El juego político del proyecto procesal laboral


“(…) los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan” José Martí

De verdad que la tramitación del Proyecto de Ley de Reforma Procesal Laboral (Exp.15.990) lleva la impronta de una serie de vicisitudes que refleja su tormentoso periplo y los diferentes intereses que ha concitado.

Primero fue el dictamen de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, prácticamente unánime, que significó una completa contra-reforma laboral, principalmente en la parte del derecho colectivo, el alma del Derecho del Trabajo: negociación colectiva en el sector público, arreglo directo y huelga, en el sector público y privado.

Fue a raíz de una propuesta de enmienda que promovimos varios sindicatos y organizaciones gremiales, que protestamos ese regresivo dictamen concertado entre el Gobierno, UCCAEP y la alta dirigencia de la Rerum Novarum y la ANEP, logramos darle al proyecto un giro sustancial, más progresivo, salvo en el tema del arreglo directo.

Precisamente este fue otro de los escollos del proyecto, pero que en definitiva fue superado, por lo menos desde el punto de vista del trámite legislativo, por otro acuerdo, celebrado entre UCCAEP y estas mismas organizaciones, que vino a garantizarle al empresariado que se mantuvieran incólumes las perniciosas disposiciones que actualmente contiene el Código de Trabajo, regulatorias del arreglo directo, que tanto daño le han causado a los trabajadores y sindicatos, principalmente en el sector privado de la economía.

Luego vendría la aprobación en segundo debate, en virtud de la cual se remitió a Casa Presidencial el correspondiente decreto legislativo (Nº 9076), resultando que cuando los empresarios se frotaban las manos y otros igualados se ponían a la altura del histórico dirigente político Manuel Mora Valverde, la Presidenta de la República les echó a perder la compartida celebración con el veto del Gobierno, que por motivos de inconstitucionalidad e inconveniencia, cuestionó la regulación de la huelga en los servicios públicos esenciales y otra disposición más en el tema de huelga.

Después una vez más de los que consideraron alta traición por parte del Gobierno, se sentaron en la mesa de Zapote, para tratar de zanjar la lamentable y sorpresiva controversia, con los oficios de un legislador “progresista”.

En este proceso de diálogo que el Gobierno retomó únicamente con las mismas organizaciones mencionadas, fuimos excluidos la mayoría de movimiento sindical, con una afiliación suficientemente representativa, por lo visto, según reza la correspondiente declaración de motivos, se consensuó el proyecto de ley que esta semana el Gobierno presentó a la Asamblea Legislativa, precisamente el mismo día, que en horas de la noche, se aprobó en primer debate, el proyecto de Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. Casualidades del mundo de la alta política.

Este proyecto alternativo presentado por el Gobierno y apoyado aparentemente por estas mismas organizaciones, implica una prohibición generalizada del derecho de huelga en los servicios públicos; de suerte que la gran mayoría de las actividades quedan sometidas a una prohibición absoluta, eliminándose la huelga en los servicios de salud, cuerpos de policía, bomberos, agua potable, electricidad, telecomunicaciones, aduanas, alcantarillado sanitario, portuarios y otra cantidad más de servicios, incluidos los ahora denominados de “trascendental importancia” (financieros, bancarios, combustibles, etc.), en los que también resulta totalmente coartado el ejercicio del derecho de huelga. El proyecto nos remonta a una época anterior a la promulgación de Código de Trabajo.

POR LO ANTERIOR, UNDECA Y EL BLOQUE DE LA FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL REITERA SU ABSOLUTA Y RADICAL OPOSICION CONTRA ESTE PROYECTO ALTERNATIVO DEL GOBIERNO, DE CORTE ANTISINDICAL Y CONVOCA A TODAS LAS ORGANIZACIONES CLASISTAS, A LUCHAR FRONTALMENTE CONTRA ESTE NEFASTO PROYECTO QUE NOS ARREBATA UN DERECHO FUNDAMENTAL Y SAGRADO.

Conferencia de OIT: Chinchilla quedará muy mal


La Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT), de forma categórica, deja manifiesta ante la clase trabajadora costarricense, su total oposición a la moción que pretende modificar el Proyecto de Reforma Procesal Laboral para prohibir la huelga en los servicios públicos, misma que fuera presentada ante la Asamblea Legislativa por el Gobierno de La República.

De la misma manera denunciamos a la opinión pública, que la presentación de estas modificaciones al proyecto, fueron negociadas en los pasillos de Casa Presidencial con dos o tres sindicatos, y que esta negociación en conciliábulos, fue denunciada y reprochada por un importante grupo de organizaciones sindicales, entre las que destacan ANDE, UNDECA, APSE, CGT, CCTD, CMTC y UNT.

Con el envío de esta moción, el Gobierno de Laura Chinchilla pretende revivir este proyecto, que anunció como negociado de forma tripartita el año pasado en Ginebra, y que fue vetado por razones de constitucionalidad, conveniencia y oportunidad, después de ser aplaudida en la Conferencia Anual de OIT. Hoy nuevamente, este Gobierno que no tutela ni vela por el cumplimiento de los derechos laborales en el Sector Público y Privado, le dirá a la OIT que felizmente, con el apoyo de algún sindicato “tureca” y desde luego con el respaldo de los empresarios, ha presentado un proyecto de ley “revolucionario” y vendrán nuevamente los aplausos.

Por otra parte, esta ley con las modificaciones que pretende introducirle el Poder Ejecutivo resulta un claro retroceso en materia laboral para las y los trabajadores, no sólo por el hecho de prohibir el ejercicio del derecho a huelga en todos los servicios públicos, sino además, porque mantiene incólumes a los Comités Permanentes de Trabajadores y los famosos Arreglos Directos, instrumentos que la patronal históricamente ha utilizado como armas para exterminar y evitar el surgimiento y desarrollo del sindicato en la empresa privada.

Valga decir que la propia OIT, ha reiterado que tales Comités Permanentes y Arreglos Directos, son contrarios a al derecho laboral internacional y que el Estado y Gobierno de Costa Rica deberían tomar las medidas para enmendar esta violación a la legislación laboral.

Resulta repugnante que una conocida organización sindical, al menos por los medios de prensa, en un claro ejercicio de sumisión a patronos y Gobierno, se preste a este juego.

La UNT reitera ante la clase trabajadora y la opinión pública costarricense, que junto a importantes organizaciones sindicales como las señaladas al inicio, hará todos los esfuerzos nacionales e internacionales, para denunciar y oponerse a la maniobra de Laura Chinchilla, que pretende vender como revolucionario, un proyecto de ley que a todas luces resulta una clara contra reforma laboral.

Susan Quirós Díaz
Secretaria General UNT

Prohibición indiscrminada de huelga atenta contra la libertad sindical

Gobierno insiste en provocar enfrentamiento con sector sindical

En reciente comunicado el Gobierno liberacionista de Laura Chinchilla Miranda realiza una nueva maniobra que atenta directamente contra la libertad sindical y el derecho humano de la clase trabajadora a la huelga como única medida de presión cuando sus derechos y garantías laborales están siendo violentados por el patrono sea público o privado.

Como si eso fuera poco, según comunicado del Gobierno, estas medidas contra la libertad sindical es el resultado de “varios meses de análisis y un proceso de diálogo con distintos sectores y luego de haber vetado parcialmente la reforma al Código Procesal Laboral”, cuando ha sido evidente que solamente se ha venido reuniendo con representantes de ANEP y la Rerum Novarum, excluyendo al resto del movimiento sindical de manera abrupta, lo que nos deja la duda de si esas medidas antisindicales cuentan con el respaldo de esas organizaciones sindicales, lo que sería traicionar a la clase trabajadora.

Laura Chinchilla mintió en la OIT

En la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, realizada en junio del año anterior, la presidenta de la República manifestó que ya la Reforma Procesal Laboral había sido negociada y que para ello contó con el respaldo de esas dos organizaciones sindicales que permitieron que llegara “con algo en las manos” para responder a las constantes denuncias contra las últimas cinco administraciones. Al regresar a Costa Rica, vetó inmediatamente la Reforma Procesal Laboral y procedió a presentar estas reformas que proscribe derechos fundamentales de negociación colectiva y huelga, al estilo de los países más represivos y retrógrados en materia laboral y sindical.

Esta acción contraviene las observaciones y prevenciones que la misma OIT realizó antes las demandas presentadas, hace escasamente cinco meses, contra este gobierno.

Ataca la libertad sindical en todos los frentes

La prohibición de huelga, según el resumen presentado por el gobierno, abarcará todos ámbitos laborales y los categoriza como “prohibiciones totales y parciales” en el sector público y privado , sin embargo una rápida lectura del mismo deja claro que no realiza una discriminación objetiva o selectiva de acuerdo a lo estipulado por la misma Organización Internacional del Trabajo, OIT, y los Convenios ratificados por nuestro país, con referencia a los parámetros de servicios esenciales o no, y que esto no limite u obstruya la libertad sindical.

La prohibición total abarca los sectores de salud, seguridad (todas las policías), electricidad, agua, emergencias, aviación y fronteras, servicios eléctricos, también en telecomunicaciones, seguridad de infraestructura, transporte, inspección administrativa, tratamiento de desechos y residuos, muelles y atracaderos, Recope, bancos, migración y el Tribunal Supremo de Elecciones.

Reiteramos que estas medidas han sido inconsultas con todo el Movimiento Sindical, con la excepción de las dos organizaciones mencionadas y que la misma no cuenta, ni contará, con la aprobación de sectores sociales, políticos y mucho menos sindicales clasistas.

Este será sin duda, un tema trascendental en el próximo encuentro del Movimiento Sindical que se realizará el sábado 25 de mayo en las instalaciones de JUPEMA, 50 metros norte de Casa Matute Gómez.

Declaración de la 1° Asamblea Continental de los Movimientos Sociales hacia el ALBA “Hugo Chávez Frías”


Hemos llegado aquí como parte de un proceso histórico que nos ha hecho encontrarnos en foros, campañas, redes internacionales, instancias sectoriales y diversas luchas dentro de cada uno de nuestros países, ondeando las mismas banderas de lucha y los mismos sueños por una verdadera transformación social.

Vivimos una nueva época en Nuestra América que se ha expresado en los últimos años a través de diversas movilizaciones y rebeliones populares, la búsqueda por la superación del neoliberalismo y la construcción de una sociedad alternativa que sea justa e inclusiva, porque ya es posible y necesaria.

La derrota del ALCA en 2005, evidenció la resistencia de los movimientos sociales y una nueva configuración geopolítica continental, caracterizada por el surgimiento de gobiernos populares que se atreven a enfrentar al imperio. La apuesta máxima en este sentido, lanzada en 2004 por Fidel Castro y Hugo Chávez, es lo que hoy se llama Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

ALBA es un proyecto esencialmente político, antineoliberal y antiimperialista, fundamentado en los principios de la cooperación, la complementariedad y la solidaridad, que busca acumular fuerzas populares e institucionales por una nueva gesta de independencia latinoamericana, de los pueblos y para los pueblos, por una integración popular, por la vida, por la justicia, por la paz, por la soberanía, por la identidad, por la igualdad, por la liberación de América Latina, por una auténtica emancipación que tenga su horizonte en el socialismo indo-afro-americano.

Sin embargo, el Imperio sigue movilizándose en contra de la reorganización de las fuerzas populares y el surgimiento de nuevos proyectos autónomos de integración de la Patria Grande. Luego de las primeras rebeliones antineoliberales, EEUU ha comenzado a reorientar su política exterior con el fin de recuperar su hegemonía sobre el proceso continental en varias dimensiones: económica, militar, normativa, cultural, mediática, política y territorial.

El estallido de la crisis capitalista en el seno de Wall Street en 2008, reforzó estos planes. Desde ese momento visibilizamos una contraofensiva imperialista aún mayor en el continente que se expresa en el aumento de la presencia transnacional en los territorios, el saqueo de nuestros bienes naturales y la privatización de los derechos sociales; la militarización del continente, la criminalización y represión de la protesta popular; la intervención estadounidense en los golpes de Estado en Honduras y Paraguay; la permanente desestabilización de gobiernos progresistas latinoamericanos; el intento de recuperar influencia política y económica a través de iniciativas como la Alianza del Pacífico y otros acuerdos internacionales.

En este contexto marcado por la avanzada imperialista, por una parte, pero también por la apertura de nuevas posibilidades con el horizonte que nos marca el proyecto lanzado por los gobiernos del ALBA, se hace más necesario que nunca la Articulación de los Movimientos Sociales del continente. Tenemos que asumir el desafío histórico de articular las resistencias y pasar a la ofensiva con un pensamiento original y nuevas propuestas de modelos civilizatorios, que recuperen las mejores tradiciones de nuestros pueblos.

Ratificamos los principios, lineamientos y objetivos de nuestra primera carta de los Movimientos Sociales de las Américas de construir la integración continental de los movimientos sociales desde abajo y a la izquierda, impulsando el ALBA y la solidaridad de los pueblos, frente al proyecto del imperialismo.

Afirmamos nuestro compromiso de aportar al proyecto de integración latinoamericano, seguir las batallas anticoloniales, anticapitalistas, antiimperialistas y antipatriarcales, bajo los principios de solidaridad permanente y activa entre los pueblos, a través de acciones concretas contra todas las formas de poder que oprimen y dominan.

Reafirmamos nuestra apuesta por lograr la autodeterminación de los pueblos, la soberanía popular en todos los órdenes: lo territorial, alimentario, energético, económico, político, cultural y social.

Defenderemos la soberanía de los pueblos a decidir sobre sus territorios, los bienes naturales y nos comprometemos a defender los derechos de la Madre Tierra.

Los movimientos sociales de nuestra América llamamos a:

Promover la unidad e integración regional basada en un modelo de vida alternativo, sostenible, sustentable y solidario, donde los modos de producción y reproducción estén al servicio de los pueblos.

Relanzar la lucha de masas y la lucha de clases, a nivel nacional, regional y continental, que nos permita poner freno y desmantelar programas y proyectos del capitalismo neoliberal.

Tejer redes y coordinaciones efectivas de comunicación popular, que nos permitan dar la batalla de ideas, y frenar la manipulación de la información por las corporaciones de los medios de comunicación.

Profundizar nuestros procesos de formación política e ideológica para fortalecer a nuestras organizaciones, así como avanzar en procesos de unidad conscientes y consecuentes con las transformaciones necesarias.

Asimismo,

-Manifestamos nuestro apoyo y solidaridad al pueblo de Colombia ante este momento crucial del proceso de diálogo y negociación para alcanzar la firma de acuerdo de paz con justicia social, que verdaderamente resuelvan las causas que dieron origen al conflicto armado. Estaremos atentos al desarrollo de este proceso, dispuestos a colaborar y acompañar en la manera que el pueblo colombiano lo necesite.

-Manifestamos nuestro apoyo al Gobierno Bolivariano de Venezuela encabezado por el Compañero Presidente Nicolás Maduro, expresión inequívoca de la voluntad popular del pueblo venezolano reflejada en las urnas el pasado 14 de abril, ante los intentos continuos de desestabilización por parte de la derecha que busca desconocer la decisión soberana del pueblo y conducir el país hacia una crisis política, institucional y económica.

Esta Articulación Continental de los Movimientos Sociales hacia el ALBA es parte de un proceso emancipador que desde la Revolución Haitiana hasta nuestros días, busca construir una sociedad más justa y profundamente humana. Nuestro compromiso es continuar el legado de millones de revolucionarias y revolucionarios como Bolívar, San Martín, Dolores Cacuango, Toussaint L’Overture, José María Morelos, Francisco Morazán, Bartolina Sisa y tantos otros que de manera solidaria y desprendida entregaron sus vidas por estos ideales.

Reafirmando nuestra historia, nuestra Asamblea lleva el nombre de uno de ellos, el de nuestro Comandante Hugo Chávez, a quién honramos retomando sus banderas de lucha por la unidad y la hermandad entre todos los pueblos de esta Patria grande, libre y soberana.

“’La unidad e integración de Nuestra América está en nuestro horizonte y es nuestro camino!”

GUATEMALA: Corte Constitucional anula condena a genocida Montt

“Los tentáculos delicuenciales de la oligarquía guatemalteca tiene tomado el poder”

La Corte Constitucional de Guatemala ha anulado este lunes la sentencia que condena al ex dictador José Efraín Ríos Montt (1982-1983) a 80 años de cárcel por los delitos de genocidio y crímenes contra la Humanidad.

Los cinco magistrados de la CC se han reunido este lunes, con varios días de retraso, para analizar el recurso de queja, el petirorio y las dos solicitudes presentadas por la defensa para destituir al Tribunal de Mayor Riesgo por el caso Ríos Montt.

Tras diez horas de deliberación, han decidido por tres votos a favor y dos en contra admitir los recursos por las irregularidades que han salpicado el proceso judicial, dejando sin efecto todas las actuaciones judiciales desde el pasado 19 de abril, lo que supone la anulación de la sentencia dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo.

La anulación de la sentencia implica que Ríos Montt volverá a la prisión, en régimen preventivo, a la espera de que las autoridades judiciales decidan sobre la celebración de un nuevo juicio o sobre la designación de un nuevo tribunal para que falle sobre el ya celebrado.

La decisión de la CC supone también la anulación de la sentencia absolutoria de ambos cargos dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo sobre el ex jefe de Inteligencia Militar José Mauricio Rodríguez Sánchez.

LA CONDENA

El pasado 10 de mayo, el Tribunal de Mayor Riesgo condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión inconmutables por la muerte de 1.771 ixiles a manos del Ejército entre 1982 y 1983, el periodo más sangriento de la guerra civil guatemalteca (1960-1996).

La presidenta del Tribunal de Mayor Riesgo, Jazmín Barrios, declaró a Ríos Montt culpable de los cargos de genocidio, por el que le impuso 50 años de cárcel, y de crímenes contra la Humanidad, con una condena de 30 años de prisión.

Barrios argumentó que resulta “inexplicable” que Ríos Montt permitiera la masacre indígena, concluyendo que su objetivo era “la desaparición física del área ixil” a través de “planes elaborados”, no de “acciones espontáneas”, como alegaba la defensa.

No obstante, el Tribunal de Mayor Riesgo decidió absolver de ambos cargos al ex jefe de Inteligencia Militar al considerar que “no tuvo injerencia en el campo de operaciones”.

PROCESO JUDICIAL

El juicio contra Ríos Montt arrancó el pasado 19 de marzo, pero un mes después fue anulado como consecuencia de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar la recusación contra la jueza instructora Carol Flores, lo que obligó a retrotraer hasta ese momento todas las actuaciones procesales.

Flores fue apartada del caso el 23 de noviembre de 2011 después de que la Sala Primera de Apelaciones admitiera la recusación presentada por la defensa del ex militar Héctor Mario López Fuentes, alegando que era parcial, pero el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh) presentó un amparo.

El titular del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, quedó a cargo de la instrucción del caso y, tras concluir con la misma, ordenó la apertura del juicio oral en el Tribunal Primero A de Mayor Riesgo, presidido por Barrios.

Finalmente, el juicio se reanudó el pasado 30 de abril, después de que la CC se pronunciara en contra de la anulación y ordenara enviar de nuevo el expediente a Barrios para que siguiera con el proceso judicial.

DOS ERRES

Ríos Montt también responde por la matanza de Dos Erres, perpetrada el 7 de diciembre de 1982, en la que 201 personas, la mayoría mujeres y niños, murieron a manos de un grupo de 17 ‘kaibiles’ –miembros de las fuerzas de élite– y 40 soldados.

Hasta ahora, cinco de los uniformados que participaron en la matanza de Dos Erres han sido condenados a 6.060 años de prisión cada uno, aunque se trata de una pena simbólica porque la legislación guatemalteca no permite pasar más de 50 años en la cárcel.

Una Comisión de la Verdad, respaldada por Naciones Unidas, ha concluido que Ríos Montt cometió una media de 800 asesinatos mensuales en los 17 meses que gobernó Guatemala entre 1982 y 1983, el periodo más sangriento de la guerra civil (1960-1996).

La UNT logra un avance importante en los derechos de las madres trabajadoras


Sala Constitucional amplía licencia por lactancia en caso de gemelos

El día de hoy la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por una compañera afiliada a nuestro sindicato, trabajadora madre de gemelos, que reclamaba el derecho a que se ampliara la licencia de lactancia, para que sus dos hijos pudiesen tener una hora diaria de lactancia cada uno.

En los casos de madres que tienen varios hijos en un solo parto, las atenciones y necesidades de más de un niño son por supuesto más demandantes, el desgaste de la madre es mayor y el tiempo que puede dedicar la madre a cada uno de sus hijos se reduce dependiendo de cuántos niños o niñas sean. En este sentido, en referencia al tema de los Derechos Humanos, la Sala Constitucional, en reiteradas ocasiones ha interpretado que los convenios internacionales tienen un rango similar o superior a la Constitución Política, en la medida que los derechos humanos contemplados en dichos instrumentos internacionales superen lo establecido en el cuerpo normativo de mayor rango jerárquico, de ahí que cuando se vea en juego el interés superior del niño o niña, prevalece este sobre cualquier norma, incluida la propia Constitución.

Es así como apoyamos la pretensión de nuestra afiliada Vivian Chavarría Ovares, trabajadora de CONAPE, le asesoramos y acompañamos en su reclamo para que en lugar de una hora diaria, se le concedieran dos horas diarias de licencia por lactancia.

La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso y ordenó al Jefe de Recursos Humanos de la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, reconocerle de inmediato a la compañera Chavarría Ovares, el disfrute del permiso por lactancia en dos horas diarias, a fin de destinarlas a la alimentación de sus hijos gemelos.

Esta sentencia reafirma la progresividad de los derechos laborales y la protección especial que la Constitución Política garantiza a las madres trabajadoras; en tiempos en que la tendencia es de desmantelar, eliminar y reducir derechos conquistados por la clase trabajadora.

Aún no conocemos la redacción integral de la sentencia, pero creemos que este puede ser un precedente importante en la ampliación de derechos, en lo que a licencias relacionadas con la maternidad o la paternidad se refiere, sobre todo en caso de embarazos de alto riesgo, embarazos producto de tratamientos de fertilidad que dan como resultado nacimientos de niñas y niños prematuros, de partos múltiples, menores con alguna discapacidad o con alguna enfermedad.

Reconocemos el trabajo profesional de las dos abogadas de la UNT, en este caso concreto de la compañera Karla García Naranjo, quien redactó el recurso de amparo que ha sido declarado con lugar; ambas son compañeras con una gran sensibilidad social, compromiso con nuestro proyecto sindical y con la defensa de los derechos de las y los trabajadores de este país.

Susan Quirós Díaz
Secretaria General UNT