A nuestro sindicato le preocupa y le ocupa la estabilidad laboral de las personas trabajadoras de la Imprenta Nacional
Derecho de respuesta al Editorial de La Nación del 9 de enero de 2013
A pesar de las declaraciones del Sr. Jorge Vargas, Director General de la Imprenta Nacional, quien asegura que con la eliminación de La Gaceta impresa no habrá despidos ni cambio en los salarios, sino tan solo una reestructuración interna; nosotros, como representantes de una buena parte de la clase trabajadora de la Imprenta Nacional, le instamos al dialogo y a una negociación entre las partes, para que se garantice la estabilidad laboral del personal de la institución, ya que como sabemos, el transitar de los administradores de la gestión pública estatal es por determinado periodo, no así para las personas trabajadoras.
Ante su argumentación de que la Imprenta Nacional seguirá imprimiendo agendas, boletines, desplegables y otros materiales, es importante acotar que en la Asamblea Legislativa existía un proyecto de ley en el cual se pretendía que la Imprenta Nacional pudiera competir en igualdad de condiciones dentro del mercado nacional, y este fue archivado por los grupos de interés económicos que adversan a la Imprenta Nacional, incluyendo al Grupo Nación S.A.
En una carta dirigida por nuestro sindicato el 6 de setiembre de 2012 a la Diputada Alicia Fournier Vargas, Presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendario de la Asamblea Legislativa, externando nuestra posición en relación al Plan B y sus repercusiones en la Imprenta Nacional, le planteamos a los diputados y diputadas que esta institución requiere para su subsistencia, que se dicte la obligatoriedad de que al menos el 10% del presupuesto de impresos comerciales de las instituciones estatales se ejecute allí, además de eliminar las trabas que no les permiten competir. La Imprenta Nacional necesita urgentemente de una ley especial que le permita transformarse en una empresa estatal que asegure su permanencia y estabilidad en el tiempo. Sin embargo, no es interés de los políticos empresarios fortalecer a esta institución, todo lo contrario, como lo han hecho con muchas otras empresas estatales, la presentan como deficitaria para justificar su privatización y así garantizar el negocio de sus socios.
¿Por qué no le permiten a la Imprenta Nacional competir en el campo de las artes gráficas? ¿Por qué no se promueve una reforma legal similar a la que contiene la Ley del SINART y se obliga a las instituciones públicas a que contraten todas las impresiones y demás trabajos a la Imprenta Nacional, que es una una institución sin carácter de lucro? Recordemos que hace poco, la nueva ley de tránsito, pudiendo haber sido impresa en la Imprenta Nacional, fue reproducida por el Grupo Nación.
La Imprenta Nacional, a pesar de que muchos ignoran su potencialidad productiva de carácter eficaz e eficiente y de alta calidad, es una de las instituciones que genera ganancias para el erario; cuenta con una maquinaria y equipo de trabajo de tecnología de punta, y con personal calificado que cualquier rotativa nacional lo desearía, incluyendo claro está al Grupo Nación S.A. A pesar de las ataduras con que cuenta la Imprenta Nacional para su desempeño, el último superávit que reporta la institución es de 8 mil millones de colones. Imaginemos compitiendo sin ataduras, cuánto podrá producir. . .
Es importante manifestar nuestra posición en el sentido que no nos oponemos a los cambios e innovación tecnológica, pero si dejamos claro también, que estos cambios en el mundo del neoliberalismo, lo que han producido son más anillos de miseria, dado que lo que traen consigo en más desocupación. Claro, eso en la lógica neoliberal de La Nación, es “peccata minuta”.
Terminamos manifestando que estamos dispuestos al dialogo para garantizar los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, pero que también estamos dispuestos a la lucha en la defensa de nuestros representados, ante el más mínimo atropello que aparezca, en relación a la puesta en marcha de la tan cacareada Gaceta Digital.
Susan Quirós Díaz
Secretaria General
Guillermo Murillo Castillo
Secretario General Adjunto
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Editorial de La Nación
El fin de La Gaceta impresa
El ahorro y las facilidades de acceso no son los únicos argumentos a favor de la publicación digital, aunque bastarían para justificarla.
La tardanza en la eliminación del papel no resta mérito a quienes finalmente dieron el paso, pero demuestra la resistencia al cambio en las instituciones estatales.
Llegado el 30 de junio, el diario oficial La Gaceta circulará por última vez en papel impreso. Solo resta preguntar por qué hasta ahora, cuando ya era evidente, desde hace años, la irracionalidad de incurrir en cuantiosos gastos para producir 1.400 ejemplares, insuficientes, siquiera, para informar a los 22.000 abogados colegiados, no hablemos ya de la población en general.
Mantener la ficción de la publicidad de leyes, decretos, edictos y otros actos oficiales costó, hasta ahora, cientos de millones de colones por año. Solo la impresión de entre 800 y 850 ejemplares diarios del Boletín Judicial generó, en un par de años, una factura de ¢344 millones, que la Corte Suprema de Justicia rehúsa pagar, pese a los reclamos de la Imprenta Nacional. La Corte argumenta la gratuidad del patrocinio legal.
La polémica entre la Imprenta y la Corte por los gastos surgidos de la absurda insistencia en imprimir La Gaceta no es única. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), carente de los ¢120 millones necesarios para imprimir el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, pidió a la Imprenta permitir el pago en abonos. Pasados dos años desde su aprobación por la Asamblea Legislativa, el convenio, un compromiso internacional de importancia para el comercio y la seguridad, no había entrado en vigencia por falta de presupuesto para la publicación.
La Gaceta exige el gasto de ¢2,5 millones diarios y 5 millones de pliegos de papel por año. La entrega a domicilio cuesta ¢150 millones. Parte del costo lo financian los suscriptores, pero, como lo demuestran los desacuerdos con la Corte y el MOPT, una buena porción de las erogaciones corre por cuenta del contribuyente.
El Colegio de Abogados manifestó su conformidad con la eliminación de los ejemplares en papel si la Imprenta garantiza el acceso de todos los habitantes del país a la información. La condición está de más. La digitalización de La Gaceta implica, en sí misma, una difusión mucho más amplia de sus contenidos, aun entre los abogados. No toda la población cuenta con acceso a Internet, pero sus usuarios son muchos más que los servidos por los 1.400 ejemplares impresos a diario.
Para ampliar la disponibilidad de la publicación, la Imprenta generará ejemplares electrónicos en las bibliotecas públicas y siempre será más fácil, incluso para quienes requieran de asistencia a la hora de navegar por la red, echarle un vistazo a un ejemplar digital que encontrar una de las escasísimas versiones impresas.
El ahorro y las facilidades de acceso no son los únicos argumentos a favor de la publicación digital, aunque bastarían para justificarla. La celeridad de las publicaciones, exigidas para infinidad de trámites en las esferas pública y privada, mejorará el ambiente de negocios y hasta los procesos legislativos, para no mencionar la entrada en vigor de importantes piezas de legislación, como el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar.
La tardanza en la eliminación del papel no resta mérito a quienes finalmente dieron el paso, pero demuestra la resistencia al cambio en las instituciones estatales, aun ante los más obvios beneficios. Antes de adoptar decisiones con riesgo de polémicos efectos colaterales, los jerarcas prefieren el gasto irracional y la ineficiencia del servicio.
Con la evidente intención de allanarle el camino a La Gaceta digital, Jorge Vargas, director de la Imprenta Nacional, se apresuró a asegurar que no habrá despidos ni cambio en los salarios, sino una reestructuración interna, porque la institución también imprime agendas, boletines, desplegables y otros materiales. Quizá la Imprenta necesite el mismo personal para desempeñarse tras la digitalización de su principal producto, pero la aclaración del funcionario apunta a uno de los focos de resistencia: el empleado público preocupado por preservar su puesto de trabajo. El desempleo es una preocupación de todos, pero no es buena política combatirlo con cargo al presupuesto del Estado, haga o no haga falta el funcionario. Tampoco debe ser pretexto para aplazar los cambios.