APOYAMOSDENUNCIA DE TRABAJADORADELHOSPITAL CALDERÓN GUARDIAPOR SUSTRACCIÓN DE EQUIPO QUIRÚRGICOPARA CLÍNICA PRIVADA
La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) apoya y le brindará todo el respaldo a la denuncia de una trabajadora interina del servicio de Enfermería del Hospital Calderón Guardia, referente al traslado de equipos quirúrgicos a un centro médico privado.
La denuncia, que según la funcionaria presentó también al Ministerio Público, refiere a que existe un grupo de funcionarios del Hospital que aparentemente traslada equipos propiedad de la C.C.S.S. a la empresa privada para realizar cirugías, a pesar de que éstos gozan del beneficio de dedicación exclusiva institucional.
Según la funcionaria, esto ha generado situaciones de riesgo para los pacientes, pues en agosto pasado, mientras la enfermera se encontraba en su turno de guardia se presentó una emergencia y a la hora de aplicar el protocolo con un equipo de canasta de instrumentación vascular, les informaron que éste no se encontraba en la sala, sino fuera del hospital, con el aval supuestamente del Jefe Superior del Servicio.
Afortunadamente, la persona que era atendida fue atendida con éxito por el personal quirúrgico que se encontraba en el momento en Emergencias.
Según hemos sido del conocimiento, a la trabajadora se le ha amenazado y a otro personal interino, para que en caso de cualquier problema que se presente en el Servicio, se les recortaría el nombramiento interino o el trasladando a otro lugar.
UNDECA defenderá a esta compañera denunciante y al otro personal que ha sido intimidado, pues creemos que se ha actuado con los mayores principios éticos, morales y de solidaridad que deben tener todos los funcionarios de la Caja, además del deber de velar y denunciar por los bienes públicos de este país.
Solicitamos a la Presidenta Ejecutiva de la Caja, a la Gerente Médica y demás autoridades para que de inmediato se proceda como establecen los procedimientos administrativos y legales a conformar una comisión que investigue estas denuncias graves.
Bajo el falso pretexto de cortar privilegios a los empleados públicos y de unificar sobresueldos, el gobierno neoliberal liberacionista anunció un proyecto de ley que significa una de las mayores y más agraves agresiones a los derechos sociales y laborales de los y las trabajadores.
De golpe y porrazo el gobierno de Laura Chinchilla recupera uno de los más viejos anhelos de la oligarquía costarricense desde que se aprobaron el Código de Trabajo y las Garantías Sociales.
En las condiciones de 1943 y dada la correlación de fuerzas existentes, el movimiento sindical y popular logró una victoria histórica con la aprobación de una legislación que iba a cambiar profundamente el rostro social de Costa Rica. La clase trabajadora pasaba a ser un sujeto de derechos que sabía luchar por ellos y por su defensa.
La legislación social y laboral, sin embargo, por muy avanzada que pudiera ser en su momento, siempre está limitada por los contextos históricos en los que se desenvuelven las luchas sociales y de clases.
Había que seguir luchando no solamente para que lo conquistado no se pierda, sino para tratar de seguir ampliando también esos derechos por medio de la organización y de la lucha social. Por ejemplo, el derecho a la libertad sindical está en el Código y en la Constitución, pero hoy en la democrática Costa Rica más del 95% de los trabajadores y trabajadoras de la empresa privada no tienen ese derecho.
Es cierto que lamentablemente sólo en el sector público existe la libertad sindical. Eso ha permitido mejorar las condiciones de vida y de trabajo de decenas de miles de trabajadores. La negociación colectiva y la firma de convenciones, instrumentos de toda verdadera democracia, permiten que los derechos se puedan elevar sobre los mínimos de ley establecidos, como es el caso de la cesantía, de los incentivos salariales y otros.
Aunque hay una campaña feroz que califica de privilegio cualquier conquista social o laboral, lograda ya sea por medio de la lucha o por medio de la negociación colectiva, no son privilegios son derechos aquí y en cualquier parte del mundo donde se respeten los derechos de las clases trabajadoras.
¿Qué puede haber situaciones de abusos y de corrupción? Indudablemente, ni el sindicalismo ni ningún grupo social está vacunado contra el abuso y ciertos casos de corrupción. Pero son insignificantes al lado de un movimiento que a lo largo de nuestra historia ha dado sobradas muestras de patriotismo. Tampoco es homogéneo el movimiento sindical y junto a sectores que siempre han dado ejemplo de honestidad y coherencia, también han existido sectores que tradicionalmente se prestaron para hacerle el juego a la patronal.
¿Qué es lo que quiere el gobierno de los ricos en realidad?
Terminar nivelando a todos los trabajadores hacia abajo, quitándoles derechos con burdos pretextos que lamentablemente llegan a calar en otros sectores populares y progresistas del país, dada le persistente y feroz campaña antisindical de la plutocracia nacional.
Lo que busca el neoliberalismo es en el fondo nivelar a los trabajadores del sector público con los del sector privado. Ese siempre ha sido su proyecto. Abolir los derechos sociales y laborales que todavía existen en el sector público, y colocar a todo el mundo en las mismas condiciones en que se trabaja en la maquila, en la construcción, en el comercio y el transporte, en piñeras, bananeras y otras plantaciones, etcétera. Si pudieran recuperarían la vieja nostalgia de la oligarquía cafetalera de hacer un país de peones y de pequeños propietarios atados para siempre al beneficio y al exportador.
No se trata de reconocer a los trabajadores y trabajadoras del sector privado derechos laborales y sociales que son brutalmente desconocidos por la inmensa mayoría del sector empresarial y de los gobiernos a su servicios, sino de quitarle derechos a los trabajadores del sector público para que todos sean igualiticos en bajos salarios y otras garantías laborales y sociales.
¿Qué es sino el TLC?
El proyecto de crear un mercado regional único, donde se compita sobre la base de menores salarios y beneficios sociales, sin sindicatos que jodan si es posible.
La propuesta de ley, de hacerse realidad, sería un retroceso de dimensiones históricas en el significado de lo que representa la lucha social, la organización sindical y la negociación colectiva.
No sólo es una agresión a grupos de trabajadores y de trabajadoras del sector público, es una agresión que afectaría profundamente al conjunto de la clase trabajadora, incluida la del sector privado aunque hoy no puedan ser plenamente conscientes de ello, por las condiciones de encierro y de miedo a los que están sometidos por un poder patronal despiadado.
También es una agresión contra la sociedad democrática costarricense y todo el movimiento social popular, pues se trata de un eslabón de la misma estrategia contra nuestros derechos democráticos y sociales.
Es necesario y urgente decir inmediatamente no a este perverso proyecto y prepararse para las necesarias movilizaciones que tendrán que darse en todas las calles y centros de trabajo de nuestra patria.
El impacto de esta directriz contrajo serias dificultades a nivel local para asumir el mantenimiento de los equipos, debido a que no contaban con el personal suficiente y capacitado y sin el presupuesto para la contratación.
Previo a la reestructuración la institución a nivel central por medio de la Sección de Mantenimiento de Equipo Médico contaba con técnicos experimentados, personal que en los últimos años se ha limitado a labores administrativas bajo el nombre de Gestión de Mantenimiento.
En ese entonces existían 35 técnicos, con un alto grado de especialidad y conocimiento que le brindaban a los hospitales, clínicas, áreas de salud y administrativo, un excelente servicio en el mantenimiento y prevención de equipos de alta, mediana y baja complejidad.
Entre estos, el personal atendía equipos médicos electromecánicos (Esterilización, Unidades Dentales, Máquinas Anestesia, Ventiladores pulmonares, etc), especialidad en electromedicina ( laboratorio clínico, monitores, desfibriladores, electrocardiogramas, mesas y lámparas de cirugía etc.) y equipos de RX ( Rx convencionales, mamógrafos, TAC, etc.), asesoraban a las altas autoridades institucionales en la compra y adquisición de tecnología de punta y eran capacitados como requisito para la reparación y mantenimiento de los mismos.
Pero de pronto unos “iluminados”, esos a los que nunca se les investiga, se les previene o sanciona, tomaron la decisión de prescindir de este personal, que contaba con un taller central en la Uruca.
Cabe recalcar que la Sub-Área de Equipo Médico cuentan con un edificio donde se encuentra parte del personal, del Área de Gestión Tecnológica, la otra parte del personal está alquilando o pagando, teniendo infraestructura y espacio físico adecuado en la Sub-Área de Equipo Médico en la Uruca.
Desde entonces, a estos 35 técnicos, se les quitaron las funciones, igualmente se les prohibió reparar cualquier equipo médico, aunque fuera de significativa necesidad para brindar el servicio al asegurado.
Durante estos años, estos trabajadores no hacen más que archivar papeles y llevar algunos controles, siendo la mitad de ellos reubicados en otras áreas, mientras equipos médicos de altísimo valor, esperan su reparación.
Esto no es ni más ni menos que un enorme despilfarro de recursos económicos, por parte de los altos jerarcas de la Caja, en la compra de estos y otros servicios privados, en el alquiler de edificios, traslado de pacientes en la Cruz Roja y otros vehículos por más de 50 mil millones de colones al año.
Si hiciéramos un inventario de salarios, estaríamos hablando de alrededor de 3 mil millones de colones en estos 7 años, más el valor de los equipos deteriorados y dañados, el monto se elevaría a muchos miles de millones.
Pero adicionalmente a éstos, también se han erogado otros miles de millones por parte de la Gerencia de Infraestructura y Tecnología, en la contratación de mantenimiento de equipos viejos y nuevos, donde muchas veces se incumplen los malos contratos que se firman. _ ¡Exijamos rendición de cuentas de los altas jerarcas!_
·Anteproyecto del gobierno de Liberación y otros, elimina los pluses Para todo aquel personal que tenía duda o se dejó confundir – ya se confirmó – el gobierno de Laura Chinchilla, Liberación Nacional, diputados de otros partidos y la Junta Directiva de la CCSS, anuncian la eliminación de todos los pluses salariales.
Ya se conocía esta malvada intención y hoy por medio de un anteproyecto denominado “Ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público” se comprueba el perverso ataque contra aproximadamente 300.000 empleados públicos, incluyendo los 50 mil del Seguro Social.
El objetivo es eliminar todo aquel complemento o plus salarial que esté por encima del salario base o mínimo legal: disponibilidades, prohibición, riesgo laboral, peligrosidad, ajuste técnico, remuneraciones por puesto, cesantía, riesgo manicomial, alimentación, uniformes, zonaje, vivienda, etc.
En el sector de la CCSS la totalidad del personal disfruta, dependiendo de su puesto, de varios de estos conceptos salariales.
Con esto, los políticos de turno, pretenden supuestamente solventar el déficit fiscal, denigrándonos ante la opinión pública, diciendo que son “privilegios odiosos”, mientras que los ricos evaden el pago de los impuestos tributarios, a las grandes empresas extranjeras se les privilegia con la exoneración en el pago de tributos por miles de millones y los salarios de jerarcas del gobierno, diputados, la profunda corrupción y las pensiones de lujo, no se tocan.
Somos, con mucha dignidad y autoridad moral, empleados públicos decentes y honrados. En su mayoría contamos con un salario apenas para vivir dignamente, para mantener a nuestras familias y garantizarles el estudio a nuestros hijos, no somos delincuentes, corruptos, ni ladrones y debemos de defender lo que tenemos a toda costa, y que nadie nos lo regaló porque fue peleado, o correríamos el riesgo de perder hasta los bienes materiales y familiares.
Preguntamos: ¿Quién vive en este país con un salario mínimo, de forma decente?, Ni nosotros, menos con el del sector privado, con quienes piensan equipararnos.
¡El Referéndum sobre la CCSS es una trampa y agravaría los problemas de la CCSS!
•Posición del Frente Nacional del Fortalecimiento y Defensa de la Seguridad Social Sobre el Referéndum para modificar la Ley Constitutiva de la CCSS
San José 30 de agosto de 2012
1. Nuestro Frente, constituido para contribuir a la organización y educación de la ciudadanía en la defensa y fortalecimiento de la seguridad social, ha puesto su prioridad en la promoción de la discusión y el estudio de las causas fundamentales de los problemas que afectan de manera grave a la CCSS así como la formulación de propuestas que estén dirigidas a su rescate.
2. Hemos demostrado que la intromisión inconstitucional de la Casa Presidencial, en los asuntos políticos y administrativos de la CCSS, es sin duda la principal causa de la crisis a la que, de manera deliberada, se ha llevado a esta Institución.
3. Coincidimos con la mayoría de la ciudadanía que hay que eliminar esa intromisión para lo cual se debe eliminar la figura de la Presidencia Ejecutiva.
4. Sin embargo no podemos apoyar una reforma de la Ley Constitutiva de la CCSS mediante la cual se pretende, por la vía de un referéndum impulsado por el Dr. Walter Muñoz, entre otras cosas lo siguiente:
a. Eliminar de manera total la participación del Gobierno de la Republica en la Junta Directiva de la CCSS, es error, pues es uno de los principales responsables de la crisis de la CCSS. El gobierno de la República tiene la obligación de ser parte de la Junta Directiva para que asuma las responsabilidades que la Constitución Política le confiere.
b. Sustituir los actuales tres representantes del Gobierno por representantes de una Asociación Privada que preside el propio Dr. Muñoz es una propuesta antidemocrática y peligrosa, por cuanto se estaría dando a un ente privado, que no puede arrogarse la representación de la totalidad de los y las aseguradas, una amplia cuota de control sobre la CCSS.
c. Establecer la figura del Gerente General, de nombramiento discrecional de la Junta Directiva, por tiempo indefinido, sin concurso de antecedentes, podría significar más de lo mismo solo que agravado por los intereses privados de esta asociación.
5. El proyecto de reforma que se pretende no fue discutido con la ciudadanía a la que ahora se pretende poner en la alternativa antidemocrática de aceptar o rechazar un complejo proyecto con graves implicaciones para el futuro de la CCSS.
6. A las anteriores observaciones debemos, obligados por las circunstancias, agregar las de naturaleza ética. El Dr Muñoz ha sido llevado a los tribunales por el hecho de haber cobrado salarios, como asesor de la Presidencia Ejecutiva, asesorías que no brindó, con el agravante de cobrar esos salarios siendo al mismo tiempo médico de la CCSS. Todo estimado en un daño de más de 24 millones de colones.
7. Los problemas éticos explican, u ocultan, las graves deficiencias en la conducción del país, por lo que consideramos que el Dr. Muñoz debería suspender las actividades referentes al referéndum que promueve al menos hasta que se diluciden sus problemas con los tribunales de justicia.
8. Por todo lo anterior hacemos un llamado a la población para que no brinde ningún tipo de apoyo al referéndum promovido por el Dr. Muñoz y denunciar por todos los medios posibles que esta iniciativa del refrendo no es la solución para los graves problemas de la CCSS, que confunde a la población y la distrae de los verdaderos problemas y que su aprobación solo agravaría esos problemas.
9. Redoblaremos nuestros esfuerzos para:
b. La eliminación de la Presidencia Ejecutiva
c. La revisión del modelo financiero de la CCSS para que El Estado y las empresas paguen cumplidamente todas las cuotas
d. Fortalecer el sistema de promoción y prevención de la salud a diferencia del modelo concentrado en la enfermedad y la medicación que desarrolla en la actualidad la CCSS
e. Que las autoridades de la CCSS sometan al país de manera urgente un plan de desarrollo de la CCSS en el mediano y largo plazo, en el cual se definan las necesidades nacionales en el campo de la salud y la manera adecuada de financiar su atención.
f. Impedir a toda costa la mercantilización y privatización de nuestro sistema público, solidario y universal de la atención de la salud
Denunciamos que los últimos gobiernos y el actual han ejecutado una estrategia que consiste en colapsar a la CCSS, desprestigiarla, despojarla de sus recursos técnicos y profesionales, todo con el propósito de seguir convirtiendo la enfermedad en un negocio lucrativo.
Frente Nacional en Defensa y Fortalecimiento de la Seguridad Social
