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Ejemplo de Colombia: Seguridad Social «asesinada»

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Cómo asesinaron la Seguridad Social en Colombia

“Hay que decirlo sin anestesia: el sistema colombiano de salud ha muerto. Lo mataron la corrupción, la politiquería y la codicia

En Villavicencio, un niño…sufría de un tumor en la vista. Caprecom…dilató el tratamiento y, pese a la urgencia…se negó a ordenar la cirugía. Varios doctores se unieron para intervenirlo… demasiado tarde: el niño quedó ciego a pesar de que su madre hacía más de un año imploraba piedad en las oficinas de Caprecom.

En Bogotá, un hombre desesperado se subió al último piso de una clínica, con la amenaza de arrojarse al vacío…llevaba ocho meses rogando en Saludcoopque le dieran una cita con el doctor…en Cartagena, el médico de turno en un hospital fue agredido a trompadas por un obrero que estaba en la recepción desde hacía tres días. Ya no aguantaba más el dolor de cabeza. Había sufrido una embolia cerebral…(…) en solo seis meses….se presentaron ante las autoridades sesenta mil reclamos contra empresas de salud…ni hablemos de quienes mueren antes de tener tiempo de quejarse…

(…) nadie atiende a los afiliados, los médicos tienen que trabajar por unos honorarios de indigencia, los medicamentos son una tragedia de cada día y no les pagan a las instituciones que prestan servicios: hospitales, laboratorios clínicos, odontólogos, empresas de radiología.

(…) los pacientes, aunque hayan comprado un seguro, tienen que cancelar cada año 8 billones más de su propio bolsillo para que los atiendan…en manos de unas compañías llamadas “empresas promotoras de salud”, que son el origen de nuestras desgracias.

(…) ¿por qué, con semejante chorro de plata, la gente tiene que levantarse a las 3 de la madrugada para conseguir una cita médica, y pasarse la vida poniendo tutelas para que la atiendan, si ese es su derecho y ese es su dinero?…

Cobran, pero no pagan

(…) las famosas EPS (empresas promotoras de salud)…Reciben de antemano la plata de sus usuarios, pero no les pagan a los hospitales que los acogen….Y después los enfermos, alterados por tantos atropellos, vapulean a los médicos o insultan a las enfermeras.

Los hospitales del país están en bancarrota o al borde de un desastre. (…)

*Honorarios congelados *

El problema de los médicos es todavía más penoso que el de los hospitales…un oftalmólogo al que las EPS solo le reconocen 65.000 pesos por una operación de cataratas que cuesta 1’200.000 pesos…los someten a humillantes procesos de “negociación” y amenazan con dejarlos sin trabajo si no admiten sus condiciones…como necesitan examinar la mayor cantidad posible de pacientes, para tener más ingresos, los revisan a las volandas…consulta médica es cada día más breve…más deficiente. (…) si no les pagan a los hospitales, si no les pagan ni a los médicos, si se niegan a mandar al paciente a un especialista porque cobra más, si se resisten a entregarle los medicamentos apropiados, ¿qué diablos es lo que hacen las EPS con la plata de la gente?…

El naufragio de Caprecom

(…) Caprecom, la única EPS estatal que le queda a Colombia…se está hundiendo en el lodazal de corrupción que la ha saqueado…(…) La entidad tiene 465 empleados de planta, pero hay 7.000 trabajadores más, llamados “contratistas”, que son vinculados a través de misteriosas cooperativas de intermediación laboral…Caprecom le paga a la cooperativa 10 millones de pesos por un trabajador, pero él solo recibe 5 millones. La cooperativa se queda con el resto. ¿Por qué la justicia colombiana no se ha atrevido nunca a averiguar quiénes son los verdaderos dueños de esas cooperativas?

Las EPS privadas

Hay empresarios de la salud que tienen una imaginación infinita para defraudar al sistema… dentro del pago que hacen los usuarios está contemplada una atención domiciliaria, el _“servicio de enfermería en casa“…le cambiaron el nombre: lo llaman “cuidador en casa”_…y eso les permite cobrar dos veces el mismo servicio…el Ministerio de Salud le reconoce en promedio a cada EPS la suma de 1.665 pesos mensuales por paciente… /para/ promoción y prevención de salud…y deberían trasladarlo a clínicas y hospitales… solo les transfieren 140 pesos por paciente…la EPS se queda con 1.525 pesos…

Ladrones en todas partes

La corrupción y el desorden…se cobra por atender a personas que ni siquiera existen…reportan atención a una cantidad de enfermos superior al número de habitantes de la población entera.

(…) el sistema colombiano de salud ha muerto. Ya está podrido. Hay que enterrarlo. Brille para él la luz perpetua…(…) Hay que luchar por tener un régimen de salud que sea único, universal y para todos. Que no excluya a nadie de ningún servicio en ningún hospital ni clínica. Que un solo carné sirva para que la gente no se muera en la puerta esperando que la atiendan…”

Juan Gossaín (Extracto publicación Diario El Tiempo, Colombia 23 de marzo de 2012.)

¡NO PERMITAMOS LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD EN COSTA RICA!
¡DEFENDAMOS LA CAJA!

¡La Caja es del Pueblo que Trabaja!
UNDECA

Denuncia contra la CCSS por contratar morosos

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FRENTE AMPLIO DENUNCIA A CONTRALORÍA Y A GERENTA DE LA CCSS POR IRRESPETAR LA LEY Y PROMOVER CONTRATACIÓN DE EMPRESAS MOROSAS

  • Pide a Presidenta Ejecutiva y a Junta Directiva definir posición única y rechazar intentos de debilitar controles del artículo 74 de su Ley Orgánica.
  • También protesta “enérgicamente” ante la Contraloría por sabotear los esfuerzos del Parlamento para fortalecer a la CCSS


En una carta enviada hoy a la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Ileana Balmaceda, y a la Junta Directiva de esa entidad, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, denunció a la Gerenta de Infraestructura y Tecnología, Gabriela Murillo Jenkins, por haber solicitado a la Contraloría General de la República (CGR) una interpretación del Artículo 74 de la Ley Orgánica de la CCSS, con el fin de facilitar la adjudicación de licitaciones a empresas morosas con los seguros sociales.

El artículo 74 de la Ley Orgánica de la CCSS fue recientemente reformado por la Asamblea Legislativa, por iniciativa del Frente Amplio, para establecer claramente la obligatoriedad de estar al día con la seguridad social, como requisito ineludible de las empresas para participar en procedimientos de contratación administrativa.

En respuesta a la solicitud de Murillo Jenkins, la Dirección de Contratación Administrativa de la CGR emitió la resolución R-DCA-393-2012, del 30 de julio de 2012, en la cual rectifica la interpretación que, por mayoría, había adoptado y que establecía que el propósito y espíritu de ese artículo es impedir que empresas morosas sean aceptadas en licitaciones públicas. El Frente Amplio también protestó “enérgicamente” ante la CGR por esta resolución.

Villalta resaltó el hecho de que el Gerente Financiero de la CCSS, Gustavo Picado, ha impugnado esta última resolución de la CGR por ser contraria al régimen legal y constitucional que protege los seguros sociales y a la propia ley orgánica de la CCSS.

Para el diputado Villalta, la última interpretación adoptada por la Contraloría “es antojadiza, por ser contraria a la letra y el espíritu de la ley. Si el artículo 74 prohíbe a las personas morosas con la seguridad social participar en procesos de contratación administrativa, no existe posibilidad alguna de interpretar que el término “participación” se refiere a “la posibilidad de resultar adjudicatario del procedimiento de contratación”. Para ser adjudicatario se requiere haber participado en el proceso, haber presentado ofertas y que estas ofertas hayan sido analizadas y valoradas por la Administración.”

“La Contraloría alcahuetea a los morosos, socavando los esfuerzos que ha hecho la Asamblea Legislativa para garantizar el financiamiento de los seguros sociales. Se debilita el mecanismo de control concebido por el legislador, porque los oferentes morosos que no tengan posibilidad de ser adjudicados no tendrán ningún incentivo para ponerse al día con la CCSS. Podrán concursar y, si ven que no tienen opción de ganar, simplemente seguirán morosos con la CCSS”, expresó el parlamentario.

Agregó que, con la resolución de la CGR, también “se fomenta la competencia desleal entre oferentes, pues una empresa podrá bajar sus costos de operación y presentar una mejor oferta a costa de encontrarse morosa con la seguridad social, en perjuicio de otra que sí hizo los esfuerzos y sacrificios necesarios para ponerse al día.”

En su carta, Villalta considera “lamentable que a algunas autoridades de la CCSS no les preocupe esta grave situación. Parece que incluso ven el interés cortoplacista de poder incluir más oferentes en sus licitaciones –aunque estén morosos-, sin considerar que la calidad y sostenibilidad de los servicios que prestan dependen del combate frontal a la morosidad con la seguridad social.”

“Pareciera que no entienden que, si se debilita el financiamiento de la CCSS, a mediano y largo plazo faltarán recursos para mejorar la infraestructura y la prestación de los servicios de salud. Sin recursos para obras, de nada les servirá contar con más oferentes, morosos incluidos, salvo que lo que se busque es seguir favoreciendo al sector privado, en detrimento de la seguridad social”, agregó.

Por lo anterior, solicita a las autoridades de la CCSS informarle “cuál es criterio oficial de la institución, si respalda las gestiones de algunos funcionarios para debilitar la aplicación del artículo 74 de su Ley Orgánica y si se considera correcto, dentro de una adecuada y eficiente gestión institucional, que existan posiciones contradictorias sobre un tema de tanta importancia. Asimismo, me informe sobre las acciones que tomará para evitar que esta lamentable situación se repita.”

Finalmente, advierte que “si la Administración Superior de la CCSS no hace cumplir su propia Ley Constitutiva y permite que se burlen los mecanismos dispuestos por el Poder Legislativo para combatir la morosidad, no habrá manera de fortalecer ni rescatar esta institución de la grave crisis que enfrenta.”

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Nota de Undeca

Desde UNDECA creemos que es verdaderamente sorprendente como, desde la misma Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, se violentan las Leyes en detrimento de los más altos intereses de los costarricenses. Este tipo de acciones contribuyen al deterioro de la imagen de la institución y peor aún va en contra de los intereses económicos de la Caja.

UNDECA se une a esta denuncia y exigirá que la Junta Directiva de la Caja, encabezada por Ileana Balmaceda, que brinde respuestas claras sobre este nefasto accionar y que rectifique su proceder.

Sigue el despilfarro de miles de millones en la CCSS

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El impacto de esta directriz contrajo serias dificultades a nivel local para asumir el mantenimiento de los equipos, debido a que no contaban con el personal suficiente y capacitado y sin el presupuesto para la contratación.

Previo a la reestructuración la institución a nivel central por medio de la Sección de Mantenimiento de Equipo Médico contaba con técnicos experimentados, personal que en los últimos años se ha limitado a labores administrativas bajo el nombre de Gestión de Mantenimiento.

En ese entonces existían 35 técnicos, con un alto grado de especialidad y conocimiento que le brindaban a los hospitales, clínicas, áreas de salud y administrativo, un excelente servicio en el mantenimiento y prevención de equipos de alta, mediana y baja complejidad.

Entre estos, el personal atendía equipos médicos electromecánicos (Esterilización, Unidades Dentales, Máquinas Anestesia, Ventiladores pulmonares, etc), especialidad en electromedicina ( laboratorio clínico, monitores, desfibriladores, electrocardiogramas, mesas y lámparas de cirugía etc.) y equipos de RX ( Rx convencionales, mamógrafos, TAC, etc.), asesoraban a las altas autoridades institucionales en la compra y adquisición de tecnología de punta y eran capacitados como requisito para la reparación y mantenimiento de los mismos.

Pero de pronto unos “iluminados”, esos a los que nunca se les investiga, se les previene o sanciona, tomaron la decisión de prescindir de este personal, que contaba con un taller central en la Uruca.

Cabe recalcar que la Sub-Área de Equipo Médico cuentan con un edificio donde se encuentra parte del personal, del Área de Gestión Tecnológica, la otra parte del personal está alquilando o pagando, teniendo infraestructura y espacio físico adecuado en la Sub-Área de Equipo Médico en la Uruca.

Desde entonces, a estos 35 técnicos, se les quitaron las funciones, igualmente se les prohibió reparar cualquier equipo médico, aunque fuera de significativa necesidad para brindar el servicio al asegurado.

Durante estos años, estos trabajadores no hacen más que archivar papeles y llevar algunos controles, siendo la mitad de ellos reubicados en otras áreas, mientras equipos médicos de altísimo valor, esperan su reparación.

Esto no es ni más ni menos que un enorme despilfarro de recursos económicos, por parte de los altos jerarcas de la Caja, en la compra de estos y otros servicios privados, en el alquiler de edificios, traslado de pacientes en la Cruz Roja y otros vehículos por más de 50 mil millones de colones al año.

Si hiciéramos un inventario de salarios, estaríamos hablando de alrededor de 3 mil millones de colones en estos 7 años, más el valor de los equipos deteriorados y dañados, el monto se elevaría a muchos miles de millones.

Pero adicionalmente a éstos, también se han erogado otros miles de millones por parte de la Gerencia de Infraestructura y Tecnología, en la contratación de mantenimiento de equipos viejos y nuevos, donde muchas veces se incumplen los malos contratos que se firman.
_
¡Exijamos rendición de cuentas de los altas jerarcas!_

Perverso ataque contra derechos y salarios en sector público – CCSS

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·Anteproyecto del gobierno de Liberación y otros, elimina los pluses

Para todo aquel personal que tenía duda o se dejó confundir – ya se confirmó – el gobierno de Laura Chinchilla, Liberación Nacional, diputados de otros partidos y la Junta Directiva de la CCSS, anuncian la eliminación de todos los pluses salariales.

Ya se conocía esta malvada intención y hoy por medio de un anteproyecto denominado “Ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público” se comprueba el perverso ataque contra aproximadamente 300.000 empleados públicos, incluyendo los 50 mil del Seguro Social.

El objetivo es eliminar todo aquel complemento o plus salarial que esté por encima del salario base o mínimo legal: disponibilidades, prohibición, riesgo laboral, peligrosidad, ajuste técnico, remuneraciones por puesto, cesantía, riesgo manicomial, alimentación, uniformes, zonaje, vivienda, etc.

En el sector de la CCSS la totalidad del personal disfruta, dependiendo de su puesto, de varios de estos conceptos salariales.

Con esto, los políticos de turno, pretenden supuestamente solventar el déficit fiscal, denigrándonos ante la opinión pública, diciendo que son “privilegios odiosos”, mientras que los ricos evaden el pago de los impuestos tributarios, a las grandes empresas extranjeras se les privilegia con la exoneración en el pago de tributos por miles de millones y los salarios de jerarcas del gobierno, diputados, la profunda corrupción y las pensiones de lujo, no se tocan.

Somos, con mucha dignidad y autoridad moral, empleados públicos decentes y honrados. En su mayoría contamos con un salario apenas para vivir dignamente, para mantener a nuestras familias y garantizarles el estudio a nuestros hijos, no somos delincuentes, corruptos, ni ladrones y debemos de defender lo que tenemos a toda costa, y que nadie nos lo regaló porque fue peleado, o correríamos el riesgo de perder hasta los bienes materiales y familiares.

Preguntamos: ¿Quién vive en este país con un salario mínimo, de forma decente?, Ni nosotros, menos con el del sector privado, con quienes piensan equipararnos.

PREPARÉMONOS PARA LA GRAN BATALLA DE CLASES SOCIALES

El caso islandés: Corruptos a la cárcel

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La crisis en Islandia golpeó a bancos pero también arruinó a familias y empresas. Los autores analizan el caso islandés, un ejemplo muy interesante para Europa

Elvira Méndez / Antonio Estella – 23/03/2012 – 07:00

En El País del 29 de marzo de 2011, dos profesoras de Economía, Lourdes Benería y Carmen Sarasúa, señalaban, en un excelente artículo de opinión, lo siguiente: “Si tuviéramos nociones claras de qué es un crimen económico y si existieran mecanismos para investigarlos y perseguirlos se hubieran podido evitar muchos de los actuales problemas. No es una utopía. Islandia ofrece un ejemplo muy interesante”.

Nos gustaría emplear estas líneas para abundar en el ejemplo islandés, cuyos ecos llegan de vez en cuando a España con algo de retraso y no siempre reflejan acertadamente la realidad y el contexto de los acontecimientos que allí suceden. Conviene seguir de cerca su ejemplo, simplemente porque allí la sociedad civil lleva desde octubre de 2008 enfrentándose a sucesos que solo se han entendido después en el continente tras el empeoramiento de la actual crisis económica. El caso islandés permite preguntarse si hay diferentes alternativas, heterodoxas o incluso convencionales, de las que se están proponiendo desde Europa para salir de la crisis y avanzar en materia de justicia económica y social.

Tuvimos la inmensa suerte de conocernos en una visita de investigación y trabajo que llevó al profesor Estella en 2010 a Islandia. Exactamente el mismo día en que aterrizaba en el país, el día 16 de junio, el Tribunal Supremo islandés adoptaba la decisión de declarar nulas de pleno derecho las cláusulas de indexación de los créditos a divisas extranjeras. A pesar de que la ley islandesa prohibía expresamente utilizar este mecanismo de indexación desde 2001, los bancos islandeses se dedicaron a una frenética actividad de comercialización de préstamos en coronas que a cambio de ofertar tipos muy atractivos indexaban el reembolso del capital y de los intereses a divisas extranjeras como el yen, el dólar o el euro. Como consecuencia, decenas de miles de familias y empresas contrajeron estos créditos indexados para financiarse sin sospechar su ilegalidad. Estos créditos eran muy atractivos, ya que los préstamos islandeses clásicos aparte de abonar intereses en torno al 5% están indexados automáticamente por ley a la inflación, históricamente muy elevada en Islandia.

A la ilegalidad de la práctica de indexación se añade el detalle de que los bancos olvidaron alertar a los ciudadanos de los enormes riesgos que contraían al contratar esos créditos ya que, si la corona se devaluaba, la deuda contraída se multiplicaba de la noche a la mañana. Y lo más doloroso de todo: como luego se ha sabido, los bancos jugaban a dos bandas, ya que mientras ofrecían estos créditos, apostaban en masa en contra de la corona para presentar mejores resultados trimestrales, incrementando artificialmente el valor de sus activos en el extranjero.

El sistema financiero islandés se derrumbó en octubre de 2008, tras la caída de Lehman Brothers. Fue el primer y más contundente aviso del verdadero perfil que podría adquirir que luego ha adquirido la crisis económica. La crisis golpeó a los bancos, sí, pero sobre todo destruyó la economía de miles de familias y empresas que perdieron ahorros y esperanzas. La corona se derrumbó perdiendo el 50% de su valor y se inauguró la fase del corralito islandés o la Cuba del norte, como a veces se refieren los ciudadanos críticos a su isla. Las deudas ligadas a créditos de consumo, empresariales e hipotecarios se multiplicaron por dos de un día para otro. Los islandeses, que una vez pudieron soñar con un tipo de prosperidad igualitaria, muy característica de los países escandinavos (pero de la que hasta entonces Islandia había quedado al margen) eran devueltos de golpe y porrazo a su época más oscura.

Pero no todo fueron malas noticias. Por increíble que pueda parecer en este momento en España, uno de los aliados de los ciudadanos, que emergió con fuerza, fue el Tribunal Supremo de Islandia. Este órgano asumió un papel fundamental en la reestructuración de la deuda privada, ya que el legislador, primero, no intervino y, después, adoptó una norma parcialmente inconstitucional (Ley 151/2010).

La jurisprudencia sobre estos créditos ha ido in crescendo a medida que las noticias reflejaban los crímenes económicos que ahora empiezan a llegar a los tribunales de lo penal y los abusos de las instituciones financieras al recalcular los préstamos ilegales. Esta saga jurídica cuenta con los siguientes hitos: en los asuntos 92/2010 y 153/2010, se declaró que la indexación a divisas extranjeras está prohibida y que los préstamos se realizaron en realidad en coronas islandesas. En el asunto 471/2010 se sustituyeron, en un préstamo de financiación de un coche, los intereses iniciales por el interés tipo del Banco Central islandés. En los asuntos 603/2010 y 604/2010 se amplió el ámbito de esta jurisprudencia a los préstamos hipotecarios. En los asuntos 30/2011, 31/2011 y 155/2011 se aplicó esta jurisprudencia de derecho civil contractual a las empresas. Finalmente, en el asunto 600/2011, cuya sentencia del pasado 15 de febrero ha sacudido a la sociedad islandesa durante una semana, se declaró que la Ley 151/2010 tiene una cláusula inconstitucional. Las consecuencias de la ilegalidad no pueden suponer la revisión del pasado en perjuicio de los deudores. La sustitución de intereses originales por los intereses del Banco Central islandés solo operará para el futuro. La Ley 151/2010 ha sido acusada de servir en última instancia para que los bancos recuperaran las pérdidas de la indexación mediante el cálculo retroactivo de intereses, intereses de demora e intereses sobre intereses usurarios, anulando pagos de buena fe hechos en el pasado. Al fin, el Tribunal Supremo ha revisado la constitucionalidad de dicha ley limitando su retroactividad en ese punto y avanzado en el camino hacia la justicia social.

La revolución islandesa ofrece por tanto luces y sombras que no siempre se entienden en Europa. Mientras en el mundo se pensaba que las pérdidas de los bancos islandeses no habían sido repercutidas a la sociedad civil (los bancos se declararon en quiebra y la deuda externa por el conflicto Icesave con Reino Unido y Holanda dio lugar a dos plebiscitos negativos), la verdad sobre este punto era muy diferente para la deuda contraída por residentes en Islandia.

Esta sentencia y otra del 17 de febrero donde se confirma la primera condena de cárcel por abuso de información privilegiada a un alto funcionario ha dado esperanza a una ciudadanía islandesa en la justicia. Alternativas jurídicas para salir de la crisis, constituir un nuevo contrato social y repartir equitativamente los daños económicos provocados según las responsabilidades existen desde siempre. Lo que falta es el coraje de las instituciones para plantearse un nuevo sistema de justicia social que reaccione frente a nuevos tipos de violencia económica, de tal manera que en el futuro nada de esto vuelva a repetirse, no solo en Islandia, sino también en otros lugares de Europa.

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Elvira Méndez / Antonio Estella. Profesora de Derecho en la Universidad de Islandia / Profesor de Derecho de la Universidad carlos III de Madrid y Responsable de Internacional de la Fundación IDEAS

Elvira Méndez ha sido una de las demandantes en los asuntos que dieron lugar a las sentencias 604/2010 y 600/2011. Antonio Estella está realizando actualmente el estudio ‘Iceland: an alternative way out from the economic crisis?’.

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Islandia sale adelante sin rescatar banqueros

Luisfi61.com
junio 19, 2012 | 1 Comment

Ni el estado benefactor corporativo, ni el mercantilismo o crony capitalism son las mejores formas de dejar atrás una crisis, de forma sana. Ahora que Grecia se hunde y que España está por involucrarse en un festival de rescates de banqueros, Islandia nos da una lección:

En 2007, Islandia era el país pequeño que es ahora, poco poblado y con un alto grado de estado benefactor. Cuatro pequeños bancos operaban en el interior del país. Poco a poco se fue permitiendo privatizar ciertos recursos, se facilitó la especulación bancaria. Se abusó de la vivienda como recurso de inversión, llegó el boom inmobiliario y con él, la concesión de créditos sin límite. En 2008, fueron nacionalizados los tres mayores bancos y su deuda pública empezó a multiplicarse. Un año después, el Parlamento acordó devolver la deuda a Gran Bretaña y Holanda, sus principales acreedores bancarios. Cada familia islandesa debía pagar 3,500 durante 15 años al 5,5 % de interés. Aumentaron las protestas sociales y se convocó un referéndum en el que se decidió rebajar el interés al 3% y aumentar el periodo de pago a 37 años. Finalmente, Islandia tuvo que pedir un rescate internacional del FMI que le obligó a acometer importantes ajustes económicos.

Pero, ahí empieza la diferencia: el gobierno islandés no les dió ni una sola corona de los tributarios a los banqueros. Los dejó quebrar.

A Islandia aún le quedan asuntos por resolver, pero está en el camino de conseguirlo. Su deuda pública sigue suponiendo el 100% del PIB y tiene una importante deuda privada, la inflación no está del todo estable y, aunque pagó anticipadamente de 339, 2 millones al FMI, aún le queda parte del préstamo por devolver. El mismo órgano acaba de publicar su última revisión sobre el estado de Islandia y las previsiones dicen que este año su economía crecerá un 2,4%, con un consumo privado tirando al 3% y compensando la caída de la inversión pública fruto de las medidas de austeridad.

Los tribunales escandinavos juzgaron al ex primer ministro Geir Haarde como parte responsable en la crisis financiera . Y este fue el único proceso judicial abierto ¡en el mundo! contra un político por su presunta implicación en una crisis económica. El ex primer ministro negó todos los cargos, claro. Finalmente fue exculpado de tres de los cuatro cargos que se le imputaban aunque se le condenó por violar la ley de responsabilidad de los ministros.

Islandia también sentará en el banquillo de los acusados a la directiva del Kaupthing Bank. El presidente y el consejero delegado de la entidad, fueron acusados junto a otros de fraude y manipulación por la Fiscalía Especial de Islandia, en el marco de sus investigaciones sobre el colapso de la banca islandesa en 2008.

Y, ¡sorpresa!, Islandia está levantando cabeza. Los islandeses tiraron por el caño el manual convencional para lidiar con las crisis económicas y no pusiaeron la basura bajo la alfombra. Yo digo que hay que darle seguimiento al caso islandés y aprender de él. No de Grecia, no de España, no de Europa continental.

Congreso trabajadores mineros

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EXITOSO “CONGRESO MUNDIAL DE LA MINERÍA” EN SANTIAGO DE CHILE

Santiago de Chile, 31 de agosto de 2012

A lo largo de esta semana se han celebrado diferentes actividades relacionadas con la minería en Santiago de Chile, entre las que destaca la celebración del Congreso mundial de la minería, del 29 al 31 de septiembre, organizado por la Unión Internacional de Sindicatos del metal y la minería (UIS MM), la Federación Sindical Mundial (FSM) y la Confederación Minera de Chile.

En el citado congreso, que comenzó con un acto en homenaje a Salvador Allende frente a su monumento ubicado en el Palacio de la Moneda, se han reunido más de 112 congresistas, de diversos países de Europa, América y Asia, donde la actividad minera es especialmente importante; así ha habdio representación de la propia Chile, Argentina, Brasil, Quebec, Colombia, Portugal o la India, por citar algunos ejemplos.

En estas jornadas se han debatido diversos aspectos de la actividad extractiva y minera, como la seguridad y salud en el sector, la situación de la minería en altura, la subcontratación o la responsabilidad ambiental de las transnacionales mineras.

El Encuentro ha terminado con la Declaración de Santiago (Ver documento adjunto), en la que, entre otras medidas, se plantea la necesidad de exigir a la Organización Internacional del Trabajo reconozca como enfermedades profesionales, las derivadas de la realización de trabajos mineros a más de 3000 metros de altura sobre el nivel del mar (msnm). Igor Urrutikoetxea, secretario general de la UIS MM, se ha comprometido a llevar esta reivindicación ante la OIT y ha socializarla entre sindicatos del sector de todo el mundo.

Asimismo, el próximo 3 de octubre se realizará una movilización en el sector en diferentes países coincidiendo con la jornada de acción mundial de la Federación Sindical Mundial (FSM).

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DECLARACIÓN DE SANTIAGO.

Reunidas las Organizaciones Sindicales Internacionales y Nacionales de los Mineros y Metalúrgicos, finalizado nuestro Congreso Internacional realizado los días 29, 30 y 31 de Agosto de 2012 en Santiago de Chile declaramos:

1.- La unidad de las organizaciones participantes es un factor determinante en la consecución de nuestros derechos nacionales e internacionales, respecto a la defensa de nuestras riquezas mineras y energéticas. Hoy, esquilmadas por las Corporaciones Multinacionales; la lucha por la independencia económica y política de nuestros países, en la tarea de construir una nueva sociedad democrática, de justicia social, que permita la verdadera emancipación de nuestros pueblos, donde los trabajadores seamos la fuerza fundamental.

2.- Nuestros legítimos derechos como trabajadores de las minas jamás tendrán respuestas positivas en un modelo económico y político como el que está en aplicación. Ya que se sostiene sobre la base de la más miserable explotación a las grandes mayorías nacionales para sostener la concentración de la riqueza en manos del imperialismo y sus satélites.

En este contexto, manifestamos nuestra solidaridad con todas las luchas que los trabajadores de la minería están desarrollando en diferentes países del mundo y repudiamos el uso del crimen y de la represión por parte de determinadas multinacionales y gobiernos para acallar estas luchas.

3.- Ratificamos que es la clase obrera el motor de los cambios y nos comprometemos a abrir paso a las grandes trasformaciones que necesitan nuestras naciones, junto a los más amplios sectores sociales, estudiantiles para conquistar nuestra liberación.

4.- Nuestro Congreso Internacional, producto de los acuerdos alcanzados, deja demostrado que la unidad de los trabajadores por sectores de la economía a nivel internacional y nacional es una herramienta inestimable para profundizar en los derechos que afectan a nuestros representados y que es necesario establecer las alianzas de los mineros y metalúrgicos a nivel mundial para abrirles paso a sus demandas y que debemos constituirnos en activos inagotables para consolidar y avanzar en nuestras respectivas centrales para alcanzar las profundas trasformaciones que necesitan nuestras naciones.

5.- Qué hemos alcanzado acuerdos en este camino para exigir que en nuestros respectivos países con actividad minera, metalúrgica se ratifiquen, se reglamenten con la participación activa de los trabajadores y apliquen de forma efectiva en la práctica, los Convenios OIT sobre Salud y Seguridad y sobre todo el Convenio Nº 176 y Recomendaciones Nº 183 sobre Salud y Seguridad en las Minas.

El sacrificio que implica laborar en faenas con enormes cantidades de compañeros que pagan con sus vidas e integridad física debe ponerse fin ante la gran irresponsabilidad de los empleadores que privilegian las utilidades por sobre la vida. Trabajo digno implica laborar en faenas eliminando el riesgo en cada frente de trabajo.

6.- Exigimos poner en la orden del día en las sesiones ordinarias de la OIT, la elaboración del Convenio sobre Salud y Seguridad en el Trabajo en Altura superior a los 3.000 metros sobre el nivel del mar (msnm) y el impacto ambiental que implica.

Son centenares de miles los trabajadores que laboran en este ambiente hostil, expuestos a la altura intermitente, al frío y sus consecuencias, a la exposición a rayos UV directos y refractarios, a la contaminación de agentes mineralógicos y metales pesados; a agentes químicos agresivos usados como reactivos en el tratamiento de los minerales, a la pérdida paulatina del sueño que daña la estructura física, fisiológica y mental de centenas de trabajadores, a jornadas de trabajo extensas e intensivas de trabajo, sometidos al aislamiento, etc.

Lo que afecta irreversiblemente el entorno familiar, la salud y en su condición física, fisiológica, mental y psicológica, con policitemias agudas, afecciones pulmonares, coronarias, síntomas neurosíquicos tales como cefaleas, mareos, somnolencia, insomnio, alteraciones del sueño, fatiga, dificultades del control del movimiento, falta de concentración mental, alteraciones de la memoria y tendencias a la depresión, envejecimiento precoz, etc.

No existe legislación alguna y no la habrá con los actuales regímenes que privilegian la presencia de las multinacionales sin exigencia alguna. Al contrario, con todas las garantías posibles para alcanzar la depredación de nuestras riquezas en el menor tiempo posible.

En este sentido, la Unión Internacional de Sindicatos del metal y la minería (UIS MM) se compromete a presentar ante la OIT la solicitud de un Convenio sobre salud y seguridad de trabajo en altura geográfica e impacto ambiental, y a socializar esta demanda, difundiendo entre sindicatos de todo el mundo el estudio ya existente en Chile, realizado por los trabajadores.

7.- Exigimos la jubilación para los trabajadores de la Minería a los 25 años de trabajo o en su defecto a los 50 años de edad como máximo, bajo un sistema previsional solidario. Nuestra previsión no debe prestarse para los grandes negociados del capital especulativo.

8.- Se debe eliminar la tercerización de las funciones que corresponden al giro o actividad principal de la empresa. Se debe terminar con esta súper explotación de que son víctimas cientos de miles de nuestros compañeros; a igual trabajo, iguales derechos e igual salario.

9.- Establecer jornadas máximas de 8 horas de trabajo, con turnos de 7 días de trabajo, con 7 de descanso.
Mejorar las condiciones de vida de los campamentos y que estos se encuentren ubicados a menos de 3000 msnm

Incorporar el tiempo de traslado, de aclimatación y las pausas saludables como parte de la jornada de trabajo.

10.- Exigimos la compensación justa a los países por la explotación de sus recursos naturales y la nacionalización de los recursos mineros e hídricos en los diferentes países, que así lo decidan en especial del cobre, el litio y el agua en el caso de Chile.

Estas demandas que levantamos con la fuerza de este Congreso Internacional, pone en la orden del día el accionar conjunto. Por tanto damos inicio a una campaña internacional y nacional. Para ello, cada organización sindical presente en este Congreso se compromete a llevarlo a discusión con los trabajadores y a socializar estas demandas.

Hacemos un llamado a que el próximo 3 de octubre de 2012, los sindicatos de la minería nos movilicemos en defensa de estas demandas.

Nada nos será regalado, todo lo conquistaremos con lucha, es la única forma de alcanzar estos objetivos.

_*VIVA EL CONGRESO INTERNACIONAL MINERO
VIVA LA UNIDAD DE LOS MINEROS A NIVEL MUNDIAL*_

Santiago 31 de Agosto de 2012 – Organizaciones firmantes: – Confederación Minera de Chile (CONFEMIN) – Federación minera de Chile – Confederación de Trabajadores del Cobre – Unión Internacional de Sindicatos del metal y la minería (UIS MM) – Federación Sindical Mundial (FSM) – Federación de la Industria Manufacturera (CSN) -Quebec – Fitmetal (CTB) – Brasil – Sindicato de metalúrgicos de Bahía (CTB) – Brasil – Fiequimetal (CGTP) – Portugal – Sindicato de minería de Portugal (CGTP) – Portugal – Sintramienergética (Colombia) – Sindicato de la minería del Carbón (CITU) – India – OSMA (CTA) –Argentina – LAB (País Vasco)