La presente, es la propuesta presentada por UNDECA, BUSSCO y el Movimiento Sindical a los representantes del gobierno en la mesa de diálogo abierta luego de la gran huelga nacional del pasado lunes 25 de junio.
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El diálogo social es esencial para la convivencia democrática, para lo cual es fundamental establecer condiciones mínimas que brinden garantías a las partes, fomentando una discusión libre, honesta y respetuosa, que implica la voluntad política de redescubrir permanentemente el bien común, y un saber vivir juntos bajo criterios de equidad y justicia para todos los sectores y para todas las personas habitantes de la República.
El abordaje que la actual Administración le ha dado al tema fiscal ha debido, sin duda, ser acompañado de un mejor ejercicio democrático. Pero no ha sido así. Lo anterior genera que dicho abordaje gubernamental del tema fiscal, haya generado posiciones antagónicas entre fuerzas reaccionarias y ultraconservadoras y el movimiento sindical y social, motivo fundamental de la creciente conflictividad social.
Tanto las premisas que algunos integrantes de su gabinete de Gobierno y ciertos diputados de la República identifican como factores causales de la situación fiscal, así como las medidas que se han impuesto, evidencian un alto contenido ideológico cargadas hacia la regresividad fiscal; poniendo el énfasis de la carga tributaria en sectores medios y populares, protegiendo a los sectores ganadores del modelo económico quienes además poseen una mayor capacidad adquisitiva.
Estamos frente a dos visiones diametralmente opuestas: mientras el Gobierno se ha centrado en la contención del gasto, la disciplina fiscal, la revisión del régimen salarial del sector público y prioritariamente en la adopción de nuevos impuestos para el pueblo, el sector socio-laboral considera que las medidas deben combatir rigurosamente la evasión, el fraude fiscal, la revisión del régimen de exoneraciones fiscales, la evaluación de los impactos fiscales de los TLCs, el combate al fraude fiscal corporativo y, en definitiva, modificaciones estructurales del régimen tributario orientado a alcanzar una efectiva progresividad.
Por lo anterior y desde el pasado 7 de marzo del presente año, el Movimiento Sindical Costarricense anunció al pueblo trabajador, a la opinión pública nacional, y a la clase política del país, nuestra decisión de hacerle frente a todas aquellas iniciativas de ley y de política pública, que impulsan nuevos impuestos, perjudicando el ya golpeado ingreso de la clase trabajadora; y poniendo en grave aprieto las actividades económicas-productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas, castigándolas con nuevas cargas tributarias.
De esta forma, si el Gobierno se encuentra realmente interesado en tomar nuestra propuesta de Diálogo Social, debe mostrar su voluntad política creando las condiciones necesarias que garanticen los mínimos democráticos, de respeto, de reconocimiento del otro y sus reivindicaciones, de buena fe hacia las otras iniciativas que permitan mejores soluciones para todas las partes.
Lo anterior implica:
I. Detener el trámite del paquete de impuestos (Expediente 20.580), para garantizar un periodo de gracia que permita la construcción de acuerdos sobre el tema en la Mesa de Diálogo Social Multisectorial sobre el tema fiscal.
II. Desestimar y suspender las demandas interpuestas por el Gobierno y demás Instituciones Públicas para que se declare la ilegalidad de la huelga, de forma que, se despeje del escenario político toda represalia política y legal contra las y los trabajadores que participaron del movimiento nacional regionalizado del pasado 25 de junio, para expresar el descontento nacional contra el abordaje gubernamental del tema fiscal;
III. La apertura formal de una mesa de diálogo social multisectorial, con participación de diversos sectores como la Iglesia Católica, con su respectiva propuesta metodológica consensuada, para buscar soluciones conjuntas al tema fiscal.
Pero, además, no podemos aceptar y dejamos constancia de nuestro rechazo y condena a las directrices emitidas por la señora Ministra de Hacienda en contra de los derechos laborales y la negociación colectiva en días pasados; especialmente lo relacionado con el decreto # 4167-MTSS-H, que impuso el reajuste salarial para el II Segundo Semestre de 2018 y el I semestre del 2019, suspendiendo unilateralmente el Acuerdo de la Comisión de Salarios del Sector Público del año 2007. Este tipo de decisiones socavan el derecho fundamental a negociación colectiva, así como la construcción de transparencia y de confianza en procesos de diálogo de mayor magnitud como el que se requiere para el tema del déficit fiscal.
Asimismo, manifestamos nuestro rechazo a las comisiones nombradas para la Reforma del Estado y la Reforma a la Administración Pública y lamentamos que este gobierno en lugar de la vía participativa y democrática de nuestro Estado Social, de acuerdo con el postulado que exige el artículo 9 de nuestra Constitución, le haya dado un carácter excluyente, evidenciando una uniformidad ideológica que no sorprende, denegando a la sociedad espacios reales de participación multisectorial efectiva.
No pueden ser los mismos de siempre, que representan los mismos intereses y los mismos sectores, quienes tengan el monopolio de la toma de decisiones, mucho menos con personajes con vocación totalitaria y discriminatoria o que han irrespetado la institucionalidad del país como el señor Casas. Demandamos, por tanto, que se modifique totalmente la integración de ambas comisiones hacia una orientación multisectorial, plural y diversa.
Señores del Gobierno de la República: esas condiciones objetivas son necesarias para encontrar espacios de diálogo con el Gobierno, si es que existe una disposición sincera, transparente, leal, radicada en la buena fe, de manera que ustedes tienen la palabra. Si hay vocación real y transparente por el Diálogo Social, encontrarán al movimiento sindical, dispuesto a sentarse a hablar y dialogar sin ningún tipo de reserva, en resguardo de los intereses de las grandes mayorías y del Estado Social de Derecho.