A partir del debate público acerca de la sostenibilidad del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, los legítimos representantes del movimiento sindical hemos sostenido una lucha en defensa de los intereses de la sociedad costarricense.
La Junta Directiva y el Gerente de Pensiones de la Caja, Jaime Barrantes, con argumentos apocalípticos y tendenciosos han propuesto agresivas reformas al Régimen de Pensiones de la Caja, fundamentados en un estudio de académicos de la Escuela de Matemáticas de la UCR.
El estudio contratado por la Caja – a un costo que se desconoce – ha sido totalmente descalificado por el Departamento de Protección Social de la Organización Internacional del Trabajo con sede en Ginebra, Suiza.
La OIT demuestra que el estudio de los académicos se alejó completamente de la realidad costarricense, será mayor la cantidad de personas cotizantes que la población total de nuestro país, por ejemplo el estudio asume que si en 1985 nacieron 1.000 personas se jubilarán 1.210, por tanto, incrementan artificialmente los costos, a su vez la fórmula de cálculo de la pensión provoca que los montos sean más altos, como si se estuvieran financiando las pensiones de países como Noruega.
La ciudadanía exige transparencia, ética y responsabilidad técnica, por lo que el bloque BUSSCO-CTRN demanda que la Caja le entregue a la OIT los modelos, hipótesis y bases de datos utilizados, con la finalidad de que sea la misma OIT, con sus reconocidos órganos técnicos y actuariales, la que profundice el análisis del cuestionado estudio y determine, con absoluta rigurosidad, el verdadero estado del Régimen de pensiones de la CCSS.
En virtud de los serios señalamientos técnicos, propondremos que la Mesa de Diálogo solicite a la OIT una revisión y actualización integral del estudio contratado por la Junta Directiva de la Caja.
Esperamos que en razón de que la SUPEN supervisó técnicamente el estudio, el propio Superintendente, Alvaro Ramos, en aras de la transparencia, promueva y genere espacios con los sectores sociales y garantice seguridad técnica, como lo demanda el pueblo costarricense.
Es evidente que las decisiones tomadas por la Junta Directiva de la Caja no fueron técnicamente fundamentadas, sino que responden a intereses fraudulentos o espurios de ciertos sectores político- empresariales, para golpear salarialmente a la clase trabajadora y a la familia costarricense. La indignación debe traducirse en acciones concretas, porque son muchos los desaciertos, las carencias en rendición de cuentas, las graves denuncias en los estrados judiciales, que no pueden quedar impunes o escondidos en las sombras de compadrazgos y amiguismos.
San José, 12 julio de 2017