La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) anuncia que recurrirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado, por violaciones graves, sistemáticas y sostenidas al derecho a la salud, consagrado en la Constitución Política y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Actualmente más de 1.300.000 personas se encuentran en listas de espera para citas y procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos especializados, mientras el Gobierno mantiene una deuda superior a los ₡4.4 billones con la institución, debilitando su operatividad y sostenibilidad.
Este incumplimiento pone en grave riesgo la gestión sanitaria que atenta contra el derecho a la vida y la salud de millones de personas.
El Tribunal Constitucional ha declarado de manera reiterada que esta situación configura una violación sistemática a derechos fundamentales, se suma lo advertido por la Contraloría General de la República, sobre manipulación y ocultamiento de datos en las listasde espera, evidenciando una estrategia maliciosa de desinformación institucional que agrava aún más la emergencia sanitaria.
UNDECA tiene casos documentados que confirman que hay pacientes con citas que alcanzan casi 20 años, mientras que fraudulentamente se continúan “blanqueando” las listas, con personas que se omiten o a quienes solo les entregan una «boleta de espera de llamada», sin fecha, sin registro, y sin garantía alguna.
Algunos legisladores han denunciado el trágico deceso de al menos 5.000 personas, esperando atención médica.
“El abandono de las obligaciones del gobierno de Chaves no puede seguir siendo normalizado. La negación del acceso a la salud en condiciones dignas y oportunas constituye una forma de violencia estructural contra la población, y particularmente contra los sectores más vulnerables.
UNDECA reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento de la CCSS y el acceso a salud pública, solidaria y digna.
Por eso, recurriremos ante el sistema interamericano para exigir la justicia que las más altas autoridades jerárquicas de la Caja le están negando a 1 millón de personas”, concluyó Chavarría.