grave situación. Parece que incluso ven el interés cortoplacista de poder incluir más oferentes en sus licitaciones –aunque estén morosos-, sin considerar que la calidad y sostenibilidad de los servicios que prestan dependen del combate frontal a la morosidad con la seguridad social.”

“Pareciera que no entienden que, si se debilita el financiamiento de la CCSS, a mediano y largo plazo faltarán recursos para mejorar la infraestructura y la prestación de los servicios de salud. Sin recursos para obras, de nada les servirá contar con más oferentes, morosos incluidos, salvo que lo que se busque es seguir favoreciendo al sector privado, en detrimento de la seguridad social”, agregó.

Por lo anterior, solicita a las autoridades de la CCSS informarle “cuál es criterio oficial de la institución, si respalda las gestiones de algunos funcionarios para debilitar la aplicación del artículo 74 de su Ley Orgánica y si se considera correcto, dentro de una adecuada y eficiente gestión institucional, que existan posiciones contradictorias sobre un tema de tanta importancia. Asimismo, me informe sobre las acciones que tomará para evitar que esta lamentable situación se repita.”

Finalmente, advierte que “si la Administración Superior de la CCSS no hace cumplir su propia Ley Constitutiva y permite que se burlen los mecanismos dispuestos por el Poder Legislativo para combatir la morosidad, no habrá manera de fortalecer ni rescatar esta institución de la grave crisis que enfrenta.”

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Nota de Undeca

Desde UNDECA creemos que es verdaderamente sorprendente como, desde la misma Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, se violentan las Leyes en detrimento de los más altos intereses de los costarricenses. Este tipo de acciones contribuyen al deterioro de la imagen de la institución y peor aún va en contra de los intereses económicos de la Caja.

UNDECA se une a esta denuncia y exigirá que la Junta Directiva de la Caja, encabezada por Ileana Balmaceda, que brinde respuestas claras sobre este nefasto accionar y que rectifique su proceder.

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