Categoría: Incidencia

Quito (PL) Ha sido un año muy bueno, resumió el Presidente ecuatoriano, Rafael Correa, al destacar los avances económicos y sociales de su gobierno en 2012, aunque sin ocultar las dificultades para aprobar leyes y la guerra declarada de la prensa privada.

Los avances son evidentes y ni siquiera los enemigos del Gobierno se toman el trabajo de intentar ocultarlos pues están a la vista, aunque sus lanzas de ataque resultan los males sociales heredados, como la inseguridad delictiva, la cual es menor pero no ha sido erradicada.

País que carece de moneda nacional al ser dolarizado en 2000 por el gobierno de turno, de los actuales 15 millones 635 mil ecuatorianos el 49.56 por ciento vive en la región Sierra; 44.62 por ciento en la Costa y más de un cinco por ciento en la Amazonía.

Según anticipó el propio Correa, Ecuador espera cerrar este año con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PBI) de alrededor del cinco por ciento, luego de estar el pasado 2011 entre los países de más alto incremento en toda la región.

El nivel de desempleo cayó este año a un 4.2 por ciento, la tasa más baja en la historia del país y posiblemente de América Latina, y está aparejada con la disminución de la pobreza mediante una política de generación de empleos de calidad que se van logrando.

En el Ecuador, el salario básico unificado aumentó de 264 dólares en el pasado año a 292 el 1 de enero de 2012, lo cual respondió a las variables de inflación del 5,14 por ciento en ese mes y la productividad del 5,43 por ciento, para un incremento del 10,6 por ciento.

El país aspira a que el salario mínimo se convierta en un “salario digno”, meta que se conforma a partir de la canasta básica unificada.

Por primera vez en la historia del Ecuador, la pobreza extrema por ingresos (miseria total) está en un dígito, el 9,4 por ciento, lo cual es prácticamente la mitad de cuando comenzó este gobierno en el 2007, en que se encontraba en el 16,9 por ciento de la población.

El indicador de pobreza por ingresos, los que no pueden comprar una canasta de consumo para satisfacer las necesidades básicas, está en la actualidad alrededor del 25,3 por ciento, 12,3 puntos porcentuales menos que el 37,6 por ciento de diciembre de 2006.

Donde más ha bajado la pobreza, según cifras oficiales, es en los sectores indígenas y tradicionalmente excluidos como los afrodescendientes y montubios, política unida a la eliminación del trabajo infantil en más de 450 mil niños y niñas en los últimos cinco años.

Esto lo reconoció la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), cuando colocó a Ecuador como uno de los mejores países en el 2011 en reducción de la pobreza, así como en la atención a más de 130 mil personas con discapacidades.

Los saltos son impresionantes en educación y salud pública universal y gratuita, en asistencia social a ancianos y el apoyo a madres solteras cabezas de familias, mediante el Bono de Desarrollo Humano otorgado a más de un millón 800 mil beneficiarios.

Próximamente se incrementará de 30 a 50 dólares mensuales este Bono, condicionado a la obligación de las madres de enviar a sus hijos a las escuelas y garantizar su adecuado crecimiento con programas de alimentación infantil para evitar la desnutrición crónica.

De país primario exportador, basado en la extracción de petróleo aunque importador de derivados y de electricidad de sus naciones vecinas, Ecuador está empeñado en cambiar la matriz productiva hacia un Estado que ofrezca servicios asociados al conocimiento.

Con millonarias inversiones en ocho centrales hidroeléctricas, a partir del 2016 no sólo dejará de importar electricidad a Colombia y Perú, sino que la exportará, y con un mega proyecto de 12 mil millones de dólares en la Refinería del Pacífico igualmente exportará derivados.

Fuertes inversiones de China, Venezuela y otros países en Ecuador refutan las campañas sobre el poco atractivo a la inversión extranjera, enfrascada además de los proyectos mencionados en la exploración hidrocarburífera del sur de la nación y en la minería.

“No podemos ser mendigos sentados sobre un saco de oro”, ha dicho Correa en varias ocasiones a los detractores de la explotación minera responsable, cuando ya existen evidencias de grandes reservas de cobre por explotar, oro y otros minerales.

En respuesta a quienes se oponen al desarrollo minero alegando defender la naturaleza, el mandatario ecuatoriano demostró con cifras que los mayores depredadores son la expansión de la frontera agrícola y la minería clandestina irresponsable.

Frente a ello, proclamó el compromiso de dedicar parte importante de los ingresos petroleros y de las utilidades mineras a la eliminación de la pobreza en esos territorios, los más abandonados en la historia nacional, hasta que hayan eliminado ese injusto atraso.

Junto a ello, el Ecuador propuso al mundo preservar el Parque Yasuní ITT, donde se concentra la mayor riqueza en flora y fauna de la humanidad, a cambio de la corresponsabilidad internacional con la mitad de lo que se obtendría al explotar esas reservas de petróleo.

La recuperación del ferrocarril, con la reconstrucción de la ruta del tren inaugurado por el histórico líder de la Revolución Liberal, Eloy Alfaro, unirá de nuevo a Quito con la costa del Pacífico, y un moderno aeropuerto capitalino comenzará a funcionar en febrero.

Casi nueve mil kilómetros de carreteras, autopistas y 78 puentes por todo este país andino son la principal herencia de estos algo más de cinco años de gobierno, en vísperas de nuevas elecciones el 17 de febrero próximo, cuando el pueblo decidirá sobre su reelección.

Pese al incuestionable apoyo mayoritario de la población, Correa se enfrenta a una feroz avalancha mediática de la prensa privada y a una estrategia opositora para impedirle al gobernante Movimiento Alianza PAIS conquistar en las urnas la mayoría parlamentaria.

Victorioso en numerosos comicios y consultas populares, el gobierno de la Revolución Ciudadana espera en un nuevo período avanzar en varios ejes y aprobar leyes bloqueadas hasta ahora por la oposición como las de tierras, agua, comunicación, cultura y el código penal.

Las conquistas sociales, económicas, culturales y patrimoniales, el rescate de la soberanía y la dignidad, y el prestigio ganado por su firme política internacional en favor de la unidad e integración de la Patria Grande latinoamericana y caribeña, son la carta de triunfo de Correa.

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*Jefe de la corresponsalía de Prensa Latina en Ecuador. arb/prl

– Grandes dudas surgirán en los procesos electorales

Después de eliminar La Gaceta impresa, la Imprenta Nacional sufre un nuevo golpe, dado que según consta en el acta No. 11-2013 el Tribunal Supremo de Elecciones tomó la desición de prescindir de los servicios de la Imprenta Nacional para la confección del material electoral (papeletas), contratando a la transnacional RR Donnelley, empresa dueña de Formularios Moore, donde se pretende se imprima las papeletas para Presidente y Diputados de las elecciones de febrero de 2014.

Este serio golpe a la institucionalidad costarricense atenta contra la transparencia del proceso electoral, pues a lo largo de la historia ha sido la Imprenta Nacional la que ha confeccionado el material electoral en las distintas elecciones, siempre cumpliendo con su labor, entregando a tiempo dicho material y donde nunca se ha perdido una sola papeleta, donde todo ha marchado a la perfección. Por lo tanto, no hay justificación ni explicación para que el Tribunal no contrate en esta ocasión a la Imprenta Nacional. Todo nos revela que ya la papelería electoral, se convirtió en un negocio más.

Desde la UNT denunciamos esta grave decisión de los magistrados del TSE, puesto que si hay alguien en este país que cuenta con el personal capacitado y comprometido para la impresión de papeletas ha sido el de la Imprenta Nacional, un personal que brinda la seguridad jurídica necesaria para este proceso, al ser institución estatal y que está bajo cualquier control jurídico y político, respondiendo así ante cualquier eventualidad. Nos preguntamos: ¿Cómo controlar esto en una empresa privada? ¿Le darán el espacio requerido al TSE de tomar las instalaciones de dicha imprenta y tener ahí elementos de la Fuerza Pública con armas de grueso calibre custodiando el proceso?

Por otra parte vale la pena preguntarse también: ¿Cuál es la insistencia de los formularios continuos? ¿Por qué si hay otras imprentas del Estado capaces de realizar este proceso no se pensó en ellas como primera instancia? ¿Por qué en el acuerdo del Tribunal Electoral se deja como segunda alternativa la Imprenta del ICE? ¿Será que no hay confianza en que la empresa privada cumpla? ¿Si no existe esa confianza por qué no se contrató en primera instancia la imprenta del ICE? ¿Por qué en momentos en que se dice que hay crisis en las finanzas del Estado, por qué se le trasladan millones a una empresa transnacional? ¿Cuántos millones de dólares pagará en este negociado el TSE?

Elevamos la voz de alerta y decimos categóricamente que es la Imprenta Nacional quien históricamente ha cumplido esta tarea y que, no se justifica que la imprenta del Estado que garantiza la seguridad jurídica de este país, sobre todo en este tipo de procesos, se haya hecho una licitación “a la medida” de una empresa privada para lograr justificar la salida de las papeletas de manos del Estado.

Como sindicato y como ciudadanos y ciudadanas, demandamos de las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones, desistir de este intento de convertir la papelería electoral en un negocio para beneficiar a grandes compañías transnacionales.

Susan Quirós Díaz
Secretaria General UNT

Guillermo Murillo Castillo
Secretario General Adjunto UNT

La UNT impulsará proyecto de ley para garantizar la subsistencia y el fortalecimiento de la Imprenta Nacional

La Imprenta Nacional es una verdadera empresa productiva del Estado en el campo de las artes gráficas. A través del tiempo, ha demostrado un alto profesionalismo y compromiso con la sociedad costarricense, gracias a un personal altamente calificado y comprometido, y a la posibilidad contar con alta tecnología para realizar sus labores.

Esta institución ha sido un pilar esencial en nuestro Estado de Derecho, dándole publicidad a las leyes y los actos de la Administración Pública, el Poder Judicial y de terceros, cuando éstos así lo requieran para surtir efectos; mediante el Diario Oficial “La Gaceta” (con 132 años de publicación ininterrumpida) y el Boletín Judicial. La publicidad de las normas, la transparencia sobre las actividades que desempeñan los órganos gubernamentales y el manejo de la cosa pública, las resoluciones y acciones judiciales, es una garantía indispensable para la democracia, por eso los diarios oficiales bajo ninguna circunstancia pueden salir de manos del Estado.

A la vez, es en la Imprenta del Estado, donde se producen a precios de costo, los materiales que se requieran para que el Gobierno cumpla con algunas de sus labores sociales, tal es el caso de los cuadernos del IMAS, que se producen para beneficio de los niños, niñas y jóvenes de las familias de más escasos recursos a lo largo y ancho de nuestro país.

Para poder seguir cumpliendo con esta función social y legal de tanta relevancia, la Imprenta Nacional requiere garantizar su subsistencia en el tiempo; misma que se ve en peligro con el hecho de que pese a la alta tecnología y la formación profesional de su personal, las instituciones estatales no están obligadas a contratar sus servicios y de igual manera, no se le permite trabajarle a particulares ni a instituciones sin fines de lucro, lo que imposibilita la competencia en el mercado de las artes gráficas. Es un poco irónico que siendo la Imprenta del Estado, a las y los costarricenses no pueda brindarles servicios, como si lo hacen el ICE, el INS y los Bancos Estatales, que se encuentran en el régimen de competencia abierta.

La Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, ha solicitado una audiencia a las Jefaturas de Fracción de la Asamblea Legislativa, para presentarles formalmente un proyecto de ley, elaborado por el sindicato y su Seccional en la Imprenta Nacional, que busca permitir que la Imprenta Nacional compita como otras empresas estatales, brindando servicios a particulares, así como establecer legalmente la obligación de todas las instituciones estatales a contratar al menos un 10% de sus requerimientos de impresión con la Imprenta Nacional, tal y como se hizo con la ley del SINART, con respecto a la publicidad.

Para más información con Guillermo Murillo Castillo, tel. 83574264.**