Elecciones y Seguro Social


CONTEXTO POLITICO SOCIAL

El modelo neoliberal le ha arrebatado a los más amplios sectores de la población desarrollo, igualdad y justicia social. A través de la apertura unilateral, desregulación económica y laboral, privatizaciones, modificaciones a las leyes, tratados de libre comercio y otros mecanismos, han transformado la salud, las telecomunicaciones, la educación, la producción agrícola, entre otros, en simples “mercancías”, reservadas exclusivamente para quienes tienen el dinero para comprarlas.

Este modelo es el que nos ha llevado a protagonizar innumerables episodios de lucha social en la búsqueda incansable de la justicia social y la igualdad de oportunidades.

En este contexto la salud pública tiene que ser factor transversal en el desarrollo social de nuestro país. La Caja Costarricense de Seguro Social es un destacado actor del sistema nacional de salud, institución autónoma, que constitucionalmente le compete el gobierno y administración de los seguros sociales (art. 73CP).

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE C.C.S.S.

Desde hace muchos años venimos denunciando los peligros que acechan al Seguro Social y el derecho a la salud, pero desafortunadamente, los diferentes gobernantes fueron sordos a nuestras justificadas preocupaciones.

Nuestro sistema de seguridad social se sustenta en los principios de universalidad, solidaridad y subsidiaridad. Este último principio compromete al Estado a contribuir con el financiamiento de la seguridad social y fue consagrado con la reforma que se hizo al artículo 177 de la Constitución Política.

Lamentablemente el Estado costarricense, en cabeza de los diferentes gobiernos de turno, hasta ahora, no ha sido un celoso cumplidor de este precepto constitucional, que le procura a la institución las rentas suficientes para cubrir sus necesidades actuales y futuras.

Los movimientos sociales, esperamos, por el contrario, el nuevo gobernante, marque un hito y que el Estado asuma fielmente las obligaciones que se derivan del mandato constitucional.

1.- DEUDA DEL ESTADO CON LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

A pesar de la reforma del artículo 177 constitucional, la historia de la deuda del Estado con la Caja sigue siendo la misma cada 4 años, Administración tras Administración.

La Caja no debería atravesar ninguna crisis financiera. La Constitución y las leyes son contundentes al ordenar al Estado financiar cualquier déficit que tenga la CCSS, pero el Gobierno no solo violenta la Constitución y las leyes, sino que tampoco paga a tiempo sus obligaciones como patrono y como asegurador de las personas que no pueden cotizar para la seguridad social.

La negativa reiterada del Poder Ejecutivo de cumplir con los pagos oportunos para garantizar la atención universal de toda la población y además, las crecientes responsabilidades asignadas a la CCSS en materia de salubridad pública, implica que las cuotas obrero patronales están subsidiando al Estado. Recordemos que el Estado llegó a contribuir hasta con un 3.25%, hoy solamente cotiza un 0.25% abandonando su responsabilidad en la atención de los servicios de salud.

Los gobiernos cotizan lo que quieren, pagan cuando quieren y como quieren. La atención se brinda hoy y años después se pagan, si es que lo hacen, y en los montos que impone el Ministerio de hacienda y hasta en títulos, por ejemplo, el último convenio de pago celebrado, no contempló la deuda correspondiente al traslado de los programas del Ministerio de Salud a la CCSS, que todavía no ha sido honrada. La deuda del estado es de casi 600 mil millones de colones. ¡Esto tiene que dar un giro radical!

Con todo respeto, pero con vehemencia, demandamos el compromiso político de que se normalice la situación de la deuda y se cancelen oportunamente las contribuciones que le corresponden al Estado, promoviendo reformas legales que castiguen a los jerarcas responsables, en igualdad de condiciones que los patronos privados.

2.- RECURSOS DE EMPRESASBLICAS POR ARTICULO 78 DE LPT

A 13 años de la Ley de Protección al Trabajador, todavía la CCSS no ha recibido los recursos previstos en el artículo 78 de esa Ley, que obliga a las empresas del Estado a contribuir en el fortalecimiento del Régimen de pensiones y universalizar la cobertura de los sectores no asalariados en situación de pobreza.
A raíz de la omisión y/o negativa de las autoridades del Poder Ejecutivo, la Caja Costarricense de Seguro Social ha dejado de percibir una suma cuantiosa que supera los 600 mil millones de colones.

Esperamos el compromiso de los candidatos para que, finalmente, esos recursos le sean trasladados al Seguro Social.

PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS

Los neoliberales instalados en la Caja tienen un plan sistemático y organizado para privatizar los servicios de salud, con ostentosos nombres como Modelos de Gestión, Redes de servicios de Salud, fortalecimiento del primer nivel, que pretenden engañar a la población y los trabajadores.

El supuesto “diálogo social”, impulsado por el gobierno, es solo una herramienta más en manos de los privatizadores para hacerle creer a las y los costarricenses que ese es el “modelo de Seguridad Social que los costarricenses decidieron tener”, porque su objetivo como lo indica el documento conocido por la Junta Directiva en abril de este año, es “…crear una red colaborativa de conversaciones entre los distintos actores y sectores sociales, en torno al proyecto de seguridad social que el país requiere…” cuando lo que quieren es una Caja recaudadora que compre servicios en maquilas sanitarias.

Siendo que la demanda es creciente, se disminuyen y deterioran los servicios, se han emitido directrices para obstaculiza el acceso a servicios especializados, regulaciones crecientes para limitar o coartar el otorgamiento de incapacidad en caso de enfermedad a la clase trabajadora costarricense (a pesar de que el descanso es parte del tratamiento en algunas patologías), se restringe la creación de plazas y las sustituciones de personal, congelan las vacantes, privaciones presupuestarias, equipos, infraestructura, medicamentos, recurso humano, nuevos protocolos de atención y nuevas modalidades de prestación de los servicios hospitalarios, todos como herramientas para “justificar” la privatización.

El mismo Gerente Financiero ha reiterado en varios grabaciones que se nos han facilitado, que la única obligación de la Caja es que se garanticen los servicios, pero no tiene que ser prestándolos la misma institución, sino que es más “eficiente” que sean prestados por sectores dedicados al lucro, de forma que el negocio de la enfermedad terminará matando la salud.

Por eso en el documento para el supuesto fortalecimiento de la gerencia médica se asumen varias recomendaciones de los “notables” elegidos por el gobierno empresarial de Chinchilla, entre los que destacan la recomendación 75 y 81, que traslada la atención primaria, las Áreas de Salud, al sector privado y que dispone la limitación de los servicios de salud, incluidos los medicamentos. Aunque no han podido demostrar los beneficios de entregar los EBAIS a entes dedicados a lucrar con la enfermedad, su objetivo es golpear la seguridad social, terminar con la institución, convertirla en una aseguradora- compradora de servicios.

Se crean nuevas gerencias, subgerencias, direcciones ¿será para colocar a nuevos amigos? Porque los puestos que se trasladan o eliminan son los de personas trabajadoras sin amigos poderosos.

Asimismo, según lo escrito se pretende un “Ajuste del sistema de pensiones de IVM…” modificando las regulaciones para el Comité de Vigilancia del IVM, que pasó de ser un mecanismo de participación ciudadana, de vigilancia de los trabajadores, a convertirse en un ente al servicio de opacos intereses.

Cuando otros países luchan por el acceso a los servicios e índices de salud de Costa Rica, en la Caja los neoliberales, entregan los recursos de la seguridad social a manos de los grandes empresarios.

Ese es el principal compromiso que esperamos, el cometido de revertir el proceso privatizador y fortalecer el Seguro Social como institución prestadora de los servicios públicos de salud.

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS Y LAS TRABAJADORAS

Existe en nuestro país una plutocracia que, auspiciada por organismos internacionales, en connivencia con determinados sectores empresariales, impulsan el desmantelamiento de las instituciones públicas, con el propósito de convertir los servicios que prestan en actividades lucrativas. Sería ingenuo no admitir que detrás de la “crisis de la CCSS”, existe una estrategia para transformar la atención de la salud en un jugoso negocio.

Para enmascarar ésta deliberada crisis y que el mercado privado de la enfermedad tenga posibilidades de lucro, hay que desprestigiar y debilitar al público. Un mecanismo es responsabilizar de las deficiencias a los y las trabajadoras de la institución, obviando los problemas políticos que son su causa principal. Algo totalmente injusto y que deliberadamente la clase político-empresarial ha publicitado para confundir la población y favorecer el desmantelamiento de la institución.

Porque hay que decirlo, con todas las mayúsculas, a pesar de todas las tramas de corrupción política, de todas las demás dificultades, las y los trabajadores del Seguro Social, laboran con gran abnegación. En la Caja todos los días suceden cosas sublimes, se salvan vidas y se alivian las dolencias, sin distinción de posiciones sociales.

No es cierto, como se repite insistentemente con mala intención, que las amenazas que se ciernen sobre la Caja sean las demandas de los empleados y el excesivo poder de sus organizaciones.

Por eso, es necesario conocer el pensamiento de los candidatos, el compromiso con la clase trabajadora, de forma que se evite el irrespeto a los derechos y condiciones de trabajo puntualizados en el Informe de Estado de la Nación 2013, de forma que se garantice condiciones laborales y calidad de vida para la clase trabajadora.

AUTONOMÍA, PRESIDENCIA EJECUTIVA Y OTRAS JERARQUÍAS

Lo primero que se debe comprender es que la gestión política de la Caja, está dirigida por el Poder Ejecutivo. El Gobierno nombra la Presidencia Ejecutiva, y a través de ella, a todos los gerentes, los mandos medios y regionales. De tal manera que si la gestión no ha funcionado, es responsabilidad propia de Casa Presidencial, de este y los anteriores Gobiernos.

Es así como los diferentes Presidentes Ejecutivos, sirviendo a las demandas coyunturales de la Casa Presidencial, han puesto en segundo lugar los intereses de salud de la población. Conocidos de sobra son los actos de corrupción, negligencia y sometimiento a las esferas del poder político que han golpeado y siguen golpeando a la CCSS, mediante la acción u omisión de su Presidencia Ejecutiva.

La primera condición, absolutamente necesaria, para empezar a resolver los problemas de la CCSS es que se le devuelva la autonomía que le otorga la Constitución política y se elimine la figura de la presidencia ejecutiva, asimismo democratizar los nombramientos de las jerarquías.

MEJORAMIENTO, EFICIENCIA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Los servicios que brinda la CCSS siempre pueden ser mejorados, pero las soluciones no están ni en las altas esferas, ni en la cabeza de ningún genio.

Como trabajadores y trabajadoras de la salud, tenemos propuestas en materia de políticas públicas, en financiamiento, mejoramiento de los servicios, para acercar los servicios a las comunidades y sus familias, en relación con las aseguradoras comerciales y la protección de riesgos laborales y de tránsito, en materia de sostenibilidad de las pensiones y el fortalecimiento de la participación ciudadana a través de las Juntas de Salud, que expondremos al candidato que esté comprometido con el fortalecimiento de nuestro extraordinario sistema nacional de salud basado en su carácter universal, público y solidario.

En el caso de las condiciones de salud y la calidad de vida de los adultos mayores, sector totalmente abandonado por los gobiernos de turno y las autoridades institucionales, es necesario generar políticas que les integren efectivamente a la vida ciudadana.

No nos engañamos, sabemos que el horizonte es de lucha, de una lucha tenaz por la defensa de la democracia, de la libertad y de la justicia social, El compromiso nuestro es la lucha, sin cuartel ni desanimo, por la defensa de un modelo exitoso, del Seguro Social como lo concibieron las anteriores generaciones.

San José, 10 diciembre 2013

MOVIMIENTOS SINDICAL Y SOCIAL
UNDECA

¿Cómo se construye la crisis fiscal de Costa Rica?

Luis Chavarría Vega


El editorial recrimina que el pronunciamiento judicial restablece un odioso privilegio, que, de mantenerse la sentencia – advierte haciendo un juicio apocalíptico –, implicará un enorme retroceso de los esfuerzos que se han hecho para ordenar las finanzas institucionales.

La sentencia del Tribunal, contra la que se alza La Nación , declaró la nulidad absoluta del acuerdo que adoptó la Junta Directiva de CCSS, en junio del 2011, por resultar sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. La sentencia corrige el abuso que cometió la Junta Directiva al revocar, de manera arbitraria y unilateral, un legítimo derecho de los trabajadores, que tiene sustento en la propia ley constitutiva de esa institución.

Desmentimos, de manera categórica, que este beneficio constituya un privilegio, ya que es un derecho que estamos recuperando, como corresponde en un Estado de derecho, recurriendo a los tribunales de la República, aunque la sentencia cause tanta irritación en ese tradicional medio informativo.

Mucho menos es cierto, como malintencionadamente se nos atribuyó en ese editorial, que no haya podido dejar de reconocer los abusos que se cometieron.

De esta manera, La Nación la emprende infundadamente no solamente contra esta organización y los trabajadores que representamos – esta no es la primera vez –, sino también contra los tribunales de la República, olvidando esa corporación que tiene techo de vidrio.

Este linchamiento mediático cumple tres objetivos, que son muy fáciles de comprender: 1) prejuiciar la opinión pública contra los servidores de la Caja, que es un oficio compartido con la Presidencia Ejecutiva de esa institución, 2) desacreditar la sentencia de los tribunales de la República, y 3) presionar a la jerarquía del Poder Judicial, lo cual desde ahora estamos denunciando.

Termina esa diatriba periodística sentenciando que, con este precedente judicial, “así se construye la crisis fiscal del Estado costarricense”, lo cual se devuelve como un bumerán contra el propio diario.

La crisis fiscal del Estado obedece a otra clase de causas, que desde luego no le conviene reconocer a La Nación , inmersas en el contexto de la crisis del modelo neoliberal que interesadamente defiende ese periódico, dentro de las cuales destacan la regresiva estructura impositiva del país, acompañada de la evasión tributaria, que, por lo visto, para muchas empresas constituye un deporte nacional.

No es ocioso recordar que ese grupo corporativo recientemente fue denunciado por la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros, por los supuestos delitos de defraudación fiscal y tributaria, por una presunta evasión de impuestos de ¢1.918.300.797,43.

Si en algo coincidimos con este editorial, es en que efectivamente, de esa manera, “así se construye la crisis fiscal del Estado costarricense”.

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Derecho de respuesta publicado en La Naci ón
Actualizado el 11 de diciembre de 2013 a: 12:00 a.m.

¡Valientes!


Después de prácticamente 4 años, a estas alturas, viene el gobierno a llamar al proclamado “diálogo”, tanto en el tema fiscal, como en la CCSS. ¿Quién podría dudar que las reformas ya están “acordadas” con organismos multilaterales, como el Banco Mundial, la Organización Panamericana de la Salud y el Fondo Monetario Internacional? Nada que discutir. Son turbios procesos, con falsos discursos para engañar a los ilusos que creen que están participando en estos espacios, que permiten a los políticos ocultar sus verdaderos objetivos.

Los gobiernos de turno han adoptado el modelo neoliberal que les permite, por una parte, enriquecer a sus amigos y grandes corporaciones, y por otra parte, le niega a amplios sectores de la población, condiciones de vida digna, educación, cultura, obras públicas, vivienda y la satisfacción de otras necesidades urgentes.

El gobierno liberacionista solo ha intervenido para fortalecer el proceso de acumulación capitalista, promoviendo un régimen fiscal socialmente injusto, propicio a los intereses del capital, permitiendo que grandes empresarios esquiven sus obligaciones tributarias, ofreciendo “negocios” a los capitales privados en salud, educación, infraestructura, muelles, entre otros, pagados con los impuestos de los trabajadores.

Es evidente, la asociación de políticos con el capital transnacional, la subordinación y el servilismo a organismos económicos internacionales como el BM y el FMI, el despliegue de una nueva etapa de políticas “neoliberales”, la conformación de un régimen autoritario que tiene el cometido de destruir, a toda costa, lo que queda del sistema democrático.

Las crisis económicas han sido provocadas para impulsar reformas estructurales que solo han traído miseria, descontento y malestar social.

Esos espacios, mal llamados de “diálogo social”, representan para la oligarquía financiera y empresarial la oportunidad de lanzar la contra reforma entreguista y privatizadora de los SERVICIOS DE SALUD, así como para la ocasión de aprovechar los recursos públicos para sufragar proyectos de obras, compras, contratos para beneficiar a estos segmentos de la parásita burguesía.

Sin embargo, la clase trabajadora sigue dando una lucha sin tregua, resistiendo este “capitalismo salvaje”. ¡Que ningún centro de salud, como en otras partes del mundo, niegue a las personas asistencia médica, solo por ser pobres, en realidad empobrecidos!

No importa, que como avestruces se nieguen a reconocer la fuerza, la valentía de los y las trabajadoras costarricenses, que defienden el Seguro Social, los derechos humanos y laborales, que es la misión superior que tiene el Estado, pero que lamentablemente transformaron en un estado neoliberal, que lo único que le interesa es convertir la salud en una mercancía.

Por estos motivos, UNDECA felicita a ese contingente de funcionarios y funcionarias de la salud, que con coraje y gallardía, se hicieron sentir este histórico 11 del 11.

Boletín Informativo

A partir de hoy recibirás el Boletín Informativo Sindical de UNDECA en este nuevo formato.

Una nueva versión, directa y con una presentación agradable, nos permitirá mantenerle debidamente informado/a sobre las acciones o posiciones político sindicales que realice o adopte la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA.

Este Boletín Informativo de UNDECA contendrá también todos los accesos a nuestra página web www.undeca.cr así como a nuestros otros servicios, Undeca TV y la red social de Facebook en www.facebook.com/undeca.ccss

Documentos, videos, audios, imágenes y toda la información que nos permitirá estar más cerca y mantenerte debidamente actualizada/o sobre el acontecer de las lucha por la defensa de tus derechos como trabajadora/or, la defensa de la salud pública y los más altos intereses de nuestra Patria.

Esperamos que este servicio sea de su total satisfacción y nos ponemos a disposición para recibir sugerencias y comentarios, puedes escribirnos a comunicacion@undeca.cr

La claudicante posición de ANEP-SINAE-Rerum Novarum y otras, acerca del proyecto de Reforma Procesal Laboral


El año pasado, la Presidenta de la República vetó las normas del Proyecto de Reforma Procesal Laboral que permiten y regulan el derecho de huelga en los servicios públicos esenciales (inciso c) de art. 377, artículo 379, 382, 383 y 384).

En el mes de mayo último, el Poder Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa un proyecto alternativo al veto, que fue resultado de un aparente contubernio entre el Gobierno y algunos sindicatos, proceso en el fuimos completamente excluidos la mayoría del movimiento sindical.

Este proyecto reitera la total prohibición de la huelga en los servicios esenciales y además, la extiende a otros servicios que denominan “servicios de trascendental importancia”, una maniobra artera más.

Esta propuesta ha sido rotundamente rechazada por un bloque bastante grande constituido por UNDECA, ANDE, APSE, CGT, CCTD, SINTRAJAP, SIPROCIMECA, UNIÓN MÉDICA, ANPE, SINTAF, SISSS, SINASSASS, AESS, SINTRASAS, SINASS, SINAME, SITECO, SITUN, SINDEU, SITRAINA, SITRACRUZ, UNE-UNED, ANTTEC, ANEJUD, UNT, la Federación Sindical Mundial, etc.

Lamentablemente alguna dirigencia de la ANEP, SINAE, RERUM NOVARUM, le siguen haciendo el juego al Gobierno, particularmente en menoscabo de sus propios afiliados y trabajadores que laboran en la CCSS, ICE, AYA, la educación, los muelles, personal de la fuerza pública, municipalidades y casi en la totalidad del sector público.

En un recientísimo pronunciamiento, firmado por los representantes de las anteriores organizaciones sindicales, titulado “La trascendental e histórica ley de Reforma Procesal Laboral”, en su parte dispositiva se formulan las siguientes alternativas, que se transcriben textualmente, para que no se vaya a decir que estamos falseando el texto:

“Por tanto

• Exhortamos al Parlamento para que coadyuve en la conclusión exitosa de la negociación sobre los extremos vetados, de forma tal que la redacción alternativa sea coherente en lo que expresamente la OIT ha señalado a Costa Rica; o bien proceda a excluir las normas expresamente vetadas del proyecto.

• Exhortamos a los diputados y las diputadas, a aprobar la Reforma Procesal Laboral, a pesar de esta maniobra del Poder Ejecutivo, y advertimos que si el proyecto de ley es aprobado sin incluir las modificaciones que de acuerdo a la OIT deben hacerse a la moción planteada por el Poder Ejecutivo, procederemos de inmediato a plantear las denuncias internacionales que evidencien esta flagrante violación a los obligaciones que como país hemos asumido ante la OIT.”

Sin necesidad que haya que hacer mucho esfuerzo intelectual, las únicas dos alternativas que están planteando esas organizaciones son las siguientes:

1.- Que la Asamblea Legislativa prepare una redacción que modifique el proyecto que presentó el Ejecutivo, para que ésta sea congruente con lo que ha señalado OIT (adviértase que la primera parte del primer párrafo transcrito, es lo mismo que el segundo párrafo).

Aquí es necesario destacar que en un reciente dictamen del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, se pronunció que ese proyecto alternativo del Poder Ejecutivo se presentó extemporáneamente.

Ahora bien, si esa iniciativa del Ejecutivo no es viable, por prescripción, mucho menos cabe ninguna modificación a dicha “moción” o proyecto con la finalidad de “que la redacción alternativa sea coherente en lo que expresamente la OIT ha señalado a Costa Rica.” ¿Acaso desconocen esto esa dirigencia?

De conformidad con esto, tenemos que esta primera alternativa se cae por su propio peso, porque ya los diputados no tienen ninguna posibilidad legal o constitucional de enmendar la redacción de este proyecto.

Es entonces evidente, que esas organizaciones no rechazaron la propuesta alternativa del gobierno – que según lo indica su propio texto de motivación, surgió del diálogo con este sector sindical, sino que lo que plantearon fue que la Asamblea modificara su redacción, para adecuarla a los requerimientos de OIT, que a estas alturas ya no es pertinente.

Así las cosas, el juego de esta primera alternativa se decanta y revela que en realidad es una cortina de humo para justificar, por “default”, la segunda y verdadera alternativa que se propuso: “o bien proceda – el Parlamento – a excluir las normas expresamente vetadas del proyecto”.

2.- Esta segunda alternativa implica que el Parlamento elimine del proyecto todos los artículos que expresamente fueron vetados, valga reiterar los que autorizan el derecho de huelga en los servicios esenciales. Esta posición significa que esas organizaciones, por más que en teoría renieguen, en definitiva, estén aceptando el veto, lo cual es totalmente inaudito.

Así como renunciaron luchar contra la derogatoria de las normas salvajes del Código de Trabajo, que permiten el arreglo directo y los comités permanentes – utilizados por empresarios para eliminar los sindicatos en el sector privado -, ahora están de nuevo claudicando y renunciando a defender el derecho de huelga de los y las trabajadoras del sector público y privado.

De nuestra parte, que lo sepan transparentemente los trabajadores y las trabajadoras del país, nuestros compañeros y compañeras de la CCSS, UNDECA jamás va a estar de acuerdo con que se proscriba el derecho de huelga en los servicios públicos esenciales.

El derecho de huelga de los y las trabajadoras que laboran en los servicios esenciales, es un Derecho Fundamental, para nosotros, un derecho sagrado, irrenunciable, que tiene que ser reconocido y regulado en el Código de Trabajo y que de ninguna manera vamos a permitir que sea abolido por espurias negociaciones.

CCSS: ¡Vienen por tus derechos, no tengas dudas!


Sí, las autoridades de la CCSS faltan a la verdad
VIENEN POR LOS PLUSES, NO TENGA DUDAS AL RESPECTO

– Aquí, una vez más, las pruebas de que dicen una cosa y van haciendo otra

Reiteradas veces, Ileana Balmaceda y la Junta Directiva de la Caja, han manifestado que no se va a ver afectados los pluses salariales de la clase trabajadora de la institución. Un día sí y otro también sendos comunicados “oficiales” advierten de que es mentira de que van a eliminar pluses salariales. También dicen estar abiertos al diálogo con las organizaciones sindicales, pero hacen lo contrario, ni dialogan y mienten a los y las trabajadoras mediante comunicados mientras avanzan con su estrategia para eliminar justos derechos salariales.

Paso 1, el “acuerdo”:

_“ARTICULO 28º sesión N° 8619 del 17 de enero 2013
Por consiguiente, conocida la información presentada por el señor Gerente Administrativo, que concuerda con los términos del oficio número GA-10679-13 del 15 de enero del año en curso que literalmente se lee así:
“De conformidad con los términos del “Informe del equipo de especialistas nacionales nombrado para el análisis de la situación del Seguro de Salud” en el artículo 10 de la sesión N°8545 celebrada el 10 de noviembre del año 2011 esa estimable Junta Directiva dispuso:
“La Junta Directiva en relación con la recomendación número 36 del informe del Equipo de Especialistas, por considerar que ella puede afectar los derechos adquiridos por los trabajadores en cuanto a pluses salariales hace imperativa la necesidad de analizar los mismos. Para ello instruye a la Gerencia Administrativa para que un plazo de 1 (un) mes presente a esta Junta Directiva un informe con el detalle de todos los pluses salariales existentes y los procedimientos utilizados para la aplicación y cálculo de los mismos”…
… habiéndose hecho la respectiva presentación por parte de la licenciada Natalia Villalobos Leiva, Jefe del Área de Diseño, Administración de Puestos y Salarios, y con base en la recomendación del licenciado Campos Montes, la Junta Directiva _

ACUERDA:

ACUERDO PRIMERO: como parte del seguimiento a la atención de la recomendación R36 del equipo de especialistas, dar por recibido el informe que contiene el cronograma de revisión de pluses salariales 2012-2013, conforme los términos expuestos por la Gerencia Administrativa en el oficio número GA-10679-13, donde se establece un período de análisis de para estos conceptos de setiembre del año 2012 a diciembre del año 2013…

Paso 2, cronograma de eliminación de pluses:
(Ver imagen de cronogramna)

Paso 3, contratación de “el verdugo”:
La Junta Directiva de la CCSS publica en su sitio web lo siguiente:

“La Oficina de Recursos Humanos DIRECCION ADMINISTRACION Y GESTION DE PERSONAL requiere contratar en forma Interino 1 Profesional 4 para laborar en el/la Subárea Diseño y Valoración de Puestos del 06-03-2013 al 06-08-2013, según el siguiente detalle”

(Ver imagen de publicación)

Prepárate para la lucha, ¡la defensa de tus derechos depende de tu participación!

No comas cuento, defiendes tus derechos hoy o lo lamentarás mañana.

UNDECA