UNDECA: Nombramiento de Gerente General es manifiestamente ilegal

UNDECA EN DEFENSA DE LA CCSS

UNDECA denunció ante la Procuraduría de la Ética Pública, a la Presidente Ejecutiva, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez y a los Directores de la Caja Costarricense de Seguro Social, que concurrieron con su voto a nombrar ilegalmente en el cargo de Gerente General, a su compañero Directivo Juan Ignacio Monge Vargas.

Este nombramiento, recomendado por la Presidencia Ejecutiva en la sesión celebrada el pasado 22 de junio, contraviene todo el ordenamiento jurídico, al favorecerlo con el nombramiento ilegal de Gerente General, en notorio conflicto de intereses, tráfico de influencias, violaciones al deber de probidad y quebranta el régimen de incompatibilidades que prohíbe expresamente que un Directivo de la CCSS sea nombrado Gerente, según lo ordenado por la Ley N° 4646, Modifica Integración de Juntas Directivas de Instituciones Autónomas, que prohíbe ese nombramiento en la Caja Costarricense de Seguro Social:

Artículo 7º.- No podrá ser electo gerente, subgerente o auditor … ni de las instituciones autónomas o semiautónomas, quien hubiere ocupado un cargo como miembro de la Junta Directiva de la respectiva institución durante todos o parte de los dos años anteriores.” (el destacado es propio).

Al  denunciado Monge Vargas, de acuerdo al perfil para optar por el puesto de Gerente General, le alcanzan las prohibiciones  legales dispuestas  por la Junta Directiva de la CCSS en la Sesión Nº8952 Artículo 17 celebrada el  día 18 de enero del 2018  que señalan:  “ …M) Legales: …..No verse afectado por el conjunto de prohibiciones que corresponden a puestos gerenciales institucionales”, por lo que no podía ser propuesto para el cargo de Gerente General, mucho menos estar presente durante la sesión, de conformidad con el Reglamento Interno de la Junta Directiva

UNDECA solicita a la Procuraduría de la Ética Pública, que en virtud de las eventuales violaciones al ordenamiento jurídico, el deber de probidad y la normativa institucional,  proceda con el deber de poner los hechos y conductas denunciadas, en conocimiento de las respectivas instancias administrativas de control y fiscalización y de verificarse los actos ilícitos vinculados con el ejercicio del cargo de las personas acusadas, se proceda a presentar la debida denuncia ante el Ministerio Público.

UNDECA en defensa de la autonomía constitucional, la dignidad de las personas trabajadoras de la Caja y el derecho a salud de los costarricenses.

San José, 28 junio 2023

Manifestación por la Educación Pública

Este martes 20 de junio de 2023, ante la crisis que atraviesa el sector educativo, así como la ausencia de una hoja de ruta para resolverla, las Universidades, de Costa Rica, Nacional, TEC, UTN, así como las organizaciones sindicales de APSE, SEC y ANDE, entre otras; así como estudiantes de todas las universidades y de algunos colegios como el Liceo de Costa Rica, marcharon en defensa de la Educación Pública.

La marcha salió a las 9:00 a.m. del Parque Braulio Carrillo (la Merced) sobre la Avenida Juan Rafael Mora Porras (Av. Segunda) con rumbo a la Plaza de la Democracia. 

El objetivo fue «realizar un vehemente llamado democrático para construir un Pacto por la Educación Pública, que permita salir de la actual crisis educativa, además de hacer una excitativa al Poder Ejecutivo y Legislativo, de no más recortes presupuestarios al presupuesto de la educación pública.» indicaron representantes de las organizaciones sindicales, y agregaron que ”Hoy el magisterio está unido. Nos cansamos de que las acciones no se den. Los estudiantes requieren nuestra atención y acciones urgentes Son los trabajadores del sector educativo los llamados a defender la educación pública”, manifestó la dirigente Gilda Montero Sánchez, de ANDE.

Entre las principales consignas de las organizaciones magisteriales están:

1. Incumplimiento del mandato constitucional de inversión del 8% del PIB en Educación, así como al recorte de 3.200 millones de colones, según la propuesta de segundo presupuesto extraordinario, expediente N° 23.732, presentado por el Poder Ejecutivo.  

2. Ruta de la educación que no ha sido definida correctamente, lo cual causa gran incertidumbre en el sistema educativo. 

3. Pruebas diagnósticas y estandarizadas (falencias multicausales: improvisación, conectividad, apoyo familiar, falta de nombramientos, falta de tiempo para el acto educativo).

4. Salarios Congelados por varios años como consecuencia de las leyes N° 9635 y la Ley Marco de Empleo Público.

5. Salario Global sin definir, ni consensuar. 

6. Problemas en el pago de salario global y en especial de recargos de funciones, para personas funcionarias de primer ingreso, debido a la falta de parametrización. 

7. Graves problemas infraestructura, con 800 instituciones en condiciones deplorables y también falta de mantenimiento de 27 modelos de centros nuevos.

8. Contra los graves efectos negativos de la Ley N° 9999, que requiere de la reforma urgente (Proyecto de Ley N° 23.593).

9. Sobrecarga de labores administrativas al personal docente.  

10. Propuesta de reforma a la jornada laboral, modelo 4X3, que afectará negativamente los programas de Educación para personas jóvenes y adultas y en general al sistema educativo. 

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, se hizo presente con una delegación en solidaridad con la lucha por la defensa de la educación pública, que al igual que la lucha por la defensa de la Caja, es una lucha por la defensa de la institucionalidad pública, la cual quieren convertir en el negocio personal de una cuantos tagarotes.

MRE-Undeca

Panegírico del Presidente de la República y su leal escudera acerca de la voluntariedad de la jornada 4X12 y anualizada

“La igualdad no ha sido más que una bella y estéril ficción de la ley” (Marechal, 1796)

Por Manuel Hernández
Asesor de UNDECA

En una reciente alocución dominical, el Presidente de la República salió a promover y defender el proyecto de ley de extensión y anualización de las jornadas de trabajo.

En su apología, de entrada, el Presidente increpó ¿qué cuál era el problema de la cuestión, si el proyecto establece que estas jornadas son voluntarias?: “A nadie lo van obligar a cambiarse a 4/3.”

La fracción oficialista, disciplinada por la Diputada Cisneros, ha argüido este mismo artificio jurídico, asumiéndolo como un mantra ideológico, para blandir en el aire los tantos cuestionamientos y tratar de blindar el impresentable proyecto.

No obstante, si bien es cierto, que el texto del proyecto dispone que la modificación de una jornada común a una jornada extendida 4/12, o a una anualizada, en buena teoría jurídica, no la puede realizar unilateralmente el patrono, no es menos cierto, que de la fría letra de la ley, a la realidad del mundo de las relaciones laborales, hay mucho trecho, muchas leguas de distancia.

Aquel relato gubernamental en que se ha radicado la sórdida defensa del proyecto, al que se han sumado otras fracciones, incluidas varias diputaciones del PLN, se atrinchera en un mito que no resiste la menor crítica.

Más allá de la literatura clásica del Derecho del Trabajo, que nos define los elementos esenciales y las características del contrato de trabajo, desde una perspectiva crítica, hay que develar que en toda relación de trabajo subyace una relación de poder. Por ahí, nos comenta un autor, que “En el trabajo, antes del derecho, está el poder.”

Así es efectivamente, la trama de las relaciones laborales está estructurada por una relación de dominación compleja: de carácter económica y política, que coloca al trabajador en una situación de subordinación fáctica y jurídica, cuyo contrato de trabajo es un contrato de adhesión, que al decir de otro reconocido jurista, el contrato “debe verse como el elemento de mediación que sanciona jurídicamente aquella posición de desigualdad.“

Por más que los escuderos del proyecto invoquen a los cuatro vientos la literalidad de esa norma, para predicar la consensualidad y voluntariedad de cualquier modificación del esquema de las jornadas de trabajo, la cruda, efectiva e innegable realidad es que el trabajador se encuentra en una posición de manifiesta desventaja, sometido a una relación de poder, sujeto al gobierno privado del empresario, un gobierno patronal nada democrático en nuestro país. Ciertamente, en aquellas fábricas, plantaciones agrícolas y empresas en las que podrán aplicarse esas jornadas emergentes, existe un notable déficit democrático, en las que la autonomía de la voluntad del trabajador/a queda enajenada, desde que marca el registro de la hora de ingreso.

Esta subalternidad de la persona trabajadora se viene más agravada en virtud de las restricciones de la libertad sindical y del derecho de huelga que prevalecen en nuestro ordenamiento, afectaciones que refuerzan, intensifican, el exorbitante poder empresarial y garantizan fácilmente a las patronales tener un gobierno y control absoluto de las relaciones de trabajo, frente al cual la voluntad de la persona trabajadora es inoponible; es decir, resulta inefectiva e ineficaz.

No queda la menor duda que la supuesta cláusula legal de salvaguarda de la voluntad de la trabajadora, con mayor razón en nuestro país, donde las patronales se quedaron congeladas en el Jurásico, se convertirá en letra muerta y en un producto más de la canasta básica alimentaria: un rollo de papel higiénico, de una sola capa.

Por otro lado, hay que aclarar que tampoco nada impide que los nuevos contratos de trabajo que se celebren, a partir de la vigencia de dicha ley, el patrono los puede determinar, de una vez, imponiendo las emergentes jornadas que la ley crea, en cuyo supuesto no aplica, mucho menos, aquella ilusoria clausula legal.

Pensar que un obrero de una plantación agrícola, una trabajadora de una empresa transnacional corporativa, puedan resistir la imposición unilateral del patrono, es una ficción totalmente inasumible.

Y ni qué decir en aquellas empresas en las que no existen sindicatos que contrapesen el quiróptero poder empresarial, cuya proclamada cláusula normativa de “voluntariedad” constituye un verdadero fraude de ley.

Cómo escribía Martí: “Hecha la ley, hecha la trampa”.

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Publicado en Semanario Universidad – 5 junio, 2023

UNDECA apoya llamado del pueblo limonense

UNDECA, donde debe estar todo el movimiento sindical y social: con el pueblo y en la lucha social.

Somos y practicamos un sindicalismo clasista de lucha contra la clase política dominante y neoliberal y el capitalismo salvaje.

Trabajamos y luchamos por construir fuerza popular y social de acuerdo a los lineamientos de la Federación Sindical Mundial, FSM.

Este jueves 1 de junio, estamos con todo orgulloso con el pueblo limonense y estaremos en cada lugar y rincón donde se defiendan los derechos y libertades de los y las costarricenses.

La Nación contra los trabajadores de la CCSS

Y Ministro de Hacienda no quiere pagar sus deudas.

El salario de los trabajadores de la CCSS, igual que el resto de los trabajadores del sector público, han sufrido una pérdida de hasta de un 50% de su capacidad adquisitiva, por la Ley 9635 y otras políticas, aprobadas por la mayoría de los diputados de los partidos políticos neoliberales y el anterior gobierno.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Planificación Nacional y de Política económica, el 24 de abril de 2020, respondiendo a una consulta que pretendía revocar el pago del aumento salarial indicó que:

“…empezó a regir desde el primer día del año 2020, con lo cual ya este forma parte del patrimonio de las personas servidoras públicas, indistintamente de que su pago se haya hecho efectivo o no, por lo tanto, más bien el Estado ya tiene una deuda con ellas por el tiempo que ha transcurrido desde el 1 de enero hasta hoy

La Nación, probablemente no leyó la Valuación Actuarial del Seguro de Salud, que señala en la página 6, que “En esa línea se puede concluir que las fuentes de financiamiento legal y reglamentariamente establecidas son suficientes para financiar el perfil de beneficios durante ese período…la morosidad actual e histórica que se presenta en el pago de las cuotas al Seguro de Salud, principalmente por parte del Estado, constituye una de las causas que más afecta el período de sostenibilidad.”, una deuda que ya alcanza casi 3 billones de colones, sin contar lo adeudado por el traslado del primer nivel de atención a la CCSS.

Condenamos, igualmente, las declaraciones brindadas a ese medio, por el Ministro de Hacienda, Nogui Acosta, uno de los beneficiados con el aumento salarial superior a 1 millón de colones mensuales decretado por este gobierno, muy lejos de los 7.500 colones que recibirán los trabajadores de la Caja.

Esta deuda corresponde a un ajuste por costo de vida del año 2019. La CCSS al honrar este pago, comprende el profundo deterioro en la calidad de vida de las personas trabajadores y sus familias y hace un reconocimiento a la labor que realizan, en momentos que han atendido y siguen prestando sus servicios, en la crisis sanitaria por pandemia.

San José, 13 setiembre 2022

UNDECA: La Historia de 68 años de lucha (3)

Auge y desarrollo del movimiento sindical costarricense.

A pesar de que el proceso de reconstrucción del movimiento sindical, fue una constante durante muchos años, ese trabajo de organización de la clase trabajadora no cayó en vano. Sí bien es cierto, el movimiento sindical no llegó a convertirse en un gran movimiento de masas en el plano nacional, pero fue un sector social que iba consolidando su peso en la sociedad costarricense.

No se puede obviar en ningún momento, ni bajo ninguna circunstancia, los efectos que tenía en nuestro medio la Guerra Fría, la cual se manifestaba en un profundo anticomunismo.

Adicionalmente, en el marco internacional, particularmente latinoamericano, tuvo una gran incidencia el triunfo del pueblo mediante la gran Revolución Cubana, eso le dio muchos bríos a las fuerzas contestarias y además, demostró que era posible llevar a cabo un cambio revolucionario.

Por supuesto, que los intereses de la administración estadounidense y de las burguesías latinoamericanas hicieron causa común contra los efectos de la Guerra Fría y los históricos cambios revolucionarios.

Con el objetivo de afianzar sus posiciones en Centroamérica, la respuesta concreta de la administración estadounidense, fue la creación de la Alianza para el Progreso y dentro de ella la Creación del Mercado Común Centroamericano, una herramienta para favorecer a la oligarquía criolla y especialmente a las empresas transnacionales como INCATECU, FIRESTONE, POLYMER, POZUELO, TICATEX, ATLAS, COLGATE, NUGGET, ensambladoras de autos, entre otras, ya que les pagaban a los trabajadores salarios inferiores a los que se pagaban en Estados Unidos, y además aquí tenían una serie de protecciones del Estado.
Sobre este particular es muy importante lo que apunta Marielos Aguilar: “(…) el Partido Liberación Nacional se destacó por el empeño con que luchó para la aprobación en 1959 de la “Ley de Protección y Desarrollo Industrial”. Esta ley comprometía al Estado a dar protección arancelaria a los empresarios que se acogieran a este proyecto”.

Es importante advertir, lo que manifestó el Presidente de la República de Costa Rica, en aquel momento: “… Ciertamente, la ampliación del mercado a que aspira el programa de integración, habrá de situar nuevos e importantes estímulos para el desarrollo industrial del país…provocar la necesaria transformación de la estructura productiva del país y asegurar niveles crecientes de empleo y bienestar para nuestra población”.

Por el contrario respecto a la Integración Económica, Eduardo Mora Valverde señaló: “Los monopolios imperialistas esconden sus verdaderos fines con un supuesto deseo de ayudar al desarrollo económico mediante la industrialización de los países integrados. Asimismo, invitan al agrupamiento de países para defender la propiedad privada y el orden capitalista… Los programas de integración no pueden analizarse en consecuencia como fenómenos estrictamente económicos. En su desarrollo actúa una orientación política reaccionaria que responde a los intereses de los monopolios imperialistas y de la política exterior de Washington”.

Todos estos planes de integración regional desarrollados en América Latina, contaron con el beneplácito y complacencia de los gobiernos latinoamericanos, con el consiguiente resultado: exclusión, proletarización y desaparición paulatina del campesinado.

Todo esto tuvo efecto en el crecimiento del movimiento sindical costarricense como vemos en el siguiente cuadro.

En este contexto económico- social se fue fortaleciendo la CCSS y se requirió contratar nuevo personal para responder a la demanda siempre creciente. En ese marco UNDECA fue adaptándose a las nuevas condiciones del mundo del trabajo.

(Del Libro Historia de Undeca de 2014, Gerardo Contreras y Zaira Salazar Corrales)
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