EP-01-2020
San José, 04 de diciembre de 2020.
Señor
Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
SM.
Estimado señor:
Por iniciativa del Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa tramita el Proyecto de Ley Marco de Empleo Público (Expediente N° 21336).
Este proyecto legislativo, dictaminado por la Comisión de Gobierno y Administración, el pasado mes noviembre, se ha tramitado de manera acelerada, atropellada, sin que haya existido un espacio de debate democrático, en el que hayamos tenido la oportunidad de participar los actores sociales que representamos los legítimos intereses de las personas que prestan sus servicios en la Administración Pública.
El proyecto contiene modificaciones sustanciales que alteran las reglas del ordenamiento y funcionamiento de la Administración Pública, que por sus implicaciones, demanda la mayor participación de todos los interesados en su discusión.
A raíz de la notoria ausencia de este debate y de participación ciudadana, la iniciativa legislativa carece, para empezar, de legitimación democrática.
Por otro lado, por su contenido, el proyecto carece de legitimidad constitucional y democrática, porque significa un rediseño político de la institucionalidad pública costarricense, con una grave afectación de las autonomías constitucionales, menoscabo de la independencia del Poder Judicial y además, una seria afectación de los servicios públicos, que constituyen la infraestructura de la democracia.
El proyecto aspira a una mayor concentración de poder, en manos del Poder Ejecutivo, radicado en la rectoría política que le atribuye a MIDEPLAN la gobernanza total y absoluta de la regulación del empleo, prácticamente en toda la Administración Pública.
Ese enfoque tendiente a una mayor centralización de poder, con un nivel de autoritarismo muy intenso, deja en un total estado de interdicción la actividad legítima de los sindicatos, en orden a la defensa y mejoramiento de las condiciones de trabajo de las personas que prestan sus servicios en la Administración Pública.
El proyecto asume una dogmática autoritaria, desprovisto de legitimación democrática y constitucional, incompatible con los postulados de un Estado de Derecho y Democrático.
Por los motivos expuestos, solicitamos que el Poder Ejecutivo no convoque en este período extraordinario dicho proyecto de ley, hasta que se haya generado y realizado un profundo debate, que defina el objetivo y contenido de la reforma del empleo público que requiere nuestro país.
A tal fin consideramos perentorio que se abra un espacio de diálogo entre el Poder Judicial, sector sindical y fracciones legislativas a fin de consensuar una propuesta con rigurosidad técnica y legitimidad constitucional y democrática.
Atentamente,
P/ BUSSCO P/ UNDECA P/ ANDE P/ SEC P/ APSE
Cc. Licda. Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional
Licda. Geannina Dinarte Romero, Ministra de Trabajo
Lic. Víctor Morales Mora, Presidente Comisión de Gobierno y Administración.
Archivo.