Categoría: Comunicados

De no ser por la presión de los sectores sociales que queremos y defendemos a la Caja Costarricense de Seguro Social y el apoyo de la prensa nacional, la Presidenta de la República, Laura Chinchilla y su aliada Ileana Balmaceda, no se hubieran hecho pública la crisis que venía padeciendo esta institución.

Pero no podemos obviar que ambas ha manejado mal esta delicada y complicada situación ante los usuarios y los medios de información, cerraron puertas y ventanas, manipularon la información, le negaron la participación a diferentes organizaciones sociales.

En su lugar crearon dos comisiones de “notables” con sendos contenidos y recomendaciones con quien la Presidenta Ejecutiva y su Junta Directiva fieles representantes del gobierno comenzaron a hacer y deshacer según las medidas tomadas.

Las soluciones implementadas: fuertes recortes presupuestarios en los centros que afectaron la contratación y la presencia de especialistas, médicos, profesionales y equipo de apoyo en los centros, estudios para el traslado voluntario de personal de oficinas centrales y la movilidad voluntaria; un rotundo fracaso, reducción y no pago de horas extras, congelamiento de plazas, entre otras, que vinieron a hacer más grande el tormento de las listas de esperas a los asegurados.

“Se ha dado un abandono total del mantenimiento de las infraestructuras hospitalarias, causando un grave y serio deterioro en sus plantas físicas, equipos, promoviendo un ambiente hostil laboralmente”, aseguró Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Complementariamente activaron un ataque furibundo al prestigio y la dignidad del abnegado personal que trabaja día y noche, feriados y Semana Santa. Todo esto se hizo a la luz de un autoritarismo puro y antidemocrático.

Y nos preguntamos, qué acciones han tomado para hacer efectivo el cobro con las gigantescas deudas del Estado, que al día de hoy suman 250 mil millones de colones, la de los patronos privados, los que evaden el pago de sus cuotas, los que reciben atención médica y no pagan, hasta de países europeos.

Por qué a pesar de que la Sala Constitucional falló condenando al Gobierno a pagar las deudas acumuladas, los daños y perjuicios por la no implementación del reglamento del artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador que establece el pago de un 15% de las empresas del Estado al fondo de pensiones por un monto aproximado de los 400 mil millones de colones, esto aún no se ha hecho, no han logrado hacerlo efectivo.

Igualmente ha sucedido con las deudas por el traspaso del personal y los servicios del Ministerio de Salud a la Caja, hace aproximadamente 15 años, sin que se haya cancelado un solo cinco de la deuda acumulada de unos 350 mil millones de colones.

Ninguna de estas primeras damas de hierro ha hecho lo urgente y necesario por la Institución, violentando la Constitución Política y por ende, sus obligaciones con el pueblo costarricense.

Ya cuando el barco está por llegar a puerto envuelto en tormentas, tempestades y sin timón, para qué tirar el salvavidas, para dejárselo al próximo gobierno. Si hay algo que este gobierno y los anteriores han tratado mal, es la búsqueda de la solución a la crisis de la Caja.

Omitieron que esta institución una de las mejores en salud en Latinoamérica es el tesoro más preciado de los costarricenses e inmigrantes de nuestro país

¡LA HISTORIA LOS JUZGARÁ!

Aportaron por muchísimos años parte de su salario para financiar y sostener el Régimen de Salud y Pensiones. Además, los recursos de sus pensiones, fueron sometidos reformas anteriores, siempre con el “motivo” de que por la crisis los ingresos del fondo eran totalmente insuficientes.

Con estas reformas que se dieron en las últimas décadas, se afectaron de diversas maneras, la edad para pensionarse, el monto de las cuotas, la cotización, entre otras.

Después de una larga y tortuosa vida laboral, al menos los que tuvieron estabilidad laboral lograron pensionarse, con menos o más edad, siempre con menos salario, pero ¿a qué costo y precio?

Ahora las autoridades pretenden agredir y sacrificar al adulto mayor pensionado o a aquellos que están a punto de pensionarse con nuevas cargas sociales. Las opciones serían, tener que pagar 13.25% del Seguro de Salud, o que les paguen la pensión un mes atrasado. ¡Qué injusticia!

Si el Seguro de Salud y el de pensiones están siendo afectados por la crisis, el que menos debe de pagar es el sector que lo disfruta actualmente, o el que lo hará dentro de poco, pues ya de por sí, ha visto disminuidos significativamente sus ingresos con el cálculo de la pensión hasta de un 42%, con respecto a los componentes de los salarios de los últimos 20 años.

¿Cuánto creen que reciben aquellas personas que se pensionaron hace 5, 10, 15 años o más con la Caja? Cien mil, doscientos mil colones, totalmente desactualizado y depreciado su monto económico. Definitivamente es falta de sensibilidad social, pretender resolver la crisis a costa del sector pensionado.

“Consideramos que ante estas circunstancias los más de 300 mil pensionados tienen que organizarse y ser más beligerantes para lograr impedir este atropello y luchar por aumentos a la pensión mas decentes, que les garantice una vida próspera y feliz”, detalló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

En cuanto a las reformas para debatir la crisis del régimen de salud y pensiones hay mucho que profundizar y debatir, empezando porque nunca se rinden cuentas transparentes, ocultan o manipulan la información, se mantiene la impunidad de los responsables por el pago de las deudas, la morosidad y continúa la evasión del Gobierno y los patronos privados.

Definitivamente hay que despolitizar esta institución y pensar en una contraloría del pueblo que vigile día y noche sin ningún interés político está noble entidad y que castigue a los responsables, ya que la Contraloría del Estado queda debiendo mucho.

Ver información en las imágenes adjuntas.

Dos veces al año en enero y julio de cada año, se realizan encuentros más que negociones entre el gobierno, los empresarios y la representación de los trabajadores en el sector privad y los sindicatos y el gobierno en el sector público.

En ambos es poco o nada sus resultados satisfactorios, si de actualizar y mejorar el salario decente y competitivo se trata, que mejore las condiciones de vida de la gente, por el contrario gobierno y empresarios terminan imponiendo el “decretazo” salarial.

No existe control de precios, al gobierno y el sector empresarial no les interesa la canasta es limitada de productos, por eso es básica, más allá tienen el precio de mercado porque según dicen la competencia lo fija, una grave maniobra.

El costo de los combustibles es fluctuante, hoy sube mucho, mañana baja muy poco y los pasajes de los buses ya no son pequeños, más aún en el área rural y urbana y esto tiene su precio.

El método utilizado no toma en cuenta el alquiler de las viviendas o el que se endeude para poder construir su casa con muy altos intereses. El pago de la educación privada o pública y el costo de los materiales, transporte, etc. las tarifas públicas como agua, electricidad, etc. los medidores le quitan una parte importante del ya depreciado salario y así ni que decir del pago de los impuestos municipales, timbres legales, impuesto a la propiedad, al salario, etc. la depreciación o devaluación de la moneda en colones por la moneda extranjera.

Así las cosas, el oscuro panorama para contar con salario digno y decente está en la cola de un venado, porque el Ministerio de Trabajo dejó de ser también de carácter social y se pasó del lado de los más poderosos y la libertad del mercado.

Es difícil entender bajo estas circunstancias, que el Gobierno pretenda soslayar esta realidad, porque el salario se ha constreñido significativamente y no alcanza, menos para dar un paseo con la familia, mientras los puestos altos del gobierno no tienen este problema, cuando los salarios se fijan de otra manera y están por encima de los 6 millones de colones de los jerarcas en las instituciones públicas y hasta de 18 millones existen, los diputados y diputadas por ley han recibido 300 mil colones de aumento.

De ahí que hay que cambiar radicalmente el método y erradicar los decretos para poder lograr un resultado decoroso, donde el pueblo pueda ser feliz, o luchar en las calles para lograrlo.

La Costa Rica de hoy, la de los grandes y numerosos conflictos sociales, por la incapacidad del Gobierno y la clase política para resolver la creciente desigualdad social reflejada en el deterioro de servicios, instituciones, empobrecimiento, y profundizada por la corrupción.

Conflictos siempre han existido, pero ahora la situación es incontrolable, con las huelgas de los trabajadores por sus derechos y las acciones de los movimiento sociales en el sector indígena, campesino, agricultor, vivienda, estudiantil, los de la tierra, el agua, contra RITEVE, Crucitas; por las malas condiciones de las escuelas, contra concesiones de obra pública como OAS, APM Terminals, combo ICE, etc., todo esto por la pérdida de credibilidad y que ha hecho que los costarricenses sientan que han sido engañados y burlados por la clase político-empresarial que ha tomado el gobierno desde los años 80´s.

El pueblo no come más engaños, ni se traga más el cuento; los sectores sociales exigen acciones y soluciones a los numerosos problemas que afectan y deprimen a todos los costarrincenses.

Bajo este panorama incierto, la crisis que vive hoy la Caja y el deterioro de los servicios, las largas filas de espera, las escandalosas y multimillonarias deudas de morosos, el colapso de las plantas físicas, equipo y la creciente corrupción tampoco tienen solución por parte de una Junta Directiva politizada.

Por el contrario, las altas autoridades, la Presidenta de la República y el Gobierno, han cerrado las puertas al diálogo para discutir esta situación, de igual manera esta actitud se ha reiterado en todos los conflictos que vive el país, pero la clase político-empresarial gobernante piensa implementar un arma represiva y antidemocrática, como prohibir el derecho a huelga, impidiendo la libertad de expresión y criminalizar las manifestaciones.

Esto nos obliga a actuar contra el proyecto y por el archivo de la reforma procesal laboral, por la defensa de los derechos laborales y económicos, contra las concesiones, la privatización de servicios y la corrupción, en defensa de servicios públicos de calidad y eficientes, etc.

Con suficiente razón y motivo UNDECA y los sindicatos del sector salud, convocamos al personal de la Caja, sector público, estudiantil, jóvenes, sector educación, ICE, comunidades, pensionados, a participar el MARTES 25 DE JUNIO en todo el país.