SETENA jamás se puede contradecir con lo actuado hasta hoy con el proyecto de la Marina, ni puede ceder a las presiones que ejerce el Poder Ejecutivo.
Presidenta irresponsablemente exige inicio de construcción, pese a violaciones constitucionales y no tener estudios de impacto ambiental aprobados.
El daño ambiental que se causará si le ceden ilegalmente los permisos de construcción al proyecto de la APM Terminals por parte de la SETENA, para construir una isla de 80 hectáreas frente a las costas de Moín y los accesos en medio de humedales y zonas protegidas por ley será irreversible. Los daños que causaría este proyecto es dos veces más grave que el que iba a generar la Marina Isla Moin y que ya fueron anulados.
Lanzar 10 millones de metros cúbicos de lodo y material arcilloso al Mar Caribe, en las corrientes marinas frente a las costas de Limón, la desprotección del Río Moín, un río protegido por la Convención RAMSAR y de especies marinas en peligro de extinción como las tortugas baulas y otras de flora y fauna exóticas que utilizan la zona como sitios de anidación y preservación, la destrucción de los mantos acuíferos y zonas protegidas como el Humedal Cariari, que abastecen de agua potable a más de un 20% de la población del Cantón Central de Limón, se convertirían en daños definitivos para el país si no buscamos la forma de obligar al cumplimiento de las leyes y el respeto del patrimonio del pueblo costarricense.
Las presiones evidentes que practica el Poder Ejecutivo para que SETENA apruebe los estudios de impacto ambiental presentados por APM, resultan preocupantes. Es evidente la intención de doblar brazos para que saquen un resultado positivo para los intereses de esta transnacional, sin dar el espacio a la objetividad en el análisis técnico que debe hacer este ente técnico en situaciones tan delicadas como estas. La influencia que ejerce la señora Presidenta para que SETENA autorice la iniciación de la construcción para diciembre de este año es a todas luces irresponsable e ilegal.
Basados en los criterios técnicos y legales de la Procuraduría y la Contraloría, es imposible que APMT pueda construir, porque estos criterios señalan tajantemente que es necesario para el país proteger ambientalmente estas zonas mundialmente valoradas para la preservación de la vida. Advertimos que por lo razonado anteriormente no permitiremos que intereses particulares destruyan el ambiente y mucho menos que se pisotee nuestra soberana patria y aclaramos contundentemente que si se tuercen los criterios ya emitidos por la PGR y la CGR será decretado de forma inmediata un conflicto indefinido en Limón.
LA PATRIA RECLAMA QUE LA DEFENDAMOS
LIC. RONALDO BLEAR BLEAR
SECRETARIO GENERAL
Sr. LIROY PEREZ PEREZ
SECRETARIO DE PRENSA ai
3 de septiembre de 2013