Así quedó claro esta mañana cuando, desde Casa Presidencial, el gobierno empresarial de Laura Chinchilla Miranda, con la presencia de la designada por Laura Chinchilla en la presidencia de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, Ileana Balmaceda y la complicidad del rector de la Universidad de Costa Rica, Henning Jensen.
No están preparados
En la presentación del cartel de licitación ante los empresarios, el 31 de enero anterior, las autoridades de la CCSS se dieron cuenta de que estos no estaban preparados para asumir en seis meses los 36 Ebais en venta.
¿Cómo hacemos con los ATAPs?, ¿Nos van a capacitar a los trabajadores?, ¿Van a disminuir los porcentajes por sanción ante un incumplimiento?, ¿Estaremos sometidos a los mecanismos de control estatal?, ¿La Caja nos va a “colaborar” con los medicamentos?, ¿Qué haremos con los migrantes y los costarricenses no asegurados?, fueron tan solo algunas de las preguntas que los y las “interesadas” en el negocio plantearon a los representantes de la CCSS. Esto dejó en evidencia no solo que no están preparados para asumir “el negocio”, sino que además buscan como beneficiarse aún más haciendo que los y las costarricenses les paguemos las capacitaciones de su personal.
La búsqueda de “beneficios extra” fue una constante en las horas de presentación del cartel de venta de Ebais, así como en los correos de consultas enviados y en los cuales la falta de personal profesional fue una de las constantes.
Negocio redondo y “muchos novios”
El gobierno empresarial y la Junta Directiva de la CCSS (la cual tienen directivos muy interesados en el negocio) ofrecen montos mucho más altos por menos trabajo, ya que no serán 45 Ebais en venta, sino 36, los restantes Ebais serán cerrados.
Son muchos los “novios” que tiene el negocio de la salud ofrecido por Laura Chinchilla y la Junta Directiva de la CCSS.
Desde empresarios individuales, empresas farmacéuticas, empresas de tecnología médica y empresarios cooperativistas, sin embargo si seguimos las pistas a la vista, tal pareciera que ya el negocio está montado de antemano.
Eso queda claro cuando vemos que el promotor de las empresas llamadas “cooperativas de salud” era el promotor del proyecto PAIS de la Universidad de Costa Rica, Mauricio Vargas que a la vez pareciera que tiene relación con las llamadas Coope Salud. Esas denuncias han sido suficientemente expuestas tanto por trabajadores, dirigentes comunales y sindicales.
Si a eso le agregamos otra importante pista, las sospechas se consolidan. En la Junta Directiva de la CCSS hay un “representante” de las cooperativas que mantiene un bajo perfil y que junto a representantes del gobierno, de los solidaristas y al del sector sindical que ilegalmente fue impuesto por el gobierno, tenemos un “combo” cómplice de este montaje comercial de la salud pública.
Los afectados y el negocio
Ante esto cerca de 200 mil personas se verían afectadas con servicios privados de pésima calidad, como se ha denunciado a través de los años y ha sido comprobado por la ciudadanía donde ya tienen “cooperativizado” el servicio.
Lo “extraño” es que la Caja no los asume porque dice que los recursos económicos de la insitución no alcanzan para hacerlo, pero tendrá que pagar más de lo que le pagaba a la UCR para hacer casi lo mismo.
A las empresas privadas se les pagará más de lo que se le paga a la UCR, aumentando el monto total de la inversión sin garantía sobre la calidad del servicio que brindan.
A la UCR por 45 Ebais, para ver a una población de 184 921 personas se le paga anualmente ₡ 6. 819.930.861 para un costo per cápita de ₡ 36.880.00 por una población por Ebais de 4.117 personas.
Pero según datos de la Licitación 2013, a la (as) empresa (as) privada (as) que asuma (an) los servicios se les concesionará únicamente por 36 para atender a la misma cantidad de población, 184.921 personas y se le pagará alrededor de ₡7.290.000.000 anual, para un costo per cápita de ₡ 39.422.00.
Cabe preguntarse, ¿No hay plata para pagarle a la UCR pero sí para pagarle a una empresa privada aunque sea más dinero?, ahí está el “negocito” a costa de la salud de las y los costarricenses.
Están claras las responsabilidades