Ese día, cientos de organizaciones sindicales del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense, BUSSCO, organizaciones sociales, comunales, estudiantiles, de mujeres e indígenas, entre otras, protestaban por la intromisión politiquera que tiene a la salud pública en crisis.
Tanto el Gobierno de Laura Chinchilla Miranda, como la Junta Directiva de la Caja encabezada por Ileana Balmaceda, utilizaron la policía militarizada para reprimir a los manifestantes, esto sin importar si habían adultos mayores, niños, jóvenes o mujeres embarazadas.
La brutal represión pasó por encima de los jovenes y educadores, diputados y diputadas que también acompañaban la protesta. Producto de todo esto fueron encarceladas decenas de personas, muchas salieron libres a las horas, pero a seis se les planteó denuncia penal que los lleva a juicio este día.
“Yo tenía mi carro con los parlantes a un lado de la calle que permanecía cerrada por la protesta, un policía insistió en que quitara el carro, yo me negué porque yo estaba en la protesta y formaba parte de la protesta, entonces en forma arbitraria y violentando mi derecho Constitucional me arrestaron y hoy formo parte de los que enfrentan un injusto juicio.” dijo Luis Salas Sarkis, trabajador pensionado.
Otros jovenes estudiantes y educadores universitarios estarán en la sala del Tribunal siendo enjuiciados por exigir frenar el saqueo de la seguridad social en Costa Rica.
¿Quién dió la orden de reprimir?, ¿Por qué dieron esa absurda orden dictatorial contra el derecho humano a la protesta?, hoy los culpables están fuera del gobierno, pero el de turno sigue las mismas actitudes de criminalización de la protesta social, amenazando, amedrentando y poniendo contra la pared a la clase trabajadora, al estudiantado, a los agricultores, a la ciudadanía en general generando políticas que benefician a pocas familias y hunde en la miseria a millones de costarricenses.
“Nada cambió, el color de la bandera es otro, pero representan los mismos intereses y tienen las mismas políticas neoliberales de matar de hambre al pueblo y hacer más ricos a los ricos”, dijo José Carlos Cabezas Mora, dirigente sindical.
Las personas que son procesadas por ejercer la libertad de expresión en Costa Rica son: Luz Marita Arce Soto, estudiante de Trabajo Social, Luis Alberto Salas Sarkis, pensionado, Adrián Jaén España, profesor universitario, Luis Diego Retana Solano, estudiante de Trabajo Social, Denis Salís Cruz, profesor de educación secundaria y Mario Alberto Villalobos Arias, profesor universitario.
Exigimos su libertad inmediata y el cierre de todo proceso penal contra ellos y cualquier otro dirigente social que ejerza la libertad de expresión y protesta.
¡NO a la criminalización de la protesta en Costa Rica!