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Dos veces al año en enero y julio de cada año, se realizan encuentros más que negociones entre el gobierno, los empresarios y la representación de los trabajadores en el sector privad y los sindicatos y el gobierno en el sector público.

En ambos es poco o nada sus resultados satisfactorios, si de actualizar y mejorar el salario decente y competitivo se trata, que mejore las condiciones de vida de la gente, por el contrario gobierno y empresarios terminan imponiendo el “decretazo” salarial.

No existe control de precios, al gobierno y el sector empresarial no les interesa la canasta es limitada de productos, por eso es básica, más allá tienen el precio de mercado porque según dicen la competencia lo fija, una grave maniobra.

El costo de los combustibles es fluctuante, hoy sube mucho, mañana baja muy poco y los pasajes de los buses ya no son pequeños, más aún en el área rural y urbana y esto tiene su precio.

El método utilizado no toma en cuenta el alquiler de las viviendas o el que se endeude para poder construir su casa con muy altos intereses. El pago de la educación privada o pública y el costo de los materiales, transporte, etc. las tarifas públicas como agua, electricidad, etc. los medidores le quitan una parte importante del ya depreciado salario y así ni que decir del pago de los impuestos municipales, timbres legales, impuesto a la propiedad, al salario, etc. la depreciación o devaluación de la moneda en colones por la moneda extranjera.

Así las cosas, el oscuro panorama para contar con salario digno y decente está en la cola de un venado, porque el Ministerio de Trabajo dejó de ser también de carácter social y se pasó del lado de los más poderosos y la libertad del mercado.

Es difícil entender bajo estas circunstancias, que el Gobierno pretenda soslayar esta realidad, porque el salario se ha constreñido significativamente y no alcanza, menos para dar un paseo con la familia, mientras los puestos altos del gobierno no tienen este problema, cuando los salarios se fijan de otra manera y están por encima de los 6 millones de colones de los jerarcas en las instituciones públicas y hasta de 18 millones existen, los diputados y diputadas por ley han recibido 300 mil colones de aumento.

De ahí que hay que cambiar radicalmente el método y erradicar los decretos para poder lograr un resultado decoroso, donde el pueblo pueda ser feliz, o luchar en las calles para lograrlo.

La Costa Rica de hoy, la de los grandes y numerosos conflictos sociales, por la incapacidad del Gobierno y la clase política para resolver la creciente desigualdad social reflejada en el deterioro de servicios, instituciones, empobrecimiento, y profundizada por la corrupción.

Conflictos siempre han existido, pero ahora la situación es incontrolable, con las huelgas de los trabajadores por sus derechos y las acciones de los movimiento sociales en el sector indígena, campesino, agricultor, vivienda, estudiantil, los de la tierra, el agua, contra RITEVE, Crucitas; por las malas condiciones de las escuelas, contra concesiones de obra pública como OAS, APM Terminals, combo ICE, etc., todo esto por la pérdida de credibilidad y que ha hecho que los costarricenses sientan que han sido engañados y burlados por la clase político-empresarial que ha tomado el gobierno desde los años 80´s.

El pueblo no come más engaños, ni se traga más el cuento; los sectores sociales exigen acciones y soluciones a los numerosos problemas que afectan y deprimen a todos los costarrincenses.

Bajo este panorama incierto, la crisis que vive hoy la Caja y el deterioro de los servicios, las largas filas de espera, las escandalosas y multimillonarias deudas de morosos, el colapso de las plantas físicas, equipo y la creciente corrupción tampoco tienen solución por parte de una Junta Directiva politizada.

Por el contrario, las altas autoridades, la Presidenta de la República y el Gobierno, han cerrado las puertas al diálogo para discutir esta situación, de igual manera esta actitud se ha reiterado en todos los conflictos que vive el país, pero la clase político-empresarial gobernante piensa implementar un arma represiva y antidemocrática, como prohibir el derecho a huelga, impidiendo la libertad de expresión y criminalizar las manifestaciones.

Esto nos obliga a actuar contra el proyecto y por el archivo de la reforma procesal laboral, por la defensa de los derechos laborales y económicos, contra las concesiones, la privatización de servicios y la corrupción, en defensa de servicios públicos de calidad y eficientes, etc.

Con suficiente razón y motivo UNDECA y los sindicatos del sector salud, convocamos al personal de la Caja, sector público, estudiantil, jóvenes, sector educación, ICE, comunidades, pensionados, a participar el MARTES 25 DE JUNIO en todo el país.

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social, UNDECA, manifiesta su apoyo solidario a las valientes, dignas trabajadoras y trabajadores bananeros que están librando una importante lucha por sus derechos.

600 trabajadores y trabajadoras de las Fincas 1, 2 y 3 de Del Monte en Sixaola, afiliadas y afiliados al sindicato SITEPP, se encuentran en huelga luego de que muchos fueron despedidos por tratar de organizarse sindicalmente. Una muestra más de que en Costa Rica la libertad es tan solo una frase en el papel para muchos ciudadanos.

Respaldamos a los compañeros y compañeras de SITEPP, y de otras organizaciones sindicales del sector privado, en el desafío de organizar a las trabajadoras y trabajadores de ese sector, trabajadores de las plantaciones bananeras y piñeras que día a día son cruelmente explotados y que con mucha dignidad se levantan en defensa del sagrado derecho a vivir dignamente.

Los sindicatos del sector privado y, especialmente los del sector de plantaciones, hacen un trabajo muy comprometido, con escasos recursos y con represión de cuerpos de seguridad privada, que muchas veces cuentan hasta con el respaldo de la seguridad pública que defienden a una empresa explotadora de los trabajadores, como han denunciado los sindicatos SITEPP y UNT ante las autoridades del Ministerio de Trabajo sin que se haga nada al respecto y que precisamente han sido causa de reiteradas denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

Demandamos de las autoridades del Ministerio de Trabajo y del gobierno de Laura Chinchilla mediar en este conflicto para que la empresa Del Monte reinstale inmediatamente a los compañeros trabajadores despedidos injustamente, por participar en una huelga con la cual lograron que la empresa firmara la Convención Colectiva de Trabajo; despidos que provocaron la huelga que lleva ya 15 días.

Condenamos la brutal agresión de que fue víctima el dirigente Aquiles Rivera de SITEPP que estaba dirigiendo la huelga y exigimos que se investigue a los responsables.

Pareciera que en Costa Rica la situación de los trabajadores de las plantaciones de piña y banano nunca cambió y como lo denunciara hace 80 años, el gran dirigente sindical, Carlos Luis Fallas (CALUFA), estos trabajadores y trabajadoras sufren explotación al grado de esclavitud a vista y paciencia de quienes gobiernan Costa Rica, ¿O es que quienes gobiernan son las empresas bananeras y piñeras?